sábado, 7 de octubre de 2017

Catalunya, un nudo sin desenlace

Estuve en Catalunya el pasado fin de semana. Viví el 1 de octubre en Barcelona con la sensación de asistir a un acontecimiento no sé si histórico, pero sí extraordinario. Recorrí sus calles, charlé con sus gentes. Compartí sus sueños, sus esperanzas, sus dudas, sus miedos, su incomprensión... Lo que más llamó mi atención fue la ilusión de miles y miles de catalanes ante la inminencia de poder expresar su opinión. Visité varios colegios el sábado. El ambiente festivo reinaba entre las personas que trataban de garantizar que al día siguiente votara quien quisiera hacerlo. La misma atmósfera presidía la mañana del domingo cuando, tras abrir los colegios, pareció esfumarse el riesgo del cierre por la fuerza. Nada hacía presagiar lo que después ocurrió. Se confiaba en que prevaleciera el bien superior, la seguridad de las personas, de ahí que sorprendiera e indignara la brutal respuesta de las fuerzas policiales, que cargaron contra quienes solo pretendían votar de forma pacífica. Y lo que empezó como una fiesta ciudadana, cívica y pacífica acabó como el rosario de la aurora.
Las imágenes de las cargas policiales han recorrido Europa y el mundo, donde pocos llegan a comprender esa inusitada violencia. El error del Gobierno español fue mayúsculo: si la violencia no impidió que la mayor parte de la ciudadanía catalana votase sin problemas, el resultado combinado de las ‘porras españolas’ frente a las ‘urnas catalanas’ ha incrementado el descrédito de la imagen de España.
Más de dos millones de personas no están por la labor de dar más margen al Estado español. Se sienten desilusionadas. La desatención, el desinterés y la desidia permanentes de los poderes centrales les han distanciado tanto del Estado español que ya no lo sienten como propio. El Gobierno de Rajoy no ha sabido leer esa situación y se ha limitado a esgrimir como único argumento el del más estricto cumplimiento de la ley, sin caer en la cuenta de que la situación actual demanda altura de miras.
Mi labor como senador me llevó el lunes de Barcelona a Madrid, y el giro fue copernicano. El número de banderas españolas en los balcones de la Corte se ha disparado. Pero ni en sus calles ni en su Cámara Alta detecté la ilusión y el ánimo que percibí en Catalunya. Al contrario. Compañeros de otros partidos me trasladan estos días incertidumbre y pesimismo, tanto por la inestabilidad en el corto plazo como por las consecuencias en el largo. En los pasillos, los senadores del PP no disimulan su enfado por la posición del PSOE, que aceptó jugar como partido de Estado y se alineó inicialmente con el Gobierno de Rajoy para, a renglón seguido, criticar la labor policial e instigar la reprobación de la vicepresidenta del  Gobierno. A estas alturas, nadie debería rasgarse las vestiduras por el hecho de que algunos partidos se vayan posicionando de cara a unas eventuales elecciones. Su actitud, eso sí, nos llena de pesimismo pues anteponen su ‘juego pre-electoral’ a su deber de resolver el problema de Catalunya. Lo considero una grave irresponsabilidad.
Quien sí ha sorprendido ha sido el rey Felipe VI. Y muy negativamente. A diferencia del President Puigdemont, que en su mensaje televisado llamó al entendimiento, el Monarca se alejó más de Catalunya no tanto por su férrea defensa del cumplimiento de la ley (que también) sino por sus olvidos. Los dos más flagrantes, la ausencia de mención alguna a los cientos de personas heridas el 1-O y su consciente renuncia a pronunciar la palabra “diálogo” o cualquiera de los muchos sinónimos que le brinda la lengua española, la única que utilizó. El Rey desatendió su función de “arbitrar y moderar las instituciones”, que es la que le atribuye el artículo 56 de una Constitución que a los demás exige cumplir. Si en algún momento de la tarde del martes llegamos a albergar una mínima esperanza de que su intervención fuera a servir para alumbrar una salida, esta se desvaneció muy pronto con su indisimulado posicionamiento a favor de uno de los dos ámbitos institucionales en litigio.
Creo adivinarla, pero me gustaría conocer la opinión de Montesquieu ante el modo en que los tres poderes del Estado vienen operando en el asunto catalán. Es un pequeño alivio constatar que, al menos, el Partido Popular no controla totalmente el legislativo. De hecho, no ha recabado el apoyo del Congreso a su política territorial en Catalunya. Esto debería hacerle reflexionar sobre la bondad y la necesidad de escuchar otras voces que posibiliten una mayor adhesión y un acuerdo en clave democrática. 
La semana pasada reclamé a Soraya Sáenz de Santamaría un gesto que contribuyese a vislumbrar un futuro más optimista para las sociedades española y catalana. Ni lo hizo ni lo ha hecho. Es complejo, pero necesario, comprender que el otro está en una dificultad muy grande para aceptar el postulado del uno. Asumo que es casi imposible que Rajoy acepte un referéndum que pueda llevar a la independencia de Catalunya, del mismo modo que es muy improbable que Puigdemont acepte un acuerdo que no recoja la expresión explícita de la ciudadanía catalana. Pero ante una dificultad tan manifiesta, es imprescindible una disposición positiva al diálogo y el acuerdo.
No es ya tiempo de confrontar entre quienes cumplen la ley y quienes la incumplen. Esto ya no va de reprochar lo que se pudo haber hecho y no se hizo. La situación es extrema. Los puntos de vista son antagónicos y no hay ningún canal de comunicación abierto entre los Gobiernos español y catalán. En este contexto, y sin pecar de ingenuos, todas las opciones que permitan la construcción de puentes serán bienvenidas. Aplaudo todos y cada uno de los ofrecimientos de mediación. Y creo que la solución pasa por un foro en el que participen Rajoy y Puigdemont, con voluntad positiva y sin prejuicios ni condicionantes previos que limiten las posibilidades de acuerdo. Acuerdos a corto y a largo plazo: a corto, para aliviar la enorme tensión que reina hoy en Catalunya y en no pocos puntos de España; y a largo, para hacer posibles y viables opciones que hoy se nos presentan como imposibles de alcanzar.
A principios del siglo XX, quien fuera canciller y presidente federal austriaco, Karl Renner, describió los límites que el principio mayoritario establecía en los contextos de pluralidad nacional. Renner constataba que, dentro de Estados constitucionales, los partidos que representan a naciones demográficamente minoritarias no tienen perspectivas de triunfar en su lucha al resultar complicado que sus partidarios aumenten por encima de la demografía siempre mayoritaria del Estado al que pertenecen. Sin embargo, subrayaba que “tal lucha no queda eliminada, sino que la hace aún más encarnizada”. El Gobierno central no ofrece hoy ningún guiño a la sociedad catalana que se siente arrinconada y el discurso del Rey, enrocado, acrecienta aún más la desafección y la canaliza hacia esa “lucha encarnizada”. Ilustraba Aristóteles que para soltar un nudo primero hay que saber cómo está hecho. Es comprensible el desapego de una gran parte de la ciudadanía catalana, por lo que resulta necesario ser capaces, a través de la política y el diálogo, de ofrecer una salida sugerente, aceptando que, antes o después, cualquier solución deberá permitir pactar que tanto el pueblo de Catalunya, como el vasco, puedan decidir su futuro.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.

http://m.deia.com/2017/10/07/opinion/tribuna-abierta/catalunya-un-nudo-sin-desenlace


sábado, 23 de septiembre de 2017

Las víctimas, víctimas son
Hace siete años tuve ocasión de vivir una experiencia que marcó mi trayectoria como alcalde de Tolosa. El Ayuntamiento organizó un homenaje en recuerdo a todas aquellas víctimas del terrorismo que fueron asesinadas en la localidad o que, siendo de Tolosa, fueron asesinadas fuera del municipio. Esta iniciativa me dio la oportunidad de hablar con todas y cada una de sus familias; escuchar sus vivencias, opiniones, quejas, duelos y recelos; conocer su valoración sincera en relación a las instituciones, los responsables políticos y la propia sociedad.
Recuerdo que durante los días previos a la organización del acto se me acercaron la viuda y los hijos de una persona que también  había muerto de forma violenta. Pronto se cumplirán 35 años de aquella fatídica noche de 1982 en la que Marcelo Garciandia, un joven tolosarra de 37 años y padre de tres hijos, volvía a casa tras haber cenado con sus compañeros de trabajo. Paró su coche junto a la carretera para limpiar el vaho del cristal delantero y, al poco, un funcionario del Estado le hirió de gravedad con un disparo realizado de frente a corta distancia. Marcelo murió dos días después. Estos dos días fueron suficientes para relatar a sus allegados lo acontecido y para que, tras largos años y numerosos juicios, el funcionario fuera condenado a seis años de cárcel.
Esa familia, que vive destrozada desde aquella infausta noche, me pidió que también Marcelo Garciandia fuera reconocido como víctima del terrorismo en el homenaje que estábamos organizando. Sin embargo, no pudimos hacerlo porque la ley de víctimas del terrorismo no lo permitía. Sentí una profunda impotencia y, como resarcimiento moral, me comprometí personalmente a ayudarles en la medida de mis posibilidades.
Han pasado siete años y ahora, gracias a la aprobación  de una nueva Ley en el Parlamento Vasco, dispongo de una herramienta para ayudar a la familia Garciandia y a quienes, como ellos, han sufrido de  manera similar. Por eso, la semana pasada formulé una pregunta en el Senado a Mariano Rajoy para conocer las razones que le han llevado a recurrir esta Ley, impidiendo su aplicación. Quería conocer, de primera mano, las razones que le llevan a decidir presentar recurso a la Ley 2016 para el reconocimiento y  reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999; recurso que deja desamparadas a personas como Marcelo. Quería saber por qué, con qué argumentos, les niega su condición de víctimas, cuando está probado que murieron por acciones violentas de indudable y dictaminada motivación política. Rajoy me respondió en su mejor estilo, balones fuera, ni razones ni argumentos, y hasta hoy.
Esta ley no nace de la nada, sino que es consecuencia de un amplio acuerdo político en el Parlamento Vasco suscrito por PNV, EH Bildu, PSE y PP. Un acuerdo que instaba al Gobierno Vasco a reconocer y reparar a las víctimas de Derechos Humanos provocadas por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial. ¿Hay alguien capaz de negar que Marcelo Garciandia  sea una víctima? ¿Hay alguien capaz de negarle este reconocimiento? La sociedad a través de sus instituciones, ¿no tiene que reparar, de alguna u otra forma, el sufrimiento tan injustamente causado? Esta familia ¿no podrá recibir nunca el reconocimiento que merece?
Esta Ley del Parlamento Vasco ha nacido del consenso político, incluido el PP, y cuenta con el respaldo expreso de organizaciones del ámbito internacional de los derechos humanos. El Gobierno español del PP no atiende a consensos ni respaldos, ni razones ni argumentos; se aprueba la Ley, pero el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presenta  recurso al Tribunal Constitucional y deja incomprensiblemente desamparadas a esta familia y a  300 más. En contraste, la iniciativa presentada en 2012 por el Gobierno Vasco del entonces Lehendakari Patxi López, que ha permitido dar respuesta a 174 víctimas, no ha tenido ningún problema legal. Era similar a esta, aunque para muertes producidas entre los años 1960 y 1978. ¿Por qué lo que era legal y aceptable para ese periodo de tiempo, no lo es para el que plantea la nueva Ley?
Es importante analizar en detalle la justificación que se utiliza para negar el derecho a la memoria, la reparación,  la restauración y  la justicia de todas estas víctimas. El Presidente español arguye que el Gobierno Vasco quiere sobrepasar sus funciones y convertirse en poder judicial, para lo cual no tiene competencia. Es un argumento falaz, porque todos los casos que trata de cubrir esta Ley alcanzan hasta el año 1999, lo cual significa que están prescritos y no pueden ser juzgados. No se les reconoce porque no están juzgados y no se les juzga porque las causas están prescritas. Un galimatías del gusto de Rajoy que le permite presentar el recurso, negar la evidencia y condenar al olvido a todas estas víctimas.
El Gobierno Español no quiere atender a razones, porque el derecho internacional y la doctrina de los tratados y acuerdos internacionales, confirman que el proceso administrativo, que es el objetivo que establece el Gobierno Vasco, es posible sin necesidad de que exista una sentencia judicial. Es muy fácil de entender, si ocurriera un atentado con bomba y se produjeran muertes, existirían víctimas, independientemente de que, por las razones que fueran, se celebrara juicio o no.  Más en concreto,  la resolución 60/147 de Naciones Unidas dice que la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado. También el artículo 2 del Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas dice que la reparación se concederá aunque el autor no pueda ser perseguido o castigado.
En definitiva las víctimas existen y la Ley que ha sido recurrida por Mariano Rajoy las reconoce y les dota de los derechos que les corresponden, entendiendo que los mismos forman parte del núcleo esencial de los derechos humanos. Las víctimas, víctimas son y merecen un respeto. Mantengo mi compromiso y seguiré trabajando para que la familia de Marcelo Garciandia reciba el trato que merece, también por parte del Presidente Rajoy, quien regatea en corto para negar a la familia el trato y consideración que merece.





miércoles, 20 de septiembre de 2017


Demokrazia eta legea ez dira gauza bera
Kataluniako egoera nahasian hainbat hari muturri tiraka dabil Espainiako Gobernua, korapiloa ahal den eta gehien trabatzeko. Azken-aurreko tenkada independentziaren inguruko galdeketa egin dadin laguntzeko prest azaldu diren alkateen aurka egin du Alderdi Popularraren exekutiboak, modu maltzurrean jokatuz. Azkena, oraingoz, Generalitatearen interbentzio ekonomikoa egiteko saiakera da. Argi dago urriaren 1a arte bide honi jarraipena emango diotela.
Alkate eta Euskadiko Udalen Elkarteko presidente izan naizen heinean, ongi dakit udalburuen lana dela politika mailan aberasgarriena. Herritarren kezkak eta pozak zuzenean jasotzen ditu alkateak, baina, aldi berean, lehen lerroan lanean diharduen ordezkari ahulena ere bada. Horretaz baliatu nahi du Mariano Rajoyk kataluniarren erreferendumerako apustuan beste zirrikitu bat irekitzeko.
Rajoyk berak modu baldarrean adierazi nahi izan zuen bezala, herritarrek aukeratzen dute alkatea, horregatik, inork imajinatzen al du alkate bat bere herriaren borondatearen aurkako erabakiak hartzen? Erraza da Moncloako bulegoetatik telefonoa hartu eta hori exijitzea, baina arduragabekeria politiko bat ere bada.
Aristotelesek esan ohi zuenez, korapilo bat askatu ahal izateko, aurreneko eginbeharra korapiloa nola sortu den jakitea izango litzateke. Rajoyk jakin beharko luke Kataluniako gizartea oso haserre dagoela azken urteotan Espainiako Gobernuak eginiko kudeaketa txarrarekin, 2010. urtetik hona bereziki. Beraz, gai hau konpondu nahi badu, atzera begiratu beharra dauka eta non huts egin den ikusi. Egia esanez, urriaren 1eko erreferenduma bere arazoen artean txikienetakoa izan daiteke.
Aristotelesi jaramon eginez, azter dezagun zergatik sortu den giro hau Katalunian. 2003. urtean hasi zen arazoa ari gara bizitzen orain. Orduko hauteskundeetan Artur Mas buru zuen CiUk eskuratu zuen eserleku gehien Parlamentuan, baina Tinelleko Itunari esker, ERCk PSCko Pasqual Maragalli eman zion babesa Generalitateko Presidentea izan zedin. Horrela egin zuen hurrengo legegintzaldian ere, Kataluniako Estatutua negoziatu behar zen legegintzaldian.
Estatu mailan, Zapatero zen sozialisten hautagaia Moncloa biderako konpainian eta Kataluniako Legebiltzarrak onartutako testua errespetatuko zuela agindu zuen. Esaldi borobil hura esan eta gutxira, sozialistak bi gobernuetako agintean zirela, zapatariak zapata ardurak utzi eta arotzarenak hartu zituen eta Kataluniako Legebiltzarrak onartutako estatutua zepilatu egin zuen, Alfonso Guerrak Sestaoko mitin batean lotsarik gabe esan zuenez. Azkenean, Gorteetatik atera zen dokumentuak ez zeukan zerikusirik sartu zenarekin.
Mozketak mozketa, Estatutuak aurrera egin zuen eta Kataluniako herriak baiezko botoa eman zion. Erreferendumean parte hartzea eskas xamarra izan zen, eta hori erne egoteko moduko abisua izan zen. Ilusioz beteriko momentu bat izan beharrean bi lagunetik bat ez zen bozkatzera joan, eta horrek zer pentsatua eman behar zuen. Hori gutxi balitz, Rajoyren PPk Estatutu berriaren kontrako sinadurak bildu zituen; gehienak Kataluniatik kanpokoak ziren, baina jokabide horrek argi erakutsi zuen PPri bost axola zitzaiola Erkidego baten kontra joatea, trukean boto batzuk eskuratu ahal bazituen.
Benetan harrigarria da Kataluniako Legebiltzarrak, Espainiako Kongresuak eta Senatuak, eta kataluniarrek onartutakoa, Auzitegi Konstituzionalak nola utzi ahal duen bertan behera. Hor dago gakoa, hor dago korapilo honen guztiaren hasiera. Benetan hausnartzekoa da nola bultza dezakeen bide hori Alderdi Popularrak.
Horren guztiaren ondoren, galdera bat sortzen da: zer egin dezake gizarte batek bere borondate politikoa behar den bezala kontuan hartzen ez dela ikusten duenean? Argi dago Katalunia eta Euskadi beti izango garela gutxiengoak Estatuan; zer egin behar dugu gizartearen iritzia ezagutzeko? Ezin dela jakin esan nahi al digute? XXI. mendeko politikan gizarteari iritzia eskatzeko debekuak ez du ez hanka ez bururik.
Konstituzionaleko letratua den Xabier Arzozek, aipatzen duen moduan, bai XIX. mendearen bukaeran eta baita XX. mendearen hasieran ere, bai G. Jellinek eta K. Rennerrek gehiengo/gutxiengo jokoa aztertzerakoan, kontuan hartu behar dugu hainbat errealitate nazional estatalak diren errealitate nazionalak baino txikiagoak izango direla; eta nazio bat bestea baino handiagoa izateagatik ezin dio inposatu besteari bere nazio ezberdin horren ikuspegia.
Horixe da benetako arazoa: ez PPk, ezta PSOEk ere ez dutela sinesten Estatuan errealitate nazional ezberdinak daudenik, eta nazio bakoitza subjektu politiko bat denik; subjektu horrek bere nazioari dagozkion oinarriak erabakitzeko eta aukeratzeko eskubidea duenik. Hortik aurrera, demokraziaren aurkako jarrera bat nagusitzen da. Demokrazia eta legea ez dira berdinak, azken finean beti demokrazia legeen gainetik dago eta egongo da.

Nire iritzi artikulua, gaur Berrian.

sábado, 9 de septiembre de 2017


Curso de alto voltaje
El comienzo de curso llega con un voltaje más alto del que jamás hubiéramos imaginado. Llevamos meses siguiendo la evolución del tema catalán, cierto, pero asistir en directo al día a día de lo que allí ocurre nos llena de incertidumbre y preocupación. Tanto los populares como los socialistas –tanto monta, monta tanto– nos dicen que son los jueces quienes tienen que poner las cosas en su sitio, que es a ellos a quienes les compete decidir. Al escucharles hoy, no puedo evitar recordar el conflicto en los tiempos de Pasqual Maragall o de José Montilla, conflicto que se encauzó en el Parlament catalán, con el acuerdo entre los partidos políticos, y que se acordó posteriormente en las Cortes Generales, con la aprobación de Leyes Orgánicas incluida.
Me viene a la cabeza la actitud de entonces del Partido Popular, que hizo oídos sordos a la voz de la mayoría de la ciudadanía catalana, que refrendó en referéndum el nuevo Estatut que había sido aprobado por el Parlament y validado por el Congreso y el Senado. No puedo olvidar aquella actitud cicatera de un PP que fue capaz de recoger firmas contra el Estatut y recurrir al Tribunal Constitucional incluso artículos que sí dio por buenos en otras Comunidades Autónomas, por ejemplo la de Andalucía. La responsabilidad del PP en lo que hoy ocurre en Catalunya es absoluta, incuestionable. Porque el verdadero problema catalán no es el que afecta a sus instituciones: el verdadero problema es que no se escucha y que se está tratando de acallar a la sociedad catalana. Haría muy bien Rajoy en atender lo recitado por Cicerón: “Aquel cuyos oídos sordos están tan cerrados a la verdad, hasta el punto que no puede escucharla, puede darse por perdido”.
El curso escolar comienza con alto voltaje también en Euskadi, donde hemos conocido la huelga que han convocado algunos sindicatos de la enseñanza pública. Sindicatos que obvian que los profesores y profesoras de la enseñanza pública cuentan con las mejores condiciones objetivas y retributivas de todo el Estado. Obvian que Euskadi gasta 8.976 euros por cada alumno en los centros públicos, muy por encima de la media del Estado (Madrid, por ejemplo, gasta la mitad: 4.443 euros). Obvian que el ratio de alumnos por profesor en la escuela pública vasca es el mejor de todo el Estado. Obvian lo obvio y se lanzan a convocar unas jornadas que califican “de lucha y de huelga”, una auténtica desproporción en los tiempos de dificultades que vivimos.
Dicen los sindicatos que hay que sacar la LOMCE de las aulas. Vamos, que no hay que cumplir esta ley. Al hilo del ‘no cumplimiento’ de las leyes cuando no nos gustan, este verano recordaba la ironía de la guerra de banderas que el Ayuntamiento de Bilbao albergaba cada año en Aste Nagusia. El mensaje de la Izquierda Abertzale era el mismo: no había que cumplir la ley y no había que colocar la bandera española en la balconada. Este asunto fue motivo de conflicto durante años. ¡Cuánta violencia, cuánto bien público quemado, cuánto dinero tirado a la basura por quienes luego, nada más llegar a las instituciones, lo primero que hicieron fue izar la enseña rojigualda en las instituciones en las que gobernaban! Entre 2003 y 2011 fui Alcalde de Tolosa y jamás se me pasó por la cabeza tener que poner la bandera española en el balcón. Nunca. En 2011 llegó un Alcalde de EH Bildu y no tuvo ningún reparo en colocarla. En resumen: cuando gobierna el PNV nos piden que incumplamos la Ley, pero cuando gobierna EH Bildu son los primeros en acatarla.
Emplear diferentes varas de medir no es exclusivo de la Izquierda Abertzale. El líder de la derecha española, Mariano Rajoy, ha proclamado en rueda de prensa que la ley está para cumplirla: “Mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley”. Pero es empíricamente demostrable que esa frase tan contundente no la aplica Rajoy a todas y cada una de las leyes. Han pasado prácticamente 40 años desde la aprobación del Estatuto de Gernika, que es Ley orgánica… y no se cumple. El Estatuto ha sido incumplido por los sucesivos Gobiernos de diferentes colores que han ocupado La Moncloa. Como bien afirma el Lehendakari Urkullu, la ciudadanía vasca no tiene el Estatuto que votó, y no lo tiene, única y exclusivamente, porque el Gobierno central ha decidido no cumplirlo.
Esta misma semana, el responsable del Partido Popular en Euskadi, Alfonso Alonso, nos ha trasladado a través de los medios de comunicación que la gestión económica de la Seguridad Social que reivindicamos no procede. Se me antoja oportuno leerle la literalidad del artículo 18.2 b del Estatuto de Autonomía del País Vasco, Ley orgánica que dice: “En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. Como en tantos otros casos de flagrante y reiterado incumplimiento, el texto lo dice todo y, sin embargo, el Gobierno español se niega a transferir esta competencia al Gobierno Vasco, incumpliendo manifiestamente lo que dice la Ley. Los populares afirman que “sin ley no hay democracia”, pero siguen sin cumplir la ley.
También ha pregonado Rajoy que “España es un Estado de derecho y aquí la ley se cumple, y además es igual para todos. No puede existir un Gobierno democrático que pretenda ir contra la ley fundamental de esa democracia, que es la Constitución. Eso es un absurdo, una estafa a la democracia”. Ya que Rajoy es tan contundente, quiero recordarle también a él que su sagrada Carta Magna, en su artículo 147, define los Estatutos de Autonomía como la normativa básica de las Comunidades Autónomas, con la obligación para el Estado de reconocer y amparar dichos Estatutos, que conforman el denominado bloque de constitucionalidad. Todos recordamos que el partido que presidió durante años el señor Fraga Iribarne votó en contra del título de la Constitución referido a las Comunidades Autónomas, y que también votó en contra del Estatuto de Gernika. Esta es la verdadera razón del incumplimiento de la ley por parte del Partido Popular. Son lo que son, pregonen lo que pregonen. En realidad, no creen en un Estado descentralizado y mucho menos en un Estado plurinacional.
Las realidades aquí descritas echan por tierra las rimbombantes y pretenciosas declaraciones del Presidente español anunciando con rotundidad que su obligación es “cumplir y hacer cumplir la ley”. Sencillamente no es cierto porque no siempre es de aplicación.
Nace convulso un curso político de alta tensión. El tiempo dará y quitará razones, pero aquel político que no sea capaz de escuchar e interpretar adecuadamente la voluntad ciudadana en este clima de alto voltaje puede darse por perdido. Y esto es de aplicación en Euskadi, en Catalunya… y también en Madrid.
 Mi artículo de hoy en Grupo Noticias


http://m.deia.com/2017/09/09/opinion/tribuna-abierta/curso-de-alto-voltaje


domingo, 20 de agosto de 2017


La banalización de la política
Captar las inquietudes de la ciudadanía y darles respuesta es una de las principales funciones de los partidos políticos. También anticipar y diseñar un futuro que garantice el bienestar y la calidad de vida al conjunto de la sociedad. Esta capacidad de responder a las necesidades del presente y del futuro, siempre en contacto con la ciudadanía, se encuentra en el centro del análisis de Peter Mair en su libro ‘Gobernando el vacío’. Así, el papel de las formaciones políticas es actuar como vehículo de los intereses sociales y como elemento organizador de los ciudadanos y ciudadanas.
 
En la era de la globalización los partidos siguen jugando un papel importante, sobre todo en el ámbito más próximo a la ciudadanía y no deben perder su capacidad de conocer y comprender sus necesidades. El análisis del Sociómetro del Gobierno Vasco y de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), del Gobierno español es muy elocuente: los problemas sociales se asocian en una categoría unidimensional vinculada a las dificultades económicas, el paro y los problemas del mercado de trabajo. Hay otros problemas, sin duda, pero no adquieren esta dimensión.
 
La única salvedad diferencial relevante entre la realidad española y la vasca se encuentra en la corrupción, motivo de preocupación para el 49% de la población en España, y solo en 6% en Euskadi. Traigo a colación estos dos estudios porque este último mes hemos asistido a un hecho curioso en la política vasca. El mundo de la izquierda abertzale ha querido importar un problema, el del turismo, que, a tenor de la preocupación que muestra la ciudadanía, no alcanza la dimensión que han pretendido otorgarle. Sortu y Ernai, o viceversa si se prefiere, se han hecho eco de la campaña organizada por las juventudes de la CUP en Catalunya y han enturbiado una cuestión de vital importancia para la economía vasca y la imagen exterior de nuestro país.
 
Ernai organiza movilizaciones y manifestaciones, afirma que es necesario un "debate popular", serio y en profundidad, por supuesto, y también participativo y transparente, claro. Obvian que Euskadi acaba de aprobar una ley de Turismo hace menos de un año. Olvidan que esta aprobación se ha producido tras un largo periodo de estudios y debate, este sí profundo, participativo, transparente, serio y plural. Ignoran que también EH Bildu participó en este debate y que votó a favor de la ley vasca de Turismo. Ignoran que la ley promueve un nuevo "modelo turístico sostenible y de calidad" que ahora, doce meses después, Ernai y su entorno, pretende desbaratar de un solo golpe. Lo que no entiendo es que a esto pretendan llamarle debate y, menos, político. Lo único que consiguen es banalizar la política aprovechándose, eso sí, del desmesurado protagonismo que alcanza cualquier noticia durante los meses de estío, también informativo.
 
El turismo en Euskadi no es un problema. Lo cual no significa que no existan problemas puntuales asociados o generados por el turismo. El turismo en Euskadi es una oportunidad, tanto económica como de imagen y proyección exterior. Es obvio que, como país, debemos demostrar capacidad de gestionar adecuadamente un modelo que acabamos de consensuar y que nos corresponde cuidar, esto es, evaluar y mejorar. Si analizamos la hemeroteca durante todo un año, desde la aprobación de la ley, no nos encontraremos con ningún problema serio, profundo y, menos, irresoluble. Todo lo contrario, en todas las reflexiones, debates o comunicaciones públicas el turismo se ha contemplado como una oportunidad para Euskadi. Una oportunidad para trasladar nuestra identidad y cultura específica y singular, para generar más riqueza y más empleo, siendo conscientes que esta actividad alcanza ya el 6% de nuestro PIB. Importante, sin duda, pero muy por debajo todavía de la media española y europea.
 
En estas reflexiones y declaraciones ha tomado parte la propia izquierda abertzale, encabezada en esta materia por el exalcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre, quien durante su mandato se congratulaba de los records de llegada de visitantes en 2012, 2013, 2014 y 2015. ¿Qué ha cambiado ahora? La respuesta en obvia: el alcalde y, por lo tanto, la estrategia de la izquierda abertzale. El turismo pasa de positivo a negativo. El modelo aprobado por la ley ya no vale. Ahora toda ponerlo todo patas arriba.
 
El objetivo obsesivo de la izquierda abertzale no es otro que el desgaste de la izquierda abertzale y su acción institucional. Han vuelto a errar.  Por supuesto que en el tema del turismo hay muchos factores en juego y son muchos los agentes implicados. Es evidente la necesidad de reflexionar, evaluar y mejorar. Pero no tiene sentido que quienes son incapaces de mantener un debate sereno y plural, pretendan imponer su criterio siempre a golpe de brocha gorda. El turismo no es una preocupación relevante para la sociedad vasca, y se ha convertido en un tema que está sobre la mesa, ha sido únicamente por la forma en la que se ha planteado y por la contraproducente imagen exterior de nuestro país que ha contribuido a generar.
 
No caer en la banalización de la política supone estar siempre atentos a los problemas que surgen. Prestar atención a la evolución del turismo es nuestra obligación, por supuesto, pero en nombre de la política y de la justicia nos corresponde concentrar nuestros esfuerzos en lo auténticamente importante. Tenemos la oportunidad de aprovechar el turismo como factor de actividad económica y empleo local, catalizador de iniciativas culturales y artísticas, como tarjeta de presentación de Basque Country en el mundo. Cada día llegan más visitantes a Euskadi, si les acogemos de forma cordial avanzaremos en un turismo sostenible, auténtico y de calidad para nuestro país. Este es el modelo turístico de Euskadi-Basque Country que nos corresponde preservar.

Mi artículo de hoy en www.diariovasco.com

sábado, 12 de agosto de 2017

¿Adónde nos lleva el sindicalismo de ELA?
Ejercer un buen liderazgo en un partido político u organización sindical demanda una personalidad y carácter especial, fuerte y singular. Xabier Arzalluz es un buen ejemplo, y el pasado mes de marzo lo volvió a demostrar. Se celebraba el 40 aniversario de la primera Asamblea Nacional del Partido Nacionalista Vasco tras la dictadura y en su alocución dejó para la reflexión la siguiente frase: Txiki Muñoz concibe ELA como una organización político-sindical”, una aseveración que me llamó la atención cuando la escuché, pero que conforme han ido pasado los meses se demuestra más atinada.
Ha sido precisamente el propio Secretario General de ELA quien ha iniciado su nueva “breve” etapa al frente del sindicato afirmando “la necesidad de hacer política desde la central sindical”. No se le puede negar coherencia, porque su trayectoria quedará marcada por la convocatoria de huelgas políticas y la organización de movilizaciones políticas, siempre con un mismo objetivo: tratar de desgastar al Partido Nacionalista Vasco, su auténtica obsesión. El ejemplo más llamativo fue la manifestación que convocó y “presidió” en Lehendakaritza hace un año, en plena campaña electoral al Parlamento Vasco, en la que llegó a calificar al Partido Nacionalista Vasco como un “partido antidemocrático.” Resulta inconcebible escuchar esas palabras del Secretario General de ELA, pero más si cabe, que Txiki Muñoz, tan crítico y exigente con todo y con todos, una vez conocidos los resultados electorales no asumiera el estrepitoso fracaso de su diagnóstico y estrategia. ELA organizó su combativa campaña política contra EAJ-PNV y la ciudadanía decidió que fuera EAJ-PNV el único partido que mejorara sus resultados. Muñoz, tan habituado a la crítica, ha perdido una buena ocasión para hacer autocrítica.
Mantengo una buena relación personal con muchas personas afiliadas a ELA que no comparten en absoluto la estrategia de un sindicato obsesionado con la política de confrontación e incapaz de abrir una vía de diálogo constructivo y positivo en el ámbito político e institucional. Txiki Muñoz es refractario al diálogo, porque llegar a acuerdos supone asumir compromisos. Durante su mandato ha demostrado una incapacidad absoluta para conducir al sindicato por la senda del acercamiento, el entendimiento y el acuerdo. En realidad, su obsesión por la política no deja de ser un refugio para un sindicato que no se compromete en el ámbito que le corresponde y pretende dar lecciones en aquél que no le corresponde. Así, es inconcebible que ELA se niegue a tomar parte en el Consejo Económico y Social de Euskadi, que es el espacio creado para generar un clima de comunicación entre las organizaciones empresariales, sindicales y la Administración pública a la hora de plantear y contrastar la estrategia económica del País a futuro. Es más inconcebible, si cabe, que ELA se niegue también a participar en el Consejo de Relaciones Laborales.
Muñoz habla de política, pero parece desconocer que la esencia de la política es el diálogo. Es inaudito que un responsable sindical proponga el diálogo para resolver conflictos políticos y sea incapaz de aplicar la misma receta para resolver las diferencias en el ámbito de las relaciones laborales. Es asombroso que se niegue a tomar parte en el diálogo social o en el encuentro entre las confederaciones sindicales y las organizaciones empresariales con el objetivo de proponer, tanto al Gobierno como al Parlamento Vasco, estrategias y acciones en el ámbito de la política económica o industrial. No es solo que no participe en la mesa social, sino que además critica a quienes han decidido hacerlo y llega al absurdo de impartir lecciones sobre cómo habría que organizar un diálogo en el que se niega a participar. Inaudito.
Euskadi ha atravesado una dura y profunda crisis económica durante prácticamente una década. Aunque es evidente que, poco a poco, la situación va mejorando, no cabe duda de que las dificultades e incertidumbres se mantienen. Empresas como Xey, La Naval, el grupo CEL o Fagor Edesa están atravesando serias dificultades estos últimos meses. En opinión de Muñoz esta situación se debe a la política económica e industrial radicalmente equivocada del Gobierno Vasco. Nunca plantea una alternativa, nunca ofrece una solución, solo se espera de él la visión más crítica y catastrofista. ELA cuenta con cauces para plantear sus propuestas, pero se niega a utilizarlos; no participa en ninguna mesa, ni Consejo. Algún día tendrá que explicar a las y los trabajadores de las empresas en crisis esta evidente contradicción. No tiene sentido criticar todas y cada una las medidas económicas del Gobierno y, al mismo tiempo, negarse a participar y aportar sus propuestas para mejorar la situación. Cuando escucho a los Comités de las empresas en crisis solicitar la ayuda del Gobierno Vasco, imagino siempre su decepción ante unos dirigentes sindicales que se niegan sistemáticamente a mantener ningún tipo de relación con ese mismo Ejecutivo.
No recuerdo ni una sola ocasión en la que ELA haya realizado el más mínimo reconocimiento sobre la política económica, social o industrial que el conjunto de las instituciones vascas vienen desarrollando durante las últimas décadas en Euskadi. Para Txiki nunca nada es suficiente. Ha sido incapaz de reconocer el posicionamiento y voto contrario de EAJ-PNV a la reforma laboral; eso sí, cuando decidimos votar a favor del “techo de gasto” no perdió ni un segundo para denostarlo. Ni una palabra sobre los acuerdos alcanzados para la liquidación del Cupo y la actualización del Concierto. Ni una palabra sobre la bilateralidad, las inversiones y beneficios obtenidos para Euskadi. Todo lo que se le ocurrió declarar a Txiki Muñoz fue que el acuerdo representaba “un ataque al autogobierno vasco”, una auténtica falsedad, impropia de un dirigente del sindicato ELA.
Echo de menos la trayectoria crítica constructiva de ELA, su visión de País, su compromiso y, sobre todo, echo de menos una organización abierta al diálogo y no encerrada en sí misma como ahora. El sindicato ha tenido mayor influencia social, institucional y, también, política, cuando ha demostrado capacidad de interlocución con el resto de agentes socio-económicos y con el conjunto de los partidos políticos. La estrategia de Muñoz es la confrontación con todos y contra todos, pero la pregunta que cabe formularle es: ¿Con quién mantiene hoy una mínima relación de cercanía y compromiso? Y la subsiguiente pregunta: ¿Con quién pretende llevar a cabo las reformas y cambios que propone? ¿Va a acabar presentándose a las Elecciones o terminará de entender que para tomar decisiones políticas hay que hablar con los partidos políticos?
Es evidente que ELA debe jugar un papel propositivo y positivo en la sociedad vasca del siglo XXI, pero debe ser consciente de que las propuestas se plantean, debaten y pactan. Debe ser consciente de que las decisiones se adoptan participando en los órganos y espacios que abordan los problemas en el ámbito económico, social y laboral. Estará de acuerdo o no con ellos, pero su responsabilidad es formar parte de las soluciones que se plantean desde unas instituciones que, recordemos, están constituidas por representantes de la sociedad vasca. Cuando se toman decisiones, a veces se acierta y otras veces se yerra, pero hay que decidir y, en ese sentido, ELA se tiene que “mojar.” No se puede pretender construir un País desde la confrontación, la cerrazón y el enfrentamiento permanente; en este siglo son necesarios el diálogo, la cooperación y la colaboración, “marca de la casa” durante décadas del sindicato ELA.

Mi artículo de hoy en Grupo Noticias.

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