La (de)función del Senado
Ni siquiera ha
sido necesario llegar a septiembre para saber cómo se las van a gastar en el
nuevo curso los abusones del colegio. Hablo en sentido metafórico; no me
refiero al bullying en los centros de enseñanza, sino al nuevo curso político
que se ha estrenado con varias iniciativas de los llamados “grandes partidos”
que vuelven a echar una palada más de tierra sobre la ya de por sí agonizante
institución del Senado.
La semana
pasada, tanto PSOE como Podemos acordaron, con alevosía y “estivalidad” (si se
me permite la expresión), la modificación puntual de las funciones del Senado.
Lo hicieron para poder salvar “unas dificultades legales” a la hora de
gestionar el denominado “techo de gasto”, que es el paso previo, e importante,
para la puesta en marcha de la propuesta de presupuestos generales del Estado.
Con este subterfugio, en un acuerdo ultra minoritario y súper rápido, han
fulminado una función propia de la Cámara Alta sin ni siquiera escuchar a la
Cámara implicada. De hecho, prácticamente todos los senadores y senadoras
conocimos a través de los medios de comunicación la decisión de estos dos
partidos.
No digo que esa
modificación no pueda tener su sentido, de hecho, puede entenderse como
razonable con la lógica parlamentaria que define la propia Constitución. Ahora
bien, lo que no tiene sentido es que se gobierne a través de modificaciones
legislativas exprés y a la carta, utilizando la Cámara representativa en
función de las necesidades puntuales de los Grupos parlamentarios. Este es un
uso y costumbre que en nada ayuda a la democracia y que, hasta ahora, los dos
Grupos citados se habían dedicado a criticar una y otra vez en su función de
oposición al PP. La democracia es fondo y es forma, por lo que no cabe duda de
que con este proceder se resiente de forma notable la calidad legislativa. PSOE
y Podemos lo han hecho de la peor de las formas posibles: en pleno agosto y
ocultando la información a las y los senadores. El nuevo Gobierno no ha
cumplido todavía sus 100 primeros días, pero en tan corto espacio de tiempo ha
comenzado ya a adoptar el “viejo estilo” de sus antecesores del Partido
Popular.
Por lo que hace
referencia a Pablo Casado y el pretendido “nuevo PP”, tampoco han necesitado
llegar a las recuperaciones de septiembre para iniciar el asalto al título de
la Moncloa. Este mismo miércoles se han vuelto a valer de la mayoría absoluta
de su Grupo en el Senado para utilizarlo, una vez más, al servicio de sus
intereses. Así, han propiciado que la Cámara Alta adopte una decisión cuando
menos curiosa, puesto que se ha aprobado convocar un pleno extraordinario para
forzar la comparecencia del Presidente del Gobierno y solicitar información
sobre la crisis migratoria. Hasta aquí todo correcto, si no fuera porque Pedro
Sánchez se encontraba de viaje en Sudamérica y que el PP solo ha querido dar al
Gobierno dos días de plazo para que se sustanciase esa convocatoria.
Evidentemente, este planteamiento sin salida pretendía,
exclusivamente, meter el dedo en el ojo al Ejecutivo y no tanto interesarse en
relación a un tema de gran calado que debería ser tratado con mayor
consideración y seriedad. Es un nuevo ejemplo que demuestra que el PP se
encuentra más interesado en las cuestiones formales que en los problemas de
fondo.
La constante que
no varía con el tiempo es la actitud del Partido Popular denostando el papel
del Senado, maltratándolo con la nula participación y la paralización
sistemática de las comisiones e iniciativas que los diferentes Grupos
parlamentarios hemos intentado llevar adelante. A modo de ejemplo, la Comisión
General de Comunidades Autónomas, pese a los numerosos conflictos visualizados
entre el Ejecutivo central y una Comunidad como Catalunya, no se ha reunido ni
una sola vez para debatir este tema. El Grupo Popular sí que ha activado la
Cámara cuando le ha interesado, por ejemplo para crear una Comisión de
Investigación de la financiación de los partidos políticos; una Comisión creada
‘ad hoc’ con el único objetivo de contrarrestar la Comisión que se formó en el
Congreso de los Diputados para investigar las cuentas del PP. Esta intención
queda clara cuando los ‘populares’ se aseguran, en la práctica, de que el
citado organismo pueda investigar a todos los partidos… salvo al propio PP.
Sobran las palabras.
Si en el Estado
español existe una institución que necesita verdadera y urgentemente de una
reforma en profundidad, esta es la Cámara Alta. En esta línea se han realizado
innumerables propuestas durante las últimas legislaturas, pero los partidos con
mayoría en el Senado, léase Grupo Popular y Grupo Socialista, no han hecho nada
para tratar de compartir un diagnóstico y aplicar unas líneas de mejora. Esta
misma legislatura se puso en marcha un grupo de trabajo, una ponencia
específica, con la única responsabilidad de analizar las funciones que debería
tener el Senado del futuro. La intención es buena, pero la realidad es que este
grupo de trabajo no trabaja, porque no se ha reunido ni una sola vez durante su
año y medio de existencia. Este es un buen indicador para medir el interés real
que tienen estos dos Grupos, que otrora se alternaban en el poder en el cómodo
sistema bipartidista, por el parlamentarismo, la democracia y la participación.
“Entre todos la
mataron y ella sola se murió”. La actitud de los “grandes partidos” confirma la
sabiduría del refranero popular. Izquierdas y derechas, viejos y nuevos
partidos, alaban las normas por las que nos regimos pero cuando las mayorías
coyunturales se lo permiten, las transgreden sin rubor. Los ejemplos de
desprecio al Senado son conocidos: incumplimiento de leyes orgánicas como el
Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuestionamiento del sistema de
financiación de Euskadi y Nafarroa o la alteración interesada de las normas
para eludir la intervención de la Cámara en las decisiones presupuestarias.
Entiendo que el
Partido Popular está necesitado de hacer la digestión de todo lo que ha
acontecido durante los últimos tres meses, pero el PSOE debe asumir que ahora
tiene responsabilidades de Gobierno. Esto supone que, por una parte, debe
respetar las instituciones, y por otra, asumir que la política es una mirada a
largo plazo. No es de recibo que un partido que se dice de gobierno y en
relación a una cuestión legislativa fundamental como es el papel institucional
y las funciones del Senado, actúe de forma radicalmente diferente si se
encuentra gobernando o en la oposición. Esperemos que, finalizado el verano y
transcurridos los 100 primeros días de gracia, recobren la sensatez y vuelvan a
realizar un uso leal y equilibrado de las instituciones. De todas.
Mi artículo de
opinión, hoy en Grupo Noticias.
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