Política penitenciaria y convivencia
El
recuerdo de aquel día de invierno permanece como una nebulosa en mi memoria. Era martes de
Carnaval. Eso lo recuerdo bien. También que aquella mañana nos sorprendió la nieve. Como todos los años, los amigos nos reunimos a primera
hora para organizar la comparsa y preparar el espectáculo que íbamos a ofrecer por las calles de Tolosa. Allí́ nos encontrábamos cuando llegó la noticia: habían matado a Patxi Arratibel, un empresario tolosarra, de un disparo en la cabeza, mientras participaba, como nosotros,
en las fiestas del pueblo. Como algunos otros
días de mi vida, ese momento nunca ha desaparecido de mi memoria;
quedó grabado de manera nítida e imborrable.
Imagino que,
como es habitual en estos casos, intenté buscar una respuesta imposible al sinsentido cometido. Recuerdo que me preguntaba hasta dónde podría llegar el odio y la maldad
del ser humano para que alguien pudiera acabar con frialdad y sin conmiseración alguna con la vida de otra persona. En aquel momento, yo era concejal del Ayuntamiento
de Tolosa, y esta historia, que forma parte
de mi biografía, describe nada más
que una parte del dolor, la desesperación y la angustia que durante muchos años padeció la sociedad vasca.
Puedo contar
muchas “historias”; algunas me han impactado más que otras, pero haber participado
durante más de 16 años en responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Tolosa me ha dejado, entre otras muchas cosas, 24 huellas. Este es el número de personas que siendo de Tolosa fueron asesinadas por un grupo terrorista o siendo
de fuera de Tolosa fueron asesinadas en nuestro municipio. Tuve la oportunidad de hablar con todas sus familias con motivo del homenaje que tributamos a
las víctimas en recuerdo de lo que fueron y en reconocimiento a lo que sufrieron. Tengo en la memoria a todas y cada una de ellas.
Un día de septiembre de 1998, salí temprano de casa. Mientras conducía escuché en la radio la noticia de que ETA declaraba un alto el fuego. Parecía una decisión seria y firme. Iba solo en el coche y recuerdo que lloré. Un llanto mezcla de muchas
emociones, recuerdos y esperanzas. Desgraciadamente la tregua fue un espejismo. ETA volvió a las armas y a
demostrar que siempre ha actuado tarde y mal. Hubo
más treguas en el camino, tras Lizarra llegó Loiola, pero el escepticismo se adueñaba cada vez más de todos nosotros.
Por fin, el
20 de octubre de 2011, ETA dejó definitivamente las armas. Reconozco que, después de tanto sufrimiento, esta vez recibí la noticia con una extraña mezcla de esperanza y desesperanza, sosiego y desasosiego,
alivio y prevención. No cabe duda de que la noticia era muy importante para la sociedad
vasca, pero ya no fue lo mismo para mí y, creo,
tampoco para nuestra sociedad.
Escribo este
artículo en el inicio del año 2017. En octubre se cumplirán seis años de la tregua unilateral y definitiva
por parte de ETA. Hemos pasado del duro invierno a la primavera.
Los últimos años de ETA fueron duros, muy duros. Años de sufrimiento y terror, también de distanciamiento. En aquellos momentos se fue abriendo
una brecha, el PP y el PSOE iban de la mano sin querer siquiera escuchar al PNV. En aquellos años se tejieron reformas legales
que podemos enmarcar en el ámbito de la excepcionalidad. Así, en 2003, en la segunda legislatura
del presidente Aznar, se aprobaron una serie
de leyes orgánicas que, entre otras cosas, tenían como objeto bloquear la aplicación del artículo 25.2 de la Constitución Española: “Las penas privativas de libertad (...) estarán orientadas (...) hacia la reeducación y la redención social...”
La realidad
de 2003 no tiene nada que ver con la de 2017. El terrorismo ha terminado y es evidente que, en una realidad sin violencia, es necesaria una arquitectura jurídica diferente. Este es el sentido de la política, saber leer la realidad del momento y saber utilizar diferentes herramientas que
se adecuen a esa realidad y respondan a las necesidades de cada momento.
Hoy vivimos
un tiempo de ausencia de violencia y defiendo la necesidad de aplicar una política de normalidad penal y penitenciaria. Se ha iniciado una nueva legislatura y el presidente Rajoy afirma que los tiempos han cambiado y que el diálogo va a ser el eje principal
de su Gobierno. Aquí tiene una oportunidad de demostrarlo, porque la Paz y la Convivencia
es una de las cuestiones cruciales de la agenda vasca:
avanzar en la normalización de la convivencia en el seno de la sociedad vasca después
de tantos años de sufrimiento. Para ello es imprescindible,
primero, que se fundamente un diálogo real y sincero entre el Gobierno español y el Gobierno vasco. Es hora
de que se trabaje, desde la lealtad mutua, con la mayor sintonía y de manera coordinada entre
ambos Ejecutivos.
Son muchas
las cuestiones pendientes para asentar la convivencia futura pero, no cabe duda, de que la adecuación de la política penitenciaria a la nueva realidad
es una de ellas. Una vez que ETA ha hecho pública su decisión unilateral de dejar las armas
y, además, ha mostrado una voluntad manifiesta de entregarlas, no tiene sentido mantener la política de excepcionalidad que supone el alejamiento de las personas presas. En este momento es incomprensible la cerrazón del Gobierno de Rajoy y su
negativa a aplicar el objetivo del artículo 12.1 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que posibilita un proceso de acercamiento de presos
a cárceles próximas a sus lugares de residencia y evita el desarraigo social de estas
personas. Adoptar esta decisión supone cumplir con una función humanitaria hacia las familias de los presos, que muchas veces se ven
obligadas a realizar cientos de kilómetros para poder visitar a sus familiares.
Es preciso
recordar, también, que es la propia legislación penitenciaria en vigor la que posibilita el establecimiento de soluciones humanitarias para las personas presas
enfermas. Hay personas en esta situación, la Ley permite una actuación diferente
y el momento que vivimos así lo aconseja. Siguiendo este criterio se cumpliría, de una manera mucho más adecuada, el objetivo constitucional
de facilitar la reinserción de la persona presa. Es indudable que llegará el día en que estas personas habrán cumplido sus
penas, saldrán libres y la sociedad tendrá que trabajar por su reinserción.
La semana
pasada tuve la oportunidad de visitar, junto a una delegación de la comisión de justicia del Senado, la cárcel
de Alcalá Meco, con unas instalaciones totalmente obsoletas. Tuvimos la oportunidad
de hablar directamente con los funcionarios. Pregunté si los presos que ocupaban aquellas instalaciones tan antiguas preferían
pedir el traslado a otras cárceles más modernas. La respuesta fue que no.
En realidad un factor determinante para la persona presa es permanecer lo más cerca posible de su entorno
familiar. Eligen esta cercanía aunque tengan que permanecer en peores condiciones. La normativa vigente pide que el preso redima su pena cerca de su entorno
familiar. Esta regulación es de aplicación tanto para los presos comunes
como, también, para los condenados por pertenencia a banda armada.
Considero
que la grandeza de la democracia está precisamente en facilitar la concordia, en tratar de favorecer la convivencia; y, sobre todo, en aplicar los principios de la ley, sabiendo adaptarla
a la realidad de cada momento que vivimos. Desde el respeto al espíritu y la letra de la Ley merece la pena mostrar
y demostrar la generosidad que nos acerque
a una sociedad en paz y convivencia. Una sociedad mejor.
Artículo publicado el
pasado miércoles en Vozpopuli.
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