El euskera y la uniformización

Las Cortes Generales de Madrid han sido, una semana más, escenario de afirmaciones y exabruptos que nos han sonrojado a muchos pero, por desgracia, parece que no a todos. En el triste y duro ambiente que seguimos viviendo, un nuevo capítulo ha vuelto a manifestar la lucha fratricida entre el Partido Popular y Ciudadanos. Fratricida, porque se trata de dos “partidos hermanos” a los que el día a día parlamentario demuestra que unen muchas más cosas de las que aparentan. Destaco dos cuestiones: los dos buscan denodadamente la convocatoria de elecciones anticipadas y ambos compiten por el mismo espacio electoral.

Congreso y Senado son escenario habitual de sus codazos dialécticos para lograr el mejor puesto en la parrilla de salida de la carrera electoral. PP y Ciudadanos compiten a diario por mostrarse como el partido más uniformizador y por liderar el ranking de españolidad. El último episodio ha vuelto a tener como protagonistas invitadas a las lenguas cooficiales del Estado, socorrido comodín de los guardianes de las esencias patrias. Esta vez ha sido la formación de Albert Rivera la que ha llevado al Congreso una Proposición de Ley que, apelando a la igualdad para acceder al empleo público, tenía como único objetivo rebajar de requisito a mérito el conocimiento de las lenguas cooficiales. Pretendían, además, que ese mérito pudiera ser considerado discriminatorio caso de que su valoración pudiera ser definida como desproporcionada. Su proposición afirmaba que “habrá que concretarlo en función de la naturaleza del puesto o empleo que se trate”.

No voy a rebatir los argumentos empleados por su portavoz, Toni Cantó, ya que el catálogo de mentiras y tergiversaciones que empleó son de sobra conocidas y sus palabras se desactivaron por sí mismas. Como botón de muestra, Cantó afirmó que “el español ha desaparecido en lugares como Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia o el País Vasco”. Fin de la cita. El “diputado naranja” demostró que no son las lenguas las que mienten, pero que sí se puede mentir en todas las lenguas. En nombre de una pretendida igualdad defienden, en realidad, un planteamiento muy similar al que se ha instalado en ámbitos como la Justicia, donde no existe el requisito de lengua cooficial. ¿Cuál es su resultado práctico? Que en Euskadi, por ejemplo, de las miles de sentencias que se resuelven cada año, tan solo una mínima parte son en euskera; y que el número de jueces que conocen el idioma es mínimo.

La pregunta clave es sencilla: ¿Se quiere o no se quiere que una comunidad lingüística perviva en este mundo globalizado? Estoy convencido de que, aunque solo sea por preservar su imagen pública, hasta los miembros del PP y de Ciudadanos responderían que sí. Ahora bien, esta afirmación tiene que verse secundada por los hechos pero, cuando se trata de defender la unidad y la uniformidad de España, unos y otros no tienen empacho alguno en atribuir al euskera, al catalán o al gallego la inconcebible capacidad de adoctrinar, discriminar y separar. Ninguna lengua tiene esa virtud, pero sí es cierto que se puede adoctrinar, discriminar y separar en todas las lenguas.

Volviendo al debate parlamentario, Ciudadanos y PP, junto con UPN y Foro Asturias, han votado a favor de una proposición que pretende impedir que cualquier ciudadano vasco, catalán o gallego tenga igualdad de derechos. Parten de un principio erróneo, porque pretenden hacer ver que quien tiene derechos es el funcionario y no así el ciudadano usuario de un servicio público a quien el primero debe atender en esa Comunidad en una de sus dos lenguas oficiales. Aplicando sus tesis, los castellanoparlantes tendrían todos los derechos reconocidos en Euskadi pero los vascoparlantes no. Es decir, el euskera, en realidad, no sería lengua oficial.

Lo que estas formaciones plantean va contra la propia Constitución que tanto dicen defender. No hay más que ojear el artículo 3 de la Carta Magna que, además de decir que el castellano es la lengua española oficial del Estado, también afirma que las demás lenguas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas. No solo eso, sino que establece que estas lenguas son “un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.” La propuesta de PP y Ciudadanos vulnera la Constitución y, de paso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o la legislación autonómica, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.

Esta es una prueba más de la absoluta falta de principios y de visión que se está instalando en la política del Estado. Esta actitud se constata en la creciente corriente centralizadora que hace impensable imaginar que hoy se pudiera aprobar una Ley como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, incluso, un artículo como el citado de la Constitución. ¿Qué votaría Ciudadanos si se sometiera hoy a votación el Estatuto de Gernika? Es evidente que votarían en contra. Ciudadanos y PP comparten una voluntad uniformadora y centralizadora del Estado. Esta pulsión encuentra su expresión en todos los ámbitos de las políticas públicas y muy especialmente en el cultural y lingüístico. Ambos son partidarios del unionismo y rechazan la pluralidad. Han votado siempre, y digo siempre, en contra de todo aquello que signifique reconocer cualquier muestra de singularidad. Esta es una actitud radicalmente diferente a la expresada, por ejemplo, por la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien ha querido manifestar públicamente la voluntad de que su hija recién nacida aprenda tanto el inglés como el maorí.

Este no es un ejemplo aislado; si analizamos la realidad internacional, encontramos modelos positivos también en Bélgica, Suiza, Finlandia o Canadá, países que promueven como un valor su diversidad lingüística y tratan de favorecer el uso de sus lenguas en todos sus ámbitos de influencia. Spain is different! En España, por el contrario, la pluralidad de lenguas se percibe como algo negativo y su promoción se tacha de discriminatoria. La realidad vivida en las Cortes esta semana es un ejemplo más de una larga lista en la que vemos cómo se prioriza el monolingüismo sobre el bilingüismo, se pretende instalar la idea de que entre las personas que hablan las lenguas cooficiales no se encuentran los mejores profesionales, se niega el valor añadido que supone el conocimiento del euskara, el gallego o el catalán para atender a los pacientes, alumnos, usuarios o ciudadanos en general.

La conclusión es clara, en la España central la pluralidad molesta y lo que verdaderamente pretenden tanto PP como Ciudadanos, aunque adornen sus argumentos con el celofán de la igualdad, es un Estado uno, único y uniforme. “Hombre naranja hablar con lengua de serpiente” se podría decir parafraseando a Javier Krahe, ahora que más que nunca resulta de obligado cumplimiento referenciar a los autores de las citas.

En tiempos de nuestros padres se prohibió el euskara por ser “lengua de separatistas y se menospreció tildándola de “dialecto para hablar con los animales”, siendo perseguido su uso, precisamente, con actitudes propias de animales. Los tiempos han cambiado, pero algunos pensamientos de fondo se mantienen y nos lo demuestra la persistencia de una actitud beligerante contra nuestro idioma, ahora que es legal, oficial y habitual. Nuestra respuesta es clara: hemos recibido un patrimonio cultural y nos corresponde preservarlo y legarlo en mejores condiciones a las generaciones futuras. Nuestro objetivo no es guardar nuestras esencias en un frasco, sino hacer realidad el precepto de que contamos con “un patrimonio cultural que debe ser objetivo de especial respeto y protección”. Frente a la tendencia uniformadora, defendemos el respeto a la pluralidad y la igualdad; una igualdad de derechos para poder vivir en el idioma que queremos vivir.

Mi artículo de opinión, hoy en Deia.