El Pin pan pun parental

¿Se imagina alguien que, en mi actividad como profesor, entrara una mañana en clase y en lugar de impartir al alumnado la materia que corresponde, me dedicara a hacer política? La respuesta sería inmediata: mis compañeras y compañeros de profesión me criticarían con razón, alumnos y alumnas me exigirían cambiar de actitud, las familias presentarían una queja y la dirección del centro lo impediría.

Estos últimos días, la actualidad política está revuelta con el pin pan pun del Pin Parental. En realidad, es el veto que, con un nombre que trata de darle un barniz positivo, quiere imponer la ultraderecha a la libertad educativa.

 Uno de los argumentos que utilizan quienes lo defienden es que se trata de un instrumento necesario para que nadie imponga valores y criterios morales contrarios al sentir de las personas progenitoras. Si se acepta ese axioma, cabe preguntarse, sensu contrario, lo siguiente: ¿acaso sí se pueden imponer valores y criterios morales al menor cuando coincidan con el sentir de sus progenitores? Es evidente que no. Ni en un caso ni en el otro, porque además de ser contrario al sentido común, es contrario a derecho, ya que imponer valores a cualquier persona, sea ésta niño, joven o adulto, supone un incumplimiento grave de las bases de la democracia y de la legalidad. 

El partido proponente, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha planteado el derecho de veto, utilizando para ello, su aplicación en el ámbito de la sexualidad. Su máximo responsable ha tratado de descalificar algunas de las materias que se imparten actualmente, atreviéndose a despreciar el programa pedagógico Skolae que puso en marcha el anterior Gobierno de Nafarroa. Conviene recordar que este programa fue premiado por la UNESCO, destacando su idoneidad como herramienta para lograr una sociedad más justa e igualitaria desde la educación de niños, niñas y jóvenes.

El problema de esta propuesta de Pin Parental, es que no tiene límite, porque ¿qué ocurre si otro partido quiere plantear el veto en el ámbito de la migración? ¿O en el de los derechos humanos? ¿Qué ocurre si un progenitor no quiere que su hijo o hija asista a una actividad educativa de tal o cual tipo porque, en realidad, no le da la santísima gana? Cualquiera de estas hipotéticas propuestas, comenzando por la ya planteada, representa un ataque al sistema educativo y, por ende, a la convivencia. Ahora bien, no nos engañemos, detrás de este pin pan pun se esconde una estrategia política; se esconde la pretensión de condicionar la vida educativa valiéndose de la negociación de los presupuestos en las Comunidades Autónomas de Murcia, Andalucía o Madrid.

El Pin Parental ha puesto en evidencia la negativa influencia que la reaparecida y crecida ultraderecha está teniendo en un partido como el PP. El rumbo de los primeros a la hora de definir sus políticas, en este caso en el ámbito de la educación, está llevando a la deriva a los segundos, que no han dudado incluso en reclamar la paternidad de la idea. Tratan, sin ninguna posibilidad de éxito, de disimular el ‘trágala’ que desde más a su derecha les han impuesto como chantaje para apoyar las cuentas públicas de las Comunidades citadas.

Este martes, el senador popular Javier Maroto quiso escudarse en la “información cruzada” que, según él, ha provocado la mala interpretación de la postura de su formación en relación a este tema. Así, afirmó categóricamente que la aplicación restrictiva del Pin Parental “en ningún caso pretende interferir en las actividades incluidas en el currículum docente”. Al parecer, el senador Maroto no ha leído la plantilla que la formación de ultraderecha ha facilitado a los progenitores para que puedan realizar sus respectivas solicitudes, en la que señala las actividades que al parecer vulneran sus principios y valores morales “a través de contenidos curriculares”.

No cabe duda de que los presupuestos son un instrumento muy importante para desarrollar las políticas que cada partido ha comprometido con la ciudadanía. Pero no todo vale. Cuando un partido sostiene por escrito que un hijo o una hija puede ser adoctrinado en ideología de género contra la voluntad, principios y valores morales, incumpliendo el artículo 27.3 de la Constitución Española, está realizando un planteamiento contrario a derecho. Además de eso, todos los alumnos y alumnas están obligados hasta los 16 años a asistir al centro y cumplir con el currículum establecido en el mismo. Este currículum está definido y aprobado por las diversas autoridades educativas, desde el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación de la Comunidad respectiva hasta el propio centro. Es cierto que los progenitores y tutores pueden intervenir en el diseño, pero en ningún caso impedir o boicotear la asistencia del menor al centro.

Hay un principio básico en la defensa del modelo educativo que los progenitores desean para sus hijos, que es la libertad de enseñanza. Es decir, el reconocimiento del derecho que asiste a progenitores y tutores a elegir el tipo de educación y centro para sus hijos. El artículo 1 apartado c, de la vigente Ley de Educación establece como uno de los principios y fines de la educación “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad o la ciudadanía, entre otros, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación como garantía para los progenitores”. Dicha Ley establece como principio fundamental la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. Además, la Ley, en su objetivo por garantizar la educación integral del alumnado, establece como un principio fundamental el desarrollo en la escuela de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como trabajar para prevenir la violencia de género.

Los proponentes del llamado Pin Parental pueden ser contrarios a estos principios, pero la única herramienta que les queda es modificar el marco jurídico vigente, tanto en el ámbito del  Estado como en el ámbito internacional. Para finalizar; el mundo de la educación necesita más consenso y menos ‘pin pan pun’; sobre todo, porque nos jugamos el futuro y el derecho de nuestros jóvenes a que sean personas libres y con criterio.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.