El 155, una llamarada al diálogo

El término terrorismo incendiario ha vuelto a saltar a la actualidad a lo largo de estos días a raíz de la oleada de dramáticos incendios que han vuelto a asolar varias comarcas de Galicia, León y Asturias. Estos tristes acontecimientos han irrumpido desgraciadamente en los informativos en medio del encendido debate territorial catalán, donde tampoco ha faltado quien ha preferido azuzar las llamas en lugar de aplacarlas.

No voy a extenderme en la opinión que reiteradamente he expresado sobre la inutilidad de debatir ahora sobre lo que se pudo haber hecho y no se hizo, aunque sí que comparto que la gravedad de los incendios que se producen en verano, además de por la despreciable acción de los pirómanos, aumenta como consecuencia de la inacción sobre el terreno durante el resto del año. Y de inacción o incluso desatención en Catalunya sabe mucho Mariano Rajoy.

Los indicios auguraban desde hace años, y sobre todo en los últimos meses, un estallido del inconformismo de la sociedad catalana. En mayor medida cuando su creciente descontento se trataba de sofocar con medidas judiciales, policiales y de presión económica y mediática; simples cortafuegos que no han sido suficientes para contener la multitudinaria demanda catalana, cuya magnitud requería abrir caminos de diálogo político con auténtica voluntad de alcanzar acuerdos y ofrecer una solución.

En realidad, la actitud del Gobierno español ha supuesto echar más leña al fuego. Así cabe interpretar las agresivas retiradas de urnas y papeletas, las violentas cargas policiales, la falta de sensibilidad con los centenares de personas heridas, las órdenes de detención de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural y la persecución a la que ha sido sometido el mayor de los Mossos d'Esquadra. 

Ha habido quien ha preferido ir más allá y, a la par que con suma torpeza amenazaba al President Puigdemont con acabar como el malogrado President Lluís Companys, ha llegado a reclamar la ilegalización de los partidos que demandan la independencia o, en otros casos, que se prohíba que esta reivindicación aparezca siquiera en sus programas electorales. Desde el PP han deslegitimado tibiamente esta opinión de Xavier García Albiol –no la anterior, de Pablo Casado–, y han vuelto a recurrir al mantra de que dentro de la ley se pueden defender todas las ideas. En ese sentido, el mismo presidente del Gobierno español ha remitido al President de la Generalitat a buscar apoyos en el Congreso, a sabiendas, como los vascos bien recordamos, de que eso llevaría a la locomotora catalana a la vía muerta en la que ya arrinconaron el Nuevo Estatuto Político que defendió el Lehendakari Ibarretxe en las Cortes sin ni siquiera admitirlo a trámite.

No ya solo dentro del Partido Popular, sino desde diferentes frentes, hace mucho que eran legión quienes venían apelando a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya, un hecho sin precedentes en 40 años. Ciudadanos, incluso el PSOE y por supuesto los medios de comunicación de la capital, con profusión de efectistas y tensionadores ‘ultimátums’, ‘chantajes’ y ‘amenazas’ en sus titulares, han venido presionando al Gobierno central, que, finalmente, ha puesto en marcha la maquinaria prevista en la Carta Magna como medida extrema, con las decisiones que conocimos tras el Consejo de Ministros de ayer. Una solución injustificada, a la vista de que no se produjo una declaración formal de independencia por parte del Parlament; una solución que en nada contribuye a la distensión que requiere el momento histórico; una llamarada al diálogo.

Estos días, la atención de la ciudadanía y de los medios estará centrada, excepcionalmente, en el Senado. El próximo viernes nos corresponderá ratificar o no las medidas que el Gobierno Central ha determinado para Catalunya en virtud de la aplicación del ya celebérrimo Artículo 155, una decisión que ha contado y contará con nuestro total desacuerdo. A pesar de ello, se trata de una resolución que se da por cumplimentada de antemano, ya que quienes dijeron sentirse abochornados con el arrinconamiento que sufrieron los partidos de la oposición en el debate de la Ley del Referéndum en el Parlament aplicarán una vez más el rodillo de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, al igual que ocurriría en la Cámara Baja a la que invitan a Puigdemont a encallar democráticamente.

Este viernes se han cumplido seis años desde que ETA declarase el cese definitivo de su actividad armada y esta misma semana hemos conocido que la novela de Fernando Aranburu ‘Patria’ ha sido galardonada con el premio nacional de narrativa. Sin pretender hacer un spoiler a quienes aún no hayan leído esta obra que relata la convivencia de dos familias vascas que se ve alterada drásticamente a consecuencia de la actividad de la banda terrorista, de su lectura se puede concluir no solo la sinrazón de la violencia sino también la de la falta de comunicación, la de la falta de diálogo.

Es evidente que para resolver esta situación, para responder al problema de fondo de la existencia de realidades nacionales distintas en el marco del Estado, antes o después será necesario sentarse y hablar. Rajoy podrá entablar un diálogo con Sánchez y Rivera, con los que comparte punto de vista y no logrará nada más que enrocarse en su posición, pero también tendrá que escuchar los argumentos de aquellos con quienes disiente pero con quienes pretende convivir y debe atender y tratar de entender. La intervención, bien sea selectiva o mediante ‘matarrasa’, sobre la autonomía catalana puede ofrecer una salida de emergencia que tal vez sofoque el incendio del bosque, pero sus raíces seguirán ardiendo. Tarde o temprano será necesario un diálogo asentado en el realismo y la responsabilidad, sin inasumibles condiciones previas y con voluntad de acuerdo. Anticipar los problemas y contribuir a resolverlos desde el diálogo es la esencia de la política.

Mi artículo de opinión, hoy en www.diario vasco.com y www.elcorreo.com