domingo, 18 de febrero de 2018

La obsesión por el poder a toda costa
“Si una película es buena, lo es en inglés, kurdo o euskera”. Esta es la idea con que saludó Eneko Sagardoy el Goya que recibió por su extraordinaria interpretación del gigante de Altzo en la película ‘Handia’. Tuve la oportunidad de felicitar a todo el equipo del film por los diez premios Goya recibidos y, una semana después, sigo recordando con emoción aquella gran noche para un equipo joven, ilusionado y profesional al recibir un merecido reconocimiento que supone también un revulsivo para la producción cultural en euskera.
Frente a la actitud positiva, abierta y constructiva que todo el equipo de ‘Handia’ demostró al recibir los premios, esta semana hemos vuelto a escuchar el contrapunto negativo, cerrado y destructivo de Albert Rivera recurriendo al manido y falso dilema: “Yo lo tengo claro: si me tienen que operar o atender, lo importante no es si tienes un certificado lingüístico, sino si te van a salvar la vida." Evidente, señor Rivera; ahora bien, lo que usted oculta es que, en realidad, la atención sanitaria en la Euskadi bilingüe es de mayor calidad que en la España monolingüe. Eso sí, resulta también evidente que lo que su actitud pone de manifiesto, en realidad, es el desprecio a las lenguas minoritarias y, especialmente, al euskera.
En la Gala de los Goya se utilizó el euskera con naturalidad y total normalidad; en algunos momentos expresaba un sentimiento íntimo y personal, en otras ocasiones incluso podía tener un tono reivindicativo. Por mi parte, cada vez que veía un plano de Albert Rivera en el patio de butacas pensaba que probablemente no había escuchado tanto euskera seguido en toda su vida. No sé si la Gala del pasado sábado pudo ser la causa, pero lo cierto es que esta semana el Grupo de Ciudadanos presentó en el Congreso una Proposición de Ley que, bajo un título impecable, pretendía eliminar la obligatoriedad de conocer la lengua cooficial para acceder a las promociones de empleo público.
Además de ser una iniciativa de dudoso encaje constitucional, ya que choca frontalmente contra el contenido de los Estatutos de Autonomía, se trata de un nuevo fuego que la formación naranja trata de prender a la caza, una vez más, de un puñado de votos. Afortunadamente, Ciudadanos se quedó solo en esta ocasión, pero su actitud es preocupante porque no solo cuestiona la normativa vigente, sino que intenta medrar atentando contra los derechos lingüísticos. Estos derechos se han obtenido tras años de trabajo riguroso y paciente, se han fortalecido con el compromiso institucional y social, individual y colectivo. Nos preocupa comprobar que, cuando todavía nos encontramos en la fase de consolidación de estos derechos lingüísticos, una formación política impulse una involución con tanta demagogia e irresponsabilidad.
Hay que tener en cuenta que para que cualquier persona pueda ser libre a la hora de expresarse y elegir el idioma a utilizar, se tiene que dar una premisa que hoy todavía es inexistente, esto es, que el conocimiento del euskera sea universal. En tanto en cuanto esta situación no se alcance, el euskera seguirá necesitando de una discriminación positiva. La cuestión de las lenguas minoritarias fue debatida en la última asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y soy testigo de que, en este foro, la representante de Ciudadanos no dijo “ni esta boca es mía”.
La referencia cinematográfica de ‘Handia’ y el nombre de la formación política de Rivera se han asociado en mi mente y me han recordado la que algunas personas consideran la mejor película de la historia: ‘Ciudadano Kane’. La cinta de Orson Welles narra la historia de un magnate de la prensa cuya carrera crece asentada en el idealismo y el servicio social, pero con el tiempo va evolucionando hacia una implacable búsqueda de poder empleando para ello incluso la manipulación de la opinión pública. El protagonista logra amasar una gran fortuna, pero su vida termina en solitario en la mansión en la que vivía acompañado únicamente por los empleados de la casa. No sé si el ‘ciudadano Rivera’ acabará tan solo como el protagonista de ‘Ciudadano Kane’, pero sí parece evidente y probado que su partido no duda en manipular, mentir y utilizar todas las herramientas a su servicio en su implacable búsqueda del poder a toda costa.
La triste realidad es que Euskadi le da doblemente igual a Ciudadanos. La formación de Rivera no piensa en cómo servir a los intereses de Euskadi, sino en poner Euskadi al servicio de sus propios intereses. Liberado de la servidumbre que supondría tener que agradar a unos votantes que no tiene en nuestra Comunidad, se lanza sin rubor a la demagogia; utiliza el debate de las lenguas cooficiales para ganar simpatías en el Estado; utiliza el cuestionamiento del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro para avanzar terreno en el resto de Comunidades. Es curioso que Ciudadanos considere nuestros Derechos Históricos como un anacronismo y que, sin embargo, alabe el papel de un monarca coronado por ser el primer hijo varón del anterior rey.
El partido encabezado por Albert Rivera tergiversa con descaro cuando afirma que el impuesto de sociedades de Euskadi supone una competencia desleal con el resto de Comunidades Autónomas, ya que oculta que este ajuste compensa la desventaja en que nuestra Comunidad se encontraba hasta ahora. Ciudadanos manipula interesadamente cuando pretende vincular el nacionalismo vasco con las ideologías que desangraron el continente a mediados del siglo pasado y silencia que EAJ-PNV fue uno de los partidos comprometidos con los ideales de la fundación de la Europa unida y tomó parte en los primeros equipos de la Internacional democristiana.
A Ciudadanos le interesa la realidad de Euskadi únicamente en la medida en que pueda utilizarla en beneficio de su obsesiva carrera hacia el poder. Su condición de recién llegado a la política y el hecho de no acarrear responsabilidades de Gobierno, le otorga a la formación naranja la ventaja de no tener un pasado del que arrepentirse ni unos errores de los que lamentarse. Aunque también es verdad que poco a poco van asomando. Hasta ahora se presentaban como los adalides del acuerdo y los garantes de la estabilidad y la gobernabilidad. Recordamos que tan pronto se postularon para apoyar a Pedro Sánchez como lo hicieron después con Mariano Rajoy; para Rivera, tanto monta y monta tanto Sánchez como Rajoy. Ahora, con Moncloa a la vista, según los augures demoscópicos y los medios de comunicación afines, se encuentran ante el dilema de decidir sobre la estabilidad presupuestaria del Gobierno Español y conforme se acerca el momento crece la tensión en su interior.
Ciudadanos ha crecido en poco tiempo y quiere llegar a lo más alto lo antes posible. Cuentan con más discursos que argumentos, más imagen que realidad, con mucha teoría y ninguna práctica, con manipulaciones de corto recorrido que no crean una base estable sobre la que asentar un proyecto sólido y de futuro. También el Gigante de Altzo creció mucho en poco tiempo y fue precisamente eso lo que provocó su fragilidad; pero si él fue ‘Handia’, estoy convencido que el naranja Rivera acabará siendo ‘txikia’ y no alcanzará la única meta que le obsesiona: el poder a toda costa.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias

domingo, 4 de febrero de 2018

Olvidar es violar la memoria
Esta semana he tenido ocasión de visitar en Madrid una excelente exposición sobre Auschwitz, con imágenes y testimonios que sobrecogen el alma. Destaco de la misma un mensaje de Primo Levi, superviviente del campo de concentración, quien afirmaba que “se debe querer sobrevivir, para contarlo, para dar testimonio; es importante esforzarse por salvar al menos (…) la forma de la civilización”. Me identifico con esta idea, como también con la frase que da título a este artículo: “Olvidar es violar la memoria”, que en este caso pertenece al libro ‘Por qué recordar’ de Elie Wiesel, superviviente de la Shoá y Premio Nobel de la Paz en 1986. Dicha cita fue evocada por el Ministro de Justicia el lunes en el Senado en el acto de conmemoración del Día Oficial del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad.
Fue un acto emotivo, como cada año, en el que rememoramos la despreciable capacidad del ser humano para hacer sufrir al prójimo. En esta ocasión, se percibía un especial interés y una clara implicación del Partido Popular con el homenaje. Tanto el Ministro Rafael Catalá como el presidente del Senado, Pío García Escudero, recordaron las más de seis millones de personas judías asesinadas sin más motivo que su manera de pensar y vivir. Ambos destacaron el objetivo de que “el recuerdo de aquel horror nos impida caer en una imperdonable insensibilidad”, y también el deseo de que “las generaciones presentes y futuras no lo olviden nunca”.
Realmente, son palabras que resultan apropiadas y válidas para la memoria y el justo recuerdo de las víctimas, independientemente de quiénes fueran los responsables de sus humillaciones, vejaciones y asesinatos. Porque la cuestión es que estas reflexiones no terminan de ser del todo creíbles en el PP, ya que las realiza de manera selectiva. Son muchos los años que llevamos proponiendo iniciativas para desarrollar en todo su sentido la Ley de Memoria Histórica, pero cuando los Grupos Parlamentarios intentamos traer al debate proyectos al respecto y tratamos de recordar a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, siempre recibimos su “no” por respuesta. “Olvidar es violar la memoria”. ¿Siempre es así o sólo en algunos casos? Al parecer, cuando la memoria histórica se refiere al holocausto, recordar es imprescindible, pero cuando se trata de recordar las dramáticas consecuencias de la guerra civil y la dictadura, se entiende como fruto de un deseo de “resucitar viejos fantasmas y enemistades que no merece la pena despertar”. Aunque los negros capítulos de la historia protagonizados por Hitler y Franco coincidieron prácticamente en el tiempo, la consideración que de ellos tiene el PP es peculiarmente dispar.
El Estado español es el segundo país del mundo en número de desaparecidos y Rajoy se jacta públicamente de no haber destinado un solo euro a la memoria histórica en el tiempo en el que gobierna. Cuando nuestro Grupo Parlamentario ha planteado diversas iniciativas en favor de la memoria, nos encontramos con una actitud poco edificante; incluso se permiten hacer bromas insinuando que “parecemos personajes sacados de la serie televisiva Cuéntame”. Mientras tanto, a pocos kilómetros de la capital del Estado, permanece erguido un inmenso mausoleo a mayor gloria del dictador responsable de la muerte de quienes fueron obligados a construirlo a la fuerza.
“No podemos, en modo alguno, desentendernos de las injusticias sufridas por otros, porque nada injusto debe sernos ajeno y porque no hay límites entre la pasividad y la complicidad”, escuché decir el lunes a representantes del PP refiriéndose al holocausto judío. Recomiendo un magnífico libro de Tadeusz Sobolewicz que se titula ‘He sobrevivido para contarlo’. El Gobierno español sabe que aún viven personas que han sobrevivido a la guerra civil y a la dictadura franquista, por lo que sigue teniendo una oportunidad inmejorable para llevar a la práctica las declaraciones que realiza. No es comprensible la volatilidad de su criterio, solo se entiende atendiendo a la mediocridad, arbitrariedad y discrecionalidad en la que se mueve un partido político que no asume que “olvidar es violar la memoria” y no acaba de obrar en consecuencia.
La política necesita de mayor seriedad, rigor y altura de miras. Sin embargo, esta próxima semana viviremos un nuevo episodio que contradice esta lógica, porque el Grupo Popular presenta en el Senado una moción que pide apoyar la prisión permanente revisable. Aunque a propuesta de EAJ-PNV su supresión fue tomada en consideración por la mayoría del Congreso a finales de 2016, ahora el PP aprovecha el momento en que los medios se hacen eco de varios crímenes execrables para llevar al Pleno el mismo texto que aprobó hace un año en el Senado valiéndose de su mayoría absoluta. Es lo que se denomina oportunismo político, aunque el sentido común dicte, precisamente, que el derecho penal debe estar sustentado en la prudencia.
En su momento, la construcción legislativa dirigió las responsabilidades penales hacia la reeducación y la reinserción social, pero la pena de prisión permanente revisable rompe ese amplio acuerdo normativo. Hay que recordar que antes de la aprobación de esta sanción, el Estado ya contaba con las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno, lo que ha llevado a tener una de las poblaciones reclusas más altas de Europa, con largos periodos de encarcelamiento y una media de edad muy alta.
Además, pese a la alarma que cíclicamente se despierta en la sociedad al tener noticia de la comisión de crímenes abominables, informes de la fiscalía evidencian que la cifra de delitos más graves desciende cada año. De hecho, esta pena no era reclamada ni antes ni ahora por la abogacía, la gran mayoría de los estudios doctrinales, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el mismo Poder Judicial; ni tampoco por los partidos políticos, con la única excepción del Partido Popular. A todo ello hay que unir los criterios de salud; el mismo Tribunal Supremo reconoce que una reclusión excesivamente prolongada, que se cifra psicológicamente en quince años, puede producir efectos irreparables en la personalidad del interno.
La prisión permanente revisable fue aprobada la pasada legislatura por la mayoría absoluta del PP, pero en esta los equilibrios son diferentes. La reforma de un Código Penal requiere del acuerdo y no puede quedar al albur de unas mayorías que son dinámicas y diferentes de una legislatura a otra. Los tiempos políticos se mueven cada vez más rápido, por eso es importante buscar el consenso entre diferentes sensibilidades a la hora de definir consecuencias tan graves para la ciudadanía, y eso exige situarse por encima del juego de las mayorías-minorías. Tal como afirma el catedrático de derecho de la Universidad de Salamanca, Ignacio González: “No basta vencer con el peso de los votos de una mayoría absoluta, se requiere convencer con la fuerza de la razón”.

En 2015, el Partido Popular ya quiso utilizar esta iniciativa que no pretende sino aprovechar la alarma social para posicionarse electoralmente y, ahora, vuelve a ponerla en el escaparate. Sin embargo, la cadena perpetua que se esconde tras un eufemismo niega absolutamente varios preceptos de la Constitución española, que rechaza que las penas sean inciertas, que atenten contra la dignidad humana y que resulten inhumanas. Este año precisamente se conmemora el 70 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la mano de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estamos a tiempo de preservar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, tal y como reconoció hace cuatro décadas la Carta Magna y, además, honrar la citada Declaración Universal, actuando conforme a su espíritu.
Mi artículo de opinión, hoy en www.deia.com

sábado, 27 de enero de 2018


Crónicas europeas

Esta semana he cambiado Madrid por Estrasburgo, el Senado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El lugar es distinto pero la ‘agenda vasca’ se mantiene presente siempre allí donde tengamos capacidad de influir en las decisiones que puedan beneficiar a Euskadi. Esta Asamblea ha estado plena de sorpresas. Elegíamos al representante del Estado español en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo entre una terna de candidatos que presentaba el Gobierno central: María Elósegui Ichaso, catedrática de Filosofía del Derecho; José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores del PP en la última legislatura; y el más conocido, quien fuera miembro del PP y posteriormente presidente del Tribunal Constitucional, Francisco de Asís Pérez de los Cobos.
Llama la atención -o quizá no tanto- que el Gobierno español presente a dos personas tan afines al PP cuando se trata de llevar a cabo una labor independiente en un tribunal europeo. Es curioso que se proponga desde Moncloa a una persona que ha sido presidente del TC cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que un juez que haya ‘conocido’ un tema con anterioridad tendría que abstenerse y no poder participar en el mismo. En la práctica, no hubiera podido tratar un tema tan relevante como el conflicto catalán.
En cualquier caso, Pérez de los Cobos no ha recibido el favor de los miembros del Consejo Europeo; ni siquiera obtuvo voto alguno en la Comisión que elevaba la propuesta de nombramiento al Pleno. El PP no ha sido capaz de convencer a sus compañeros europeos de la opción que probablemente más les hubiera gustado, lo que denota su debilidad en el ámbito internacional.
El puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución en la que las y los jueces analizan los casos de manera independiente y no en representación del Estado que les propone, lo ha conseguido María Elósegui, una donostiarra cuya trayectoria ha estado muy marcada por el trabajo en los derechos humanos. Mi experiencia me ha demostrado, una vez más, que el trabajo da fruto porque la elegida ha sido la única candidata que se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para presentar su candidatura, perfil, proyecto y objetivos. Si bien es cierto que los últimos días se han conocido unas afirmaciones suyas que, de ser ciertas, no van a ser muy positivas para que ejerza su labor con neutralidad en Estrasburgo.
Otra sorpresa de la semana, muy negativa en este caso, ha sido la oposición de un miembro de la Asamblea Parlamentaria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ha justificado su voto negativo afirmando que no quisiera que en su país ocurriera lo que está pasando en Catalunya. ¿Qué tendrá que ver el cuidado y apoyo a las lenguas minoritarias con la situación en Catalunya? Nada, pero lo cierto es que el tema catalán emerge en muchos de los debates en el Consejo de Europa.
Volviendo a este debate, el resultado ha sido que únicamente 25 de los 47 países han firmado y ratificado la citada Carta Europea. Esto significa que, aunque se adopten decisiones por amplias mayorías, muchas veces los Estados que debieran hacer efectivas esas decisiones en realidad no lo hacen. Así por ejemplo, el Estado español ha recibido diversos informes sobre sus flagrantes incumplimientos con el euskera, pero sigue haciendo caso omiso de los mismos. Un ejemplo es el cuarto informe de evaluación de la Eurocarta, correspondiente al año 2016, en el que se recogen exactamente las mismas recomendaciones que el Consejo de Europa había formulado en 2005, 2008 y 2012. No encuentro más clara evidencia del inmovilismo del Ejecutivo central. Dejo constancia de estas reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa: modificar el marco legal para que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas de las comunidades autónomas puedan realizar sus servicios en las lenguas cooficiales de su territorio; respeto la diversidad lingüística de los medios públicos de comunicación para transmitir el carácter plurilingüe del Estado; o la adopción de medidas para asegurar la presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado. Estos son algunos de los requerimientos recibidos por el Gobierno español y sistemáticamente ignorados.
La tercera sorpresa se ha producido en el debate sobre la renta básica. Ha sido muy llamativo escuchar, en una institución cuyo objetivo es la protección de las minorías y los derechos humanos, unos mensajes muy duros en relación a personas y familias que lo están pasando mal. Europa traslada exclusivamente un frío mensaje de exigencia en la gestión de las ayudas y una gélida preocupación por el futuro y la capacidad para mantener un sistema de ayudas universal, individual, incondicional y suficiente para vivir con dignidad.
En mi participación en el debate, he tenido la oportunidad de presentar la experiencia desarrollada con la Renta de Garantía de Ingresos, un sistema conocido y reconocido tras más de tres décadas. Trasladé a las personas integrantes del Consejo de Europa la invitación a analizar nuestro proyecto y trabajo con el respaldo de las instituciones vascas. Para finalizar, he tenido la ocasión de plantear unas cuestiones al primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre la reforma de la arquitectura institucional danesa, una de las más profundas. Ha sido un interesante colofón a la crónica de una semana intensa en la Asamblea de un Consejo que vive un momento de alta intensidad en el debate sobre la visión de futuro de la UE.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.


domingo, 21 de enero de 2018


¡En el nombre del padre!
Soy padre desde hace más años de los que me gustaría que hubieran transcurrido desde aquel inolvidable día en el que vi por primera vez a mi hijo. Casi sin darme cuenta, tanto él como su hermana se han convertido en dos jóvenes de los que me siento tremendamente orgulloso gracias, sin duda, a la labor de un gran equipo, siendo conscientes que también habremos cometido errores; yo al menos como padre lo asumo.
En la política española, se escucha en muchas ocasiones el término ‘Padres de la Constitución’ para referirse a quienes, tras la muerte del dictador, diseñaron la denominada Carta Magna que sirve de estructura a la arquitectura institucional del Estado español. Aunque la definición no debería ir más allá de un plagio del tinte cinematográfico que imprimen a todo aspecto de su historia los estadounidenses, lo cierto es que se ha asumido que todo lo que establecieron aquellos próceres de la patria -que excluyeron de tan histórico trámite a los representantes del Partido Nacionalista Vasco-, es poco menos que palabra de Dios.
Pero, hete aquí que esta misma semana, uno de aquellos ensalzados padres del Texto Supremo desveló que también en su creación cometieron errores, al menos con uno de sus vástagos: el Senado. Miquel Roca se sinceró tanto que reconoció que “las prisas por terminar” motivaron que no estuvieran “muy brillantes”, dejando a la Cámara Alta como estamento de segunda lectura y lejos de su objetivo de “reflejar la estructura territorial de España”. Amén.
Resulta llamativa esta singular autocrítica en primera persona, máxime cuando hay terceras personas en plural que se empeñan en asumir el contenido de la Carta Magna como dogma sin mácula, y en subrayar tal o cual reflexión de alguno de sus creadores; eso sí, siempre y cuando el mensaje coincida con su ideología. Así, para algunos interesados resulta sugestivo subrayar, por ejemplo, que Miguel Herrero de Miñón dijera el pasado miércoles en la comisión de evaluación y actualización del Estado autonómico del Congreso que cualquier reforma constitucional debería "partir de la negación de la vía federal" -dando al PSOE, impulsor de la iniciativa, una patada en pleno ideario socialista para solventar el problema territorial- y, sin embargo, no les resulte relevante que opine que los cambios “tienen que partir de asumir que puede y debe haber asimetría” entre comunidades, porque es “consustancial al país”, algo que afianza la posición de los sistemas forales. “Democracia es reconocer la singularidad” añadió Roca, que evidenció que “la diferencia no hace a nadie más importante y no genera privilegios”.
Estas últimas afirmaciones desarticulan la falacia que emplea habitualmente Ciudadanos en su discurso en el que el Concierto Económico de Euskadi y el Convenio Navarro, el cupo vasco y la aportación navarra, ocupan repetidamente la diana de sus ataques. Paradójicamente, por su desacuerdo con este tema, los dos únicos concejales que tenía en Euskadi han dejado sus cargos.
Pese a su pírrica representación en nuestra tierra, al calor de sus resultados en Catalunya, pareciera que la formación naranja dispusiera de un gran apoyo social, aunque quizá se trate más de un apoyo mediático que ha encumbrado sus políticas y a sus representantes. Recelo de los sondeos de opinión publicados estos días que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza en unas hipotéticas elecciones generales. Todavía recuerdo los vaticinios de El País y Metroscopia en 2015 situando a los de Rivera en cabeza de una terna en la que pugnaba duramente con PP y PSOE por asaltar la Moncloa y acabó siendo la cuarta fuerza en el Congreso.
El “error demoscópico” debería haber dejado por los suelos la credibilidad de una empresa que debe, o debiera, sustentarse precisamente en esa virtud, pero tal vez el objetivo que buscaban respondía a un fin mayor. Quizá los medios y poderes fácticos que promocionan sin rubor a Ciudadanos pretendían crear un estado de ánimo favorable a los de Rivera que les catapultase en las urnas. Quizá es lo que pretendan también ahora.
Es ley de vida que los hijos se rebelen ante sus progenitores. Ciudadanos fue creado en Catalunya para hacer frente al independentismo y, en segunda instancia, saltó al Estado para desactivar el auge de Podemos tras las elecciones europeas de 2014. Ahora pretende desbancar al Partido Popular de la Moncloa. Si jamás hubiera imaginado convertirse en representante de perfiles como el de José María Aznar -un ‘jarrón chino’, que diría Iñaki Anasagasti, que no hace más que molestar-, aún menos hubieran soñado con encontrarse ante una perspectiva electoral tan halagüeña. Cree haber madurado y se apresta, Freudianamente hablando, a ‘matar al padre’ de la derecha española.
Además de desconfiar de los ‘cocinados’ datos que vaticinan los augures demoscópicos, preveo que un año 2018 sin elecciones rebajará aún más las expectativas de una formación que, además de por su españolismo más exaltado, se alimenta de la polémica. Si bien es cierto que los partidos ya estarán afinando sus maquinarias electorales, la ausencia de comicios permitirá a los partidos de Gobierno llegar a otro tipo de reflexiones y acuerdos más constructivos y propositivos que la artillería destructiva que emplea habitualmente la oposición. En política son imprescindibles los acuerdos y para eso es necesaria la generosidad, un rasgo del que adolece a día de hoy Ciudadanos, que muestra en sus discursos un radicalismo creciente. El Partido Popular tiene ante sí un periodo apropiado para tranquilizar la política, tener altura de miras y tratar de avanzar en otra serie de ámbitos y objetivos.
Catalunya debe de ser una piedra de toque para observar un cambio de actitud en el PP. Lejos de dejarse manipular por algunas empresas de comunicación para que lleve su política en un sentido concreto, debe terminar con la situación de excepción creada a raíz de las medidas impuestas en base a la aplicación del Artículo 155. Este ha sido el mejor ejemplo de que la radicalidad de la corriente naranja ha arrastrado al partido de Rajoy a un naufragio sin precedentes, mientras era precisamente Ciudadanos quien recogía los frutos de esa estrategia desde su lancha hinchada y henchida.
El PP debería hacer de la necesidad virtud: perdida la mayoría absoluta en el Congreso y con una representación exigua en ámbitos territoriales con sentimiento de nación, debería plantearse una manera de trabajar alejada de centralismos y rodillos, y más dirigida a buscar el diálogo y el acuerdo. Para resolver un problema es imprescindible conocerlo, y tanto en Catalunya como en Euskadi es necesario asumir que existen realidades nacionales distintas.
Un buen termómetro para medir la temperatura política suelen ser los corrillos de los parlamentos de Madrid. Los nervios son evidentes ante un panorama que ha pillado a casi todas las formaciones con algún agujero en el calcetín. A la espera de reanudar las sesiones plenarias, este jueves ha comparecido en el Senado el Ministro del Interior para explicar el dispositivo policial del 1 de octubre en Catalunya. Zoido ha justificado la beligerante postura del Gobierno central para contrarrestar aquellos comicios, aunque ha dejado traslucir que las cosas no se hicieron bien. Lo ha hecho, claro, a su manera. Por eso nos ha sorprendido que se haya disculpado ante Victoriano Gallastegi por haberle respondido en un pleno anterior dando a entender que nuestro senador estaba defendiendo la agresión sufrida por agentes de la Guardia Civil en Altsasu.
Rebajar la tensión y ser más dialogantes y propositivos se antoja necesario. No puede ser que tengamos a los ciudadanos ahondando en la diferencia y desayunando un día sí y otro también con unos informativos que les llenan de incertidumbre. Euskadi en estos momentos puede ser un ejemplo por la estabilidad que sus instituciones y dirigentes transmiten a la sociedad, y entiendo que el éxito de cualquier política requiere tranquilizar el debate.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias. wwwnoticiasdegipuzkoa.com www.deia.com

domingo, 7 de enero de 2018

¿Quién es el rey que va desnudo?
Guardo un grato recuerdo de mis tiempos de maestro en la Ikastola de Anoeta. Mi primer grupo de alumnas y alumnos correspondería al tercero de primaria de hoy en día. Recuerdo que entre las herramientas de motivación para aquellos jóvenes de 8 años de edad utilizaba un libro de cuentos que me gustaba y funcionaba especialmente bien: ‘El rey desnudo’ de Hans Christian Andersen. Recordarán esta fábula en la que un rey decide hacerse un nuevo traje y el sastre le hace creer que la tela que utilizará para su confección, en realidad inexistente, era invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo, deficiencia que se niegan a admitir tanto él como sus cortesanos. El resultado es que el soberano desfila por las calles desnudo mientras la ciudadanía “asegura” verle vestido, hasta que un niño evidencia la verdad exclamando: ¡Pero si va desnudo!.
Acaba de comenzar 2018 y la gestión de los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre constituye la primera prueba para comprobar qué rey sigue negando su desnudez o, dicho de otra manera, quién de los protagonistas políticos catalanes cierra los ojos a la realidad y persiste en mantener una ficción que puede perpetuar la ausencia de una solución viable a futuro. Lo cierto es que hay quien quedó ya desnudo la misma noche electoral. El primero, Xabier García Albiol, candidato del PP, un partido que ha estado fuera de la realidad catalana y, prácticamente, ha quedado fuera de la realidad parlamentaria al obtener solo 4 de los 135 escaños. El hecho de que el partido que gobierna en el Estado resulte insignificante en Catalunya y tenga una muy baja representación en Euskadi es una prueba más de su incapacidad para comprender e interpretar correctamente las necesidades y aspiraciones de ambas naciones.
La desnudez de las CUP también es una evidencia. Fue el partido que quiso revolucionar el proceso catalán en tan solo 18 meses: comenzó por imponer el cambio de President, forzó un estricto calendario y no ofreció ni la más mínima oportunidad a la reflexión. El resultado final ha sido su fiasco electoral y la pérdida de capacidad de influencia. En el caso del PSC y Miquel Iceta no podemos hablar de desnudez, pero sí de falta de respaldo y abrigo suficiente. Sus resultados no son acordes a las expectativas que se habían generado y, lo que es peor, pueden significar el primer toque de atención para un Pedro Sánchez que decidió respaldar la aplicación del artículo 155 y se encuentra ahora con que ha sido Ciudadanos el partido que ha rentabilizado la nueva situación. Porque C’s ha sido el gran beneficiario electoral, pero permanece desnudo desde la óptica de la influencia institucional. Precisamente por posar desnudo se dio a conocer al mundo político el líder de la formación naranja, Albert Rivera. Este gesto, con el que pretendía transmitir transparencia, se podría interpretar ahora como de desamparo tras una victoria de Inés Arrimadas que, con sus mensajes agresivos y populistas del “todo o nada”, se ha ido cerrando toda posibilidad de alcanzar acuerdos con el resto de formaciones políticas.
Desde Euskadi hemos mantenido en todo momento una actitud de responsabilidad y respeto a las decisiones que adopten el pueblo catalán, sus partidos políticos y sus instituciones. Muy especialmente ahora, cuando nos encontramos a la espera de conocer la actitud del Partido Popular y del Gobierno español; de la que van a depender nuestras relaciones y la apertura de una hipotética negociación en relación a los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Sabemos que el artículo 155 se va a mantener vigente hasta que pueda constituirse el Govern emanado de los resultados de las urnas y se pueda dar inicio a un nuevo tiempo en Catalunya. Es evidente que para ello los partidos nacionalistas catalanes deberán resolver sus diferencias y definir la estrategia a seguir en los próximos años, además de dar con la clave para ir superando los problemas que vayan planteando los poderes del Estado, muy especialmente en el ámbito judicial y penal.
A la espera de estas decisiones y acontecimientos, resulta oportuno recordar nuestra primera obligación, que no es otra que desarrollar el programa que comprometimos ante la ciudadanía, la denominada Agenda vasca. Hemos adelantado nuestra disposición a dialogar y a negociar los Presupuestos Generales para este año, pero condicionado siempre a la apertura de un nuevo ciclo político en Catalunya que suponga el abandono de la vía abierta por el artículo 155. Si esto ocurre, nuestras decisiones se centrarán en tratar de dar cumplimiento a nuestro programa, de forma que los PGE contemplen respuestas concretas a las preocupaciones y necesidades de las entidades, asociaciones e instituciones vascas. Esto es, en su conjunto, lo que entendemos como defensa de los intereses de Euskadi.
Es evidente que la puesta en marcha del nuevo Govern catalán es el principal factor condicionante en el arranque del nuevo año. Ahora bien, no podemos olvidar dos temas de gran trascendencia en la agenda de 2018, como son la reforma constitucional y la financiación autonómica. Nuestra posición ante la actualización de la Carta Magna ha sido clara desde el primer momento y nuestro interés se asienta en la posibilidad de que reconozca las diferentes realidades nacionales que conforman el Estado. Esta posibilidad parece remota hoy en día pero, al igual que ocurre con la fábula con que iniciaba este artículo, aceptar la realidad tal cual es resulta condición imprescindible para ofrecer una solución política con garantías de viabilidad al debate del modelo territorial. No cabe duda de que la cuestión pendiente de la financiación autonómica podría contribuir también a la necesaria distensión del escenario político e institucional, pero lo cierto es que no hemos conocido avances que permitan vislumbrar una solución en el corto plazo.
Este año que comienza también se debatirá sobre la ley electoral. Una cuestión muy importante y, conocida la insistencia de Ciudadanos, de alta preocupación para nosotros. En Euskadi, un voto en Gasteiz no vale lo mismo que uno en Bilbao, ni un voto en Gipuzkoa vale lo que otro en Bizkaia, pero hay algo que se encuentra por encima: la cohesión social, que demanda ciertas dosis de generosidad y mucho trabajo previo. Mi experiencia personal, especialmente en el municipalismo, me dice que la reforma electoral mejor y más útil es aquella que permita que el ciudadano sienta que los candidatos a los que ha votado le representan y trabajan directamente para él. Los alcaldes y alcaldesas viven esa realidad en primera persona, saben que quien está cerca de sus electores normalmente obtiene una respuesta positiva. En este sentido, 2018 será también clave para el municipalismo. Todos los partidos comenzarán a definir sus estrategias de cara a las municipales de 2019. La mayor parte de los partidos españoles tienen grandes incógnitas por resolver, no saben la fuerza con la que cuentan y preferirán medirse en el “laboratorio” de las elecciones municipales antes que jugársela en unas Generales que les puedan sorprender y, en más de un caso, disgustar. Este es el escenario con el que iniciamos 2018: nueva etapa en Catalunya, cuestión presupuestaria, financiación autonómica, ley electoral y reforma constitucional. Nuestros grupos parlamentarios en Madrid se encuentran preparados, vestidos y bien abrigados, para seguir defendiendo los intereses de Euskadi.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.
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domingo, 24 de diciembre de 2017

Los pilares de la tierra catalana
Resulta extraño analizar los resultados de las elecciones catalanas en vísperas de Nochebuena, con los ecos de los tradicionales villancicos y tras el soniquete del sorteo de la lotería que nos sigue perforando los oídos y nos recuerda que es una pena conocer la música, pero no la letra, de la melodía que cantan los niños de San Ildefonso.
En Cataluña tampoco conocíamos la letra en su totalidad y el estribillo, tras las elecciones, podríamos decir que parece ser el mismo. Es cierto que ha sorprendido el buen resultado obtenido por Puigdemont desde Bruselas pero, a grandes rasgos, los resultados han sido los que veníamos barruntando desde semanas atrás y han confirmado una realidad incontestable. Si hablamos de bloques, estos se mantienen tan parejos como los que se conformaron tras los anteriores comicios y que abrieron una legislatura que Mariano Rajoy decidió cerrar imponiendo el artículo 155, “ocupando” las funciones de President de la Generalitat y convocando a la ciudadanía a las urnas.
De la misma forma que en las elecciones de 2010, 2012 y 2015, también ahora será necesario, más que nunca, el consenso entre diferentes fuerzas políticas para conformar un Gobierno estable. Hay siete grupos con representación parlamentaria, todos con una posición muy definida y serán necesarios al menos tres partidos políticos para que, por activa o por pasiva, se posibilite la acción de un Gobierno con viabilidad futura. Imagino que el primer paso tendrá que venir dado por tratar de recomponer las relaciones y alcanzar una base de acuerdo entre los partidos de base nacionalista. A partir de ahí, imagino también, se tratarán de eludir los esquemas de incomunicación y política de frentes que primaron la anterior legislatura porque las consecuencias que ya conocemos no son del gusto de nadie y, sobre todo, no han servido para dar respuesta a la cuestión política de fondo.
Es evidente que tras las heridas abiertas durante la campaña electoral, este acuerdo de base entre los partidos nacionalistas no va a resultar fácil y, aún más complicado, será el acercamiento al Gobierno Español y al Partido Popular. No solo por su pésimo resultado electoral sino, sobre todo, por sus antecedentes. Los resultados han ratificado el radical rechazo social a una formación que está en el origen de la convulsión y que ha sido incapaz de rectificar desde la nefasta recogida de firmas contra el Estatut hasta la incomprensible actitud de arrogarse con orgullo los méritos de haber “descabezado” a ERC y PDeCAT y “liquidado” el independentismo. La ciudadanía catalana ha dado el más sonoro y severo de los correctivos al PP, formación castigada con los peores resultados de su historia en Cataluña. Un ámbito territorial en el que, al igual que ocurre en Euskadi, el PP no ofrece un proyecto propio y diferenciado, no encuentra el aval de la sociedad y su presencia va languideciendo. Lo que es peor, Ciudadanos parece haber llegado para sustituirle y apunta, además, a extender su influencia al conjunto del Estado. Esta realidad sí que preocupa a los populares de cara a unas elecciones a Cortes generales.
El temor latente ante el nuevo escenario político catalán es que se produzca un recrudecimiento del frentismo, se desencadene una disputa de bloques y se consagre el bloqueo infinito. Una situación que perjudica al conjunto de la imagen institucional y política, que consolida el descrédito de unos representantes públicos incapaces de dialogar y acordar, incapaces de abrir un nuevo tiempo de soluciones políticas acordadas y pactadas. El día 6 de abril llama a la puerta, es la fecha límite para la investidura del President de la Generalitat y la conformación de su nuevo Govern. No va a ser fácil porque a la dificultad en la búsqueda de acuerdos parlamentarios para constituir las instituciones, se añaden los problemas que muchas y muchos electos van a tener con la Justicia, comenzando por el propio President Puigdemont. La ciudadanía catalana ha demostrado gran madurez, la participación ha sido histórica, se ha producido una evidente llamada al compromiso político, a la necesidad de ofrecer soluciones políticas, no judiciales o penales. Espero que este mensaje sea entendido y gestionado con la altura de miras que el momento demanda.
El pasado lunes la vicepresidenta del Gobierno español defendió en el Senado la aplicación del tristemente famoso artículo 155 y se vanaglorió de sus supuestos beneficios para Cataluña. Pretendió trasladar una imagen de normalidad en la gestión, obviando que se ha tratado de una actuación desproporcionada y sin parangón en una democracia europea hasta este momento. Tres días después las urnas catalanas hablaron con claridad, la vicepresidenta cayó y calló, los partidarios del 155 deberán reconocer su estrepitosa derrota.
Participo en el Consejo de Europa y he podido constatar, en muchas intervenciones de representantes de diferentes Estados, la velada crítica ante el inoperante proceder del Gobierno Español. La cultura democrática se asocia con la capacidad de dar cauce de solución a los conflictos a través del diálogo y la negociación. En Europa cuesta comprender que no existan cauces de relación institucional estable entre dos Gobiernos democráticos de un mismo Estado y no hay más que leer la prensa internacional estos días para intuir una mayor exigencia al Gobierno Español para que encauce una cuestión que, tras la histórica cifra de participación y la reiteración de los resultados, ha vuelto a colocarse en primera página de actualidad.
El jueves se celebraron las Elecciones y los resultados hablan por sí mismos. El viernes cantaron los niños de San Ildefonso y conocer los números ya no nos sirve para comprar los décimos premiados. En otras palabras, los errores cometidos en la gestión del conflicto catalán ya no se pueden enmendar, por eso es absolutamente necesario mirar al futuro y hacerlo con otra perspectiva, tono, actitud y voluntad. De nada sirven las amenazas, de nada sirve blandir la espada de Damocles del artículo 155 si no se aborda el problema de fondo, esto es, la existencia de un sentimiento de pertenencia nacional distinto que pide respeto, reconocimiento y una vía de diálogo para dar cauce de expresión a una demanda arraigada y legítima que las elecciones democráticas han vuelto a confirmar con una participación histórica.

El primer quehacer es asumir los resultados, saber interpretarlos correctamente y con realismo, abrir cauces estables de relación y diálogo que permitan restablecer y asentar los pilares de un puente de comunicación entre las diferentes sensibilidades para propiciar un nuevo escenario de entendimiento y acuerdo. Aunque hoy suene inocente, no hay otra solución: la cuestión de fondo se mantiene, la novedad debe venir por otra forma de hacer política, que parta de un diálogo con voluntad de acuerdo y demuestre capacidad para ofrecer soluciones políticas. Mismo fondo, nuevas formas. Esta es mi esperanza para asentar los pilares de la tierra catalana.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.

sábado, 16 de diciembre de 2017


Prudencia y olvido
Me resulta difícil admitir que haya quien no sepa distinguir entre la prudencia y el olvido; más difícil aún, teniendo en cuenta que esas mismas personas tienen la capacidad de distinguir entre la ley y la ley.
Esta enigmática entradilla viene a raíz del rechazo del Partido Popular esta semana en el Senado a una moción acordada entre EAJ-PNV y el PSOE en la que requeríamos al Gobierno español a reformar la Ley de la Memoria Histórica, un texto que además de resultar insuficiente a día de hoy, se aplica de manera deficiente. Por ese motivo, genera una frustración considerable entre las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Resulta insuficiente si se sigue confundiendo la prudencia con el olvido. Es evidente que hay que ser prudentes, pero la prudencia no nos puede hacer olvidar la ley.
Y esta confusión se está dando, precisamente, en estos días en los que continuamente venimos oyendo que hay que cumplir la legalidad vigente. ¡Cómo no!, pero debemos cumplir tanto la que nos gusta como la que no. También la Ley de memoria histórica. Me cuesta entender que se den argumentos que contradicen todo su planteamiento. Sin ir más lejos, la semana pasada se conmemoró el 40 aniversario de la incorporación del Estado español al Consejo de Europa, un organismo que nos está lanzando una serie de recomendaciones con respecto a la memoria histórica.
Han pasado diez años desde la aprobación de la Ley y resulta procedente una revisión de la misma, ya que, aunque recoge indudables aspectos positivos, también adolece de déficits que es necesario abordar. Quienes hemos tenido ocasión de trabajar junto a familiares de víctimas hemos podido advertir su incredulidad y frustración ante reiteradas promesas incumplidas y llamamientos a reconciliaciones carentes de sentido si no se producen cuanto antes.
Al finalizar el franquismo se cometieron errores graves. No hubo esclarecimiento de la verdad, no hubo justicia, no hubo reconocimiento para las víctimas, no hubo juicio condenatorio para la dictadura y sus principales responsables. Sin embargo, han pasado cuarenta años y se da el caso de que hay familiares que aún tienen que vivir la frustración de saber que su padre o abuelo está enterrado en el Valle de los Caídos sin saber exactamente dónde, mientras la Administración que te debería de ayudar te pone pegas para encontrarlo. Entretanto, la persona responsable de su muerte preside el mausoleo, bajo una lápida junto al altar mayor con flores que se renuevan diariamente.
Al igual que ocurre con esa afrenta, en el Estado español aún sigue sin deslegitimarse debidamente la exhibición de banderas, consignas y símbolos franquistas, que atentan gravemente contra la dignidad de las víctimas y menoscaban la cultura democrática. Es una obligación para la democracia española hacer desaparecer todos esos símbolos, pero no porque homenajean a un solo bando, sino, simple y llanamente, porque forman parte de un régimen antidemocrático que ejecutó a miles de personas y provocó una guerra civil.
No solo es lo prudente, es lo justo.