Creo no
estar equivocado si afirmo que los Consistorios vascos están de enhorabuena. Después
de 35 años, la semana pasada el Consejo
del Gobierno Vasco aprobó el Anteproyecto de Ley Municipal. Por fin, después de
mucho trabajo, de muchos años, de muchos alcaldes y alcaldesas, de tantas y
tantos concejales, hemos conseguido poner sobre la mesa un texto con visos de
poder ver la luz de la aprobación tras su paso por el Parlamento vasco.
El
momento es idóneo. Por una parte, porque en tiempos de penurias económicas,
todo aquello que alumbre la clarificación de competencias entre las
instituciones, todo aquello que redunde en la búsqueda de la eficacia y la
eficiencia, resulta beneficioso. Por otra parte, permite “enmendar y arreglar”
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada
por las Cortes Generales. Ha sido arduo conseguirlo, porque el ansia
recentralizadora del Gobierno español no tiene límites y
pretende abarcar desde lo internacional hasta lo local. Una vez más el esfuerzo
y la visión práctica del Grupo Parlamentario
Vasco en Madrid lo ha conseguido. Hemos logrado que se acepte configurar un régimen local propio y singular
en Euskadi y para Euskadi.
Este
texto va a propiciar que, definitivamente, se dé una articulación armónica y
eficiente de los tres niveles de gobierno en Euskadi: Comunidad Autónoma,
Territorios Históricos y Municipios. La Ley va a suponer por tanto la mayoría
de edad para los Ayuntamientos, al otorgar a los tres niveles el mismo reconocimiento institucional.
El primer reconocimiento es la autonomía local. El Ayuntamiento merece ser
reconocido como un ente con vida propia, no como una institución tutelada o
auxiliar de otra. Estamos hablando de una institución con un gobierno político,
con capacidad y responsabilidad en la toma de decisiones propias. Todo ello
debe articularse en base a unas competencias definidas con claridad y con una
serie de objetivos propios. Esta es la base de la “política de portal” que
distingue a todo Ayuntamiento, esto es, la política más cercana a la ciudadanía.
El
segundo es la suficiencia financiera. El autogobierno municipal únicamente será
real y posible si dispone de los recursos necesarios para su gestión. La Ley
Municipal propugna una financiación “no condicionada”, esto significa la clarificación del binomio que forman las competencias con su correspondiente
financiación.
El
tercer reconocimiento deriva de los mecanismos de cooperación con el resto de
instituciones. Los Ayuntamientos tendrán, por fin, voz y voto en el Consejo
Vasco de Finanzas Públicas. Así, podrán tomar parte en las decisiones que
afecten al conjunto institucional del País. Además, el anteproyecto de Ley
Municipal ha recogido la reivindicación histórica de los Ayuntamientos de
constituir un Consejo de Políticas Públicas Locales. Esta es un paso adelante
altamente positivo que supondrá compartir un espacio de reflexión y decisión con
el resto de instituciones en el ámbito de las políticas con incidencia local.
Un espacio en el que abordar de igual a igual los problemas y oportunidades de
futuro del País.
Ha
costado muchos años, todavía el proceso no ha terminado, pero entiendo que los
partidos políticos, todos, tienen una gran deuda con los Ayuntamientos. Esta
deuda es la Ley Municipal y se
cancelaría con un amplio respaldo a su aprobación. Pienso que el mejor homenaje
a tantas y tantas personas que durante 35 años han ejercido como “voluntarias
de la política” en los Ayuntamientos vascos, sería un gran acuerdo en la
aprobación de la deseada y necesaria Ley Municipal de Euskadi.
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