Tupido humo sobre la memoria

Este jueves se han cumplido 81 años desde que los aviones alemanes e italianos, aliados del general Franco, arrojaran bombas y muerte sobre Gernika. Han transcurrido más de ocho décadas en las que las llamas del dolor fueron avivadas, primero, con la ignominia del mentiroso relato impuesto a sangre y fuego por el régimen dictatorial y, aun hoy, con el tupido manto de humo con el que se trata de encubrir la verdad de aquel triste 26 de abril de 1937.

Cuarenta años de democracia no han sido suficientes para que Ejecutivo central alguno haya reconocido, tal y como requerimos el año pasado al Partido Popular, la responsabilidad en aquella masacre del ejército del bando sublevado que posteriormente gobernó España durante cuatro décadas con sanguinaria mano de hierro. Tampoco este año el Partido Popular ha estimado oportuno impulsar la celebración de un congreso internacional de expertos en Gernika para explorar la dimensión histórica del bombardeo, tal y como se le reclamaba a principios de este mes en el Senado.

Si el senador Oyarzábal apelaba en 2017 a que todos los bandos mentían para negar el reconocimiento oficial de la responsabilidad de Franco en el bombardeo de Gernika, este año la obviedad de que en la contienda hubo ataques aéreos de distinto signo ha sido la excusa de los ‘populares' para resistirse a que sean analizados los pormenores del acto de guerra más icónico de la historia. Una vez más, ha quedado patente la incomodidad que genera en los responsables del Partido Popular abordar cuestiones de la guerra civil y la dictadura franquista.

Sin embargo, esta negra etapa de la historia del Estado, y que sus instituciones tratan de cubrir con un velo de olvido, tampoco debe servir, en modo alguno, como elemento de justificación para la actividad de ETA, tal y como la organización ha sugerido en su comunicado de la pasada semana. En su penúltimo mensaje, contextualizaba su acción asesina de cinco décadas en “la violencia que heredamos las generaciones posteriores al bombardeo de Gernika”. Dudo mucho que las víctimas de aquel cobarde ataque y quienes sobrevivieron a él hubieran querido que en su memoria se cometieran otros crímenes tan cobardes como el que sufrieron.

A las puertas de su desaparición, la banda terrorista sigue tratando de difuminar la memoria de sus acciones con medidos y trabajados comunicados en un ejercicio de funambulismo lingüístico que, sin embargo, no puede borrar la verdad de su historia: matar nunca estuvo bien y todas las muertes que causaron fueron igualmente injustas. Pronto, esta vez en el que será su último mensaje, protagonizará el único acto positivo de su triste existencia: su desaparición total; pero aún está a tiempo de mejorar dicho capítulo pidiendo perdón, sin distinción, a todas sus víctimas que ha originado su vil acción armada.

En este proceso, también la Izquierda Abertzale debería de hacer una profunda reflexión y pasar a limpio el papel que ha jugado y que debe de jugar de ahora en adelante. Y es que en la redacción de la ‘batalla del relato’, son muchos los que utilizan el bolígrafo rojo para subrayar los errores ajenos, pero tiran del típex para ocultar los propios. Así, para la Izquierda Abertzale el proceso del final de ETA requiere mirar hacia adelante, pasar página sin haberla leído entera, a la par que reprocha sus pecados al Estado mirando por el retrovisor de la historia.

Y, al contrario, comprobamos una y otra vez la paradoja del Partido Popular, para quien llegar hasta lo más profundo hasta aclarar todas y cada una de las condenables acciones de ETA supone restañar heridas, mientras que hacer lo propio con la guerra civil y la dictadura entraña abrirlas sin necesidad.

Hace quince días, narraba en estas páginas la extraña sensación que me produjo que el PP llevara al Senado una iniciativa  contra los recibimientos a presos de ETA, en la que reconocía como víctimas a todas las que hubieran sufrido vulneraciones de derechos humanos y en la que se mostraba sensible con la situación de las personas presas, abogando por la reinserción y la resocialización. Era, palabra por palabra, la misma que se había aprobado en el Parlamento Vasco y que el PP no había apoyado. En la Cámara Alta solamente dejó fuera el punto en el que reconocía la idoneidad de la Ponencia de Memoria y Convivencia de la Cámara de Gasteiz para alcanzar consensos en materia de pacificación. Lo hacía, lógicamente, por no corresponder a la competencia del Senado.

La Ponencia sobre la memoria es la herramienta idónea para sentar las bases no solo para la convivencia sino también para la redacción del relato veraz y duradero de lo ocurrido en Euskadi durante medio siglo. Para ello, es necesario que todas las sensibilidades políticas se sientan identificadas y se integren en esa labor, sobre todo las más extremas, ya que sin su participación el resultado nunca será el ideal. Sin embargo, hasta el momento, PP y EH Bildu no han dado con las bases éticas necesarias para poder sentarse en la misma mesa; ahora son los ‘populares’ quienes argumentan que no se respeta la exigencia del compromiso previo del ‘suelo ético’ pactado en 2012, pero antes fue EH Bildu quien se negó a ratificar dicho ‘suelo ético’. Cuando menos sorprende, que no se sepa dar con un acuerdo suficiente para poder empatizar con las víctimas y su sufrimiento.

En ese singular ejercicio de escabullirse de temas incómodos, esta semana hemos vivido un nuevo capítulo en el Senado. En un texto que buscaba mejorar la Ley de Memoria Histórica, hemos planteado que la Ley de Amnistía de 1977 no sea un impedimento para investigar los hechos amnistiados. Simplemente, tratábamos de incluir las constantes recomendaciones que al respecto ha venido realizando Naciones Unidas. Su actual redacción convierte a la Ley de Amnistía en un obstáculo para investigar los hechos, cuestión esta contraria a la lógica propia de una amnistía. Se amnistía a personas por cometer unos hechos concretos que son constitutivos de delitos, pero, para saber de qué hechos y de qué tipos penales se trata y quiénes los cometieron, es imprescindible investigarlos. Lamentablemente, ni PSOE ni PP estimaron que conocer toda la verdad y nada más que la verdad, fuera algo necesario.

El derecho a la verdad es un derecho humano amparado por Naciones Unidas y recogido en muchos de sus documentos. Además, es cuestión de conocer la verdad y de reconocer lo sucedido, porque sucedió; y de conocer evidentemente quiénes fueron sus protagonistas. Es algo que les debemos a las víctimas, a sus familias, a la sociedad en su conjunto… y a la historia.

En el contexto del final de ETA, se habla en muchas ocasiones de la ‘batalla del relato’, un debate sobre el que hay quienes pretenden que el testimonio de las víctimas tenga un mayor peso específico en la redacción de esas líneas; hay quienes censuran que se trate de poner en el mismo plano a unos y otros contendientes; hay quienes, directamente, niegan el valor de las opiniones del diferente… Una confrontación en la que, a todas luces, quien pierde es la verdad. Desde mi punto de vista, si se quiere hacer un relato completo, la historia se debe escribir teniendo en cuenta la pluralidad de las sensibilidades democráticas y, sobre todo, debe tener rigor. Dicen que en una guerra la primera víctima suele ser la verdad. Así sucedió tras el bombardeo de Gernika. No puede volver a ocurrir.

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El populismo no entiende de coherencia

El populismo se basa en la estrategia de construir una narrativa que ofrece soluciones simples ante situaciones complejas. Un ejemplo prototípico de político populista es Nigel Farage, líder de UKIP, quien fue capaz de liderar un movimiento que puso en apuros al entonces primer ministro británico David Cameron. Empleando un discurso comunicativamente sencillo y combinando mensajes inciertos y confusos, con altas dosis de demagogia, acabó conduciendo al Reino Unido a una situación complicada al decidir abandonar la Unión Europea. Aquella decisión obliga al país a adoptar medidas de las que, ahora, nadie parece querer responsabilizarse. Ahora bien, lejos de asumir los compromisos adquiridos una vez adoptada la decisión del ‘Brexit’, el señor Farage se limitó a dimitir y desaparecer de la escena pública.

En el Estado español, salvando las distancias, está ocurriendo algo similar con Albert Rivera. El líder de Ciudadanos se muestra siempre dispuesto a enarbolar cualquier bandera que considera que puede agradar a una mayoría de la ciudadanía. Elabora, como hiciera en su día Farage, un discurso tan sofisticado en las formas como vacío en el contenido. El mejor ejemplo lo encontramos en la propia imagen con la que se dio a conocer, completamente desnudo y con una sonrisa angelical. Años después sigue igual de desnudo en cuanto a ideas y propuestas, pero mantiene también la misma capacidad de llamar la atención y jugar con el impacto inmediato; eso sí, ayudado por la ventaja que asiste a quien elude cualquier tipo de decisión que comporte una responsabilidad.

Una de las banderas que el señor Rivera ha decidido blandir es la crítica a los hipotéticos privilegios de Euskadi. El Concierto Económico vasco es un sistema singular de relación financiera muy complejo de comprender, sin embargo todo el mundo entiende lo que supone resultar premiado en el sorteo del cupón. Así, el líder ‘naranja’ activa la combinación de falsedades y medias verdades con mensajes confusos y demagogia para crear el “cuponazo” y trasladar una imagen distorsionada de la realidad. Es un juego ventajista, porque adquiere la notoriedad y el aplauso en España a cambio de nada, porque nada tiene que perder en Euskadi. Así lo demuestra un somero repaso de la acogida de Ciudadanos en nuestra Comunidad: en 2014, en las elecciones al Parlamento Europeo obtuvo cero escaños con el 0,84% de los votos; en 2015, cero diputados en el Congreso con el 4,14% de los votos; en 2016 no logró escaño alguno ni en el Parlamento Vasco (2,03% de los votos) ni en el Congreso (3,55%). Es decir, la ciudadanía vasca le ha puesto su nota: un cero.

Ciudadanos ha tomado nota y ha sacado sus propias conclusiones: como su discurso no tiene eco ni respaldo en Euskadi, quienes aquí vivimos ya no merecemos su interés y, de la noche a la mañana, nos ha convertido en el egoísta y malvado antagonista que obtiene beneficios a costa del conjunto de la ciudadanía española. Así de sencilla es su estrategia: como no funciona en Euskadi, se revuelve y decide sacrificar su insignificante presencia en Euskadi, el cero vasco, a cambio de retorcer la realidad y presentar en España como “privilegio y cuponazo” (mensaje sencillo) lo que en realidad es la asunción de un “riesgo unilateral y un sistema solidario” (concepto complejo). A Rivera no le importa cuestionar un sistema que lleva 140 años vigente, cuenta con todo el respaldo legal e institucional y ha demostrado su eficacia y solidaridad. En suma, utiliza Euskadi para obtener votos en España.

La estrategia de Rivera es la confrontación y la utilización de la demagogia sin ningún rubor. Pura retórica populista. Mis años de experiencia en el Senado me han confirmado el diferente prisma con el que se observa la realidad del Estado cuando se mira desde el norte o desde el centro. Quienes vivimos en Euskadi, o en Catalunya, tenemos la vivencia cotidiana de la diversidad y la pluralidad; compatimos una Comunidad bilíngüe, con sentimientos de identidad distintos. Desde el centro, desde Madrid, estas diferencias no se aprecian, y personas como Rivera las desprecian.  

Ahora, en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, Ciudadanos ha vuelto a la carga al amenazar al Partido Popular con retirar su apoyo a las cuentas si transfiere a Euskadi la competencia de la Seguridad Social. Rivera, el paladín de la legalidad, está apelando a que se incumpla; peor aún, amenaza con represalias si la ley se cumple. Nuevamente, la demagogia ventajista de inventar un concepto sencillo (“romper la caja única de las pensiones”) para eludir un compromiso complejo aprobado en el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika: “Corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. El problema es que Rivera no siente la mínima necesidad de justificar en Euskadi por qué se opone a que se cumpla este artículo del Estatuto que fue refrendado por la ciudadanía vasca.

La irresponsabilidad de Ciudadanos es su mejor arma. En realidad la única. No ha querido asumir tareas de gobierno en ningún lugar y, por tanto, carece de responsabilidad alguna en lo que esté ocurriendo. Hemos conocido su actitud en Catalunya, donde de un día para otro pasó de alardear de su victoria a evitar cualquier compromiso que le condujera a liderar una opción alternativa de mando. Ahora, en la negociación de los Presupuestos Generales, se permite acorralar al partido del Gobierno central con un acuerdo envenenado en el que pretende presentarse como el freno a las demandas abusivas de los nacionalistas. Es el planteamiento de un partido sin compromiso que juega a dos bazas, pretende ganar si se aprueba el presupuesto y también si acaba rechazándose. Pura demagogia ventajista.

Ante tanto populismo, quiero reivindicar la política como la acción que es capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía y de sus comunidades. Para ello, es necesario combinar dos elementos que son clave: coherencia y paciencia. No oculto que me preocupan las consecuencias de dar rienda suelta a un populismo españolista con la ciudadanía vasca como “indeseado rehén” de Rivera, porque el problema es que para la visión egoísta de Ciudadanos, Euskadi no representa ningún problema; es el partido del ‘no a Euskadi’. Le es igual utilizarnos como comodín o vilipendiarnos con tal de recoger los frutos electorales deseados en España. Es un partido de intereses y, claramente, su interés no se encuentra entre nosotros. Euskadi mira hoy a un nuevo futuro consciente de la complejidad de la situación y de que no hay soluciones sencillas y, menos, simples. Queremos y debemos desarrollar una sociedad capaz de mirarse a la cara después de terminar con 50 años de terrorismo, capaz de trabajar por el desarrollo de su gente y sus empresas, de asentar el crecimiento y ofrecer oportunidades de empleo, siempre con las personas como eje central de las políticas públicas. El tiempo dará o quitará razones, pero reitero mi reivindicación de una forma de hacer política con coherencia y paciencia.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.

El mundo al revés

La pertinaz lluvia que estoy contemplando durante el último mes a través de la ventana de mi despacho en el Senado me ha llevado a dudar en más de una ocasión si de verdad estaba en Madrid o me encontraba en Euskadi. Esta sensación me ha parecido todavía más real esta semana cuando estudiaba la iniciativa que debíamos debatir en el Pleno y  que reclamaba rechazar los homenajes a personas bien por su condición de pertenecientes a ETA o bien porque utilizaron o justificaron la violencia para conseguir fines políticos. Y es que el texto me resultaba muy familiar.

No es que resulte novedosa una iniciativa que reconoce como víctimas a todas aquellas que hubieran sufrido vulneraciones de derechos humanos y que, además, se muestre sensible con la situación de las personas presas, abogando por la reinserción y la resocialización. De hecho, se trataba, palabra por palabra, del texto transaccionado a finales de febrero en el Parlamento Vasco por PNV, PSE y Podemos. Lo sorprendente era que la hubiera presentado… el Partido Popular, una formación que no la había apoyado en Gasteiz. ¡El mundo al revés!

Reconozco que mi primera reacción al conocer el contenido del texto que el PP hacía suyo en el Senado fue pensar que se trataba de una equivocación y que los populares de la capital del reino desconocían la posición que había adoptado su delegación en Euskadi. Y así fui, con la mosca detrás de la oreja, al debate. Pero no, no fue un error. Y me alegré. Por primera vez, el Partido Popular apostaba por la reinserción de los presos y el reconocimiento de todas las víctimas, no solo las del terrorismo, términos y conceptos que Borja Sémper había definido como “vericuetos extraños” y esgrimido como obstáculos para rechazar el apoyo al texto en el Parlamento Vasco. Precisamente, es esa “mezcla de violencias” que en su opinión encierra el concepto “todas las víctimas” la que justifica la ausencia de los populares vascos en la Ponencia sobre Memoria y Convivencia, así como el recurso que presentó el Gobierno del Estado en el Tribunal Constitucional contra la ley que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999.

A la espera de nuevos acontecimientos que corroboren el cambio de rumbo de un partido eminentemente centralista y poco amigo del reconocimiento de singularidades como la vasca, un viraje que supone una corrección en toda regla al PP de Euskadi, prefiero centrarme en lo realmente importante del hecho: el esfuerzo que ha realizado el PP español para asumir un nuevo discurso que, sin duda, establece un hito positivo en el camino a la normalización de la convivencia en Euskadi, que no es poco.

Que el PP haya asumido en su totalidad ese texto es muy positivo porque nos viene a decir que dos instituciones diferentes visualizan un mismo problema en una misma línea. Una visión compartida que posibilita que los poderes públicos trasladen a la ciudadanía un mensaje contundente de denuncia ante los homenajes que se han celebrado y se puedan celebrar en el futuro a las personas que han estado implicadas en ETA o en cualquier otro acto violento. Debemos empatizar siempre con las víctimas y con los familiares que han sufrido una victimización. Es también cierto que esa persona que ha estado presa y sus familiares tienen sus derechos, pero incluso ellos deben entender que quien ha vivido este sufrimiento necesita un respeto. Es importante, ética y moralmente, que no permitamos de ninguna de las maneras que actos que llámense “homenajes” o “recibimientos” –regate lingüístico al que recurre EH Bildu para no condenarlos– sean motivo de doloroso recuerdo para estas personas.

Lo insólito de la asunción por parte del PP del lenguaje del resto de partidos políticos viene dado por la llamada al reconocimiento, la reparación y la justicia no solo a las víctimas del terrorismo, sino también a quienes han sufrido la vulneración de los derechos humanos; y por el compromiso que adquiere para construir una memoria que deslegitime la justificación, aval o enaltecimiento de cualquier tipo de violencia hacia todos ellos. Pero más llamativo resulta aún que el PP reconozca que “el ejercicio de los principios de reinserción y resocialización debe tomarse también en consideración para avanzar en una convivencia lo más normalizada posible”, unos principios que, asume, “deben poder aplicarse a las personas privadas de libertad tanto durante como tras el cumplimiento de sus penas”. Por cierto, este cambio de actitud no solo concierne al partido del Gobierno del Estado: también lanza otra pelota al tejado de los presos que tienen relación con ETA y al del conjunto de la Izquierda Abertzale pues les emplaza, una vez más, a que den pasos dentro de la ley para obtener beneficios penitenciarios propiciando así un clima más sosegado en el proceso de normalización política y social.

Las consecuencias de este salto en las tesis del PP están aún por ver. Ojalá se trate de una avanzadilla que anticipa el nuevo escenario que podría abrirse tras la QUE parece inminente disolución de ETA, y en el que un cambio de la política penitenciaria resultaría muy beneficioso. El primer síntoma podría vislumbrarse en el Parlamento Vasco, por ejemplo, con una hipotética incorporación de los populares a la Ponencia de Memoria y Convivencia –este punto aprobado en Gasteiz no lo presentó el PP en el Senado por competencias parlamentarias–, aunque Iñaki Oyarzábal rechazó en su discurso tal posibilidad con el pretexto de que el suelo ético de ese foro es excesivamente bajo.

En cualquier caso, queda por saber cómo asumirán los ‘populares’ vascos esta novedosa actitud de la central madrileña. Cabe recordar que hace apenas dos años su presidenta en Euskadi, Arantza Quiroga, fue empujada a dimitir por tratar de abrir la posición del partido hacia una libre coexistencia en paz al presentar una moción para poner en marcha una ponencia parlamentaria de Libertad y Convivencia. Con esta iniciativa, Quiroga pretendía sumar a la “deslegitimación del terrorismo” a EH Bildu en lugar de exigir su “condena” a la violencia de ETA, algo que fue considerado por sectores encabezados por Alfonso Alonso como una cesión a la Izquierda Abertzale. Por mi parte, no me queda otra cosa que animarles a sumarse a este nuevo discurso porque aporta elementos positivos al marco de convivencia en Euskadi.

Acabo, pues, esta semana contento y reconciliado con la utilidad de la política, en este caso en las Cortes Generales, y con la esperanza de que el nuevo posicionamiento del partido mayoritario se sustancie en una serie de comportamientos acordes. Que la iniciativa aprobada en el Senado de Madrid no sea una leve tormenta que escampe en pocos minutos sino que sea un duradero y fértil chubasco, una lluvia que llega en abril como agua de mayo generando un importante brote verde de esperanza en el panorama político.

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Franqueo en el Valle de los Caídos

En el Valle de los Caídos, hasta los errores son de parte. En la página web que detalla los pormenores e historia del monumento se afirma que el retablo gótico flamenco de la Capilla del Santísimo se halla “franqueado” por las imágenes de seis apóstoles. Lo cierto es que utilizar en el citado contexto el verbo ‘franquear’ en lugar de ‘flanquear’ no deja de ser una anecdótica errata, significativa eso sí, dentro del monumental despropósito que supone la propia existencia de un mausoleo de inequívoca significación franquista en pleno siglo XXI.

Hoy, 1 de abril, se cumplen 59 años desde que Franco inaugurara oficialmente el bautizado como Monumento a los Caídos. La fecha no fue elegida casualmente, como tampoco fue casual que 19 años antes el dictador hubiera organizado ese día una inauguración simbólica del mismo en San Lorenzo del Escorial. De hecho, fue elegida por ser el día en que las tropas golpistas sublevadas contra la legítima República ganaron la Guerra civil en 1939. Una fecha en la que, según establece el convenio con la Abadía Benedictina de Silos que gestiona el monumento, es obligatorio ‘cantar una misa solemne de acción de gracias’ con motivo del día ‘en que terminó nuestra cruzada’ (sic).

Resulta comprensible que, en el contexto histórico del 29 de mayo de 1958, estos términos pudieran recogerse en el citado convenio. Ahora bien, lo que es difícilmente justificable es que casi 60 años después de su firma, y más de 40 años después del final de la dictadura que amparó esta inmoralidad, siga aún en vigor. Por ese motivo, el 20 de marzo, en el último pleno del Senado, reclamé al Ministro de Justicia que pusiera en marcha los mecanismos para subsanar una realidad que no se ajusta a derecho; que previera cuándo y cómo iniciar el procedimiento de actualización de un nuevo acuerdo que sustituya al de 1958. Solicité un calendario, contenidos e instrumentos de participación para dar cauce a una decisión que cuenta con amplio consenso social y político.

No por resultar recurrente y obvio voy a dejar de utilizar el argumento de que a nadie se le ocurriría que en Alemania o Italia pudiera existir un monumento de exaltación de Hitler o Mussolini. Sin embargo, en el Estado español, el mausoleo erigido en honor a quien provocó la Guerra civil y con ella miles de muertes no solo sigue en pie sino que el concierto que rige su uso sigue otorgando respaldo oficial a cometidos como la celebración de una misa el día de la ‘exaltación de Franco a la jefatura del Estado’ o en el aniversario de su muerte. Resulta inaceptable leer la propia razón de ser de este convenio: ‘Rogar a Dios por las almas de los muertos en la cruzada nacional’, tal y como literalmente recoge el texto.

Mi predisposición a la empatía es inquebrantable y soy consciente de la incomodidad que despierta en los responsables del Partido Popular afrontar una cuestión histórica ante la que parte de sus potenciales votantes mantienen un punto de vista que dista mucho de lo que debiera ser admisible en un Estado que se llame de derecho. En cualquier caso, mi decepción ante la respuesta que Rafael Catalá dio en el pleno del Senado a mi pregunta fue absoluta; más aún cuando, dos semanas antes, la Secretaria de Estado de Justicia me había adelantado en la propia Cámara Alta la disposición del Ejecutivo central a revisar el citado convenio.

Más allá de presuntas trabas y dificultades, al menos discutibles, el responsable de la cartera de Justicia consideró que, en este asunto, la mejor defensa era un ataque, y me echó en cara que, habiendo sido alcalde de Tolosa, tampoco yo toqué un panteón carlista en el cementerio de mi localidad. No lo hice, porque ni siquiera tenía, ni tengo, constancia de la existencia de tal monumento. De hecho, me remito a lo que el propio Partido Carlista ha hecho público en relación a esta afirmación del Ministro: “No existe tal panteón al que se refiere Rafael Catalá Polo en el cementerio de la localidad guipuzcoana de Tolosa. Por lo que el señor Ministro de Justicia desconoce de lo que habla o directamente miente. En cualquier caso algo no muy apropiado para una persona con tal tipo de responsabilidad” (fin de la declaración).

Dicho esto, es precisamente la alta y singular responsabilidad que ostenta el Ministro de Justicia la que debería haberle impedido utilizar un argumento de tan ínfimo nivel. Más aún, teniendo en cuenta que forma parte del Gobierno de un país, España, que acredita el dudoso honor de ocupar el segundo puesto en el mundo, tras Camboya, en número de personas desaparecidas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Por si esto fuera poco, el presidente de su Gobierno se jacta públicamente de no haber invertido un solo euro en cumplir los mandatos de la Ley de Memoria Histórica.

El nulo respeto de los máximos mandatarios del Estado ante la citada Ley supera todo lo permisible y el propio Consejo de Europa ha apercibido al Ejecutivo central por sus incumplimientos, reclamando la pertinencia de una revisión de la misma tras diez años de tan escaso rendimiento. He compartido la incredulidad y frustración que sienten los familiares de las víctimas, con quienes nos hemos reunido en innumerables ocasiones, ante las reiteradas promesas incumplidas y los vacuos llamamientos a la reconciliación que pierden todo su sentido porque nunca llega. Han pasado cuarenta años desde el fin de una dictadura que duró otros cuarenta años y aún hay familiares que siguen viviendo con la frustración de saber que su padre o abuelo se encuentra enterrado en el Valle de los Caídos y la Administración pública se resiste a adoptar medidas que les permitan localizarlos.

Los familiares de los hermanos Lapeña sí lograron que el juzgado de San Lorenzo del Escorial autorizase la exhumación de sus cuerpos, aunque el prior de la Abadía Benedictina de Silos la bloqueó presentando un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Afortunadamente, Santiago Cantera accedió la semana pasada a retirar dicho recurso y, también, a reunirse con los familiares de las personas enterradas en el mausoleo sin su permiso. Ambas exigencias eran, precisamente, las que el Partido Nacionalista Vasco había trasladado en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Comisión a la que declinó acudir proponiendo, a cambio, que fuéramos los senadores quienes visitáramos Cuelgamuros. Afortunadamente, su rectificación hace innecesaria nuestra asistencia al megalómano panteón y nos ahorra tener que tolerar insultos como los que algunos nostálgicos del totalitario régimen nos dedicaron allí semanas atrás en una visita oficial de varios europarlamentarios, entre los que se encontraba Izaskun Bilbao y, sobre todo, tener que volver a constatar que la tumba del dictador es adornada, cada día, con un ramo de flores frescas.

Volviendo al Ministro Catalá, justificaba la demora en renovar el Convenio que rige la gestión del Valle de los Caídos, amparándose en la necesidad de una capacidad económica y de un consenso político y social, al que hacía referencia el informe de 2011 de la Comisión de expertos. Al margen de que el presupuesto que requeriría tal actualización es irrelevante, resulta paradójico y triste que, cuarenta años después de la muerte de Franco, los principales partidos del Estado carezcan de voluntad política real para asumir el sinsentido de la existencia de un mausoleo que acoge sus restos en el altar principal, lo que hace que siga siendo considerado un monumento de homenaje al dictador, tanto simbólica como oficialmente. La resignificación del Valle de los Caídos es un quehacer ineludible; debe dejar de ser un monumento de parte y pasar a ser, lo antes posible, un monumento para la paz que recoja las sensibilidades de todos los contendientes. Fueran vencedores o vencidos, todos perecieron en una guerra sin sentido.

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