Otra forma de hacer política

Este próximo lunes será el último día de la XII legislatura en las Cortes Generales. A partir de esa fecha, tanto el Congreso como el Senado, estarán disueltos y se pondrán en marcha las Diputaciones Permanentes que estarán “de guardia” mientras no se constituyan las nuevas Cortes tras las elecciones del 28 de abril.

Ha sido una legislatura abrupta y no ha podido tener peor colofón porque este pasado miércoles asistimos en el Senado a un debate planteado por el Grupo Popular que nos ha preocupado sobremanera. El contexto del mismo ha sido la aprobación por parte de Gobierno Español del calendario y el plan de trabajo para el traspaso de las transferencias pendientes a Euskadi. Por primera vez, desde que el año 1993 se aprobara el primer Informe Zubia en el Parlamento, las instituciones vascas cuentan con un reconocimiento formal de que el Estatuto de Gernika debe ser completado.  Ante esta realidad y sin rubor alguno, el PP aprobó una moción en el Senado para instar a paralizar la transferencia de competencias a Euskadi. Esto es, en términos políticos, el Grupo Popular promovió a través de este acuerdo en el Senado el incumplimiento de la ley.

El tema es más preocupante si cabe porque la iniciativa partía del senador popular vasco Iñaki Oyarzábal. Eso sí, en el momento de la verdad,  no se atrevió a defender su moción en la Cámara Alta y se ausentó. Debió comprender que es incompatible pedir en Madrid que no se cumpla el Estatuto y pretender en Euskadi representar a la institución foral. Debió entender que resulta imposible explicar a las y los alaveses un voto contario a  sus intereses. Es obvio  que no fue casualidad que el senador Oyarzábal no estuviese ni siquiera presente en el debate ni en su votación y, sin embargo, se reincorporase al plenario justo en el siguiente punto del orden del día.

La defensa de la moción por parte del PP resultó lamentable. Llamó la atención que la ponente que ofreció la “cobertura” a Oyarzábal en defensa de la no aplicación, desarrollo y cumplimiento del Estatuto de Gernika comenzase su defensa con una loa a la manifestación de la Plaza de Colón. Según afirmó, gracias a esa manifestación habían  conseguido que “el kamikaze de La Moncloa” convocase elecciones y evitaron que “Pedro Sánchez vendiera y fragmentase España.” Fin de la doble cita.

De ello se desprende que el Partido Popular entiende que dialogar significa rendirse, curioso concepto del ejercicio de la democracia. En todo caso,  lo más preocupante es que el PP considere que pedir el cumplimiento del Estatuto de Gernika significa “vaciar España.” Por ese motivo  trasladan la opinión de que la cesión de nuevas competencias a las diversas Comunidades Autónomas va en contra de la sacrosanta unidad que quieren defender a toda costa, incluyendo el incumplimiento de la ley si es preciso.

Mi preocupación crece cuando compruebo que los argumentos utilizados por el Grupo Popular en 2019 son los mismos que utilizó el Grupo de Alianza Popular para votar en contra del Título VIII de la Constitución hace 40 años. Parece evidente que su oposición frontal a ese  Título que corresponde a las Comunidades Autónomas se mantiene en los mismos términos.

Volviendo al debate del Senado, pudimos comprobar que el Partido Popular identifica el cumplimiento del Estatuto de Gernika con “ambiciones nacionalistas”, lo que lo convierte automáticamente esta ley orgánica en intolerable. La doble vara de medir es evidente y lo ocurrido en el Senado esta semana es un ejemplo paradigmático que da la razón al portavoz de PDeCAT, Jordi Turull, en su defensa ante el Tribunal Supremo, cuando afirmaba que “es una ganga ir vestido de constitucionalista, porque se puede incumplir la Constitución cuando se quiera".

La política está en horas bajas; nunca una profesión tan noble había sufrido tanto y, es justo reconocer, que el último Pleno del Senado ha sido la peor forma de poner fin a la legislatura. La falta de argumentos en el debate y la falta de consistencia en los planteamientos han superado todos los límites. Han pasado solo 26 años desde que el Partido Popular  apoyara el ‘Informe sobre Transferencias Pendientes’ o ‘Informe Zubia’ en el Parlamento Vasco. Han pasado solo 26 años desde que el Partido Popular reconociera, por ejemplo, la necesidad de acometer la transferencia a Euskadi de la competencia sobre instituciones penitenciarias. Hoy el clima que vivimos es claramente más propicio a alcanzar ese acuerdo y, sin embargo, nos encontramos con una oposición frontal a materializar esa o cualquiera de las transferencias pendientes.

Tal y como el senador Cazalis afirmó en la defensa de nuestra posición, el PP “está rompiendo todos los frágiles consensos que durante años se han ido construyendo”, y tiene que ser consciente de sus actos y valorar las consecuencias de los mismos.

El texto aprobado a instancias del Grupo Popular, con Iñaki Oyarzábal oportunamente ausente, es un despropósito. Tal y como afirmó el Lehendakari, es “un desatino que supera todos los límites.” Es inconcebible que un partido político, el PP, posibilite que una Cámara legislativa inste al Ejecutivo a incumplir el Estatuto de Gernika, una ley orgánica que forma parte del  bloque de constitucionalidad.

No oculto mi preocupación porque, poco a poco, este “modus operandi” se está imponiendo en el día a día del debate parlamentario. Se está instalando en las Cortes Generales, y asumiendo de manera acrítica, esta burda manera de hacer política. Esta última iniciativa pone de manifiesto la impunidad con que se defienden posiciones a sabiendas de que chocan frontalmente con la Constitución. Lo hacen, precisamente, quienes tanto alardean y claman en su defensa.

Ante esta loca carrera involucionista que se ha impuesto en el foro madrileño solo nos queda aferrarnos al modelo vasco. Es más necesario que nunca trasladar el rigor y la capacidad de alcanzar acuerdos que ha caracterizado y caracteriza a la representación política e  institucional vasca. Es necesario reivindicar otra forma de hacer política y poner pie en pared para evitar que se atente contra nuestro autogobierno, nuestros derechos y nuestro futuro.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.