Un diez de suspenso

En mis tiempos de estudiante, y aún hoy, he valorado el 10 como la nota de la excelencia. Cuánto habremos estudiado para tratar de alcanzar, o al menos acercarnos a la perfección y enarbolar esa cifra como símbolo del trabajo bien hecho. Estos días, sin embargo, mi imagen del 10 es diametralmente opuesta a la que siempre he valorado, y lo es por culpa de las deficientes medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De hecho, diez de ellas han recibido un sonoro suspenso por parte del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición realizado tras la visita oficial a España entre el 21 de enero y el 3 de febrero de este año.

No se trata de conclusiones pueriles, pues llegan tras semanas de reuniones realizadas con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, e incluso con miembros del Gobierno del PP, como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. Son, pues, valoraciones contrastadas con quienes han sufrido directamente la injusticia de la guerra, de la dictadura y, ahora, de la desmemoria histórica.

La Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura dejaron innumerables víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario: ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos,  exilio… Situaciones en demasiadas ocasiones irreparables pero que ni siquiera han recibido una compensación moral de reparación en el denominado periodo democrático.

La permanencia de calles o monumentos que ensalzan a cargos franquistas o el ofensivo Valle de los Caídos, que acoge los restos de los dictadores Franco y Primo de Rivera, lo que, en opinión De Greiff, hace que “difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación”, son dos de esos ejemplos. La inadecuada formación, con curriculums escolares que, aunque han ido mejorando, han llegado a equiparar la responsabilidad de las “dos Españas”, en referencia a los sublevados y a los defensores del orden establecido; con policías, militares y jueces poco formados sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, no ayuda a mejorar ese injustificado olvido. 

En ello ahonda el acceso restringido a documentos “invocando riesgos a la seguridad nacional” y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas mortales, o a temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El hecho de que el Estado español haya sido considerado el segundo país con más desaparecidos tras Camboya no deja en buen lugar a los diferentes Gobiernos de la época democrática.

De Greiff observa los mayores déficits en la Ley de Amnistía, cuya interpretación restrictiva la convierte en el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”, y cuyos efectos resultan incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En ese ámbito supranacional, la ONU ve “con preocupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y recuerda al Gobierno que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, y que sólo podrá denegarse la extradición de los exagentes de seguridad acusados de torturas si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables. Asimismo, la adopción de medidas  “más ambiciosas” en las relacionadas con el terrorismo” ha provocado que muchos afectados se sientan “víctimas de segunda categoría”.

Analizando el informe resulta evidente que nunca se estableció una política de Estado en materia de verdad; no existe información oficial, ni mecanismos para su esclarecimiento. Por todo ello, pensamos que el Ministerio de Justicia debería realizar una valoración al respecto, algo que solicitaré en el Pleno del Senado la próxima semana, incluyendo el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en su misión a España.

Mientras tanto, los reconocimientos a estas víctimas y héroes siguen llegando desde otras instancias, y así, en Elgoibar, se recordará a los valientes gudaris y milicianos que dejaron sus vidas en el monte Zirardamendi el 25 de septiembre de 1936, en plena Guerra Civil. Compartiendo el título de ‘Goazen gudari danok…”, una exposición abierta hasta el 21 de septiembre en la Kultur Etxea local, un libro que se presentará el día 15 y un documental que se proyectará en el Antzoki de la localidad el día 18 dejarán constancia del valor y de la fidelidad al deber que demostraron estos hombres de diez. 

Jokin Bildarratz

Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en el Senado

Sí, son víctimas

En momentos de debates públicos continuos y tensos como los que vivimos, inicio este artículo con la palabra “respeto” en la mente, porque como dice Víctor Hugo, “el sufrir merece respeto.”

Este es mi sentimiento cuando sale a la luz pública algún debate en torno a las víctimas del terrorismo.  Por mucha cautela que apliquemos, ni debemos ni podemos silenciar esta cuestión ante el flagrante incumplimiento de la ley cometido por el Gobierno español, auspiciado y defendido por su Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.  

El caso es la denegación de las ayudas que por ley les corresponden a determinadas personas que han sido víctimas de la violencia terrorista. Lo inaudito del caso es la argumentación que esgrime el Ministerio del Interior para eludir una ayuda legal que debe de estar basada en criterios de igualdad y no discriminación.

A día de hoy, el Gobierno español, con una actitud arbitraria, está denegando indemnizaciones a víctimas del terrorismo que tienen legalmente reconocida esa condición. Se trata, principalmente, de víctimas de atentados  cometidos por organizaciones terroristas como el Batallón Vasco Español o los GAL y, en alguno de los casos, también por ETA.

Ateniéndome al mencionado respeto, me voy a circunscribir a tomar como base los textos normativos vigentes, a la hora de valorar las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Interior. En definitiva se trata, simplemente, de ver si el Ministro Fernández cumple la ley o si la utiliza de una manera tramposa y maniquea. El texto en que el Ministro basa su decisión dice en su literalidad lo siguiente: “… se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos”.

Este texto legal es el Convenio Europeo ratificado por España con posterioridad a la fecha en que se cometieron los atentados a los que nos referimos. En cualquier caso, en ese párrafo encontramos el nudo gordiano de la cuestión: es importante dirimir quién es competente para dar cumplimiento al significado del texto, es decir, para dirimir quién ha cometido delito o quién es delincuente. En nuestro sistema democrático, solo podremos afirmar que una persona ha participado en actos delictivos si existe una sentencia condenatoria que así lo determina.

No cabe otra opción: la garantía jurisdiccional en la que se concreta el principio de legalidad exige que la existencia del delito, y el consecuente establecimiento de pena, se determine a través de una sentencia judicial, tras haberse seguido el procedimiento legalmente establecido. Esta afirmación viene definida principalmente por la necesidad de garantizar que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, es decir, mientras no se haya determinado judicialmente su responsabilidad. Y eso solo lo puede hacer un Juez. No lo puede hacer el Ministro de Interior, ni la Policía, ni la Guardia Civil. Solo lo puede hacer un Juez. Y no lo ha hecho, mal que le pese a Jorge Fernández Díaz.

No hay delito si no hay sentencia. Por tanto, el Ministro no puede esgrimir este argumento para denegar la indemnización a una persona que, como víctima del terrorismo, tiene derecho a ella. No vale utilizar informes policiales que, en muchos casos, no son más que suposiciones y ficticias acusaciones.

El sistema democrático no descansa sobre conjeturas y apariencias. Descansa sobre principios y argumentos sólidos que deberían conducir al Ministerio a la reconsideración de su actitud y al Gobierno español a la debida rectificación. El peso de los argumentos y las razones expuestas así lo exige:

1.- Argumento ético y democrático: la superioridad de la democracia frente a quienes la quieren violentar radica en el cumplimiento de las reglas de juego. La Justicia lleva una venda en los ojos porque la ley se debe aplicar por igual, sin discriminación y respetando los derechos de todas las personas. Estamos obligados a tratar a todas las víctimas de atentados terroristas bajo el principio de igualdad y no discriminación.

2.- Argumento jurídico: con las decisiones que el Ministerio de Interior está adoptando, se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica. Se atenta contra un pilar fundamental de toda democracia: la presunción de inocencia.

3.- Argumento de respeto a las víctimas del terrorismo: estas decisiones confirman que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Se genera frustración, desengaño y escepticismo. Es una flagrante instrumentalización de las víctimas.

4.- Argumento humano: estas denegaciones son injustas porque castigan a familiares de personas asesinadas o que han padecido la acción terrorista, a familiares que no pertenecen a organización terrorista alguna. Se está denegando la indemnización a unos padres, a una esposa, a una hija… de familias a las que un acto terrorista ha roto su vida de manera violenta

El Ministro Fernández Díaz ha tomado la decisión de no cumplir la ley. Él lo sabe, porque es evidente. Pero, asimismo, sabe que este asunto tardará mucho tiempo en resolverse en los Tribunales y, es probable, que para entonces él ya no sea Ministro ni tenga responsabilidad política alguna. El calificativo que este comportamiento merece es el de prevaricación, porque supone tomar una decisión a sabiendas de que no se ajusta a derecho.

Me dirijo al Ministro de Interior, con el debido respeto, para recordarle una obviedad: el terrorismo de ETA ha terminado. Vivimos un nuevo tiempo, un tiempo para construir la convivencia entre diferentes y también para honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Solo edificaremos la convivencia desde la honestidad, la generosidad y el cumplimiento impecable de la legislación vigente. No hay otra vía que el respeto.