Curso de alto voltaje

El comienzo de curso llega con un voltaje más alto del que jamás hubiéramos imaginado. Llevamos meses siguiendo la evolución del tema catalán, cierto, pero asistir en directo al día a día de lo que allí ocurre nos llena de incertidumbre y preocupación. Tanto los populares como los socialistas –tanto monta, monta tanto– nos dicen que son los jueces quienes tienen que poner las cosas en su sitio, que es a ellos a quienes les compete decidir. Al escucharles hoy, no puedo evitar recordar el conflicto en los tiempos de Pasqual Maragall o de José Montilla, conflicto que se encauzó en el Parlament catalán, con el acuerdo entre los partidos políticos, y que se acordó posteriormente en las Cortes Generales, con la aprobación de Leyes Orgánicas incluida.

Me viene a la cabeza la actitud de entonces del Partido Popular, que hizo oídos sordos a la voz de la mayoría de la ciudadanía catalana, que refrendó en referéndum el nuevo Estatut que había sido aprobado por el Parlament y validado por el Congreso y el Senado. No puedo olvidar aquella actitud cicatera de un PP que fue capaz de recoger firmas contra el Estatut y recurrir al Tribunal Constitucional incluso artículos que sí dio por buenos en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo la de Andalucía. La responsabilidad del PP en lo que hoy ocurre en Catalunya es absoluta, incuestionable. Porque el verdadero problema catalán no es el que afecta a sus instituciones: el verdadero problema es que no se escucha y que se está tratando de acallar a la sociedad catalana. Haría muy bien Rajoy en atender lo recitado por Cicerón: “Aquel cuyos oídos sordos están tan cerrados a la verdad, hasta el punto que no puede escucharla, puede darse por perdido”.

El curso escolar comienza con alto voltaje también en Euskadi, donde hemos conocido la huelga que han convocado algunos sindicatos de la enseñanza pública. Sindicatos que obvian que los profesores y profesoras de la enseñanza pública cuentan con las mejores condiciones objetivas y retributivas de todo el Estado. Obvian que Euskadi gasta 8.976 euros por cada alumno en los centros públicos, muy por encima de la media del Estado (Madrid, por ejemplo, gasta la mitad: 4.443 euros). Obvian que el ratio de alumnos por profesor en la escuela pública vasca es el mejor de todo el Estado. Obvian lo obvio y se lanzan a convocar unas jornadas que califican “de lucha y de huelga”, una auténtica desproporción en los tiempos de dificultades que vivimos.

Dicen los sindicatos que hay que sacar la LOMCE de las aulas. Vamos, que no hay que cumplir esta ley. Al hilo del ‘no cumplimiento’ de las leyes cuando no nos gustan, este verano recordaba la ironía de la guerra de banderas que el Ayuntamiento de Bilbao albergaba cada año en Aste Nagusia. El mensaje de la Izquierda Abertzale era el mismo: no había que cumplir la ley y no había que colocar la bandera española en la balconada. Este asunto fue motivo de conflicto durante años. ¡Cuánta violencia, cuánto bien público quemado, cuánto dinero tirado a la basura por quienes luego, nada más llegar a las instituciones, lo primero que hicieron fue izar la enseña rojigualda en las instituciones en las que gobernaban! Entre 2003 y 2011 fui Alcalde de Tolosa y jamás se me pasó por la cabeza tener que poner la bandera española en el balcón. Nunca. En 2011 llegó un Alcalde de EH Bildu y no tuvo ningún reparo en colocarla. En resumen: cuando gobierna el PNV nos piden que incumplamos la Ley, pero cuando gobierna EH Bildu son los primeros en acatarla.

Emplear diferentes varas de medir no es exclusivo de la Izquierda Abertzale. El líder de la derecha española, Mariano Rajoy, ha proclamado en rueda de prensa que la ley está para cumplirla: “Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”. Pero es empíricamente demostrable que esa frase tan contundente no la aplica Rajoy a todas y cada una de las leyes. Han pasado prácticamente 40 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika, que es Ley orgánica… y no se cumple. El Estatuto ha sido incumplido por los sucesivos Gobiernos de diferentes colores que han ocupado La Moncloa. Como bien afirma el Lehendakari Urkullu, la ciudadanía vasca no tiene el Estatuto que votó, y no lo tiene, única y exclusivamente, porque el Gobierno central ha decidido no cumplirlo.

Esta misma semana, el responsable del Partido Popular en Euskadi, Alfonso Alonso, nos ha trasladado a través de los medios de comunicación que la gestión económica de la Seguridad Social que reivindicamos no procede. Se me antoja oportuno leerle la literalidad del artículo 18.2 b del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley orgánica que dice: “En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Como en tantos otros casos de flagrante y reiterado incumplimiento, el texto lo dice todo y, sin embargo, el Gobierno español se niega a transferir esta competencia al Gobierno Vasco, incumpliendo manifiestamente lo que dice la Ley. Los populares afirman que “sin ley no hay democracia”, pero siguen sin cumplir la ley.

También ha pregonado Rajoy que “España es un Estado de derecho y aquí la ley se cumple, y además es igual para todos. No puede existir un Gobierno democrático que pretenda ir contra la ley fundamental de esa democracia, que es la Constitución. Eso es un absurdo, una estafa a la democracia”. Ya que Rajoy es tan contundente, quiero recordarle también a él que su sagrada Carta Magna, en su artículo 147, define los Estatutos de Autonomía como la normativa básica de las Comunidades Autónomas, con la obligación para el Estado de reconocer y amparar dichos Estatutos, que conforman el denominado bloque de constitucionalidad. Todos recordamos que el partido que presidió durante años el señor Fraga Iribarne votó en contra del título de la Constitución referido a las Comunidades Autónomas, y que también votó en contra del Estatuto de Gernika. Esta es la verdadera razón del incumplimiento de la ley por parte del Partido Popular. Son lo que son, pregonen lo que pregonen. En realidad, no creen en un Estado descentralizado y mucho menos en un Estado plurinacional.

Las realidades aquí descritas echan por tierra las rimbombantes y pretenciosas declaraciones del Presidente español anunciando con rotundidad que su obligación es “cumplir y hacer cumplir la ley”. Sencillamente no es cierto porque no siempre es de aplicación.

Nace convulso un curso político de alta tensión. El tiempo dará y quitará razones, pero aquel político que no sea capaz de escuchar e interpretar adecuadamente la voluntad ciudadana en este clima de alto voltaje puede darse por perdido. Y esto es de aplicación en Euskadi, en Catalunya… y también en Madrid.

 Mi artículo de hoy en Grupo Noticias


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