Una actitud para el acuerdo en educación

¿Qué te llevarías a una isla desierta? Quién no habrá debatido en alguna distendida tertulia acerca de esta pregunta, una cuestión habitual también en entrevistas que buscan resultar amenas en los medios de comunicación. La primera pulsión suele ser responder con propuestas que tratan de ensalzar la amistad, la intelectualidad u otra virtud aparente pero, tras unos segundos de reflexión, lo habitual suele ser decantarse por algún tipo de instrumento o medio que nos permita escapar del aislamiento que imaginamos en la isla desierta.

Afortunadamente, ningún barco me ha llevado a naufragar en islote deshabitado alguno, pero mi vocación sí me ha llevado a navegar en las procelosas aguas de la política, donde gestionar los recursos de la ciudadanía para tratar de facilitarle una vida más adecuada y suficientemente confortable. Esta es una tarea más importante –siquiera, menos insólita- que subsistir o escapar de una isla. ¿Qué me llevaría yo a ese reto? Sin duda alguna, la piedra sobre la que erigiría esa sociedad mejor sería la educación.

Todo lo que invirtamos y toda actitud positiva que mantengamos hacia el desarrollo de la educación es un esfuerzo bien empleado. Compartimos la idea de que la educación es clave en la construcción de un país; no solo por lo que supone el aprendizaje de determinados conocimientos, sino como proceso integral de formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad de determinar su futuro. Tengo el convencimiento de que si somos modélicos en el ámbito educativo, estaremos construyendo una sociedad más equilibrada y justa, mejor formada, con más derechos y capacidades de desarrollo futuro.

Según datos de Eurostat, la tasa de abandono escolar temprano, es decir el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no han completado la enseñanza secundaria en Euskadi ha sido del 7% en 2017. Esta tasa es mucho más favorable que la media de la Unión Europea y mejor también que la de referentes mundiales a nivel educativo, como Finlandia o Alemania. En el ámbito del Estado, un estudio reciente sitúa a Euskadi como una de las tres Comunidades con mayor equidad en educación, por encima de los países de la OCDE.

La calidad en la enseñanza determina en gran medida la salud laboral de la ciudadanía, de la sociedad. Se produce una correlación directa entre las sociedades que cuentan con un buen sistema de enseñanza y las que tienen un mejor sistema de empleo. No digo nada nuevo si pondero el nivel de nuestra Formación Profesional, más de seis puntos por delante de Asturias, segunda comunidad autónoma con mejores datos. Tengo que reconocer que disfruto en mi atalaya en las Cortes Generales, cada vez que la FP Dual surge en el debate y todos los grupos citan Euskadi como el referente a seguir.

Soy muy consciente, desde luego, de la necesidad de una mejora continua en la enseñanza en la línea de avanzar más en nuestro bienestar y posibilidades de futuro, pero es imprescindible conocer y reconocer las bases con las que contamos tras más de 30 años de desarrollo de un sistema educativo propio.

Así, por ejemplo, el ratio por aula en Euskadi es el más positivo del estado, con 9,1 alumnos por cada profesor en el caso de la enseñanza secundaria. Nos encontramos a la cabeza, también, en las condiciones salariales y laborales de las personas profesionales de la Educación, en las horas de trabajo semanal o en el procedimiento de sustituciones por bajas. Esta base cierta y acordada, conocida por la sociedad, es la que dificulta poder llegar a entender el conflicto permanente provocado por determinados sindicatos en la enseñanza pública vasca.

No comparto ni entiendo que los sindicatos pretendan llevar este conflicto a las aulas a través de la organización de huelgas generales de forma continua. Menos aún, cuando lo hacen en épocas tan delicadas en el proceso de formación y aprendizaje como son el fin de curso o, anteriormente, en pleno periodo de matriculación. Esta situación genera incertidumbre, inestabilidad y desasosiego con respecto al sistema público en las familias, que se preguntan por qué se dan estos desencuentros aquí y no en otras comunidades que, comparativamente, se encuentran en una situación más desfavorable que Euskadi.

Hablan los sindicatos de diálogo, pero esta no puede ser solo una palabra que se pone sobre la mesa y que después no va acompañada de una serie de acciones consecuentes, de una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos. No tiene sentido mantener la conflictividad generada por la convocatoria de un calendario de huelgas generales,  mientras las mesas de negociación se encuentran abiertas y, además, se han empezado a alcanzar ya los primeros acuerdos.


¿Qué me llevaría yo a una isla desierta? Actitud; la actitud positiva para contribuir a la construcción de un futuro mejor a través de la educación. Actitud de trabajar por un reto que cuente con la ayuda de los agentes implicados. El éxito del sistema educativo en Euskadi tiene que ser un reto compartido; para ello, resulta imprescindible la colaboración de todos los estamentos implicados en el instrumento fundamental para la construcción de un pueblo: su gente. Está claro que estos estamentos no deben dejarse llevar por el conformismo para seguir perseverando en la búsqueda de la mejora continua del sistema educativo, pero tampoco pueden prescindir en su diagnóstico de la positiva realidad que disfrutan actualmente. La educación necesita, en definitiva, una actitud que revele auténtica voluntad de acuerdo.

Mi artículo de hoy, en Diario Vasco

Hizkuntza saltsan

El término ‘Hizkuntza saltsan’ podría ser una mala traducción del plato culinario que conocemos como lengua en salsa, si bien el sentido de este artículo hace referencia a quien pretende engordar su propia salsa a costa de la lengua común.

Traigo a colación el tema de la lengua a raíz de varios episodios acaecidos en las últimas semanas en los que el euskara se ha vuelto a ver envuelto en polémicas sin sentido. El más reciente y que más ha trascendido ha sido la última salida ‘de pata de banco’ de la portavoz del Partido Popular en Nafarroa, Ana Beltrán. No se le ha ocurrido otra cosa que calificar como “arma arrojadiza” y acusar de “falta de respeto” a los representantes del Clúster Sociolingüístico por haber utilizado el euskara en el Parlamento Foral en la presentación de los resultados de una encuesta sobre el uso de la lingua navarrorum en el ámbito público.

Tan solo 48 horas antes, en el Senado, en principio Cámara de representación territorial, tuvimos ocasión de escuchar una recriminación similar a otra representante popular. En este caso, tuvimos que soportar que la portavoz Clara San Damián nos acusara de utilizar la lengua como “instrumento de confrontación, de odio”. El contexto de tamaño despropósito verbal era la respuesta del Partido Popular a una moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco que reclamaba que se tuviera en cuenta la realidad sociolingüística a la hora de organizar los procesos de selección de personal de la Administración General del Estado.

Los diccionarios de euskara traducen la palabra ‘saltsa’, efectivamente, como el aderezo de ciertos platos culinarios, aunque también incluyen la acepción de enredo o lío. Está claro que hay quien quiere hacer primar esta traducción o interpretación, tratando de convertir en un problema lo que no es más que la legítima protección de una lengua minoritaria y el derecho de sus hablantes a usarla.

Se puede odiar en una lengua o en otra; se puede confrontar en euskara, en castellano o incluso en chino mandarín; pero no son las lenguas las que odian, ni las que confrontan, ni las que molestan. Hay más de 6.000 lenguas diferentes en el mundo y esto es, ante todo, un valor que pone de manifiesto la riqueza y diversidad de un patrimonio cultural común. El artículo 3 de la Constitución española, los Estatutos de Autonomía, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias avalan la necesaria protección legal de las lenguas en el Estado. Ahora bien, traducir esta teoría y llevarla a la práctica es harina de otro costal. De hecho, tal y como evidenció Nerea Ahedo en su acertada defensa de nuestra moción, en demasiadas ocasiones, las políticas lingüísticas de apoyo, refuerzo, promoción o protección de lenguas minoritarias acaban siendo blanco de críticas injustas, desproporcionadas e interesadas.

No es casualidad que en tan solo unos días el Partido Popular haya protagonizado estas salidas de tono más propias de otra época ya superada. Volviendo a jugar con el doble sentido, me permito reinterpretar el viejo dicho ‘cada uno lleva la lengua al lado donde le duele la muela’. En este caso, todo apunta a que la ‘muela’ que le duele al PP se llama Ciudadanos, y por eso se ha decidido a utilizar el ‘arma’ de la lengua para tratar de contrarrestar la caries que le produce el auge en las encuestas del mayor exponente del nacionalismo español. El PP considera que atacando a los idiomas minoritarios fortalece su posición de máximo defensor del único idioma común y símbolo de la unidad española.

En esta batalla uniformizadora que las derechas más españolas libran en torno a las lenguas del Estado no podía faltar la aportación de UPN. En la iniciativa citada con anterioridad, su senador Yanguas otorgaba al euskera la insólita capacidad de “adoctrinar”. Repito, las lenguas no odian, ni confrontan, ni molestan, ni tampoco adoctrinan. El representante regionalista proponía como “receta” para solventar la situación “dar libertad a las personas para que elijan lo que quieran. Y, también, garantizar la igualdad de oportunidades”. Podría resultar una propuesta sugerente y asumible, ahora bien, cuando el señor Yanguas se refiere a libertad e igualdad debe interpretarse que hace mención en exclusiva a quienes hablan en perfecto castellano. Según su entender, ese mismo principio no es de aplicación a quienes hablan euskera y pretenden utilizarlo en igualdad de condiciones en sus relaciones con la administración pública. En este caso, para UPN ni existe libertad para elegir ni se garantiza la igualdad de oportunidades.

Siguiendo con quienes se encuentran en su salsa criticando otras lenguas, la senadora San Damián aseguró rotundamente que el uso del euskera “sí está garantizado en la Administración pública” aunque concluyera esa misma frase subrayando que su conocimiento “en ningún caso puede suponer una barrera” para acceder a la función pública. Todavía me estoy preguntando cómo piensa la representante popular que es posible que una persona pueda realizar una gestión en euskara si quien le atiende no conoce esta lengua. Pasado a limpio y en resumen para que quede claro: las únicas barreras son las que se colocan a las personas hablantes en las lenguas cooficiales y la única imposición es la de usar el castellano.

El ejemplo más reciente de esta realidad ha sido la convocatoria, en enero, de una Oferta Pública de Empleo para el acceso a los cuerpos de la Administración General del Estado en la que se ofertaban 4.625 plazas, de las que 340 corresponden a Euskadi. Tal y como, sin ningún tipo de rubor, explicó ante los medios el delegado del Gobierno español en Euskadi, Javier de Andrés, “dado que la convocatoria afecta al conjunto del Estado, no se requiere a los aspirantes que conozcan la lengua autonómica”. Sin palabras.

Es evidente que esta medida en absoluto contribuye a resolver el déficit de utilización del euskera, por ejemplo, en la Administración de Justicia en Euskadi. Esta carencia la ha denunciado el último Informe de evaluación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que valora el periodo entre 2012 y 2016. Este Informe de la Comisión Europea destaca los reiterados incumplimientos del Estado español a la hora de proteger e impulsar las lenguas cooficiales y subraya la situación de la Justicia como verdadero ‘punto negro’. Cita, como ejemplo, que solo el 10% de los jueces que ejercen en Euskadi domina el euskara, o que de las miles de sentencias que se produjeron ese último año, solo tres se redactaron exclusivamente en nuestra lengua. ¿Dónde queda para el Gobierno español el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que establece que todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar tanto el euskara como el castellano?

Los Gobiernos españoles no han demostrado nunca motivación alguna en defensa de las lenguas del Estado al margen del castellano y tampoco han destacado precisamente por su labor en favor de afianzar la diversidad cultural. Por eso, quizá no nos sorprende que el Partido Popular haya decidido utilizar las lenguas en su disputa con el frente naranja, emprendiendo una competición populista y ultranacionalista. Lo que realmente me decepciona es que, para ello, el PP obvie cumplir los preceptos legales de la Constitución, los Estatutos, las Cartas Europeas e, incluso, las normativas básicas estatales. Una prueba más de que quien alardea de cumplir y hacer cumplir la legalidad, es capaz de pasar por encima de las leyes básicas, orgánicas o internacionales, en nuestro caso, en relación al respeto y promoción debida al euskera, lengua tan oficial como el castellano.

Mi artículo de hoy, en Grupo Noticias.
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La memoria, un deber compartido

Semana a semana, nos encontramos con fechas en las que nos vienen a la memoria los nombres de personas que murieron a consecuencia de la actividad criminal de ETA. La semana pasada resultó muy intensa desde el punto de vista de las víctimas: el 22 de febrero recordamos los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díaz, así como también de los trabajadores de Elektra Josu Leonet y José Ángel Santos. En esas jornadas sufrimos, una vez más, la polémica suscitada a raíz del recibimiento que dispensaron días antes en Andoain a dos presos de la organización terrorista tras cumplir su condena por haber facilitado información para atentar contra Joseba Pagazaurtundua.

Es fácil comprender el dolor que deben sentir las víctimas al contemplar un acto, llámese homenaje o recibimiento, que supone una victimización añadida al irreparable desconsuelo de la violenta e injusta pérdida de un ser querido. Considero que la empatía y la capacidad para establecer un vínculo sincero con las personas son condiciones indispensables en política y quienes promueven estos actos deberían practicar ambas virtudes de cara a allanar el camino para avanzar hacia la normalización política y la convivencia en Euskadi.

De la misma manera, considero que en la construcción de una memoria justa y verdadera, es necesario analizar nuestro pasado con una mirada basada en el pluralismo memorial. Una mirada que trate de lograr un ámbito de diálogo democrático en el que se encuentren todas las miradas y, por lo tanto, se haga sitio también al punto de vista de las y los otros. Ni el sincretismo memorial, que concibe el pasado y la memoria como una fusión de todas las memorias para dar como resultado un único relato indiferenciado en el que todo se diluye, ni el antagonismo memorial, que lo entiende como una oposición frontal entre trincheras del pensamiento que considera incompatible cualquier punto de encuentro entre distintas perspectivas, favorecen en modo alguno el avance. Necesitamos que la política comparta con la sociedad un modelo democrático de pluralismo memorial, porque este es el auténtico modelo de interrelación democrática para una sociedad que quiere construir una convivencia con memoria y con determinación de futuro, con voluntad de no repetición. Una convivencia asentada sobre unos principios éticos que conforman consensos mayoritarios en la sociedad vasca.

En esa línea interpelamos a Mariano Rajoy en el último pleno del Senado, requiriéndole que su Ejecutivo trabaje en la construcción de una memoria compartida en el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Esto es algo que, en este momento, no está ocurriendo. Es más, en ocasiones está aflorando incluso un sesgo ideológico que no beneficia al futuro de la convivencia, al promover construcciones memoriales aisladas, incomunicadas o acotadas sólo a un sector ideológico-político de la sociedad.

Tengo que reconocer que, una vez más, su respuesta tuvo poco que ver con la pregunta planteada. Rajoy se volvió a refugiar en el socorrido mantra de la necesidad de no confundir entre víctimas y victimarios, eludiendo el fondo de la cuestión. En la práctica, nuestra invitación a trabajar de manera conjunta para poder aunar voluntades en torno a una misma memoria se vio correspondida con una evidente falta de voluntad para poder llegar a un acuerdo y compartir una única vía de trabajo de cara a futuro.

Recordaba bien Rajoy que el Centro para la Memoria de las Víctimas se gestó con pluralidad y colaboración, ya que en la Fundación que lo gestiona participan instituciones como el Gobierno español, el Gobierno vasco, otras Comunidades autónomas, las asociaciones de víctimas y la propia sociedad civil; recordaba también que obtuvo un amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas. Desgraciadamente, ese acuerdo plural no se está plasmando en hechos: para empezar, no se está contando con las instituciones vascas a la hora de aunar esfuerzos en la búsqueda de la memoria compartida. El ejemplo más flagrante es la falta de comunicación interna; así, en ocasiones, el Gobierno vasco se ha enterado de informaciones relevantes a través de los medios de comunicación. En una gestión transparente y leal, resulta imprescindible que la dirección ofrezca a quien, no lo olvidemos, es miembro de su Patronato, información anticipada sobre los proyectos y actividades que desarrolla en Euskadi. Esto no se está produciendo y, además, es evidente que el Centro debe realizar un mayor esfuerzo de pluralidad a la hora de preparar y convocar sus actividades, así como de componer sus equipos y desarrollar sus iniciativas.

Respeto, aunque evidentemente no comparto, la opinión expresada esta misma semana por la Directora General de Víctimas del Gobierno español, en la que discrepaba de mi punto de vista al respecto y afirmaba que mis “declaraciones ponen en entredicho esa pluralidad” por lo que “no tiene ningún sentido hacerlas en este momento”. Discrepo porque, en realidad, no son las declaraciones sino los hechos los que ponen en entredicho el cumplimiento de los objetivos y si algún momento es el indicado para realizar estos planteamientos es precisamente ahora, cuando, a la par que está erigiendo la sede en la capital alavesa, también se están estableciendo las bases del Centro para la Memoria de las Víctimas. Es ahora cuando es pertinente garantizar un relato compartido que tome en consideración la realidad social, institucional y política vasca. En caso de no hacerlo, el Centro corre el riesgo de elaborar un proyecto aislado, algo que no es positivo ni para la convivencia, ni para el futuro, ni para la memoria, ni para las víctimas.

Aunque el impacto del terrorismo de ETA y de la violencia ha sido muy importante en todo el Estado, y sobre todo en Euskadi, afortunadamente, a día de hoy podemos hablar en pasado, al menos en lo sustantivo. Después de tantos años de dolor, sufrimiento y desesperanza, nos toca construir una convivencia sana y de futuro. Nos toca saber interpretar la esperanza que en estos momentos vivimos en Euskadi, una esperanza que tenemos que traducir en futuro e ilusión. Afortunadamente, vivimos tiempos que nada se parecen a los de la Euskadi de hace diez años.

En este contexto, entendemos que el trabajo de la memoria es fundamental para consolidar la paz y la convivencia en Euskadi. Una memoria que, además, tiene que cumplir la condición de rechazar la legitimación o minimización de cualquier forma de terrorismo, violencia o vulneración de derechos humanos.

Una frase de Primo Levi preside el frontispicio de la página web del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo: “Meditar sobre lo que pasó es deber de todos”. Comparto esta reflexión y su sentido más profundo. Solicitar su aplicación práctica y su incorporación real al ideario del Centro fue el objetivo de mi interpelación en el Senado al presidente Mariano Rajoy. Mi conclusión, tras su respuesta, es que esta idea sigue presidiendo la web de la entidad pero que todavía no se ha incorporado a sus contenidos y actividades. Mi propuesta era que se atendiera la diversidad de puntos de vista que cohabitan en la sociedad vasca y la respuesta que recibí eludió absolutamente la cuestión. No voy a cejar en el empeño y seguiré apelando a Primo Levi hasta conseguir que el Centro cuente con la pluralidad de sensibilidades democráticas que existen en Euskadi para hacer un relato completo y veraz sobre lo que pasó, de forma que se pueda asentar una memoria sólida y con voluntad de futuro. La memoria es y debe ser un deber compartido, de todas y todos.

Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.
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El epitafio de la LOMCE

El Gobierno español está inmerso en una dinámica negativa y acumula suspenso tras suspenso. Esta semana ha sido el Tribunal Constitucional el que le ha puesto en su sitio, anulando por unanimidad el sistema que había previsto la controvertida LOMCE para garantizar la financiación pública a la enseñanza en castellano en los centros concertados de Cataluña.

No debería representar ninguna sorpresa porque la invasión de competencias de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en una atribución exclusiva de la Generalitat era de libro pero, quizá por falta de costumbre, esta decisión del Constitucional, unánimemente contraria a la posición del Ejecutivo central, ha cobrado especial relevancia. Constituye, desde luego, el peor final posible para una Ley de Educación que pasará a la historia por haber empezado mal y acabado peor. En el ámbito educativo en el que debe primar el diálogo, el consenso y la mirada a largo plazo, la ‘Ley Wert’ ha sido un ejemplo de cerrazón, disputa permanente e imposición. La sentencia del Constitucional suspende al Gobierno y deja escrito el epitafio de la LOMCE.

Esta noticia ha llegado solo unos días después del anuncio de Moncloa en el sentido de que va a adoptar medidas para garantizar un porcentaje en la oferta para poder aprender en castellano en el sistema de educación catalán. Se trata de una flagrante extralimitación en la aplicación del artículo 155 que no solo ha supuesto la suspensión de la capacidad de autogobierno en Cataluña, sino que pretende ahora adoptar medidas que ni competen al Gobierno español ni cuentan con el más mínimo respaldo de la comunidad educativa y la sociedad catalana. El PP utiliza una situación coyuntural de interinidad para tratar de imponer una medida estructural que quebraría el sistema pedagógico de inmersión lingüística en Cataluña, un sistema que se fundamenta en un amplio acuerdo político labrado entre la mayor parte de las fuerzas parlamentarias en la década de los 80.

Lo que más ha sorprendido del anuncio realizado por Méndez de Vigo, Ministro y Conseller de facto de Educación, ha sido la inconcreción de su propuesta. Dice estar dispuesto a garantizar la libertad y el derecho de los progenitores a escoger la lengua vehicular en la que matricularán a sus hijos e hijas, pero no presenta ni el más mínimo diagnóstico de situación, ni la evaluación preceptiva de los resultados obtenidos hasta la fecha, ni un mínimo apunte que desvele el plan de acción para llevarlo a efecto. En realidad mi única duda es si este anuncio tiene más de globo sonda, brindis al sol o estrategia de distracción; lo indudable es que vuelve a poner de manifiesto la pulsión centralizadora de un Gobierno español más centrado en amplificar los problemas que en resolverlos.

Volviendo a la sentencia del Tribunal Constitucional y realizando una lectura política de la misma, se confirma que representa un nuevo ejemplo de marcha atrás a la hora de asumir la auténtica realidad de un Estado que, pese a quien pese, es diverso, plural y cuenta con la singularidad y riqueza que representan las lenguas oficiales diferentes al castellano. Esta misma semana he tenido la oportunidad de comprobar que esta dicotomía se extiende entre los partidos e, incluso, comentaristas y tertulianos que participan en los medios de comunicación del Reino. Hablan mucho de una España plural pero no hacen más que alimentar la idea del Estado único, uniforme y homogéneo, sin acabar de asumir y reconocer la verdadera diversidad de las realidades culturales que lo conforman.

Se habla de un Estado descentralizado, pero se elude otorgarle el valor, significado y reconocimiento que le corresponde. La experiencia estatutaria vasca es un buen ejemplo y, precisamente por eso, una de las cuestiones que va a tener que clarificar la Ponencia de Autogobierno es el ámbito competencial, dotando a las instituciones vascas de instrumentos de garantía para momentos como el actual, en los que una pugna política entre fuerzas políticas como Ciudadanos y el Partido Popular puede conducir a decisiones unilaterales contrarias al espíritu y la letra de las instituciones del Autogobierno.

En este sentido, el dictamen del supremo órgano intérprete de la Constitución nos ha sorprendido en positivo, dado que ha establecido una serie de claras limitaciones a la voluntad del Gobierno español a la hora de aplicar la ‘Ley Wert’, que concluye su andadura más cuestionada, si cabe, de lo que la inició. La educación fue uno de los muchos frentes en los que la mayoría absoluta del PP trató de avasallar con una apisonadora que no dio, ni ha dado, fruto positivo alguno. Ninguno. Todo lo contrario, en su día logró incomodar y enojar a todos los sectores de la comunidad educativa con su actitud impositiva y prepotente. Por si no hubiera suficiente, ahora consigue el dudoso mérito de recibir una sonora bofetada del Tribunal Constitucional que cuestiona las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central en un tema tan sensible como la lengua. Triste epitafio par la LOMCE y su mentor.

En realidad, si tuviéramos que seleccionar los retos de futuro que demanda un amplio consenso, la educación ocuparía un lugar destacado. Hoy la LOMCE se encuentra en la UCI y lo que esperamos es que esta sentencia sirva para enterrarla definitivamente y poder trabajar, de verdad y con seriedad, por una educación de calidad y con futuro. No es tan difícil, es necesario apostar por una educación que valore realmente al personal docente, invierta en la modernización y adaptación de sus recursos, otorgue mayor autonomía a los centros y, desde luego, escuche y se construya de forma consensuada con la comunidad educativa.

El tema de las lenguas es, desde luego, fundamental en una comunidad bilingüe. Nos corresponde definir y acordar los objetivos para garantizar la capacitación y los recursos que permitan fortalecer la convivencia lingüística. A partir de ahí, son las y los profesionales de la docencia quienes más capacitados están y mejor van a llevar a buen puerto el dominio de las habilidades y competencias lingüísticas suficientes y necesarias que puedan garantizar el derecho de todas las personas a expresarse y vivir en el idioma que deseen.

Mi artículo de opinión, hoy en www.diariovasco.com

La obsesión por el poder a toda costa

“Si una película es buena, lo es en inglés, kurdo o euskera”. Esta es la idea con que saludó Eneko Sagardoy el Goya que recibió por su extraordinaria interpretación del gigante de Altzo en la película ‘Handia’. Tuve la oportunidad de felicitar a todo el equipo del film por los diez premios Goya recibidos y, una semana después, sigo recordando con emoción aquella gran noche para un equipo joven, ilusionado y profesional al recibir un merecido reconocimiento que supone también un revulsivo para la producción cultural en euskera.

Frente a la actitud positiva, abierta y constructiva que todo el equipo de ‘Handia’ demostró al recibir los premios, esta semana hemos vuelto a escuchar el contrapunto negativo, cerrado y destructivo de Albert Rivera recurriendo al manido y falso dilema: “Yo lo tengo claro: si me tienen que operar o atender, lo importante no es si tienes un certificado lingüístico, sino si te van a salvar la vida." Evidente, señor Rivera; ahora bien, lo que usted oculta es que, en realidad, la atención sanitaria en la Euskadi bilingüe es de mayor calidad que en la España monolingüe. Eso sí, resulta también evidente que lo que su actitud pone de manifiesto, en realidad, es el desprecio a las lenguas minoritarias y, especialmente, al euskera.

En la Gala de los Goya se utilizó el euskera con naturalidad y total normalidad; en algunos momentos expresaba un sentimiento íntimo y personal, en otras ocasiones incluso podía tener un tono reivindicativo. Por mi parte, cada vez que veía un plano de Albert Rivera en el patio de butacas pensaba que probablemente no había escuchado tanto euskera seguido en toda su vida. No sé si la Gala del pasado sábado pudo ser la causa, pero lo cierto es que esta semana el Grupo de Ciudadanos presentó en el Congreso una Proposición de Ley que, bajo un título impecable, pretendía eliminar la obligatoriedad de conocer la lengua cooficial para acceder a las promociones de empleo público.

Además de ser una iniciativa de dudoso encaje constitucional, ya que choca frontalmente contra el contenido de los Estatutos de Autonomía, se trata de un nuevo fuego que la formación naranja trata de prender a la caza, una vez más, de un puñado de votos. Afortunadamente, Ciudadanos se quedó solo en esta ocasión, pero su actitud es preocupante porque no solo cuestiona la normativa vigente, sino que intenta medrar atentando contra los derechos lingüísticos. Estos derechos se han obtenido tras años de trabajo riguroso y paciente, se han fortalecido con el compromiso institucional y social, individual y colectivo. Nos preocupa comprobar que, cuando todavía nos encontramos en la fase de consolidación de estos derechos lingüísticos, una formación política impulse una involución con tanta demagogia e irresponsabilidad.

Hay que tener en cuenta que para que cualquier persona pueda ser libre a la hora de expresarse y elegir el idioma a utilizar, se tiene que dar una premisa que hoy todavía es inexistente, esto es, que el conocimiento del euskera sea universal. En tanto en cuanto esta situación no se alcance, el euskera seguirá necesitando de una discriminación positiva. La cuestión de las lenguas minoritarias fue debatida en la última asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y soy testigo de que, en este foro, la representante de Ciudadanos no dijo “ni esta boca es mía”.

La referencia cinematográfica de ‘Handia’ y el nombre de la formación política de Rivera se han asociado en mi mente y me han recordado la que algunas personas consideran la mejor película de la historia: ‘Ciudadano Kane’. La cinta de Orson Welles narra la historia de un magnate de la prensa cuya carrera crece asentada en el idealismo y el servicio social, pero con el tiempo va evolucionando hacia una implacable búsqueda de poder empleando para ello incluso la manipulación de la opinión pública. El protagonista logra amasar una gran fortuna, pero su vida termina en solitario en la mansión en la que vivía acompañado únicamente por los empleados de la casa. No sé si el ‘ciudadano Rivera’ acabará tan solo como el protagonista de ‘Ciudadano Kane’, pero sí parece evidente y probado que su partido no duda en manipular, mentir y utilizar todas las herramientas a su servicio en su implacable búsqueda del poder a toda costa.

La triste realidad es que Euskadi le da doblemente igual a Ciudadanos. La formación de Rivera no piensa en cómo servir a los intereses de Euskadi, sino en poner Euskadi al servicio de sus propios intereses. Liberado de la servidumbre que supondría tener que agradar a unos votantes que no tiene en nuestra Comunidad, se lanza sin rubor a la demagogia; utiliza el debate de las lenguas cooficiales para ganar simpatías en el Estado; utiliza el cuestionamiento del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro para avanzar terreno en el resto de Comunidades. Es curioso que Ciudadanos considere nuestros Derechos Históricos como un anacronismo y que, sin embargo, alabe el papel de un monarca coronado por ser el primer hijo varón del anterior rey.

El partido encabezado por Albert Rivera tergiversa con descaro cuando afirma que el impuesto de sociedades de Euskadi supone una competencia desleal con el resto de Comunidades Autónomas, ya que oculta que este ajuste compensa la desventaja en que nuestra Comunidad se encontraba hasta ahora. Ciudadanos manipula interesadamente cuando pretende vincular el nacionalismo vasco con las ideologías que desangraron el continente a mediados del siglo pasado y silencia que EAJ-PNV fue uno de los partidos comprometidos con los ideales de la fundación de la Europa unida y tomó parte en los primeros equipos de la Internacional democristiana.

A Ciudadanos le interesa la realidad de Euskadi únicamente en la medida en que pueda utilizarla en beneficio de su obsesiva carrera hacia el poder. Su condición de recién llegado a la política y el hecho de no acarrear responsabilidades de Gobierno, le otorga a la formación naranja la ventaja de no tener un pasado del que arrepentirse ni unos errores de los que lamentarse. Aunque también es verdad que poco a poco van asomando. Hasta ahora se presentaban como los adalides del acuerdo y los garantes de la estabilidad y la gobernabilidad. Recordamos que tan pronto se postularon para apoyar a Pedro Sánchez como lo hicieron después con Mariano Rajoy; para Rivera, tanto monta y monta tanto Sánchez como Rajoy. Ahora, con Moncloa a la vista, según los augures demoscópicos y los medios de comunicación afines, se encuentran ante el dilema de decidir sobre la estabilidad presupuestaria del Gobierno Español y conforme se acerca el momento crece la tensión en su interior.

Ciudadanos ha crecido en poco tiempo y quiere llegar a lo más alto lo antes posible. Cuentan con más discursos que argumentos, más imagen que realidad, con mucha teoría y ninguna práctica, con manipulaciones de corto recorrido que no crean una base estable sobre la que asentar un proyecto sólido y de futuro. También el Gigante de Altzo creció mucho en poco tiempo y fue precisamente eso lo que provocó su fragilidad; pero si él fue ‘Handia’, estoy convencido que el naranja Rivera acabará siendo ‘txikia’ y no alcanzará la única meta que le obsesiona: el poder a toda costa.

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Olvidar es violar la memoria

Esta semana he tenido ocasión de visitar en Madrid una excelente exposición sobre Auschwitz, con imágenes y testimonios que sobrecogen el alma. Destaco de la misma un mensaje de Primo Levi, superviviente del campo de concentración, quien afirmaba que “se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio; es importante esforzarse por salvar al menos (…) la forma de la civilización”. Me identifico con esta idea, como también con la frase que da título a este artículo: “Olvidar es violar la memoria”, que en este caso pertenece al libro ‘Por qué recordar’ de Elie Wiesel, superviviente de la Shoá y Premio Nobel de la Paz en 1986. Dicha cita fue evocada por el Ministro de Justicia el lunes en el Senado en el acto de conmemoración del Día Oficial del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.

Fue un acto emotivo, como cada año, en el que rememoramos la despreciable capacidad del ser humano para hacer sufrir al prójimo. En esta ocasión, se percibía un especial interés y una clara implicación del Partido Popular con el homenaje. Tanto el Ministro Rafael Catalá como el presidente del Senado, Pío García Escudero, recordaron las más de seis millones de personas judías asesinadas sin más motivo que su manera de pensar y vivir. Ambos destacaron el objetivo de que “el recuerdo de aquel horror nos impida caer en una imperdonable insensibilidad”, y también el deseo de que “las generaciones presentes y futuras no lo olviden nunca”.

Realmente, son palabras que resultan apropiadas y válidas para la memoria y el justo recuerdo de las víctimas, independientemente de quiénes fueran los responsables de sus humillaciones, vejaciones y asesinatos. Porque la cuestión es que estas reflexiones no terminan de ser del todo creíbles en el PP, ya que las realiza de manera selectiva. Son muchos los años que llevamos proponiendo iniciativas para desarrollar en todo su sentido la Ley de Memoria Histórica, pero cuando los Grupos Parlamentarios intentamos traer al debate proyectos al respecto y tratamos de recordar a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, siempre recibimos su “no” por respuesta. “Olvidar es violar la memoria”. ¿Siempre es así o sólo en algunos casos? Al parecer, cuando la memoria histórica se refiere al holocausto, recordar es imprescindible, pero cuando se trata de recordar las dramáticas consecuencias de la guerra civil y la dictadura, se entiende como fruto de un deseo de “resucitar viejos fantasmas y enemistades que no merece la pena despertar”. Aunque los negros capítulos de la historia protagonizados por Hitler y Franco coincidieron prácticamente en el tiempo, la consideración que de ellos tiene el PP es peculiarmente dispar.

El Estado español es el segundo país del mundo en número de desaparecidos y Rajoy se jacta públicamente de no haber destinado un solo euro a la memoria histórica en el tiempo en el que gobierna. Cuando nuestro Grupo Parlamentario ha planteado diversas iniciativas en favor de la memoria, nos encontramos con una actitud poco edificante; incluso se permiten hacer bromas insinuando que “parecemos personajes sacados de la serie televisiva Cuéntame”. Mientras tanto, a pocos kilómetros de la capital del Estado, permanece erguido un inmenso mausoleo a mayor gloria del dictador responsable de la muerte de quienes fueron obligados a construirlo a la fuerza.

“No podemos, en modo alguno, desentendernos de las injusticias sufridas por otros, porque nada injusto debe sernos ajeno y porque no hay límites entre la pasividad y la complicidad”, escuché decir el lunes a representantes del PP refiriéndose al holocausto judío. Recomiendo un magnífico libro de Tadeusz Sobolewicz que se titula ‘He sobrevivido para contarlo’. El Gobierno español sabe que aún viven personas que han sobrevivido a la guerra civil y a la dictadura franquista, por lo que sigue teniendo una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica las declaraciones que realiza. No es comprensible la volatilidad de su criterio, solo se entiende atendiendo a la mediocridad, arbitrariedad y discrecionalidad en la que se mueve un partido político que no asume que “olvidar es violar la memoria” y no acaba de obrar en consecuencia.

La política necesita de mayor seriedad, rigor y altura de miras. Sin embargo, esta próxima semana viviremos un nuevo episodio que contradice esta lógica, porque el Grupo Popular presenta en el Senado una moción que pide apoyar la prisión permanente revisable. Aunque a propuesta de EAJ-PNV su supresión fue tomada en consideración por la mayoría del Congreso a finales de 2016, ahora el PP aprovecha el momento en que los medios se hacen eco de varios crímenes execrables para llevar al Pleno el mismo texto que aprobó hace un año en el Senado valiéndose de su mayoría absoluta. Es lo que se denomina oportunismo político, aunque el sentido común dicte, precisamente, que el derecho penal debe estar sustentado en la prudencia.

En su momento, la construcción legislativa dirigió las responsabilidades penales hacia la reeducación y la reinserción social, pero la pena de prisión permanente revisable rompe ese amplio acuerdo normativo. Hay que recordar que antes de la aprobación de esta sanción, el Estado ya contaba con las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno, lo que ha llevado a tener una de las poblaciones reclusas más altas de Europa, con largos periodos de encarcelamiento y una media de edad muy alta.

Además, pese a la alarma que cíclicamente se despierta en la sociedad al tener noticia de la comisión de crímenes abominables, informes de la fiscalía evidencian que la cifra de delitos más graves desciende cada año. De hecho, esta pena no era reclamada ni antes ni ahora por la abogacía, la gran mayoría de los estudios doctrinales, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el mismo Poder Judicial; ni tampoco por los partidos políticos, con la única excepción del Partido Popular. A todo ello hay que unir los criterios de salud; el mismo Tribunal Supremo reconoce que una reclusión excesivamente prolongada, que se cifra psicológicamente en quince años, puede producir efectos irreparables en la personalidad del interno.

La prisión permanente revisable fue aprobada la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP, pero en esta los equilibrios son diferentes. La reforma de un Código Penal requiere del acuerdo y no puede quedar al albur de unas mayorías que son dinámicas y diferentes de una legislatura a otra. Los tiempos políticos se mueven cada vez más rápido, por eso es importante buscar el consenso entre diferentes sensibilidades a la hora de definir consecuencias tan graves para la ciudadanía, y eso exige situarse por encima del juego de las mayorías-minorías. Tal como afirma el catedrático de derecho de la Universidad de Salamanca, Ignacio González: “No basta vencer con el peso de los votos de una mayoría absoluta, se requiere convencer con la fuerza de la razón”.

En 2015, el Partido Popular ya quiso utilizar esta iniciativa que no pretende sino aprovechar la alarma social para posicionarse electoralmente y, ahora, vuelve a ponerla en el escaparate. Sin embargo, la cadena perpetua que se esconde tras un eufemismo niega absolutamente varios preceptos de la Constitución española, que rechaza que las penas sean inciertas, que atenten contra la dignidad humana y que resulten inhumanas. Este año precisamente se conmemora el 70 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos a tiempo de preservar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, tal y como reconoció hace cuatro décadas la Carta Magna y, además, honrar la citada Declaración Universal, actuando conforme a su espíritu.

Mi artículo de opinión, hoy en www.deia.com

Crónicas europeas

Esta semana he cambiado Madrid por Estrasburgo, el Senado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El lugar es distinto pero la ‘agenda vasca’ se mantiene presente siempre allí donde tengamos capacidad de influir en las decisiones que puedan beneficiar a Euskadi. Esta Asamblea ha estado plena de sorpresas. Elegíamos al representante del Estado español en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo entre una terna de candidatos que presentaba el Gobierno central: María Elósegui Ichaso, catedrática de Filosofía del Derecho; José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores del PP en la última legislatura; y el más conocido, quien fuera miembro del PP y posteriormente presidente del Tribunal Constitucional, Francisco de Asís Pérez de los Cobos.

Llama la atención -o quizá no tanto- que el Gobierno español presente a dos personas tan afines al PP cuando se trata de llevar a cabo una labor independiente en un tribunal europeo. Es curioso que se proponga desde Moncloa a una persona que ha sido presidente del TC cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que un juez que haya ‘conocido’ un tema con anterioridad tendría que abstenerse y no poder participar en el mismo. En la práctica, no hubiera podido tratar un tema tan relevante como el conflicto catalán.

En cualquier caso, Pérez de los Cobos no ha recibido el favor de los miembros del Consejo Europeo; ni siquiera obtuvo voto alguno en la Comisión que elevaba la propuesta de nombramiento al Pleno. El PP no ha sido capaz de convencer a sus compañeros europeos de la opción que probablemente más les hubiera gustado, lo que denota su debilidad en el ámbito internacional.

El puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución en la que las y los jueces analizan los casos de manera independiente y no en representación del Estado que les propone, lo ha conseguido María Elósegui, una donostiarra cuya trayectoria ha estado muy marcada por el trabajo en los derechos humanos. Mi experiencia me ha demostrado, una vez más, que el trabajo da fruto porque la elegida ha sido la única candidata que se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para presentar su candidatura, perfil, proyecto y objetivos. Si bien es cierto que los últimos días se han conocido unas afirmaciones suyas que, de ser ciertas, no van a ser muy positivas para que ejerza su labor con neutralidad en Estrasburgo.

Otra sorpresa de la semana, muy negativa en este caso, ha sido la oposición de un miembro de la Asamblea Parlamentaria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ha justificado su voto negativo afirmando que no quisiera que en su país ocurriera lo que está pasando en Catalunya. ¿Qué tendrá que ver el cuidado y apoyo a las lenguas minoritarias con la situación en Catalunya? Nada, pero lo cierto es que el tema catalán emerge en muchos de los debates en el Consejo de Europa.

Volviendo a este debate, el resultado ha sido que únicamente 25 de los 47 países han firmado y ratificado la citada Carta Europea. Esto significa que, aunque se adopten decisiones por amplias mayorías, muchas veces los Estados que debieran hacer efectivas esas decisiones en realidad no lo hacen. Así por ejemplo, el Estado español ha recibido diversos informes sobre sus flagrantes incumplimientos con el euskera, pero sigue haciendo caso omiso de los mismos. Un ejemplo es el cuarto informe de evaluación de la Eurocarta, correspondiente al año 2016, en el que se recogen exactamente las mismas recomendaciones que el Consejo de Europa había formulado en 2005, 2008 y 2012. No encuentro más clara evidencia del inmovilismo del Ejecutivo central. Dejo constancia de estas reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa: modificar el marco legal para que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas de las comunidades autónomas puedan realizar sus servicios en las lenguas cooficiales de su territorio; respeto la diversidad lingüística de los medios públicos de comunicación para transmitir el carácter plurilingüe del Estado; o la adopción de medidas para asegurar la presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado. Estos son algunos de los requerimientos recibidos por el Gobierno español y sistemáticamente ignorados.

La tercera sorpresa se ha producido en el debate sobre la renta básica. Ha sido muy llamativo escuchar, en una institución cuyo objetivo es la protección de las minorías y los derechos humanos, unos mensajes muy duros en relación a personas y familias que lo están pasando mal. Europa traslada exclusivamente un frío mensaje de exigencia en la gestión de las ayudas y una gélida preocupación por el futuro y la capacidad para mantener un sistema de ayudas universal, individual, incondicional y suficiente para vivir con dignidad.

En mi participación en el debate, he tenido la oportunidad de presentar la experiencia desarrollada con la Renta de Garantía de Ingresos, un sistema conocido y reconocido tras más de tres décadas. Trasladé a las personas integrantes del Consejo de Europa la invitación a analizar nuestro proyecto y trabajo con el respaldo de las instituciones vascas. Para finalizar, he tenido la ocasión de plantear unas cuestiones al primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre la reforma de la arquitectura institucional danesa, una de las más profundas. Ha sido un interesante colofón a la crónica de una semana intensa en la Asamblea de un Consejo que vive un momento de alta intensidad en el debate sobre la visión de futuro de la UE.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.