Olvidar es violar la memoria

Esta semana he tenido ocasión de visitar en Madrid una excelente exposición sobre Auschwitz, con imágenes y testimonios que sobrecogen el alma. Destaco de la misma un mensaje de Primo Levi, superviviente del campo de concentración, quien afirmaba que “se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio; es importante esforzarse por salvar al menos (…) la forma de la civilización”. Me identifico con esta idea, como también con la frase que da título a este artículo: “Olvidar es violar la memoria”, que en este caso pertenece al libro ‘Por qué recordar’ de Elie Wiesel, superviviente de la Shoá y Premio Nobel de la Paz en 1986. Dicha cita fue evocada por el Ministro de Justicia el lunes en el Senado en el acto de conmemoración del Día Oficial del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.

Fue un acto emotivo, como cada año, en el que rememoramos la despreciable capacidad del ser humano para hacer sufrir al prójimo. En esta ocasión, se percibía un especial interés y una clara implicación del Partido Popular con el homenaje. Tanto el Ministro Rafael Catalá como el presidente del Senado, Pío García Escudero, recordaron las más de seis millones de personas judías asesinadas sin más motivo que su manera de pensar y vivir. Ambos destacaron el objetivo de que “el recuerdo de aquel horror nos impida caer en una imperdonable insensibilidad”, y también el deseo de que “las generaciones presentes y futuras no lo olviden nunca”.

Realmente, son palabras que resultan apropiadas y válidas para la memoria y el justo recuerdo de las víctimas, independientemente de quiénes fueran los responsables de sus humillaciones, vejaciones y asesinatos. Porque la cuestión es que estas reflexiones no terminan de ser del todo creíbles en el PP, ya que las realiza de manera selectiva. Son muchos los años que llevamos proponiendo iniciativas para desarrollar en todo su sentido la Ley de Memoria Histórica, pero cuando los Grupos Parlamentarios intentamos traer al debate proyectos al respecto y tratamos de recordar a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, siempre recibimos su “no” por respuesta. “Olvidar es violar la memoria”. ¿Siempre es así o sólo en algunos casos? Al parecer, cuando la memoria histórica se refiere al holocausto, recordar es imprescindible, pero cuando se trata de recordar las dramáticas consecuencias de la guerra civil y la dictadura, se entiende como fruto de un deseo de “resucitar viejos fantasmas y enemistades que no merece la pena despertar”. Aunque los negros capítulos de la historia protagonizados por Hitler y Franco coincidieron prácticamente en el tiempo, la consideración que de ellos tiene el PP es peculiarmente dispar.

El Estado español es el segundo país del mundo en número de desaparecidos y Rajoy se jacta públicamente de no haber destinado un solo euro a la memoria histórica en el tiempo en el que gobierna. Cuando nuestro Grupo Parlamentario ha planteado diversas iniciativas en favor de la memoria, nos encontramos con una actitud poco edificante; incluso se permiten hacer bromas insinuando que “parecemos personajes sacados de la serie televisiva Cuéntame”. Mientras tanto, a pocos kilómetros de la capital del Estado, permanece erguido un inmenso mausoleo a mayor gloria del dictador responsable de la muerte de quienes fueron obligados a construirlo a la fuerza.

“No podemos, en modo alguno, desentendernos de las injusticias sufridas por otros, porque nada injusto debe sernos ajeno y porque no hay límites entre la pasividad y la complicidad”, escuché decir el lunes a representantes del PP refiriéndose al holocausto judío. Recomiendo un magnífico libro de Tadeusz Sobolewicz que se titula ‘He sobrevivido para contarlo’. El Gobierno español sabe que aún viven personas que han sobrevivido a la guerra civil y a la dictadura franquista, por lo que sigue teniendo una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica las declaraciones que realiza. No es comprensible la volatilidad de su criterio, solo se entiende atendiendo a la mediocridad, arbitrariedad y discrecionalidad en la que se mueve un partido político que no asume que “olvidar es violar la memoria” y no acaba de obrar en consecuencia.

La política necesita de mayor seriedad, rigor y altura de miras. Sin embargo, esta próxima semana viviremos un nuevo episodio que contradice esta lógica, porque el Grupo Popular presenta en el Senado una moción que pide apoyar la prisión permanente revisable. Aunque a propuesta de EAJ-PNV su supresión fue tomada en consideración por la mayoría del Congreso a finales de 2016, ahora el PP aprovecha el momento en que los medios se hacen eco de varios crímenes execrables para llevar al Pleno el mismo texto que aprobó hace un año en el Senado valiéndose de su mayoría absoluta. Es lo que se denomina oportunismo político, aunque el sentido común dicte, precisamente, que el derecho penal debe estar sustentado en la prudencia.

En su momento, la construcción legislativa dirigió las responsabilidades penales hacia la reeducación y la reinserción social, pero la pena de prisión permanente revisable rompe ese amplio acuerdo normativo. Hay que recordar que antes de la aprobación de esta sanción, el Estado ya contaba con las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno, lo que ha llevado a tener una de las poblaciones reclusas más altas de Europa, con largos periodos de encarcelamiento y una media de edad muy alta.

Además, pese a la alarma que cíclicamente se despierta en la sociedad al tener noticia de la comisión de crímenes abominables, informes de la fiscalía evidencian que la cifra de delitos más graves desciende cada año. De hecho, esta pena no era reclamada ni antes ni ahora por la abogacía, la gran mayoría de los estudios doctrinales, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el mismo Poder Judicial; ni tampoco por los partidos políticos, con la única excepción del Partido Popular. A todo ello hay que unir los criterios de salud; el mismo Tribunal Supremo reconoce que una reclusión excesivamente prolongada, que se cifra psicológicamente en quince años, puede producir efectos irreparables en la personalidad del interno.

La prisión permanente revisable fue aprobada la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP, pero en esta los equilibrios son diferentes. La reforma de un Código Penal requiere del acuerdo y no puede quedar al albur de unas mayorías que son dinámicas y diferentes de una legislatura a otra. Los tiempos políticos se mueven cada vez más rápido, por eso es importante buscar el consenso entre diferentes sensibilidades a la hora de definir consecuencias tan graves para la ciudadanía, y eso exige situarse por encima del juego de las mayorías-minorías. Tal como afirma el catedrático de derecho de la Universidad de Salamanca, Ignacio González: “No basta vencer con el peso de los votos de una mayoría absoluta, se requiere convencer con la fuerza de la razón”.

En 2015, el Partido Popular ya quiso utilizar esta iniciativa que no pretende sino aprovechar la alarma social para posicionarse electoralmente y, ahora, vuelve a ponerla en el escaparate. Sin embargo, la cadena perpetua que se esconde tras un eufemismo niega absolutamente varios preceptos de la Constitución española, que rechaza que las penas sean inciertas, que atenten contra la dignidad humana y que resulten inhumanas. Este año precisamente se conmemora el 70 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos a tiempo de preservar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, tal y como reconoció hace cuatro décadas la Carta Magna y, además, honrar la citada Declaración Universal, actuando conforme a su espíritu.

Mi artículo de opinión, hoy en www.deia.com