Curso de alto voltaje

El comienzo de curso llega con un voltaje más alto del que jamás hubiéramos imaginado. Llevamos meses siguiendo la evolución del tema catalán, cierto, pero asistir en directo al día a día de lo que allí ocurre nos llena de incertidumbre y preocupación. Tanto los populares como los socialistas –tanto monta, monta tanto– nos dicen que son los jueces quienes tienen que poner las cosas en su sitio, que es a ellos a quienes les compete decidir. Al escucharles hoy, no puedo evitar recordar el conflicto en los tiempos de Pasqual Maragall o de José Montilla, conflicto que se encauzó en el Parlament catalán, con el acuerdo entre los partidos políticos, y que se acordó posteriormente en las Cortes Generales, con la aprobación de Leyes Orgánicas incluida.

Me viene a la cabeza la actitud de entonces del Partido Popular, que hizo oídos sordos a la voz de la mayoría de la ciudadanía catalana, que refrendó en referéndum el nuevo Estatut que había sido aprobado por el Parlament y validado por el Congreso y el Senado. No puedo olvidar aquella actitud cicatera de un PP que fue capaz de recoger firmas contra el Estatut y recurrir al Tribunal Constitucional incluso artículos que sí dio por buenos en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo la de Andalucía. La responsabilidad del PP en lo que hoy ocurre en Catalunya es absoluta, incuestionable. Porque el verdadero problema catalán no es el que afecta a sus instituciones: el verdadero problema es que no se escucha y que se está tratando de acallar a la sociedad catalana. Haría muy bien Rajoy en atender lo recitado por Cicerón: “Aquel cuyos oídos sordos están tan cerrados a la verdad, hasta el punto que no puede escucharla, puede darse por perdido”.

El curso escolar comienza con alto voltaje también en Euskadi, donde hemos conocido la huelga que han convocado algunos sindicatos de la enseñanza pública. Sindicatos que obvian que los profesores y profesoras de la enseñanza pública cuentan con las mejores condiciones objetivas y retributivas de todo el Estado. Obvian que Euskadi gasta 8.976 euros por cada alumno en los centros públicos, muy por encima de la media del Estado (Madrid, por ejemplo, gasta la mitad: 4.443 euros). Obvian que el ratio de alumnos por profesor en la escuela pública vasca es el mejor de todo el Estado. Obvian lo obvio y se lanzan a convocar unas jornadas que califican “de lucha y de huelga”, una auténtica desproporción en los tiempos de dificultades que vivimos.

Dicen los sindicatos que hay que sacar la LOMCE de las aulas. Vamos, que no hay que cumplir esta ley. Al hilo del ‘no cumplimiento’ de las leyes cuando no nos gustan, este verano recordaba la ironía de la guerra de banderas que el Ayuntamiento de Bilbao albergaba cada año en Aste Nagusia. El mensaje de la Izquierda Abertzale era el mismo: no había que cumplir la ley y no había que colocar la bandera española en la balconada. Este asunto fue motivo de conflicto durante años. ¡Cuánta violencia, cuánto bien público quemado, cuánto dinero tirado a la basura por quienes luego, nada más llegar a las instituciones, lo primero que hicieron fue izar la enseña rojigualda en las instituciones en las que gobernaban! Entre 2003 y 2011 fui Alcalde de Tolosa y jamás se me pasó por la cabeza tener que poner la bandera española en el balcón. Nunca. En 2011 llegó un Alcalde de EH Bildu y no tuvo ningún reparo en colocarla. En resumen: cuando gobierna el PNV nos piden que incumplamos la Ley, pero cuando gobierna EH Bildu son los primeros en acatarla.

Emplear diferentes varas de medir no es exclusivo de la Izquierda Abertzale. El líder de la derecha española, Mariano Rajoy, ha proclamado en rueda de prensa que la ley está para cumplirla: “Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”. Pero es empíricamente demostrable que esa frase tan contundente no la aplica Rajoy a todas y cada una de las leyes. Han pasado prácticamente 40 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika, que es Ley orgánica… y no se cumple. El Estatuto ha sido incumplido por los sucesivos Gobiernos de diferentes colores que han ocupado La Moncloa. Como bien afirma el Lehendakari Urkullu, la ciudadanía vasca no tiene el Estatuto que votó, y no lo tiene, única y exclusivamente, porque el Gobierno central ha decidido no cumplirlo.

Esta misma semana, el responsable del Partido Popular en Euskadi, Alfonso Alonso, nos ha trasladado a través de los medios de comunicación que la gestión económica de la Seguridad Social que reivindicamos no procede. Se me antoja oportuno leerle la literalidad del artículo 18.2 b del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley orgánica que dice: “En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Como en tantos otros casos de flagrante y reiterado incumplimiento, el texto lo dice todo y, sin embargo, el Gobierno español se niega a transferir esta competencia al Gobierno Vasco, incumpliendo manifiestamente lo que dice la Ley. Los populares afirman que “sin ley no hay democracia”, pero siguen sin cumplir la ley.

También ha pregonado Rajoy que “España es un Estado de derecho y aquí la ley se cumple, y además es igual para todos. No puede existir un Gobierno democrático que pretenda ir contra la ley fundamental de esa democracia, que es la Constitución. Eso es un absurdo, una estafa a la democracia”. Ya que Rajoy es tan contundente, quiero recordarle también a él que su sagrada Carta Magna, en su artículo 147, define los Estatutos de Autonomía como la normativa básica de las Comunidades Autónomas, con la obligación para el Estado de reconocer y amparar dichos Estatutos, que conforman el denominado bloque de constitucionalidad. Todos recordamos que el partido que presidió durante años el señor Fraga Iribarne votó en contra del título de la Constitución referido a las Comunidades Autónomas, y que también votó en contra del Estatuto de Gernika. Esta es la verdadera razón del incumplimiento de la ley por parte del Partido Popular. Son lo que son, pregonen lo que pregonen. En realidad, no creen en un Estado descentralizado y mucho menos en un Estado plurinacional.

Las realidades aquí descritas echan por tierra las rimbombantes y pretenciosas declaraciones del Presidente español anunciando con rotundidad que su obligación es “cumplir y hacer cumplir la ley”. Sencillamente no es cierto porque no siempre es de aplicación.

Nace convulso un curso político de alta tensión. El tiempo dará y quitará razones, pero aquel político que no sea capaz de escuchar e interpretar adecuadamente la voluntad ciudadana en este clima de alto voltaje puede darse por perdido. Y esto es de aplicación en Euskadi, en Catalunya… y también en Madrid.

 Mi artículo de hoy en Grupo Noticias


http://m.deia.com/2017/09/09/opinion/tribuna-abierta/curso-de-alto-voltaje

La banalización de la política

Captar las inquietudes de la ciudadanía y darles respuesta es una de las principales funciones de los partidos políticos. También anticipar y diseñar un futuro que garantice el bienestar y la calidad de vida al conjunto de la sociedad. Esta capacidad de responder a las necesidades del presente y del futuro, siempre en contacto con la ciudadanía, se encuentra en el centro del análisis de Peter Mair en su libro ‘Gobernando el vacío’. Así, el papel de las formaciones políticas es actuar como vehículo de los intereses sociales y como elemento organizador de los ciudadanos y ciudadanas.

 

En la era de la globalización los partidos siguen jugando un papel importante, sobre todo en el ámbito más próximo a la ciudadanía y no deben perder su capacidad de conocer y comprender sus necesidades. El análisis del Sociómetro del Gobierno Vasco y de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del Gobierno español es muy elocuente: los problemas sociales se asocian en una categoría unidimensional vinculada a las dificultades económicas, el paro y los problemas del mercado de trabajo. Hay otros problemas, sin duda, pero no adquieren esta dimensión.

 

La única salvedad diferencial relevante entre la realidad española y la vasca se encuentra en la corrupción, motivo de preocupación para el 49% de la población en España, y solo en 6% en Euskadi. Traigo a colación estos dos estudios porque este último mes hemos asistido a un hecho curioso en la política vasca. El mundo de la izquierda abertzale ha querido importar un problema, el del turismo, que, a tenor de la preocupación que muestra la ciudadanía, no alcanza la dimensión que han pretendido otorgarle. Sortu y Ernai, o viceversa si se prefiere, se han hecho eco de la campaña organizada por las juventudes de la CUP en Catalunya y han enturbiado una cuestión de vital importancia para la economía vasca y la imagen exterior de nuestro país.

 

Ernai organiza movilizaciones y manifestaciones, afirma que es necesario un "debate popular", serio y en profundidad, por supuesto, y también participativo y transparente, claro. Obvian que Euskadi acaba de aprobar una ley de Turismo hace menos de un año. Olvidan que esta aprobación se ha producido tras un largo periodo de estudios y debate, este sí profundo, participativo, transparente, serio y plural. Ignoran que también EH Bildu participó en este debate y que votó a favor de la ley vasca de Turismo. Ignoran que la ley promueve un nuevo "modelo turístico sostenible y de calidad" que ahora, doce meses después, Ernai y su entorno, pretende desbaratar de un solo golpe. Lo que no entiendo es que a esto pretendan llamarle debate y, menos, político. Lo único que consiguen es banalizar la política aprovechándose, eso sí, del desmesurado protagonismo que alcanza cualquier noticia durante los meses de estío, también informativo.

 

El turismo en Euskadi no es un problema. Lo cual no significa que no existan problemas puntuales asociados o generados por el turismo. El turismo en Euskadi es una oportunidad, tanto económica como de imagen y proyección exterior. Es obvio que, como país, debemos demostrar capacidad de gestionar adecuadamente un modelo que acabamos de consensuar y que nos corresponde cuidar, esto es, evaluar y mejorar. Si analizamos la hemeroteca durante todo un año, desde la aprobación de la ley, no nos encontraremos con ningún problema serio, profundo y, menos, irresoluble. Todo lo contrario, en todas las reflexiones, debates o comunicaciones públicas el turismo se ha contemplado como una oportunidad para Euskadi. Una oportunidad para trasladar nuestra identidad y cultura específica y singular, para generar más riqueza y más empleo, siendo conscientes que esta actividad alcanza ya el 6% de nuestro PIB. Importante, sin duda, pero muy por debajo todavía de la media española y europea.

 

En estas reflexiones y declaraciones ha tomado parte la propia izquierda abertzale, encabezada en esta materia por el exalcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, quien durante su mandato se congratulaba de los records de llegada de visitantes en 2012, 2013, 2014 y 2015. ¿Qué ha cambiado ahora? La respuesta en obvia: el alcalde y, por lo tanto, la estrategia de la izquierda abertzale. El turismo pasa de positivo a negativo. El modelo aprobado por la ley ya no vale. Ahora toda ponerlo todo patas arriba.

 

El objetivo obsesivo de la izquierda abertzale no es otro que el desgaste de la izquierda abertzale y su acción institucional. Han vuelto a errar.  Por supuesto que en el tema del turismo hay muchos factores en juego y son muchos los agentes implicados. Es evidente la necesidad de reflexionar, evaluar y mejorar. Pero no tiene sentido que quienes son incapaces de mantener un debate sereno y plural, pretendan imponer su criterio siempre a golpe de brocha gorda. El turismo no es una preocupación relevante para la sociedad vasca, y se ha convertido en un tema que está sobre la mesa, ha sido únicamente por la forma en la que se ha planteado y por la contraproducente imagen exterior de nuestro país que ha contribuido a generar.

 

No caer en la banalización de la política supone estar siempre atentos a los problemas que surgen. Prestar atención a la evolución del turismo es nuestra obligación, por supuesto, pero en nombre de la política y de la justicia nos corresponde concentrar nuestros esfuerzos en lo auténticamente importante. Tenemos la oportunidad de aprovechar el turismo como factor de actividad económica y empleo local, catalizador de iniciativas culturales y artísticas, como tarjeta de presentación de Basque Country en el mundo. Cada día llegan más visitantes a Euskadi, si les acogemos de forma cordial avanzaremos en un turismo sostenible, auténtico y de calidad para nuestro país. Este es el modelo turístico de Euskadi-Basque Country que nos corresponde preservar.

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¿Adónde nos lleva el sindicalismo de ELA?

Ejercer un buen liderazgo en un partido político u organización sindical demanda una personalidad y carácter especial, fuerte y singular. Xabier Arzalluz es un buen ejemplo, y el pasado mes de marzo lo volvió a demostrar. Se celebraba el 40 aniversario de la primera Asamblea Nacional del Partido Nacionalista Vasco tras la dictadura y en su alocución dejó para la reflexión la siguiente frase: “Txiki Muñoz concibe ELA como una organización político-sindical”, una aseveración que me llamó la atención cuando la escuché, pero que conforme han ido pasado los meses se demuestra más atinada.

Ha sido precisamente el propio Secretario General de ELA quien ha iniciado su nueva “breve” etapa al frente del sindicato afirmando “la necesidad de hacer política desde la central sindical”. No se le puede negar coherencia, porque su trayectoria quedará marcada por la convocatoria de huelgas políticas y la organización de movilizaciones políticas, siempre con un mismo objetivo: tratar de desgastar al Partido Nacionalista Vasco, su auténtica obsesión. El ejemplo más llamativo fue la manifestación que convocó y “presidió” en Lehendakaritza hace un año, en plena campaña electoral al Parlamento Vasco, en la que llegó a calificar al Partido Nacionalista Vasco como un “partido antidemocrático.” Resulta inconcebible escuchar esas palabras del Secretario General de ELA, pero más si cabe, que Txiki Muñoz, tan crítico y exigente con todo y con todos, una vez conocidos los resultados electorales no asumiera el estrepitoso fracaso de su diagnóstico y estrategia. ELA organizó su combativa campaña política contra EAJ-PNV y la ciudadanía decidió que fuera EAJ-PNV el único partido que mejorara sus resultados. Muñoz, tan habituado a la crítica, ha perdido una buena ocasión para hacer autocrítica.

Mantengo una buena relación personal con muchas personas afiliadas a ELA que no comparten en absoluto la estrategia de un sindicato obsesionado con la política de confrontación e incapaz de abrir una vía de diálogo constructivo y positivo en el ámbito político e institucional. Txiki Muñoz es refractario al diálogo, porque llegar a acuerdos supone asumir compromisos. Durante su mandato ha demostrado una incapacidad absoluta para conducir al sindicato por la senda del acercamiento, el entendimiento y el acuerdo. En realidad, su obsesión por la política no deja de ser un refugio para un sindicato que no se compromete en el ámbito que le corresponde y pretende dar lecciones en aquél que no le corresponde. Así, es inconcebible que ELA se niegue a tomar parte en el Consejo Económico y Social de Euskadi, que es el espacio creado para generar un clima de comunicación entre las organizaciones empresariales, sindicales y la Administración pública a la hora de plantear y contrastar la estrategia económica del País a futuro. Es más inconcebible, si cabe, que ELA se niegue también a participar en el Consejo de Relaciones Laborales.

Muñoz habla de política, pero parece desconocer que la esencia de la política es el diálogo. Es inaudito que un responsable sindical proponga el diálogo para resolver conflictos políticos y sea incapaz de aplicar la misma receta para resolver las diferencias en el ámbito de las relaciones laborales. Es asombroso que se niegue a tomar parte en el diálogo social o en el encuentro entre las confederaciones sindicales y las organizaciones empresariales con el objetivo de proponer, tanto al Gobierno como al Parlamento Vasco, estrategias y acciones en el ámbito de la política económica o industrial. No es solo que no participe en la mesa social, sino que además critica a quienes han decidido hacerlo y llega al absurdo de impartir lecciones sobre cómo habría que organizar un diálogo en el que se niega a participar. Inaudito.

Euskadi ha atravesado una dura y profunda crisis económica durante prácticamente una década. Aunque es evidente que, poco a poco, la situación va mejorando, no cabe duda de que las dificultades e incertidumbres se mantienen. Empresas como Xey, La Naval, el grupo CEL o Fagor Edesa están atravesando serias dificultades estos últimos meses. En opinión de Muñoz esta situación se debe a la política económica e industrial radicalmente equivocada del Gobierno Vasco. Nunca plantea una alternativa, nunca ofrece una solución, solo se espera de él la visión más crítica y catastrofista. ELA cuenta con cauces para plantear sus propuestas, pero se niega a utilizarlos; no participa en ninguna mesa, ni Consejo. Algún día tendrá que explicar a las y los trabajadores de las empresas en crisis esta evidente contradicción. No tiene sentido criticar todas y cada una las medidas económicas del Gobierno y, al mismo tiempo, negarse a participar y aportar sus propuestas para mejorar la situación. Cuando escucho a los Comités de las empresas en crisis solicitar la ayuda del Gobierno Vasco, imagino siempre su decepción ante unos dirigentes sindicales que se niegan sistemáticamente a mantener ningún tipo de relación con ese mismo Ejecutivo.

No recuerdo ni una sola ocasión en la que ELA haya realizado el más mínimo reconocimiento sobre la política económica, social o industrial que el conjunto de las instituciones vascas vienen desarrollando durante las últimas décadas en Euskadi. Para Txiki nunca nada es suficiente. Ha sido incapaz de reconocer el posicionamiento y voto contrario de EAJ-PNV a la reforma laboral; eso sí, cuando decidimos votar a favor del “techo de gasto” no perdió ni un segundo para denostarlo. Ni una palabra sobre los acuerdos alcanzados para la liquidación del Cupo y la actualización del Concierto. Ni una palabra sobre la bilateralidad, las inversiones y beneficios obtenidos para Euskadi. Todo lo que se le ocurrió declarar a Txiki Muñoz fue que el acuerdo representaba “un ataque al autogobierno vasco”, una auténtica falsedad, impropia de un dirigente del sindicato ELA.

Echo de menos la trayectoria crítica constructiva de ELA, su visión de País, su compromiso y, sobre todo, echo de menos una organización abierta al diálogo y no encerrada en sí misma como ahora. El sindicato ha tenido mayor influencia social, institucional y, también, política, cuando ha demostrado capacidad de interlocución con el resto de agentes socio-económicos y con el conjunto de los partidos políticos. La estrategia de Muñoz es la confrontación con todos y contra todos, pero la pregunta que cabe formularle es: ¿Con quién mantiene hoy una mínima relación de cercanía y compromiso? Y la subsiguiente pregunta: ¿Con quién pretende llevar a cabo las reformas y cambios que propone? ¿Va a acabar presentándose a las Elecciones o terminará de entender que para tomar decisiones políticas hay que hablar con los partidos políticos?

Es evidente que ELA debe jugar un papel propositivo y positivo en la sociedad vasca del siglo XXI, pero debe ser consciente de que las propuestas se plantean, debaten y pactan. Debe ser consciente de que las decisiones se adoptan participando en los órganos y espacios que abordan los problemas en el ámbito económico, social y laboral. Estará de acuerdo o no con ellos, pero su responsabilidad es formar parte de las soluciones que se plantean desde unas instituciones que, recordemos, están constituidas por representantes de la sociedad vasca. Cuando se toman decisiones, a veces se acierta y otras veces se yerra, pero hay que decidir y, en ese sentido, ELA se tiene que “mojar.” No se puede pretender construir un País desde la confrontación, la cerrazón y el enfrentamiento permanente; en este siglo son necesarios el diálogo, la cooperación y la colaboración, “marca de la casa” durante décadas del sindicato ELA.

Mi artículo de hoy en Grupo Noticias.

http://www.deia.com/2017/08/12/opinion/tribuna-abierta/a-donde-nos-lleva-el-sindicalismo-de-ela

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Los achaques del parlamentarismo español

La salud del Senado de España es la cuestión que se me plantea con mayor frecuencia. Hay quienes piensan que lo mejor sería extirparlo, esto es, que la Cámara Alta debería desaparecer; pero la afirmación que más acuerdo suscita es que necesita una modificación sustancial en sus contenidos y su forma, en sus quehaceres y su dimensión. Su reforma es, probablemente, uno de los objetivos que en mayor medida comparten todas las fuerzas parlamentarias.

Hoy no existe un diagnóstico consensuado para abordar esa reforma. Ni siquiera percibimos la voluntad de llevarla a efecto. El mejor ejemplo es que la ponencia de estudio, creada el pasado mes de noviembre para su remodelación, no se ha reunido ni una sola vez ocho meses después de su constitución. No hay voluntad real de reforma, esto es lo único que podemos concluir de la actitud de PP y PSOE, que una vez más apoyaron una iniciativa parlamentaria para abandonarla el mismo día de su puesta en marcha.

Tengo que reconocer que la experiencia parlamentaria avala un sistema bicameral. Tiene todo el sentido dentro de un Estado compuesto y descentralizado como el español, ahora bien, es evidente que en estos momentos el Senado no está ejerciendo las funciones que debiera. Pretendidamente es la Cámara de reflexión serena, pero en realidad dedica menos de la mitad del tiempo que el Congreso a debatir los proyectos de ley. Pretendidamente es la Cámara del debate plural, pero en realidad el Partido Popular, con su mayoría absoluta, es capaz de organizar una Comisión de investigación de la financiación de todos los partidos políticos, de todos a excepción del suyo. Reflexión, serenidad, debate y pluralidad, más necesarias que nunca, brillan por su ausencia en el Senado español.

El termómetro es el instrumento que sirve para identificar síntomas de una enfermedad latente. En el momento político actual, se podría decir que el Senado es el termómetro que está poniendo de manifiesto la baja calidad democrática del Estado español. La pérdida de la mayoría absoluta, esto es, la pura necesidad, ha movido al Partido Popular a buscar en el Congreso de los Diputados unos acuerdos que en la anterior legislatura no necesitó. Ahí comienza y termina toda su voluntad de diálogo. Sencillamente, como en el Senado mantiene su hegemonía, ni dialoga, ni acuerda. A tenor de lo conocido hasta ahora, la fiebre de la mayoría absoluta no ha remitido en su totalidad.

Esta es la prueba más evidente de que la democracia en el Estado español parece no haber alcanzado todavía su madurez. En cuarenta años de trayectoria ha quedado demostrado, tanto que las mayorías absolutas no se han gestionado bien, como que el modelo de parlamentarismo tiene que evolucionar y cambiar. Las mayorías absolutas solo han servido para que el Gobierno haya impuesto sus políticas y decisiones, sin tener en cuenta ningún interés más allá del propio y circunscrito a cuatro años. Han sido Ejecutivos para los que el Parlamento ha sido solo una molestia y, además, en relación a Euskadi las tres mayorías absolutas han coincidido en ponerse al servicio de revertir el Autogobierno, incumplir el Estatuto, esquilmar competencias y recentralizar el poder.

El sistema inmunológico no parece responder adecuadamente en el parlamentarismo español, incapaz de detectar y dar solución a una de las mayores preocupaciones que el Estado tiene en la actualidad, como es el problema del modelo territorial. La acción coercitiva parece ser la única receta a aplicar. Es llamativa la incapacidad de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para incluir en su Orden del Día el debate territorial; por el contario, resulta absolutamente diligente para prohibir una conferencia del President de la Generalitat de Catalunya en el Parlamento español, esto es, prohibir su comparecencia en el que debería de ser el principal foro de debate territorial.

Tampoco en relación a Euskadi encontramos el cambio de actitud que cabría esperar. En la práctica, el Parlamento no ha demostrado capacidad alguna a la hora de propiciar una Política de Estado compartida para un final ordenado del terrorismo y la violencia, en aras a cimentar la normalización y convivencia futura en Euskadi. No ha demostrado la altura de miras necesaria para debatir, sin apriorismos, la crisis del modelo territorial del Estado; abordar sus problemas de funcionamiento e intentar definir un nuevo modelo que permita dar cauce de solución, desde la democracia, a las aspiraciones legítimas que se plantean.

El proceder parlamentario español ha sido incapaz de poner pie en pared ante el reiterado incumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 que hemos padecido por parte de los diferentes Ejecutivos centrales, con y, también, sin mayoría absoluta.

No vamos a cejar en el empeño. Desde el Grupo Vasco en el Senado vamos a seguir trabajando con todos los resortes a nuestra disposición en defensa de los intereses de Euskadi. El Estatuto es ley, debe cumplirse y completarse. El Autogobierno vasco es singular, debe respetarse y actualizarse. El Estado es plurinacional, debe reconocerse y actualizarse. No vamos a flaquear, trataremos de paliar los achaques que aquejan al parlamentarismo español y que afectan, también, al desarrollo y progreso de Euskadi.

Mi artículo de opinión, hoy, en http://www.diariovasco.com/