domingo, 25 de marzo de 2018


Una actitud para el acuerdo en educación

¿Qué te llevarías a una isla desierta? Quién no habrá debatido en alguna distendida tertulia acerca de esta pregunta, una cuestión habitual también en entrevistas que buscan resultar amenas en los medios de comunicación. La primera pulsión suele ser responder con propuestas que tratan de ensalzar la amistad, la intelectualidad u otra virtud aparente pero, tras unos segundos de reflexión, lo habitual suele ser decantarse por algún tipo de instrumento o medio que nos permita escapar del aislamiento que imaginamos en la isla desierta.

Afortunadamente, ningún barco me ha llevado a naufragar en islote deshabitado alguno, pero mi vocación sí me ha llevado a navegar en las procelosas aguas de la política, donde gestionar los recursos de la ciudadanía para tratar de facilitarle una vida más adecuada y suficientemente confortable. Esta es una tarea más importante –siquiera, menos insólita- que subsistir o escapar de una isla. ¿Qué me llevaría yo a ese reto? Sin duda alguna, la piedra sobre la que erigiría esa sociedad mejor sería la educación.

Todo lo que invirtamos y toda actitud positiva que mantengamos hacia el desarrollo de la educación es un esfuerzo bien empleado. Compartimos la idea de que la educación es clave en la construcción de un país; no solo por lo que supone el aprendizaje de determinados conocimientos, sino como proceso integral de formación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad de determinar su futuro. Tengo el convencimiento de que si somos modélicos en el ámbito educativo, estaremos construyendo una sociedad más equilibrada y justa, mejor formada, con más derechos y capacidades de desarrollo futuro.

Según datos de Eurostat, la tasa de abandono escolar temprano, es decir el porcentaje de personas entre 18 y 24 años que no han completado la enseñanza secundaria en Euskadi ha sido del 7% en 2017. Esta tasa es mucho más favorable que la media de la Unión Europea y mejor también que la de referentes mundiales a nivel educativo, como Finlandia o Alemania. En el ámbito del Estado, un estudio reciente sitúa a Euskadi como una de las tres Comunidades con mayor equidad en educación, por encima de los países de la OCDE.

La calidad en la enseñanza determina en gran medida la salud laboral de la ciudadanía, de la sociedad. Se produce una correlación directa entre las sociedades que cuentan con un buen sistema de enseñanza y las que tienen un mejor sistema de empleo. No digo nada nuevo si pondero el nivel de nuestra Formación Profesional, más de seis puntos por delante de Asturias, segunda comunidad autónoma con mejores datos. Tengo que reconocer que disfruto en mi atalaya en las Cortes Generales, cada vez que la FP Dual surge en el debate y todos los grupos citan Euskadi como el referente a seguir.

Soy muy consciente, desde luego, de la necesidad de una mejora continua en la enseñanza en la línea de avanzar más en nuestro bienestar y posibilidades de futuro, pero es imprescindible conocer y reconocer las bases con las que contamos tras más de 30 años de desarrollo de un sistema educativo propio.

Así, por ejemplo, el ratio por aula en Euskadi es el más positivo del estado, con 9,1 alumnos por cada profesor en el caso de la enseñanza secundaria. Nos encontramos a la cabeza, también, en las condiciones salariales y laborales de las personas profesionales de la Educación, en las horas de trabajo semanal o en el procedimiento de sustituciones por bajas. Esta base cierta y acordada, conocida por la sociedad, es la que dificulta poder llegar a entender el conflicto permanente provocado por determinados sindicatos en la enseñanza pública vasca.

No comparto ni entiendo que los sindicatos pretendan llevar este conflicto a las aulas a través de la organización de huelgas generales de forma continua. Menos aún, cuando lo hacen en épocas tan delicadas en el proceso de formación y aprendizaje como son el fin de curso o, anteriormente, en pleno periodo de matriculación. Esta situación genera incertidumbre, inestabilidad y desasosiego con respecto al sistema público en las familias, que se preguntan por qué se dan estos desencuentros aquí y no en otras comunidades que, comparativamente, se encuentran en una situación más desfavorable que Euskadi.

Hablan los sindicatos de diálogo, pero esta no puede ser solo una palabra que se pone sobre la mesa y que después no va acompañada de una serie de acciones consecuentes, de una voluntad efectiva de alcanzar acuerdos. No tiene sentido mantener la conflictividad generada por la convocatoria de un calendario de huelgas generales,  mientras las mesas de negociación se encuentran abiertas y, además, se han empezado a alcanzar ya los primeros acuerdos.


¿Qué me llevaría yo a una isla desierta? Actitud; la actitud positiva para contribuir a la construcción de un futuro mejor a través de la educación. Actitud de trabajar por un reto que cuente con la ayuda de los agentes implicados. El éxito del sistema educativo en Euskadi tiene que ser un reto compartido; para ello, resulta imprescindible la colaboración de todos los estamentos implicados en el instrumento fundamental para la construcción de un pueblo: su gente. Está claro que estos estamentos no deben dejarse llevar por el conformismo para seguir perseverando en la búsqueda de la mejora continua del sistema educativo, pero tampoco pueden prescindir en su diagnóstico de la positiva realidad que disfrutan actualmente. La educación necesita, en definitiva, una actitud que revele auténtica voluntad de acuerdo.

Mi artículo de hoy, en Diario Vasco


domingo, 18 de marzo de 2018


Hizkuntza saltsan
El término ‘Hizkuntza saltsan’ podría ser una mala traducción del plato culinario que conocemos como lengua en salsa, si bien el sentido de este artículo hace referencia a quien pretende engordar su propia salsa a costa de la lengua común.
Traigo a colación el tema de la lengua a raíz de varios episodios acaecidos en las últimas semanas en los que el euskara se ha vuelto a ver envuelto en polémicas sin sentido. El más reciente y que más ha trascendido ha sido la última salida ‘de pata de banco’ de la portavoz del Partido Popular en Nafarroa, Ana Beltrán. No se le ha ocurrido otra cosa que calificar como “arma arrojadiza” y acusar de “falta de respeto” a los representantes del Clúster Sociolingüístico por haber utilizado el euskara en el Parlamento Foral en la presentación de los resultados de una encuesta sobre el uso de la lingua navarrorum en el ámbito público.
Tan solo 48 horas antes, en el Senado, en principio Cámara de representación territorial, tuvimos ocasión de escuchar una recriminación similar a otra representante popular. En este caso, tuvimos que soportar que la portavoz Clara San Damián nos acusara de utilizar la lengua como “instrumento de confrontación, de odio”. El contexto de tamaño despropósito verbal era la respuesta del Partido Popular a una moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco que reclamaba que se tuviera en cuenta la realidad sociolingüística a la hora de organizar los procesos de selección de personal de la Administración General del Estado.
Los diccionarios de euskara traducen la palabra ‘saltsa’, efectivamente, como el aderezo de ciertos platos culinarios, aunque también incluyen la acepción de enredo o lío. Está claro que hay quien quiere hacer primar esta traducción o interpretación, tratando de convertir en un problema lo que no es más que la legítima protección de una lengua minoritaria y el derecho de sus hablantes a usarla.
Se puede odiar en una lengua o en otra; se puede confrontar en euskara, en castellano o incluso en chino mandarín; pero no son las lenguas las que odian, ni las que confrontan, ni las que molestan. Hay más de 6.000 lenguas diferentes en el mundo y esto es, ante todo, un valor que pone de manifiesto la riqueza y diversidad de un patrimonio cultural común. El artículo 3 de la Constitución española, los Estatutos de Autonomía, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias avalan la necesaria protección legal de las lenguas en el Estado. Ahora bien, traducir esta teoría y llevarla a la práctica es harina de otro costal. De hecho, tal y como evidenció Nerea Ahedo en su acertada defensa de nuestra moción, en demasiadas ocasiones, las políticas lingüísticas de apoyo, refuerzo, promoción o protección de lenguas minoritarias acaban siendo blanco de críticas injustas, desproporcionadas e interesadas.
No es casualidad que en tan solo unos días el Partido Popular haya protagonizado estas salidas de tono más propias de otra época ya superada. Volviendo a jugar con el doble sentido, me permito reinterpretar el viejo dicho ‘cada uno lleva la lengua al lado donde le duele la muela’. En este caso, todo apunta a que la ‘muela’ que le duele al PP se llama Ciudadanos, y por eso se ha decidido a utilizar el ‘arma’ de la lengua para tratar de contrarrestar la caries que le produce el auge en las encuestas del mayor exponente del nacionalismo español. El PP considera que atacando a los idiomas minoritarios fortalece su posición de máximo defensor del único idioma común y símbolo de la unidad española.
En esta batalla uniformizadora que las derechas más españolas libran en torno a las lenguas del Estado no podía faltar la aportación de UPN. En la iniciativa citada con anterioridad, su senador Yanguas otorgaba al euskera la insólita capacidad de “adoctrinar”. Repito, las lenguas no odian, ni confrontan, ni molestan, ni tampoco adoctrinan. El representante regionalista proponía como “receta” para solventar la situación “dar libertad a las personas para que elijan lo que quieran. Y, también, garantizar la igualdad de oportunidades”. Podría resultar una propuesta sugerente y asumible, ahora bien, cuando el señor Yanguas se refiere a libertad e igualdad debe interpretarse que hace mención en exclusiva a quienes hablan en perfecto castellano. Según su entender, ese mismo principio no es de aplicación a quienes hablan euskera y pretenden utilizarlo en igualdad de condiciones en sus relaciones con la administración pública. En este caso, para UPN ni existe libertad para elegir ni se garantiza la igualdad de oportunidades.
Siguiendo con quienes se encuentran en su salsa criticando otras lenguas, la senadora San Damián aseguró rotundamente que el uso del euskera “sí está garantizado en la Administración pública” aunque concluyera esa misma frase subrayando que su conocimiento “en ningún caso puede suponer una barrera” para acceder a la función pública. Todavía me estoy preguntando cómo piensa la representante popular que es posible que una persona pueda realizar una gestión en euskara si quien le atiende no conoce esta lengua. Pasado a limpio y en resumen para que quede claro: las únicas barreras son las que se colocan a las personas hablantes en las lenguas cooficiales y la única imposición es la de usar el castellano.
El ejemplo más reciente de esta realidad ha sido la convocatoria, en enero, de una Oferta Pública de Empleo para el acceso a los cuerpos de la Administración General del Estado en la que se ofertaban 4.625 plazas, de las que 340 corresponden a Euskadi. Tal y como, sin ningún tipo de rubor, explicó ante los medios el delegado del Gobierno español en Euskadi, Javier de Andrés, “dado que la convocatoria afecta al conjunto del Estado, no se requiere a los aspirantes que conozcan la lengua autonómica”. Sin palabras.
Es evidente que esta medida en absoluto contribuye a resolver el déficit de utilización del euskera, por ejemplo, en la Administración de Justicia en Euskadi. Esta carencia la ha denunciado el último Informe de evaluación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que valora el periodo entre 2012 y 2016. Este Informe de la Comisión Europea destaca los reiterados incumplimientos del Estado español a la hora de proteger e impulsar las lenguas cooficiales y subraya la situación de la Justicia como verdadero ‘punto negro’. Cita, como ejemplo, que solo el 10% de los jueces que ejercen en Euskadi domina el euskara, o que de las miles de sentencias que se produjeron ese último año, solo tres se redactaron exclusivamente en nuestra lengua. ¿Dónde queda para el Gobierno español el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que establece que todos los habitantes de Euskadi tienen el derecho a conocer y usar tanto el euskara como el castellano?
Los Gobiernos españoles no han demostrado nunca motivación alguna en defensa de las lenguas del Estado al margen del castellano y tampoco han destacado precisamente por su labor en favor de afianzar la diversidad cultural. Por eso, quizá no nos sorprende que el Partido Popular haya decidido utilizar las lenguas en su disputa con el frente naranja, emprendiendo una competición populista y ultranacionalista. Lo que realmente me decepciona es que, para ello, el PP obvie cumplir los preceptos legales de la Constitución, los Estatutos, las Cartas Europeas e, incluso, las normativas básicas estatales. Una prueba más de que quien alardea de cumplir y hacer cumplir la legalidad, es capaz de pasar por encima de las leyes básicas, orgánicas o internacionales, en nuestro caso, en relación al respeto y promoción debida al euskera, lengua tan oficial como el castellano.

Mi artículo de hoy, en Grupo Noticias.
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domingo, 4 de marzo de 2018

La memoria, un deber compartido
Semana a semana, nos encontramos con fechas en las que nos vienen a la memoria los nombres de personas que murieron a consecuencia de la actividad criminal de ETA. La semana pasada resultó muy intensa desde el punto de vista de las víctimas: el 22 de febrero recordamos los asesinatos de Fernando Buesa y Jorge Díaz, así como también de los trabajadores de Elektra Josu Leonet y José Ángel Santos. En esas jornadas sufrimos, una vez más, la polémica suscitada a raíz del recibimiento que dispensaron días antes en Andoain a dos presos de la organización terrorista tras cumplir su condena por haber facilitado información para atentar contra Joseba Pagazaurtundua.
Es fácil comprender el dolor que deben sentir las víctimas al contemplar un acto, llámese homenaje o recibimiento, que supone una victimización añadida al irreparable desconsuelo de la violenta e injusta pérdida de un ser querido. Considero que la empatía y la capacidad para establecer un vínculo sincero con las personas son condiciones indispensables en política y quienes promueven estos actos deberían practicar ambas virtudes de cara a allanar el camino para avanzar hacia la normalización política y la convivencia en Euskadi.
De la misma manera, considero que en la construcción de una memoria justa y verdadera, es necesario analizar nuestro pasado con una mirada basada en el pluralismo memorial. Una mirada que trate de lograr un ámbito de diálogo democrático en el que se encuentren todas las miradas y, por lo tanto, se haga sitio también al punto de vista de las y los otros. Ni el sincretismo memorial, que concibe el pasado y la memoria como una fusión de todas las memorias para dar como resultado un único relato indiferenciado en el que todo se diluye, ni el antagonismo memorial, que lo entiende como una oposición frontal entre trincheras del pensamiento que considera incompatible cualquier punto de encuentro entre distintas perspectivas, favorecen en modo alguno el avance. Necesitamos que la política comparta con la sociedad un modelo democrático de pluralismo memorial, porque este es el auténtico modelo de interrelación democrática para una sociedad que quiere construir una convivencia con memoria y con determinación de futuro, con voluntad de no repetición. Una convivencia asentada sobre unos principios éticos que conforman consensos mayoritarios en la sociedad vasca.
En esa línea interpelamos a Mariano Rajoy en el último pleno del Senado, requiriéndole que su Ejecutivo trabaje en la construcción de una memoria compartida en el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Esto es algo que, en este momento, no está ocurriendo. Es más, en ocasiones está aflorando incluso un sesgo ideológico que no beneficia al futuro de la convivencia, al promover construcciones memoriales aisladas, incomunicadas o acotadas sólo a un sector ideológico-político de la sociedad.
Tengo que reconocer que, una vez más, su respuesta tuvo poco que ver con la pregunta planteada. Rajoy se volvió a refugiar en el socorrido mantra de la necesidad de no confundir entre víctimas y victimarios, eludiendo el fondo de la cuestión. En la práctica, nuestra invitación a trabajar de manera conjunta para poder aunar voluntades en torno a una misma memoria se vio correspondida con una evidente falta de voluntad para poder llegar a un acuerdo y compartir una única vía de trabajo de cara a futuro.
Recordaba bien Rajoy que el Centro para la Memoria de las Víctimas se gestó con pluralidad y colaboración, ya que en la Fundación que lo gestiona participan instituciones como el Gobierno español, el Gobierno vasco, otras Comunidades autónomas, las asociaciones de víctimas y la propia sociedad civil; recordaba también que obtuvo un amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas. Desgraciadamente, ese acuerdo plural no se está plasmando en hechos: para empezar, no se está contando con las instituciones vascas a la hora de aunar esfuerzos en la búsqueda de la memoria compartida. El ejemplo más flagrante es la falta de comunicación interna; así, en ocasiones, el Gobierno vasco se ha enterado de informaciones relevantes a través de los medios de comunicación. En una gestión transparente y leal, resulta imprescindible que la dirección ofrezca a quien, no lo olvidemos, es miembro de su Patronato, información anticipada sobre los proyectos y actividades que desarrolla en Euskadi. Esto no se está produciendo y, además, es evidente que el Centro debe realizar un mayor esfuerzo de pluralidad a la hora de preparar y convocar sus actividades, así como de componer sus equipos y desarrollar sus iniciativas.
Respeto, aunque evidentemente no comparto, la opinión expresada esta misma semana por la Directora General de Víctimas del Gobierno español, en la que discrepaba de mi punto de vista al respecto y afirmaba que mis “declaraciones ponen en entredicho esa pluralidad” por lo que “no tiene ningún sentido hacerlas en este momento”. Discrepo porque, en realidad, no son las declaraciones sino los hechos los que ponen en entredicho el cumplimiento de los objetivos y si algún momento es el indicado para realizar estos planteamientos es precisamente ahora, cuando, a la par que está erigiendo la sede en la capital alavesa, también se están estableciendo las bases del Centro para la Memoria de las Víctimas. Es ahora cuando es pertinente garantizar un relato compartido que tome en consideración la realidad social, institucional y política vasca. En caso de no hacerlo, el Centro corre el riesgo de elaborar un proyecto aislado, algo que no es positivo ni para la convivencia, ni para el futuro, ni para la memoria, ni para las víctimas.
Aunque el impacto del terrorismo de ETA y de la violencia ha sido muy importante en todo el Estado, y sobre todo en Euskadi, afortunadamente, a día de hoy podemos hablar en pasado, al menos en lo sustantivo. Después de tantos años de dolor, sufrimiento y desesperanza, nos toca construir una convivencia sana y de futuro. Nos toca saber interpretar la esperanza que en estos momentos vivimos en Euskadi, una esperanza que tenemos que traducir en futuro e ilusión. Afortunadamente, vivimos tiempos que nada se parecen a los de la Euskadi de hace diez años.
En este contexto, entendemos que el trabajo de la memoria es fundamental para consolidar la paz y la convivencia en Euskadi. Una memoria que, además, tiene que cumplir la condición de rechazar la legitimación o minimización de cualquier forma de terrorismo, violencia o vulneración de derechos humanos.
Una frase de Primo Levi preside el frontispicio de la página web del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo: “Meditar sobre lo que pasó es deber de todos”. Comparto esta reflexión y su sentido más profundo. Solicitar su aplicación práctica y su incorporación real al ideario del Centro fue el objetivo de mi interpelación en el Senado al presidente Mariano Rajoy. Mi conclusión, tras su respuesta, es que esta idea sigue presidiendo la web de la entidad pero que todavía no se ha incorporado a sus contenidos y actividades. Mi propuesta era que se atendiera la diversidad de puntos de vista que cohabitan en la sociedad vasca y la respuesta que recibí eludió absolutamente la cuestión. No voy a cejar en el empeño y seguiré apelando a Primo Levi hasta conseguir que el Centro cuente con la pluralidad de sensibilidades democráticas que existen en Euskadi para hacer un relato completo y veraz sobre lo que pasó, de forma que se pueda asentar una memoria sólida y con voluntad de futuro. La memoria es y debe ser un deber compartido, de todas y todos.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.
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