sábado, 24 de febrero de 2018


El epitafio de la LOMCE
El Gobierno español está inmerso en una dinámica negativa y acumula suspenso tras suspenso. Esta semana ha sido el Tribunal Constitucional el que le ha puesto en su sitio, anulando por unanimidad el sistema que había previsto la controvertida LOMCE para garantizar la financiación pública a la enseñanza en castellano en los centros concertados de Cataluña.
No debería representar ninguna sorpresa porque la invasión de competencias de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en una atribución exclusiva de la Generalitat era de libro pero, quizá por falta de costumbre, esta decisión del Constitucional, unánimemente contraria a la posición del Ejecutivo central, ha cobrado especial relevancia. Constituye, desde luego, el peor final posible para una Ley de Educación que pasará a la historia por haber empezado mal y acabado peor. En el ámbito educativo en el que debe primar el diálogo, el consenso y la mirada a largo plazo, la ‘Ley Wert’ ha sido un ejemplo de cerrazón, disputa permanente e imposición. La sentencia del Constitucional suspende al Gobierno y deja escrito el epitafio de la LOMCE.
Esta noticia ha llegado solo unos días después del anuncio de Moncloa en el sentido de que va a adoptar medidas para garantizar un porcentaje en la oferta para poder aprender en castellano en el sistema de educación catalán. Se trata de una flagrante extralimitación en la aplicación del artículo 155 que no solo ha supuesto la suspensión de la capacidad de autogobierno en Cataluña, sino que pretende ahora adoptar medidas que ni competen al Gobierno español ni cuentan con el más mínimo respaldo de la comunidad educativa y la sociedad catalana. El PP utiliza una situación coyuntural de interinidad para tratar de imponer una medida estructural que quebraría el sistema pedagógico de inmersión lingüística en Cataluña, un sistema que se fundamenta en un amplio acuerdo político labrado entre la mayor parte de las fuerzas parlamentarias en la década de los 80.
Lo que más ha sorprendido del anuncio realizado por Méndez de Vigo, Ministro y Conseller de facto de Educación, ha sido la inconcreción de su propuesta. Dice estar dispuesto a garantizar la libertad y el derecho de los progenitores a escoger la lengua vehicular en la que matricularán a sus hijos e hijas, pero no presenta ni el más mínimo diagnóstico de situación, ni la evaluación preceptiva de los resultados obtenidos hasta la fecha, ni un mínimo apunte que desvele el plan de acción para llevarlo a efecto. En realidad mi única duda es si este anuncio tiene más de globo sonda, brindis al sol o estrategia de distracción; lo indudable es que vuelve a poner de manifiesto la pulsión centralizadora de un Gobierno español más centrado en amplificar los problemas que en resolverlos.
Volviendo a la sentencia del Tribunal Constitucional y realizando una lectura política de la misma, se confirma que representa un nuevo ejemplo de marcha atrás a la hora de asumir la auténtica realidad de un Estado que, pese a quien pese, es diverso, plural y cuenta con la singularidad y riqueza que representan las lenguas oficiales diferentes al castellano. Esta misma semana he tenido la oportunidad de comprobar que esta dicotomía se extiende entre los partidos e, incluso, comentaristas y tertulianos que participan en los medios de comunicación del Reino. Hablan mucho de una España plural pero no hacen más que alimentar la idea del Estado único, uniforme y homogéneo, sin acabar de asumir y reconocer la verdadera diversidad de las realidades culturales que lo conforman.
Se habla de un Estado descentralizado, pero se elude otorgarle el valor, significado y reconocimiento que le corresponde. La experiencia estatutaria vasca es un buen ejemplo y, precisamente por eso, una de las cuestiones que va a tener que clarificar la Ponencia de Autogobierno es el ámbito competencial, dotando a las instituciones vascas de instrumentos de garantía para momentos como el actual, en los que una pugna política entre fuerzas políticas como Ciudadanos y el Partido Popular puede conducir a decisiones unilaterales contrarias al espíritu y la letra de las instituciones del Autogobierno.
En este sentido, el dictamen del supremo órgano intérprete de la Constitución nos ha sorprendido en positivo, dado que ha establecido una serie de claras limitaciones a la voluntad del Gobierno español a la hora de aplicar la ‘Ley Wert’, que concluye su andadura más cuestionada, si cabe, de lo que la inició. La educación fue uno de los muchos frentes en los que la mayoría absoluta del PP trató de avasallar con una apisonadora que no dio, ni ha dado, fruto positivo alguno. Ninguno. Todo lo contrario, en su día logró incomodar y enojar a todos los sectores de la comunidad educativa con su actitud impositiva y prepotente. Por si no hubiera suficiente, ahora consigue el dudoso mérito de recibir una sonora bofetada del Tribunal Constitucional que cuestiona las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central en un tema tan sensible como la lengua. Triste epitafio par la LOMCE y su mentor.
En realidad, si tuviéramos que seleccionar los retos de futuro que demanda un amplio consenso, la educación ocuparía un lugar destacado. Hoy la LOMCE se encuentra en la UCI y lo que esperamos es que esta sentencia sirva para enterrarla definitivamente y poder trabajar, de verdad y con seriedad, por una educación de calidad y con futuro. No es tan difícil, es necesario apostar por una educación que valore realmente al personal docente, invierta en la modernización y adaptación de sus recursos, otorgue mayor autonomía a los centros y, desde luego, escuche y se construya de forma consensuada con la comunidad educativa.
El tema de las lenguas es, desde luego, fundamental en una comunidad bilingüe. Nos corresponde definir y acordar los objetivos para garantizar la capacitación y los recursos que permitan fortalecer la convivencia lingüística. A partir de ahí, son las y los profesionales de la docencia quienes más capacitados están y mejor van a llevar a buen puerto el dominio de las habilidades y competencias lingüísticas suficientes y necesarias que puedan garantizar el derecho de todas las personas a expresarse y vivir en el idioma que deseen.
Mi artículo de opinión, hoy en www.diariovasco.com


domingo, 18 de febrero de 2018

La obsesión por el poder a toda costa
“Si una película es buena, lo es en inglés, kurdo o euskera”. Esta es la idea con que saludó Eneko Sagardoy el Goya que recibió por su extraordinaria interpretación del gigante de Altzo en la película ‘Handia’. Tuve la oportunidad de felicitar a todo el equipo del film por los diez premios Goya recibidos y, una semana después, sigo recordando con emoción aquella gran noche para un equipo joven, ilusionado y profesional al recibir un merecido reconocimiento que supone también un revulsivo para la producción cultural en euskera.
Frente a la actitud positiva, abierta y constructiva que todo el equipo de ‘Handia’ demostró al recibir los premios, esta semana hemos vuelto a escuchar el contrapunto negativo, cerrado y destructivo de Albert Rivera recurriendo al manido y falso dilema: “Yo lo tengo claro: si me tienen que operar o atender, lo importante no es si tienes un certificado lingüístico, sino si te van a salvar la vida." Evidente, señor Rivera; ahora bien, lo que usted oculta es que, en realidad, la atención sanitaria en la Euskadi bilingüe es de mayor calidad que en la España monolingüe. Eso sí, resulta también evidente que lo que su actitud pone de manifiesto, en realidad, es el desprecio a las lenguas minoritarias y, especialmente, al euskera.
En la Gala de los Goya se utilizó el euskera con naturalidad y total normalidad; en algunos momentos expresaba un sentimiento íntimo y personal, en otras ocasiones incluso podía tener un tono reivindicativo. Por mi parte, cada vez que veía un plano de Albert Rivera en el patio de butacas pensaba que probablemente no había escuchado tanto euskera seguido en toda su vida. No sé si la Gala del pasado sábado pudo ser la causa, pero lo cierto es que esta semana el Grupo de Ciudadanos presentó en el Congreso una Proposición de Ley que, bajo un título impecable, pretendía eliminar la obligatoriedad de conocer la lengua cooficial para acceder a las promociones de empleo público.
Además de ser una iniciativa de dudoso encaje constitucional, ya que choca frontalmente contra el contenido de los Estatutos de Autonomía, se trata de un nuevo fuego que la formación naranja trata de prender a la caza, una vez más, de un puñado de votos. Afortunadamente, Ciudadanos se quedó solo en esta ocasión, pero su actitud es preocupante porque no solo cuestiona la normativa vigente, sino que intenta medrar atentando contra los derechos lingüísticos. Estos derechos se han obtenido tras años de trabajo riguroso y paciente, se han fortalecido con el compromiso institucional y social, individual y colectivo. Nos preocupa comprobar que, cuando todavía nos encontramos en la fase de consolidación de estos derechos lingüísticos, una formación política impulse una involución con tanta demagogia e irresponsabilidad.
Hay que tener en cuenta que para que cualquier persona pueda ser libre a la hora de expresarse y elegir el idioma a utilizar, se tiene que dar una premisa que hoy todavía es inexistente, esto es, que el conocimiento del euskera sea universal. En tanto en cuanto esta situación no se alcance, el euskera seguirá necesitando de una discriminación positiva. La cuestión de las lenguas minoritarias fue debatida en la última asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y soy testigo de que, en este foro, la representante de Ciudadanos no dijo “ni esta boca es mía”.
La referencia cinematográfica de ‘Handia’ y el nombre de la formación política de Rivera se han asociado en mi mente y me han recordado la que algunas personas consideran la mejor película de la historia: ‘Ciudadano Kane’. La cinta de Orson Welles narra la historia de un magnate de la prensa cuya carrera crece asentada en el idealismo y el servicio social, pero con el tiempo va evolucionando hacia una implacable búsqueda de poder empleando para ello incluso la manipulación de la opinión pública. El protagonista logra amasar una gran fortuna, pero su vida termina en solitario en la mansión en la que vivía acompañado únicamente por los empleados de la casa. No sé si el ‘ciudadano Rivera’ acabará tan solo como el protagonista de ‘Ciudadano Kane’, pero sí parece evidente y probado que su partido no duda en manipular, mentir y utilizar todas las herramientas a su servicio en su implacable búsqueda del poder a toda costa.
La triste realidad es que Euskadi le da doblemente igual a Ciudadanos. La formación de Rivera no piensa en cómo servir a los intereses de Euskadi, sino en poner Euskadi al servicio de sus propios intereses. Liberado de la servidumbre que supondría tener que agradar a unos votantes que no tiene en nuestra Comunidad, se lanza sin rubor a la demagogia; utiliza el debate de las lenguas cooficiales para ganar simpatías en el Estado; utiliza el cuestionamiento del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro para avanzar terreno en el resto de Comunidades. Es curioso que Ciudadanos considere nuestros Derechos Históricos como un anacronismo y que, sin embargo, alabe el papel de un monarca coronado por ser el primer hijo varón del anterior rey.
El partido encabezado por Albert Rivera tergiversa con descaro cuando afirma que el impuesto de sociedades de Euskadi supone una competencia desleal con el resto de Comunidades Autónomas, ya que oculta que este ajuste compensa la desventaja en que nuestra Comunidad se encontraba hasta ahora. Ciudadanos manipula interesadamente cuando pretende vincular el nacionalismo vasco con las ideologías que desangraron el continente a mediados del siglo pasado y silencia que EAJ-PNV fue uno de los partidos comprometidos con los ideales de la fundación de la Europa unida y tomó parte en los primeros equipos de la Internacional democristiana.
A Ciudadanos le interesa la realidad de Euskadi únicamente en la medida en que pueda utilizarla en beneficio de su obsesiva carrera hacia el poder. Su condición de recién llegado a la política y el hecho de no acarrear responsabilidades de Gobierno, le otorga a la formación naranja la ventaja de no tener un pasado del que arrepentirse ni unos errores de los que lamentarse. Aunque también es verdad que poco a poco van asomando. Hasta ahora se presentaban como los adalides del acuerdo y los garantes de la estabilidad y la gobernabilidad. Recordamos que tan pronto se postularon para apoyar a Pedro Sánchez como lo hicieron después con Mariano Rajoy; para Rivera, tanto monta y monta tanto Sánchez como Rajoy. Ahora, con Moncloa a la vista, según los augures demoscópicos y los medios de comunicación afines, se encuentran ante el dilema de decidir sobre la estabilidad presupuestaria del Gobierno Español y conforme se acerca el momento crece la tensión en su interior.
Ciudadanos ha crecido en poco tiempo y quiere llegar a lo más alto lo antes posible. Cuentan con más discursos que argumentos, más imagen que realidad, con mucha teoría y ninguna práctica, con manipulaciones de corto recorrido que no crean una base estable sobre la que asentar un proyecto sólido y de futuro. También el Gigante de Altzo creció mucho en poco tiempo y fue precisamente eso lo que provocó su fragilidad; pero si él fue ‘Handia’, estoy convencido que el naranja Rivera acabará siendo ‘txikia’ y no alcanzará la única meta que le obsesiona: el poder a toda costa.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias

domingo, 4 de febrero de 2018

Olvidar es violar la memoria
Esta semana he tenido ocasión de visitar en Madrid una excelente exposición sobre Auschwitz, con imágenes y testimonios que sobrecogen el alma. Destaco de la misma un mensaje de Primo Levi, superviviente del campo de concentración, quien afirmaba que “se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio; es importante esforzarse por salvar al menos (…) la forma de la civilización”. Me identifico con esta idea, como también con la frase que da título a este artículo: “Olvidar es violar la memoria”, que en este caso pertenece al libro ‘Por qué recordar’ de Elie Wiesel, superviviente de la Shoá y Premio Nobel de la Paz en 1986. Dicha cita fue evocada por el Ministro de Justicia el lunes en el Senado en el acto de conmemoración del Día Oficial del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Fue un acto emotivo, como cada año, en el que rememoramos la despreciable capacidad del ser humano para hacer sufrir al prójimo. En esta ocasión, se percibía un especial interés y una clara implicación del Partido Popular con el homenaje. Tanto el Ministro Rafael Catalá como el presidente del Senado, Pío García Escudero, recordaron las más de seis millones de personas judías asesinadas sin más motivo que su manera de pensar y vivir. Ambos destacaron el objetivo de que “el recuerdo de aquel horror nos impida caer en una imperdonable insensibilidad”, y también el deseo de que “las generaciones presentes y futuras no lo olviden nunca”.
Realmente, son palabras que resultan apropiadas y válidas para la memoria y el justo recuerdo de las víctimas, independientemente de quiénes fueran los responsables de sus humillaciones, vejaciones y asesinatos. Porque la cuestión es que estas reflexiones no terminan de ser del todo creíbles en el PP, ya que las realiza de manera selectiva. Son muchos los años que llevamos proponiendo iniciativas para desarrollar en todo su sentido la Ley de Memoria Histórica, pero cuando los Grupos Parlamentarios intentamos traer al debate proyectos al respecto y tratamos de recordar a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, siempre recibimos su “no” por respuesta. “Olvidar es violar la memoria”. ¿Siempre es así o sólo en algunos casos? Al parecer, cuando la memoria histórica se refiere al holocausto, recordar es imprescindible, pero cuando se trata de recordar las dramáticas consecuencias de la guerra civil y la dictadura, se entiende como fruto de un deseo de “resucitar viejos fantasmas y enemistades que no merece la pena despertar”. Aunque los negros capítulos de la historia protagonizados por Hitler y Franco coincidieron prácticamente en el tiempo, la consideración que de ellos tiene el PP es peculiarmente dispar.
El Estado español es el segundo país del mundo en número de desaparecidos y Rajoy se jacta públicamente de no haber destinado un solo euro a la memoria histórica en el tiempo en el que gobierna. Cuando nuestro Grupo Parlamentario ha planteado diversas iniciativas en favor de la memoria, nos encontramos con una actitud poco edificante; incluso se permiten hacer bromas insinuando que “parecemos personajes sacados de la serie televisiva Cuéntame”. Mientras tanto, a pocos kilómetros de la capital del Estado, permanece erguido un inmenso mausoleo a mayor gloria del dictador responsable de la muerte de quienes fueron obligados a construirlo a la fuerza.
“No podemos, en modo alguno, desentendernos de las injusticias sufridas por otros, porque nada injusto debe sernos ajeno y porque no hay límites entre la pasividad y la complicidad”, escuché decir el lunes a representantes del PP refiriéndose al holocausto judío. Recomiendo un magnífico libro de Tadeusz Sobolewicz que se titula ‘He sobrevivido para contarlo’. El Gobierno español sabe que aún viven personas que han sobrevivido a la guerra civil y a la dictadura franquista, por lo que sigue teniendo una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica las declaraciones que realiza. No es comprensible la volatilidad de su criterio, solo se entiende atendiendo a la mediocridad, arbitrariedad y discrecionalidad en la que se mueve un partido político que no asume que “olvidar es violar la memoria” y no acaba de obrar en consecuencia.
La política necesita de mayor seriedad, rigor y altura de miras. Sin embargo, esta próxima semana viviremos un nuevo episodio que contradice esta lógica, porque el Grupo Popular presenta en el Senado una moción que pide apoyar la prisión permanente revisable. Aunque a propuesta de EAJ-PNV su supresión fue tomada en consideración por la mayoría del Congreso a finales de 2016, ahora el PP aprovecha el momento en que los medios se hacen eco de varios crímenes execrables para llevar al Pleno el mismo texto que aprobó hace un año en el Senado valiéndose de su mayoría absoluta. Es lo que se denomina oportunismo político, aunque el sentido común dicte, precisamente, que el derecho penal debe estar sustentado en la prudencia.
En su momento, la construcción legislativa dirigió las responsabilidades penales hacia la reeducación y la reinserción social, pero la pena de prisión permanente revisable rompe ese amplio acuerdo normativo. Hay que recordar que antes de la aprobación de esta sanción, el Estado ya contaba con las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno, lo que ha llevado a tener una de las poblaciones reclusas más altas de Europa, con largos periodos de encarcelamiento y una media de edad muy alta.
Además, pese a la alarma que cíclicamente se despierta en la sociedad al tener noticia de la comisión de crímenes abominables, informes de la fiscalía evidencian que la cifra de delitos más graves desciende cada año. De hecho, esta pena no era reclamada ni antes ni ahora por la abogacía, la gran mayoría de los estudios doctrinales, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el mismo Poder Judicial; ni tampoco por los partidos políticos, con la única excepción del Partido Popular. A todo ello hay que unir los criterios de salud; el mismo Tribunal Supremo reconoce que una reclusión excesivamente prolongada, que se cifra psicológicamente en quince años, puede producir efectos irreparables en la personalidad del interno.
La prisión permanente revisable fue aprobada la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP, pero en esta los equilibrios son diferentes. La reforma de un Código Penal requiere del acuerdo y no puede quedar al albur de unas mayorías que son dinámicas y diferentes de una legislatura a otra. Los tiempos políticos se mueven cada vez más rápido, por eso es importante buscar el consenso entre diferentes sensibilidades a la hora de definir consecuencias tan graves para la ciudadanía, y eso exige situarse por encima del juego de las mayorías-minorías. Tal como afirma el catedrático de derecho de la Universidad de Salamanca, Ignacio González: “No basta vencer con el peso de los votos de una mayoría absoluta, se requiere convencer con la fuerza de la razón”.

En 2015, el Partido Popular ya quiso utilizar esta iniciativa que no pretende sino aprovechar la alarma social para posicionarse electoralmente y, ahora, vuelve a ponerla en el escaparate. Sin embargo, la cadena perpetua que se esconde tras un eufemismo niega absolutamente varios preceptos de la Constitución española, que rechaza que las penas sean inciertas, que atenten contra la dignidad humana y que resulten inhumanas. Este año precisamente se conmemora el 70 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos a tiempo de preservar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, tal y como reconoció hace cuatro décadas la Carta Magna y, además, honrar la citada Declaración Universal, actuando conforme a su espíritu.
Mi artículo de opinión, hoy en www.deia.com