lunes, 4 de mayo de 2015

El ministerio del tiempo


Recientemente, se ha emitido con éxito en la televisión pública estatal una serie que lleva el título que encabeza esta columna. El Gobierno español controla un secreto ministerio en el que sus agentes viajan, a través de puertas del tiempo, a destacadas etapas de la historia del país. Así, en un abrir y cerrar de puertas, lo mismo rescatan a un soldado de los Tercios de Flandes para que ejerza como disciplinado funcionario que plantan cara a la Inquisición, tratan de interceder por Federico García Lorca o se aseguran de que el Guernica de Picasso sea entregado a España. Todo ello empleando los más modernos smartphones o, si el caso lo requiere, una potente motocicleta a la que acceden desde la ventaja que supone poder viajar hasta el momento actual.

La pasada semana me pareció estar viviendo dentro de uno de esos capítulos. Me ocurrió mientras me documentaba para debatir en el Senado la Proposición de Ley para la reforma de la norma que regula el ejercicio de la gracia de indulto. Una ley que, para empezar, data de 1870. Les pongo en situación. Con motivo de la Semana Santa y a propuesta de las cofradías son indultados 11 presos que han cometido diferentes delitos. 

Aunque usted pueda haberlo pensado, no es el prefecto Poncio Pilato quien se ha animado a ser magnánimo con ellos, además de con el asesino convicto Barrabás. Tampoco es una situación que se haya registrado hace 2.000 años, tiempo al que hubieran podido trasladarse los agentes ministeriales de la ficción televisiva. No. Lo hizo el Gobierno español y en pleno siglo XXI. ¿Es normal que sean las cofradías las que propongan al Consejo de Ministros qué personas tienen que ser indultadas y que no lo hagan jueces o fiscales?

Este es solo uno más entre los numerosos indultos que han ido otorgando los sucesivos Gobiernos centrales, tantopopulares como socialistas. Entre 2000 y 2008, el 55,7% de los indultos se dieron con el PP y el 43% con el PSOE, según datos publicados en la revista española de investigación de criminología. De ahí la necesidad que observamos de modificar esta ley que regula el indulto y que actualmente solo es un insulto. A la ciudadanía, claro.

El portavoz del PP argumentó en el pleno del Senado que había una serie de peculiares condiciones humanitarias que no se podían publicitar, al considerar el derecho a la intimidad del condenado. Así pues, contabilizando los casos publicados en el Boletín Oficial del Estado, vemos que el Gobierno del PP, en 2014, ha tenido 87 peculiares condiciones humanitarias. En 2012, el mismo Gobierno tuvo otras 534. De la misma manera, en 2004 hubo 320; en 2006, 517; y en 2007, 543 indultos. Encontramos, pues, múltiples motivaciones subjetivas y discutibles. Eso sí, supuestamente humanitarias.

Pero aún más discutibles son algunas de las razones objetivas dadas a conocer. Hablemos de Ángel Acebes, que en diciembre del año 2000 emitió 1.333 indultos en un solo día. Sí, lo han leído bien. Pero si les sorprende tan exorbitada cantidad, prepárense para los argumentos que los facilitaron. Se debieron -no lo digo yo, así está recogido en el Diario de Sesiones del 13 de diciembre de 2000- a que confluyeron dos acontecimientos excepcionales: el cambio de milenio y la petición formulada por el Vaticano a todos los gobiernos del mundo en el Año Jubilar. No, no se pellizquen. Lo han vuelto a leer bien.

No se trata solamente de dos argumentos absolutamente peregrinos, sino que además parecen sacados de otra época. ¿Tal vez el entonces ministro de Justicia era un agente doble, como los de la serie de TVE, y confundió la puerta del tiempo que debía franquear? Es una pena que, con el mismo Papa y el mismo presidente de Gobierno (uno, el ahora santo Juan Pablo II; el otro, el nada santo José María Aznar), no se hubiera hecho el mismo caso a la Santa Sede cuando conminó a los presidentes de Estados Unidos, Reino Unido y España a detener la injusta guerra contra Irak, con las consecuencias tan injustas que ha tenido y sigue teniendo.
Ha habido indultos a condenados por delitos de terrorismo o por corrupción y no entro en si tiene o no tiene que haberlos, pero está claro que estos deben estar regulados y no depender de ninguna bonhomía, ni de ningún gobierno que en un momento determinado emplee razones tan peregrinas como las citadas.

Entre tanta arbitrariedad, el Tribunal Supremo ha llegado a llamar la atención sobre un indulto concedido por el Consejo de Ministros a través del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Se trataba de un conductor kamikaze que provocó la muerte de un joven. El Alto Tribunal paralizó el indulto de aquel, digamos, irresponsable -que, curiosamente, estaba siendo defendido por el bufete en el que trabajaba el hijo del ministro- por no adecuarse a las exigencias de la propia ley.

En los últimos años, los indultos han descendido: hubo 320 en 2004, 517 en 2006, 544 en 2007 y 534 en 2012; pero han decaído hasta los 204 en 2013 y los 87 de 2014. Descenso motivado por el cada vez más notorio desencanto popular, que ha hecho que el Ejecutivo se sienta presionado. Aunque podría considerarse una noticia esperanzadora, conviene pasarla por el cedazo de la relatividad: son mejores datos solo si están basados en la verdadera justicia, pero en nada comparables a los 43 indultos otorgados por el gobierno de Obama… ¡en seis años! Es decir, un país con 350 millones de estadounidenses ha dado en seis años la mitad de indultos que el Estado español, con 47 millones de habitantes, en un solo ejercicio.

Independientemente del color político del Ejecutivo, la ley vigente es arbitraria, poco transparente en la toma de decisiones y totalmente absolutista. Esta vez ha sido el rodillo de la mayoría del Grupo Popular la que ha echado atrás la Proposición de Ley, aunque nos ha emplazado a esperar a que sea el Gobierno el que traiga un texto. De alguna manera, reconocen la necesidad de una modificación de la ley vigente, que exige un cambio radical ante una discrecionalidad que no es de recibo en pleno siglo XXI.

Además de ser justa, la ley debe de ser igual para todos. No es admisible recurrir a la ingeniería jurídica para alargar algunas penas, instaurar una pena de prisión permanente revisable -una cadena perpetua con un final indefinido y arbitrario-, habilitar a las víctimas para que puedan recurrir los permisos y la libertad de los presos -como establece el recién aprobado Estatuto de los Damnificados- o, claro está, aplicar indultos sin justificación lógica.

Dice el historiador Paul Preston que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Por eso es importante mirar al pasado: bien para aprender a evitar esos errores, bien para repasar someramente la historia a través de una serie de ficción. Lo que no se puede admitir es que nos quedemos anclados en el pasado en aspectos en los que es necesario adaptarse al presente y anticiparse al futuro.