sábado, 27 de octubre de 2018


La revolución: cumplir la ley
Este año, en vísperas del 40 aniversario de la Constitución española, un letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea me trasladó una reflexión muy sugerente: “La verdadera revolución en España se producirá cuando se cumpla la ley”. Lo cierto es que este aparente contrasentido no puede estar más cargado de razón si atendemos a la manera de actuar de los diferentes dirigentes del Estado. Por si a alguien le quedaba alguna duda, este jueves el propio ministro de Asuntos Exteriores ha venido a confirmarlo en sede parlamentaria declarando que “en España, cada vez que hay algún problema hacemos una ley y muchas veces la ley se queda en un texto que no se aplica”. Borrell dixit, fin de la cita.
El reciente estudio del CIS ha vuelto a confirmar que no vivimos buenos tiempos para la política. En muchos momentos, nos sorprende escuchar a cualquier parlamentario diciendo cualquier cosa, sin el mínimo rigor, sin profundizar en su trabajo; cuestiones gruesas, muchas veces insultantes, con el único objetivo de “robar” unos segundos en algún medio informativo. Conozco de cerca otros ámbitos institucionales y parlamentarios además del Senado: el Parlamento Vasco o el Consejo de Europa, y doy fe de que nada tienen que ver con lo que veo en Madrid.
Esta semana me ha sorprendido que, por primera vez, el propio Presidente Pedro Sánchez haya optado por bajar al barro. En la sesión de control al Gobierno del martes, acusó al portavoz del Grupo Popular en el Senado de obtener su doctorado de malas maneras citando un “tribunal organizado ad hoc” o un “trabajo sin suficiente contraste”. No daba crédito a lo que escuchaba. Desde EAJ-PNV llevamos semanas defendiendo que no tiene ningún sentido que el Presidente del Ejecutivo central tenga que comparecer por motivo de su tesis doctoral: sobre todo porque no es función del Parlamento, pero también porque no nos consideramos competentes para valorar la calidad académica de un trabajo; más si cabe, cuando el ámbito universitario ya tiene suficientes resortes como para responder ante este tipo de cuestiones. Lo que nos alarma es que sean ellos mismos, quienes más razones tendrían para callar, quienes sigan enredando y enredándose con este tema, cuando en realidad lo único que logran es que el clima político madrileño se vaya tornando insufrible.
En ese ambiente, nos correspondía debatir con el Presidente del Gobierno, y le pregunté por su voluntad para cumplir la ley, refiriéndome en este caso al cumplimiento del Estatuto de Gernika, que junto a la Constitución, conforma el bloque de constitucionalidad. Es cierto que el nuevo Gobierno español no lleva más que cinco meses en La Moncloa, pero también es verdad que ya iba siendo hora de advertirles de que no nos gusta lo que estamos viendo y oyendo o, mejor dicho, lo que no estamos viendo ni oyendo. El problema es que su respuesta no me tranquilizó en absoluto, porque no se le ocurrió otra cosa que espetarme: “Si la competencia de la Seguridad Social no se ha traspasado en 30 años será por algo”. Es decir, el máximo responsable del Ejecutivo está justificando el incumplimiento de una Ley Orgánica, como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, durante 39 años, que no solo 30. ¿Alguien puede imaginar que cualquier persona pudiera dejar de actuar conforme a la ley sin que las instituciones, de una manera u otra, le llamaran al orden? Es inaudito; no cumplen la ley y ni se sonrojan.
Un Ejecutivo central serio, ante el reiterado menosprecio al Estatuto de Gernika desde que fue aprobado, debiera de adoptar medidas drásticas y urgentes para garantizar su cumplimiento. De otra manera, ¿qué credibilidad tiene un Estado que no actúa conforme al ordenamiento jurídico vigente? ¿Puede un Estado cumplir las leyes unas veces sí y otras no? Recordemos, sin ir más lejos, que la justificación que PP, PSOE y Ciudadanos emplearon en el Senado para aplicar las medidas del Artículo 155 en Catalunya fue precisamente el incumplimiento de la ley.
La historia se repite. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han tenido voluntad de cumplir el Estatuto, sino que han esperado a necesitar nuestros votos para gestionar más o menos transferencias. No hay más que recordar que en los años 2009 y 2010 se negociaron 16 transferencias. Tal vez no lo hicieron por pleno convencimiento, pero al menos había un Gobierno que tenía la voluntad suficiente para transferir una serie de competencias que están recogidas en la ley. El resultado de aquel acuerdo ha sido positivo, pero esto no les ha hecho cambiar la actitud y a los hechos me remito: hace dos años el propio Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia una competencia sobre dos vías ferroviarias en favor del País Vasco y, sin embargo, hoy es el día en el que el Ejecutivo central no ha cumplido la decisión adoptada por el mismísimo Constitucional. Sin palabras.
Desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco, los diferentes Gobiernos centrales no han respetado el pacto. Un pacto aprobado en el Parlamento Vasco, un pacto aprobado por las Cortes Generales, un pacto refrendado por la ciudadanía vasca con su voto el día 25 de octubre de 1979. Todo lo que sea no aplicar el texto pactado es, además de ir contra la ley que conforma el bloque de constitucionalidad, actuar contra la voluntad de la ciudadanía. Este mismo viernes la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha formalizado la solicitud de un texto articulado al equipo de expertos jurídicos elegido por los Grupos parlamentarios. Disponen de ocho meses para entregar su trabajo, pero no cabe duda de que el mantenimiento de la cerrazón y el incumplimiento de las transferencias todavía pendientes no resultaría ser el mejor augurio para imaginar un nuevo pacto de convivencia de cara al futuro.
Euskadi no dispone hoy de protección ante el incumplimiento unilateral del Ejecutivo central. El Presidente Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy con nuestro apoyo porque afirmó su voluntad política de gestionar su Gobierno de una manera diferente. Rajoy y el Partido Popular contravinieron la ley, y si el Presidente Sánchez quiere hacer las cosas de otra manera debería empezar acometiendo la revolución que consistiría, simplemente, en cumplir la ley. Un paso obvio, un paso necesario que sería incomprensible no acometer.
Mi artículo de opinión, hoy en Deia.


sábado, 20 de octubre de 2018


Presupuestos vendo…
Se atribuye a quien fuera canciller alemán a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, haber acuñado el término Realpolitik; que viene a ser la política de la realidad, la que se basa en los intereses de un país de acuerdo con las circunstancias del momento, en lugar de seguir principios filosóficos, teóricos o morales.
La estruendosa irrupción de Podemos en el panorama político nos hizo llegar a todos de manera inmediata su intrépido ideario para cambiar el pecaminoso proceder de quienes consideran los viejos partidos, anunciando para ello el asalto a los cielos. Sin embargo, en su aún corta trayectoria, cada vez resultan más palpables sus contradicciones al oscilar entre seguir el dogma de sus ideales o abrazar la política de los problemas reales y, sobre todo, las soluciones realistas. Lo cierto es que la Realpolitik comparte su enfoque filosófico con el pragmatismo, por eso lo que tal vez busca Podemos es eso: ser práctico para trepar hasta los cielos. Solo así se explica que sean capaces de elevar su nivel de exigencia en Euskadi para tratar de desgastar al Gobierno Vasco, al mismo tiempo que lo rebajan en La Moncloa, donde perciben haber alcanzado un nivel cercano a ese paraíso al que vaticinaron llegar.
Resulta desconcertante la contradicción que supone la defensa que hizo hace una semana el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, de los acuerdos “arrancados” al Gobierno de Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2019; una alianza que ponderó como ejemplo a seguir en Euskadi y que, sin embargo, recoge medidas de inferior calado a las que exigen al Ejecutivo del Lehendakari Urkullu para apoyar los presupuestos del Gobierno Vasco, e incluso inferiores a otras que ya se están aplicando en nuestra Comunidad. Medidas, sí, pero tomadas con diferentes varas.
En sus particulares tablas de la ley, al parecer de aplicación exclusiva en Euskadi, Martínez expuso quince quehaceres a cumplir por el Gobierno Vasco. El primer mandamiento demanda el rescate público de La Naval; una iniciativa loable, aunque su resolución es competencia del Gobierno central y no del de Gasteiz, además de que presenta una enorme complejidad económica y legal. Sin embargo, pese a la relevancia que se le otorga en la negociación con el PNV, no ocupa una sola línea en el acuerdo firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Además de lo insólito que resulta una rúbrica entre un Gobierno, el de Sánchez, y un Grupo Parlamentario, el de Podemos, no deja de sorprenderme la positiva visión que del acuerdo tienen los correligionarios vascos de Iglesias. En el mismo, por ejemplo, nada se dice contra las inversiones en el Tren de Alta Velocidad en Euskadi en contraste con la oposición que muestran al impulso que se da al mismo en las cuentas en Vitoria-Gasteiz. Estoy ansioso por saber qué posición tomarán los parlamentarios vascos de Podemos cuando se voten en el Congreso y en el Senado: si se guiarán por sus principios para Euskadi o si los mudarán para Madrid.
Tanto o más asombrosa aún es la asunción sin crítica del incremento en base al IPC de las pensiones por parte de quienes, hasta hace escasos días, denostaban sin paliativos el acuerdo que en similares términos obtenía el Partido Nacionalista Vasco con el PP que sustentaba el Gobierno de Mariano Rajoy. Y por si esto fuera poco, mientras, Lander Martínez y los suyos se alinean con las plataformas de pensionistas para demandar el incremento de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros en Euskadi cuando su partido no reclama esa cantidad a quien de verdad compete fijar la prestación. ¿Era bueno o no el incremento obtenido por el PNV en Madrid? ¿No era el acuerdo de Moncloa el modelo a imitar en Euskadi? ¿En qué quedamos?
Tampoco es entendible la calificación de “extrapolable a Euskadi” que Martínez atribuye al acuerdo en Madrid si atendemos al supuesto carácter progresista del incremento de los impuestos para reforzar el estado del bienestar. Lo digo porque, eso que ellos venden como un logro obtenido gracias a su influencia, mantiene una presión fiscal muy por debajo de la media europea y lejos de la que ya existe en la Comunidad Autónoma Vasca. En este ámbito, tampoco hubiera estado de más, por ejemplo, que una formación presuntamente progresista hubiera exigido a Sánchez que pusiera coto a las Sicav como se lleva haciendo en Euskadi desde 2009, cuando una reforma fiscal hizo que esas sociedades de inversión de capital variable dejaran de tener una benévola tributación del 1% y pasaran a pagar lo mismo que cualquier otra sociedad.
Es más fácil destruir que construir; criticar que elaborar. El mismo Pedro Sánchez lo ha podido comprobar nada más abandonar la oposición y encaramarse a atalaya de La Moncloa. El ejemplo más claro lo tenemos en el firme anuncio de que se dejaría de vender armas a Arabia Saudí que quedó en agua de borrajas al amenazar estos con anular la compra de varias corbetas que se construyen en Navantia. Todavía guardo en la memoria las declaraciones de la portavoz del Gobierno, la señora Celaá, justificando esa venta de armamento basándose en la inteligencia que este posee para destruir de manera selectiva. También en este caso se hizo presente la doble alma ‘morada’, con la defensa que hizo de esta transacción el alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’, cuando anteriormente había sido duramente crítico con regímenes como el del reino arábigo.
Son innumerables los ejemplos que evidencian que una cosa es la política de salón y otra la política real. Lo que no parece de recibo ni comprensible, y menos aún en esta era de las comunicaciones globales, es que una misma formación diga una cosa y la contraria; que defienda unos postulados en una institución y que defienda otros en otra. No sé si era esto lo de la nueva política que anunciaban algunos o solo se trataba de alcanzar, o mejor dicho trepar, hasta los cielos.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco. 

sábado, 13 de octubre de 2018


El modelo de descentralización en Europa
En muchas ocasiones hemos oído hablar de los beneficios de viajar; las ventajas de tomar distancia para obtener una perspectiva más amplia de las circunstancias que nos ocupan en nuestro día a día. Esta semana he participado en el Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo donde me he encontrado con un nuevo alegato en favor de los procesos de descentralización y el modelo de subsidiariedad.
Independientemente de la realidad que vivimos en el Estado español, los debates que se sustancian en el ámbito europeo van en la línea de intentar acercarse lo más posible a los intereses de la ciudadanía. Esto es el concepto de subsidiariedad, el objetivo de que sean las instituciones más cercanas las que decidan y ejecuten las políticas de respuesta a las necesidades de las personas. Es evidente, por ejemplo, que el desarrollo integral de las personas más jóvenes de nuestra sociedad estará dotado de una mayor calidad si el responsable de definir la educación está cerca del ámbito en el que se aplica. Nadie va a tener un mayor interés que la propia comunidad. Lo mismo cabría decir de la sanidad, el transporte o las políticas sociales. Dado que los recursos son limitados, serán las instituciones más próximas las que tengan mayor capacidad de definir las necesidades de su comunidad porque son las que más y mejor las conocen.
Esta semana en Estrasburgo he participado en el debate sobre ‘el papel de los Parlamentos nacionales en los procesos de descentralización exitosos’. El Consejo de Europa ha querido enviar un mensaje nítido a los Estados europeos: “…el papel fundamental de la descentralización es ser más sensible con el servicio público en los ámbitos locales”. Esta institución considera que la descentralización es una de las prioridades como elemento clave en la refundación de la democracia. Esta orientación es importante para una realidad de Nación sin Estado como Euskadi, porque el Consejo ha querido mostrar su preocupación por la tendencia que en la actualidad se está dando en determinados países con un estancamiento en los procesos de descentralización e, incluso, una reversión de los mismos.
El Informe de la Asamblea afirma que el éxito de la descentralización depende, en gran medida, de la calidad de los procesos políticos en los que se negocian, respaldan y aplican los acuerdos. Cuando esta calidad es baja conlleva efectos adversos como la devolución de competencias. De hecho, la Asamblea ha pedido a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la descentralización a través de leyes, políticas y prácticas, recomendando tomar medidas para asegurar que, una vez votados, los procesos se implementen según lo planeado y no se restrinjan injustificadamente debido a las mayorías cambiantes. No cabe duda de que esta “realidad” nos es muy familiar en Euskadi y esta resolución nos va a resultar de utilidad a la hora de defender nuestros intereses en el proceso de integración europea.
Tal vez viajar y distanciarse para obtener una perspectiva más amplia ha podido propiciar que el Partido Popular y Ciudadanos hayan votado a favor de que los parlamentos denominados ‘nacionales’ lleven adelante estas reformas para la descentralización. Entre ellas, por cierto, también se refuerza el apoyo a la organización de consultas, adecuando la legislación a estos objetivos y asegurando así que las autoridades e instituciones más cercanas puedan trabajar con eficacia y sin obstáculos.
No cabe duda de que PP y Ciudadanos emplean un doble discurso: uno en el ámbito internacional y otro, radicalmente distinto, dentro del Estado español. Allí favorecen lo que rechazan aquí. Alguien se puede confundir y pensar que el creciente proceso de globalización va en contra de las instituciones más cercanas; nada más lejos de la realidad. En la práctica los riesgos globales están favoreciendo la subsidiariedad, están invitando a reforzar, por ejemplo, la conveniencia de testar la acción política en aquel espacio más cercano a las necesidades de la ciudadanía.
La claridad en el reparto competencial fue también un aspecto muy importante en el debate de Estrasburgo. También en este caso tanto PP como Ciudadanos hablan de la necesaria clarificación, pero ocultan la auténtica realidad en el Estado español, donde no solo no se clarifica sino que se mantienen todavía 37 competencias pendientes de transferir casi 39 años después de su aprobación y refrendo por la ciudadanía vasca. No cabe duda de que a la derecha española se le está atragantando el Consejo de Europa porque muchos informes están cuestionando sus políticas. En unos días, sin ir más lejos el 23 de octubre, vamos a conocer la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que reprochará al PP el uso y abuso que ha realizado una y otra vez del Senado. Prácticamente 70 presos van a ver mejorada su situación, de los cuales una veintena saldrán libres después de haber cumplido la pena, al transponer una directiva de la Unión Europea que tenía como objetivo armonizar el cumplimiento de las penas en todos los Estados miembros de la Unión. El Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una enmienda por la puerta de atrás en el Senado, volviendo a retorcer la institución valiéndose de su mayoría absoluta. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que Europa, de nuevo, le ha tirado las orejas al Estado español en un tema relacionado con los Derechos Humanos.
La democracia a veces nos da la razón y otra nos las quita, pero es indudable que hay que saber leer e interpretar las claves de la Europa moderna, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el necesario avance en la subsidiaridad, en la descentralización y, en definitiva, en la participación de las Naciones sin Estado en el proceso de integración del futuro de Europa.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.