sábado, 27 de enero de 2018


Crónicas europeas

Esta semana he cambiado Madrid por Estrasburgo, el Senado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El lugar es distinto pero la ‘agenda vasca’ se mantiene presente siempre allí donde tengamos capacidad de influir en las decisiones que puedan beneficiar a Euskadi. Esta Asamblea ha estado plena de sorpresas. Elegíamos al representante del Estado español en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo entre una terna de candidatos que presentaba el Gobierno central: María Elósegui Ichaso, catedrática de Filosofía del Derecho; José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores del PP en la última legislatura; y el más conocido, quien fuera miembro del PP y posteriormente presidente del Tribunal Constitucional, Francisco de Asís Pérez de los Cobos.
Llama la atención -o quizá no tanto- que el Gobierno español presente a dos personas tan afines al PP cuando se trata de llevar a cabo una labor independiente en un tribunal europeo. Es curioso que se proponga desde Moncloa a una persona que ha sido presidente del TC cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que un juez que haya ‘conocido’ un tema con anterioridad tendría que abstenerse y no poder participar en el mismo. En la práctica, no hubiera podido tratar un tema tan relevante como el conflicto catalán.
En cualquier caso, Pérez de los Cobos no ha recibido el favor de los miembros del Consejo Europeo; ni siquiera obtuvo voto alguno en la Comisión que elevaba la propuesta de nombramiento al Pleno. El PP no ha sido capaz de convencer a sus compañeros europeos de la opción que probablemente más les hubiera gustado, lo que denota su debilidad en el ámbito internacional.
El puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución en la que las y los jueces analizan los casos de manera independiente y no en representación del Estado que les propone, lo ha conseguido María Elósegui, una donostiarra cuya trayectoria ha estado muy marcada por el trabajo en los derechos humanos. Mi experiencia me ha demostrado, una vez más, que el trabajo da fruto porque la elegida ha sido la única candidata que se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para presentar su candidatura, perfil, proyecto y objetivos. Si bien es cierto que los últimos días se han conocido unas afirmaciones suyas que, de ser ciertas, no van a ser muy positivas para que ejerza su labor con neutralidad en Estrasburgo.
Otra sorpresa de la semana, muy negativa en este caso, ha sido la oposición de un miembro de la Asamblea Parlamentaria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ha justificado su voto negativo afirmando que no quisiera que en su país ocurriera lo que está pasando en Catalunya. ¿Qué tendrá que ver el cuidado y apoyo a las lenguas minoritarias con la situación en Catalunya? Nada, pero lo cierto es que el tema catalán emerge en muchos de los debates en el Consejo de Europa.
Volviendo a este debate, el resultado ha sido que únicamente 25 de los 47 países han firmado y ratificado la citada Carta Europea. Esto significa que, aunque se adopten decisiones por amplias mayorías, muchas veces los Estados que debieran hacer efectivas esas decisiones en realidad no lo hacen. Así por ejemplo, el Estado español ha recibido diversos informes sobre sus flagrantes incumplimientos con el euskera, pero sigue haciendo caso omiso de los mismos. Un ejemplo es el cuarto informe de evaluación de la Eurocarta, correspondiente al año 2016, en el que se recogen exactamente las mismas recomendaciones que el Consejo de Europa había formulado en 2005, 2008 y 2012. No encuentro más clara evidencia del inmovilismo del Ejecutivo central. Dejo constancia de estas reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa: modificar el marco legal para que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas de las comunidades autónomas puedan realizar sus servicios en las lenguas cooficiales de su territorio; respeto la diversidad lingüística de los medios públicos de comunicación para transmitir el carácter plurilingüe del Estado; o la adopción de medidas para asegurar la presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado. Estos son algunos de los requerimientos recibidos por el Gobierno español y sistemáticamente ignorados.
La tercera sorpresa se ha producido en el debate sobre la renta básica. Ha sido muy llamativo escuchar, en una institución cuyo objetivo es la protección de las minorías y los derechos humanos, unos mensajes muy duros en relación a personas y familias que lo están pasando mal. Europa traslada exclusivamente un frío mensaje de exigencia en la gestión de las ayudas y una gélida preocupación por el futuro y la capacidad para mantener un sistema de ayudas universal, individual, incondicional y suficiente para vivir con dignidad.
En mi participación en el debate, he tenido la oportunidad de presentar la experiencia desarrollada con la Renta de Garantía de Ingresos, un sistema conocido y reconocido tras más de tres décadas. Trasladé a las personas integrantes del Consejo de Europa la invitación a analizar nuestro proyecto y trabajo con el respaldo de las instituciones vascas. Para finalizar, he tenido la ocasión de plantear unas cuestiones al primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre la reforma de la arquitectura institucional danesa, una de las más profundas. Ha sido un interesante colofón a la crónica de una semana intensa en la Asamblea de un Consejo que vive un momento de alta intensidad en el debate sobre la visión de futuro de la UE.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.


domingo, 21 de enero de 2018


¡En el nombre del padre!
Soy padre desde hace más años de los que me gustaría que hubieran transcurrido desde aquel inolvidable día en el que vi por primera vez a mi hijo. Casi sin darme cuenta, tanto él como su hermana se han convertido en dos jóvenes de los que me siento tremendamente orgulloso gracias, sin duda, a la labor de un gran equipo, siendo conscientes que también habremos cometido errores; yo al menos como padre lo asumo.
En la política española, se escucha en muchas ocasiones el término ‘Padres de la Constitución’ para referirse a quienes, tras la muerte del dictador, diseñaron la denominada Carta Magna que sirve de estructura a la arquitectura institucional del Estado español. Aunque la definición no debería ir más allá de un plagio del tinte cinematográfico que imprimen a todo aspecto de su historia los estadounidenses, lo cierto es que se ha asumido que todo lo que establecieron aquellos próceres de la patria -que excluyeron de tan histórico trámite a los representantes del Partido Nacionalista Vasco-, es poco menos que palabra de Dios.
Pero, hete aquí que esta misma semana, uno de aquellos ensalzados padres del Texto Supremo desveló que también en su creación cometieron errores, al menos con uno de sus vástagos: el Senado. Miquel Roca se sinceró tanto que reconoció que “las prisas por terminar” motivaron que no estuvieran “muy brillantes”, dejando a la Cámara Alta como estamento de segunda lectura y lejos de su objetivo de “reflejar la estructura territorial de España”. Amén.
Resulta llamativa esta singular autocrítica en primera persona, máxime cuando hay terceras personas en plural que se empeñan en asumir el contenido de la Carta Magna como dogma sin mácula, y en subrayar tal o cual reflexión de alguno de sus creadores; eso sí, siempre y cuando el mensaje coincida con su ideología. Así, para algunos interesados resulta sugestivo subrayar, por ejemplo, que Miguel Herrero de Miñón dijera el pasado miércoles en la comisión de evaluación y actualización del Estado autonómico del Congreso que cualquier reforma constitucional debería "partir de la negación de la vía federal" -dando al PSOE, impulsor de la iniciativa, una patada en pleno ideario socialista para solventar el problema territorial- y, sin embargo, no les resulte relevante que opine que los cambios “tienen que partir de asumir que puede y debe haber asimetría” entre comunidades, porque es “consustancial al país”, algo que afianza la posición de los sistemas forales. “Democracia es reconocer la singularidad” añadió Roca, que evidenció que “la diferencia no hace a nadie más importante y no genera privilegios”.
Estas últimas afirmaciones desarticulan la falacia que emplea habitualmente Ciudadanos en su discurso en el que el Concierto Económico de Euskadi y el Convenio Navarro, el cupo vasco y la aportación navarra, ocupan repetidamente la diana de sus ataques. Paradójicamente, por su desacuerdo con este tema, los dos únicos concejales que tenía en Euskadi han dejado sus cargos.
Pese a su pírrica representación en nuestra tierra, al calor de sus resultados en Catalunya, pareciera que la formación naranja dispusiera de un gran apoyo social, aunque quizá se trate más de un apoyo mediático que ha encumbrado sus políticas y a sus representantes. Recelo de los sondeos de opinión publicados estos días que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza en unas hipotéticas elecciones generales. Todavía recuerdo los vaticinios de El País y Metroscopia en 2015 situando a los de Rivera en cabeza de una terna en la que pugnaba duramente con PP y PSOE por asaltar la Moncloa y acabó siendo la cuarta fuerza en el Congreso.
El “error demoscópico” debería haber dejado por los suelos la credibilidad de una empresa que debe, o debiera, sustentarse precisamente en esa virtud, pero tal vez el objetivo que buscaban respondía a un fin mayor. Quizá los medios y poderes fácticos que promocionan sin rubor a Ciudadanos pretendían crear un estado de ánimo favorable a los de Rivera que les catapultase en las urnas. Quizá es lo que pretendan también ahora.
Es ley de vida que los hijos se rebelen ante sus progenitores. Ciudadanos fue creado en Catalunya para hacer frente al independentismo y, en segunda instancia, saltó al Estado para desactivar el auge de Podemos tras las elecciones europeas de 2014. Ahora pretende desbancar al Partido Popular de la Moncloa. Si jamás hubiera imaginado convertirse en representante de perfiles como el de José María Aznar -un ‘jarrón chino’, que diría Iñaki Anasagasti, que no hace más que molestar-, aún menos hubieran soñado con encontrarse ante una perspectiva electoral tan halagüeña. Cree haber madurado y se apresta, Freudianamente hablando, a ‘matar al padre’ de la derecha española.
Además de desconfiar de los ‘cocinados’ datos que vaticinan los augures demoscópicos, preveo que un año 2018 sin elecciones rebajará aún más las expectativas de una formación que, además de por su españolismo más exaltado, se alimenta de la polémica. Si bien es cierto que los partidos ya estarán afinando sus maquinarias electorales, la ausencia de comicios permitirá a los partidos de Gobierno llegar a otro tipo de reflexiones y acuerdos más constructivos y propositivos que la artillería destructiva que emplea habitualmente la oposición. En política son imprescindibles los acuerdos y para eso es necesaria la generosidad, un rasgo del que adolece a día de hoy Ciudadanos, que muestra en sus discursos un radicalismo creciente. El Partido Popular tiene ante sí un periodo apropiado para tranquilizar la política, tener altura de miras y tratar de avanzar en otra serie de ámbitos y objetivos.
Catalunya debe de ser una piedra de toque para observar un cambio de actitud en el PP. Lejos de dejarse manipular por algunas empresas de comunicación para que lleve su política en un sentido concreto, debe terminar con la situación de excepción creada a raíz de las medidas impuestas en base a la aplicación del Artículo 155. Este ha sido el mejor ejemplo de que la radicalidad de la corriente naranja ha arrastrado al partido de Rajoy a un naufragio sin precedentes, mientras era precisamente Ciudadanos quien recogía los frutos de esa estrategia desde su lancha hinchada y henchida.
El PP debería hacer de la necesidad virtud: perdida la mayoría absoluta en el Congreso y con una representación exigua en ámbitos territoriales con sentimiento de nación, debería plantearse una manera de trabajar alejada de centralismos y rodillos, y más dirigida a buscar el diálogo y el acuerdo. Para resolver un problema es imprescindible conocerlo, y tanto en Catalunya como en Euskadi es necesario asumir que existen realidades nacionales distintas.
Un buen termómetro para medir la temperatura política suelen ser los corrillos de los parlamentos de Madrid. Los nervios son evidentes ante un panorama que ha pillado a casi todas las formaciones con algún agujero en el calcetín. A la espera de reanudar las sesiones plenarias, este jueves ha comparecido en el Senado el Ministro del Interior para explicar el dispositivo policial del 1 de octubre en Catalunya. Zoido ha justificado la beligerante postura del Gobierno central para contrarrestar aquellos comicios, aunque ha dejado traslucir que las cosas no se hicieron bien. Lo ha hecho, claro, a su manera. Por eso nos ha sorprendido que se haya disculpado ante Victoriano Gallastegi por haberle respondido en un pleno anterior dando a entender que nuestro senador estaba defendiendo la agresión sufrida por agentes de la Guardia Civil en Altsasu.
Rebajar la tensión y ser más dialogantes y propositivos se antoja necesario. No puede ser que tengamos a los ciudadanos ahondando en la diferencia y desayunando un día sí y otro también con unos informativos que les llenan de incertidumbre. Euskadi en estos momentos puede ser un ejemplo por la estabilidad que sus instituciones y dirigentes transmiten a la sociedad, y entiendo que el éxito de cualquier política requiere tranquilizar el debate.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias. wwwnoticiasdegipuzkoa.com www.deia.com

domingo, 7 de enero de 2018

¿Quién es el rey que va desnudo?
Guardo un grato recuerdo de mis tiempos de maestro en la Ikastola de Anoeta. Mi primer grupo de alumnas y alumnos correspondería al tercero de primaria de hoy en día. Recuerdo que entre las herramientas de motivación para aquellos jóvenes de 8 años de edad utilizaba un libro de cuentos que me gustaba y funcionaba especialmente bien: ‘El rey desnudo’ de Hans Christian Andersen. Recordarán esta fábula en la que un rey decide hacerse un nuevo traje y el sastre le hace creer que la tela que utilizará para su confección, en realidad inexistente, era invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo, deficiencia que se niegan a admitir tanto él como sus cortesanos. El resultado es que el soberano desfila por las calles desnudo mientras la ciudadanía “asegura” verle vestido, hasta que un niño evidencia la verdad exclamando: ¡Pero si va desnudo!.
Acaba de comenzar 2018 y la gestión de los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre constituye la primera prueba para comprobar qué rey sigue negando su desnudez o, dicho de otra manera, quién de los protagonistas políticos catalanes cierra los ojos a la realidad y persiste en mantener una ficción que puede perpetuar la ausencia de una solución viable a futuro. Lo cierto es que hay quien quedó ya desnudo la misma noche electoral. El primero, Xabier García Albiol, candidato del PP, un partido que ha estado fuera de la realidad catalana y, prácticamente, ha quedado fuera de la realidad parlamentaria al obtener solo 4 de los 135 escaños. El hecho de que el partido que gobierna en el Estado resulte insignificante en Catalunya y tenga una muy baja representación en Euskadi es una prueba más de su incapacidad para comprender e interpretar correctamente las necesidades y aspiraciones de ambas naciones.
La desnudez de las CUP también es una evidencia. Fue el partido que quiso revolucionar el proceso catalán en tan solo 18 meses: comenzó por imponer el cambio de President, forzó un estricto calendario y no ofreció ni la más mínima oportunidad a la reflexión. El resultado final ha sido su fiasco electoral y la pérdida de capacidad de influencia. En el caso del PSC y Miquel Iceta no podemos hablar de desnudez, pero sí de falta de respaldo y abrigo suficiente. Sus resultados no son acordes a las expectativas que se habían generado y, lo que es peor, pueden significar el primer toque de atención para un Pedro Sánchez que decidió respaldar la aplicación del artículo 155 y se encuentra ahora con que ha sido Ciudadanos el partido que ha rentabilizado la nueva situación. Porque C’s ha sido el gran beneficiario electoral, pero permanece desnudo desde la óptica de la influencia institucional. Precisamente por posar desnudo se dio a conocer al mundo político el líder de la formación naranja, Albert Rivera. Este gesto, con el que pretendía transmitir transparencia, se podría interpretar ahora como de desamparo tras una victoria de Inés Arrimadas que, con sus mensajes agresivos y populistas del “todo o nada”, se ha ido cerrando toda posibilidad de alcanzar acuerdos con el resto de formaciones políticas.
Desde Euskadi hemos mantenido en todo momento una actitud de responsabilidad y respeto a las decisiones que adopten el pueblo catalán, sus partidos políticos y sus instituciones. Muy especialmente ahora, cuando nos encontramos a la espera de conocer la actitud del Partido Popular y del Gobierno español; de la que van a depender nuestras relaciones y la apertura de una hipotética negociación en relación a los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Sabemos que el artículo 155 se va a mantener vigente hasta que pueda constituirse el Govern emanado de los resultados de las urnas y se pueda dar inicio a un nuevo tiempo en Catalunya. Es evidente que para ello los partidos nacionalistas catalanes deberán resolver sus diferencias y definir la estrategia a seguir en los próximos años, además de dar con la clave para ir superando los problemas que vayan planteando los poderes del Estado, muy especialmente en el ámbito judicial y penal.
A la espera de estas decisiones y acontecimientos, resulta oportuno recordar nuestra primera obligación, que no es otra que desarrollar el programa que comprometimos ante la ciudadanía, la denominada Agenda vasca. Hemos adelantado nuestra disposición a dialogar y a negociar los Presupuestos Generales para este año, pero condicionado siempre a la apertura de un nuevo ciclo político en Catalunya que suponga el abandono de la vía abierta por el artículo 155. Si esto ocurre, nuestras decisiones se centrarán en tratar de dar cumplimiento a nuestro programa, de forma que los PGE contemplen respuestas concretas a las preocupaciones y necesidades de las entidades, asociaciones e instituciones vascas. Esto es, en su conjunto, lo que entendemos como defensa de los intereses de Euskadi.
Es evidente que la puesta en marcha del nuevo Govern catalán es el principal factor condicionante en el arranque del nuevo año. Ahora bien, no podemos olvidar dos temas de gran trascendencia en la agenda de 2018, como son la reforma constitucional y la financiación autonómica. Nuestra posición ante la actualización de la Carta Magna ha sido clara desde el primer momento y nuestro interés se asienta en la posibilidad de que reconozca las diferentes realidades nacionales que conforman el Estado. Esta posibilidad parece remota hoy en día pero, al igual que ocurre con la fábula con que iniciaba este artículo, aceptar la realidad tal cual es resulta condición imprescindible para ofrecer una solución política con garantías de viabilidad al debate del modelo territorial. No cabe duda de que la cuestión pendiente de la financiación autonómica podría contribuir también a la necesaria distensión del escenario político e institucional, pero lo cierto es que no hemos conocido avances que permitan vislumbrar una solución en el corto plazo.
Este año que comienza también se debatirá sobre la ley electoral. Una cuestión muy importante y, conocida la insistencia de Ciudadanos, de alta preocupación para nosotros. En Euskadi, un voto en Gasteiz no vale lo mismo que uno en Bilbao, ni un voto en Gipuzkoa vale lo que otro en Bizkaia, pero hay algo que se encuentra por encima: la cohesión social, que demanda ciertas dosis de generosidad y mucho trabajo previo. Mi experiencia personal, especialmente en el municipalismo, me dice que la reforma electoral mejor y más útil es aquella que permita que el ciudadano sienta que los candidatos a los que ha votado le representan y trabajan directamente para él. Los alcaldes y alcaldesas viven esa realidad en primera persona, saben que quien está cerca de sus electores normalmente obtiene una respuesta positiva. En este sentido, 2018 será también clave para el municipalismo. Todos los partidos comenzarán a definir sus estrategias de cara a las municipales de 2019. La mayor parte de los partidos españoles tienen grandes incógnitas por resolver, no saben la fuerza con la que cuentan y preferirán medirse en el “laboratorio” de las elecciones municipales antes que jugársela en unas Generales que les puedan sorprender y, en más de un caso, disgustar. Este es el escenario con el que iniciamos 2018: nueva etapa en Catalunya, cuestión presupuestaria, financiación autonómica, ley electoral y reforma constitucional. Nuestros grupos parlamentarios en Madrid se encuentran preparados, vestidos y bien abrigados, para seguir defendiendo los intereses de Euskadi.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.
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