Ajuste
de cuentas
Las cuentas de los partidos políticos suelen ser un motivo
habitual de debate. Por una parte, se discute si deben de contar o no con
financiación pública, con argumentos a veces inapropiados sobre qué otros
destinos podrían tener esos recursos públicos. Por otra, se plantea si es
preferible decantarnos por la financiación privada y cuáles han de ser sus
límites, subrayando el riesgo de que los grandes lobbies traten de cobrarse a
futuro los recursos que pudieran haber aportado a las diferentes formaciones.
La disyuntiva evidencia, por lo tanto, que la solución es compleja; de lo que
no cabe duda es que, de una u otra manera, las cuentas de los partidos
políticos deben de ser siempre claras y estar sujetas a la máxima transparencia.
Esta
reflexión cobra actualidad con motivo del anuncio realizado esta misma semana
por el Partido Popular de activar su petición para crear en el Senado una
comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Esta
solicitud se registró hace dos semanas y pretende que se debata y vote en el
Pleno de la Cámara Alta de los días 4 y 5 de abril. En nuestra opinión, se
trata de una iniciativa que más allá de “aclarar las cuentas” de las distintas
formaciones políticas, no pretende otra cosa que “ajustar las cuentas” con los
partidos que han logrado que se haga lo propio en el Congreso, esto es, la
Cámara en la que el PP no cuenta con mayoría y en la que, previsiblemente, se
pondrá en tela de juicio su proceder.
Justificaba esta iniciativa el senador y portavoz
popular, José Manuel Barreiro, ironizando sobre lo "archiconocidas"
que son las cuentas de su partido, “que han sido publicadas del derecho y del
revés", mientras que no lo son en esta medida las del Partido Socialista,
Ciudadanos o Podemos. El PP en el Senado se permite el lujo de mostrar
arrogancia al saberse respaldado por su mayoría absoluta en el hemiciclo y,
así, el portavoz del Grupo Popular ha añadido que espera obtener también el
apoyo del resto de los partidos, porque, como argumenta sibilinamente para
tratar de extender el manto de la sospecha a todas las fuerzas políticas, “sería
difícil de explicar que una formación tenga alguna razón para ocultar sus
finanzas”.
En EAJ-PNV apoyaremos todas aquellas iniciativas
cuyo objeto sea arrojar luz sobre este tipo de cuestiones, aunque mucho nos
tememos que en este caso, lo que unos y otros tratan es únicamente de arrojarse
los trastos a la cabeza mutuamente. No somos muy proclives a la apertura de
este tipo de comisiones de investigación porque resulta evidente que el
principal objetivo que persiguen es el desgaste político del resto de
formaciones, tratando al mismo tiempo de salvar la propia. Son comisiones que
nacen muy politizadas y el mejor ejemplo es que el PP no ha sustanciado esta
iniciativa hasta conocer cómo se desarrollaba la del Congreso y si la podía
controlar, algo que finalmente no ha conseguido.
Es
evidente que la comisión en el Senado se ha creado, simplemente, como un mecanismo
para tratar de ir equilibrando lo que vaya ocurriendo a su vez en la del
Congreso. Así, si en el palacio de la Carrera de San Jerónimo va a comparecer
alguna persona determinada con un perfil determinado, en el Senado harán
comparecer a otra de un perfil similar pero del “bando contrario”; si en la
Cámara Baja se convoca al presidente del PP, en la Alta se convocará a un rival
con perfil similar.
Si el Partido Popular hubiera querido abrir una
comisión de investigación con la utilidad que realmente se presupone a un órgano de este tipo ha tenido
tiempo y motivos suficientes para hacerlo en legislaturas pasadas. No hay más
que ver que la anterior conformación de este organismo data de 1997, hace
exactamente 20 años, y se creó para analizar las responsabilidades políticas
derivadas de la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL. Es
decir, también entonces tuvo un componente político; una única reunión en la
que se aprobó su plan de trabajo y una única sesión informativa en la que hubo
tres comparecencias fueron suficientes entonces para, en el escaso mes y medio
que tuvo de actividad, lograr el objetivo de obtener la inevitable difusión
mediática que probablemente se buscaba; es decir, la llamada “pena de
telediario”, debido al juicio paralelo que se realiza simultáneamente.
Nuestra posición ha sido siempre coherente y clara.
Somos partidarios de que si hay cuestiones que no encajan con la legalidad
vigente, se diluciden en el ámbito judicial, para eso están los jueces. Creo
que no es bueno que los partidos políticos utilicemos las comisiones de
investigación de las Cámaras como un “pim-pam-pum”; lo que sí merece la pena, y
vamos a trabajar por ello, es constituir una comisión seria y reflexiva que
aborde en profundidad y con rigor el modelo de financiación de los partidos dentro
de la democracia española. Es necesario definir criterios y trabajar para alcanzar
consensos amplios. Es necesario apoyar todas las modificaciones legislativas
que permitan clarificar esta cuestión, porque no nos encontramos ante un problema
de un partido u otro, sino una cuestión sustancial para el funcionamiento
democrático y la credibilidad del conjunto de las formaciones políticas.
Más allá de investigar cómo están gastando o cómo se
están financiando los partidos, hay que investigar sobre el papel que estos
tienen que jugar dentro de la democracia y qué modelo de financiación es el más
adecuado. En los últimos años se ha rebajado la financiación de los partidos en
más de un 40%. ¿Es esto realmente sostenible? ¿Qué consecuencias puede
acarrear? Hay que evaluar el papel a jugar por los partidos políticos y hacerlo
con rigor y realismo, sin demagogias, al servicio de la democracia. Es
imprescindible clarificar el tipo de financiación y regular el modelo que se
entienda que es el más adecuado para nuestra cultura democrática.
Las futuras
reformas deberán estar guiadas por los principios de transparencia, claridad y
respeto a la sociedad. Solo de esa manera se evitará que aumente la
desconfianza y el desinterés hacia el sistema político y hacia sus
representantes. Lo importante y ejemplificador sería abordar esta cuestión con
el debido rigor, tanto a la hora de financiar y gastar, como a la hora de
rendir cuentas públicas con transparencia. Lo importante es asumir en el
funcionamiento de los partidos políticos la normativa que se está aplicando en
la gestión de la administración y las instituciones públicas.
Vamos a
participar en todas las comisiones que se creen, pero no podemos dejar de
denunciar la superficialidad con la que se plantea el debate. Las
Comisiones de Investigación en las Cámaras podrían tener su utilidad para
controlar y desvelar las irregularidades cometidas, pero en lo que se incurre
una y otra vez es en utilizarlas única y exclusivamente como arma política arrojadiza.
No somos partidarios de convertir las Cortes Generales en un Tribunal de
Cuentas y, menos aún, en una tribuna para el ajuste de cuentas.
Artículo
publicado hoy, 24 de marzo, en Noticias de Gipuzkoa y Deia
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