domingo, 23 de julio de 2017


Los achaques del parlamentarismo español
La salud del Senado de España es la cuestión que se me plantea con mayor frecuencia. Hay quienes piensan que lo mejor sería extirparlo, esto es, que la Cámara Alta debería desaparecer; pero la afirmación que más acuerdo suscita es que necesita una modificación sustancial en sus contenidos y su forma, en sus quehaceres y su dimensión. Su reforma es, probablemente, uno de los objetivos que en mayor medida comparten todas las fuerzas parlamentarias.
Hoy no existe un diagnóstico consensuado para abordar esa reforma. Ni siquiera percibimos la voluntad de llevarla a efecto. El mejor ejemplo es que la ponencia de estudio, creada el pasado mes de noviembre para su remodelación, no se ha reunido ni una sola vez ocho meses después de su constitución. No hay voluntad real de reforma, esto es lo único que podemos concluir de la actitud de PP y PSOE, que una vez más apoyaron una iniciativa parlamentaria para abandonarla el mismo día de su puesta en marcha.
Tengo que reconocer que la experiencia parlamentaria avala un sistema bicameral. Tiene todo el sentido dentro de un Estado compuesto y descentralizado como el español, ahora bien, es evidente que en estos momentos el Senado no está ejerciendo las funciones que debiera. Pretendidamente es la Cámara de reflexión serena, pero en realidad dedica menos de la mitad del tiempo que el Congreso a debatir los proyectos de ley. Pretendidamente es la Cámara del debate plural, pero en realidad el Partido Popular, con su mayoría absoluta, es capaz de organizar una Comisión de investigación de la financiación de todos los partidos políticos, de todos a excepción del suyo. Reflexión, serenidad, debate y pluralidad, más necesarias que nunca, brillan por su ausencia en el Senado español.
El termómetro es el instrumento que sirve para identificar síntomas de una enfermedad latente. En el momento político actual, se podría decir que el Senado es el termómetro que está poniendo de manifiesto la baja calidad democrática del Estado español. La pérdida de la mayoría absoluta, esto es, la pura necesidad, ha movido al Partido Popular a buscar en el Congreso de los Diputados unos acuerdos que en la anterior legislatura no necesitó. Ahí comienza y termina toda su voluntad de diálogo. Sencillamente, como en el Senado mantiene su hegemonía, ni dialoga, ni acuerda. A tenor de lo conocido hasta ahora, la fiebre de la mayoría absoluta no ha remitido en su totalidad.
Esta es la prueba más evidente de que la democracia en el Estado español parece no haber alcanzado todavía su madurez. En cuarenta años de trayectoria ha quedado demostrado, tanto que las mayorías absolutas no se han gestionado bien, como que el modelo de parlamentarismo tiene que evolucionar y cambiar. Las mayorías absolutas solo han servido para que el Gobierno haya impuesto sus políticas y decisiones, sin tener en cuenta ningún interés más allá del propio y circunscrito a cuatro años. Han sido Ejecutivos para los que el Parlamento ha sido solo una molestia y, además, en relación a Euskadi las tres mayorías absolutas han coincidido en ponerse al servicio de revertir el Autogobierno, incumplir el Estatuto, esquilmar competencias y recentralizar el poder.
El sistema inmunológico no parece responder adecuadamente en el parlamentarismo español, incapaz de detectar y dar solución a una de las mayores preocupaciones que el Estado tiene en la actualidad, como es el problema del modelo territorial. La acción coercitiva parece ser la única receta a aplicar. Es llamativa la incapacidad de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para incluir en su Orden del Día el debate territorial; por el contario, resulta absolutamente diligente para prohibir una conferencia del President de la Generalitat de Catalunya en el Parlamento español, esto es, prohibir su comparecencia en el que debería de ser el principal foro de debate territorial.
Tampoco en relación a Euskadi encontramos el cambio de actitud que cabría esperar. En la práctica, el Parlamento no ha demostrado capacidad alguna a la hora de propiciar una Política de Estado compartida para un final ordenado del terrorismo y la violencia, en aras a cimentar la normalización y convivencia futura en Euskadi. No ha demostrado la altura de miras necesaria para debatir, sin apriorismos, la crisis del modelo territorial del Estado; abordar sus problemas de funcionamiento e intentar definir un nuevo modelo que permita dar cauce de solución, desde la democracia, a las aspiraciones legítimas que se plantean.
El proceder parlamentario español ha sido incapaz de poner pie en pared ante el reiterado incumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 que hemos padecido por parte de los diferentes Ejecutivos centrales, con y, también, sin mayoría absoluta.
No vamos a cejar en el empeño. Desde el Grupo Vasco en el Senado vamos a seguir trabajando con todos los resortes a nuestra disposición en defensa de los intereses de Euskadi. El Estatuto es ley, debe cumplirse y completarse. El Autogobierno vasco es singular, debe respetarse y actualizarse. El Estado es plurinacional, debe reconocerse y actualizarse. No vamos a flaquear, trataremos de paliar los achaques que aquejan al parlamentarismo español y que afectan, también, al desarrollo y progreso de Euskadi.
Mi artículo de opinión, hoy, en http://www.diariovasco.com/

martes, 18 de julio de 2017

Argia eta itzala
Uztailaren 18a heltzen den bakoitzean egun beltza etortzen zaidanez burura, aurtengoan argi pixka bat ematen dion gertakari bat ekarriko dut gogora. Izan ere, horrelako egun batean jaio zen, duela 99 urte Hegoafrikako Mvezo herrian, XX mendeak eman duen pertsonaia garrantzitsuenetako bat: Nelson Mandela. Horregatik, 2009az geroztik bere omenezko nazioarteko eguna izendatzea erabaki zuen Nazio Batuetako Batzar Nagusiak.
Giza eskubideen alde eta bere herrian beltzak baztertzeko aplikatzen zen Apartheidaren aurka egiteagatik hogeita zazpi urtez espetxean izan ostean Hegoafrikako Presidente izatera heldu zen, eta bakea, askatasuna eta gizartearen adiskidetzea izan ziren bere jardueraren ardatzak.
Nazio Batuek gatazkak konpontzen, arrazen arteko harremanak lantzen, giza eskubideak sustatzen, adiskidetzea bultzatzen eta beste hainbat arlotan egin zituen lanei gorazarre egiten die, eta gaurko eguna espetxeratuta daudenen baldintzak hobe daitezen sustatzeko ere izan dadila erabaki zuen duela bi urte, hauek gizartearen parte garrantzitsua direlako jakitun.
Egun berezi hau gogoratuz argi pixka bat eragin nahi nuen baina, jakina, argia dagoenean itzala ere sortzen da, eta Estatu espainiarrean egun honetan gogoratzen den ekintzarekin eta 81 urte geroago bakea eta adiskidetzearen alde emateko falta diren pausoak ikusita, oraindik itzal gehiegi dagoela uste dut.


lunes, 17 de julio de 2017


Las debilidades de la democracia española
El 15 de julio de 1799, el teniente francés Pierre-François Bouchard descubrió en la localidad de Rosetta el fragmento de una antigua estela egipcia con un texto repetido en tres escrituras distintas: jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Gracias a la conocida como Piedra de Rosetta se llegó al entendimiento de los jeroglíficos egipcios que hasta entonces se habían descifrado en base a interpretaciones erróneas, como la de ‘Hieroglyphica’, obra publicada por el sacerdote Horapolo en el siglo V. Esta obra fue toda una referencia durante años pero, en la práctica, resultó ser un freno en el proceso de comprensión de aquella desconocida escritura.
Recientemente se ha conmemorado en el Estado español el cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas. Fue uno de los hitos más icónicos de una época tan ensalzada como la transición española, que estableció las bases del actual Estado de Derecho. Sin embargo, esas bases, como ocurriera con el estudio de Horapolo, no son todo lo apropiadas que deberían ser. No debemos olvidar que estos cimientos se erigieron en el contexto del final de una sangrienta dictadura y que, cuatro décadas después, conviene volver a analizar los mismos con una visión contextualizada, pero también crítica con el resultado.
Esa visión contextualizada sirve para recordar que solo el conocido como “ruido de sables” puede explicar que exista un artículo 8 de la Constitución que concede a las Fuerzas Armadas la potestad de ser garante de “la soberanía e independencia de España, de defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Ese mismo “ruido” explica que penda sobre las Comunidades Autónomas la amenaza de la “intervención” del Estado si alguna de ellas “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. También explica que la LOAPA rompiera por la fuerza el pacto entre Euskadi y el Estado en nombre de una “armonización” cuyo único objetivo era contentar tanto a los militares como a otros sectores retrógrados que sobrevivieron al dictador. Llama la atención que, cuarenta años después, la actual Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, recupere el citado artículo 8 de la Carta Magna como posible “respuesta” a la situación que se está viviendo en Catalunya. Este es un buen ejemplo de los endebles cimientos del Estado de Derecho y del bajo nivel de calidad de la democracia cuatro décadas después.
Otro ejemplo de esta debilidad es la indisimulada interconexión que se mantiene entre los poderes del Estado, clara herencia de un régimen dictatorial y de la inercia de un Estado que no acaba de fortalecer su modelo. Así, se mantiene un Legislativo supeditado al Ejecutivo y una Judicatura dirigida por los partidos políticos mayoritarios en el Gobierno. Esta circunstancia quiebra la imparcialidad judicial en tantos casos que se llega a poner en duda su nivel democrático y, desde luego, la administración de una justicia verdaderamente justa.
Los ejemplos de debilidad política son de primer nivel. Ningún país de Europa occidental hubiera permitido la continuidad de un Ministro de Interior tras escuchar grabaciones en la que trataba de construir, junto con la Policía, pruebas para hacer frente a un adversario político. Ningún país hubiera permitido la continuidad en su cargo de un Ministro de Justicia que obstaculiza causas por delitos relacionados con la corrupción. Todo esto ha ocurrido en España, pero ya sabemos que desde hace más de 40 años, “Spain is diferent”.
Las debilidades de la democracia se observan también en el ámbito de la convivencia. Esta misma semana, con motivo de los actos de recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco, hemos tenido una muy buena prueba de ello, asistiendo a disputas políticas e institucionales incomprensibles más de seis años después de que ETA declarara el cese definitivo de su acción armada. En este nuevo contexto, más valdría a determinados dirigentes políticos atender a los objetivos que recoge la Constitución Española en orden a favorecer la reconciliación y la convivencia, en lugar de seguir tratando de utilizar el inexistente terrorismo como arma arrojadiza.
En este punto quiero dejar clara constancia de que no pretendo obviar la insoslayable responsabilidad que tienen ETA y su entorno más próximo. En su mano estuvo no matar; en su mano estuvo también, aunque tarde, pedir perdón por el daño injusto causado y acogerse a medidas de reinserción. No lo han hecho y hace escasos días supimos que el colectivo de presos, EPPK, dio libertad a sus miembros para acogerse a las vías legales para enjugar sus penas; es un paso positivo aunque, como todo en la absurda existencia de ETA, llega incomprensiblemente tarde.
En todo caso, cuarenta años después de las primeras elecciones democráticas, seis años después del final definitivo de ETA y cuando la banda desalmada ya está desarmada no es tiempo de continuar con medidas penitenciarias de excepción que extienden las penas de las personas presas a sus familiares, a través de una política extemporánea de alejamiento. Tampoco es tiempo de recurrir a la ingeniería jurídica para construir una cadena perpetua camuflada bajo el eufemismo de la prisión permanente revisable, ni de solicitar penas de cárcel desproporcionadas y vengativas como las pedidas por la fiscalía en el caso del inaceptable caso de Altsasu.
Las debilidades de la democracia las sufrimos también en el ámbito político en Euskadi. Hay que recordar a los adalides de la legalidad española que han pasado ya 38 años desde que se refrendara el Estatuto de Gernika. Una ley orgánica que el Estado español sigue incumpliendo consciente y reiteradamente. Las competencias del Estatuto siguen aún sin transferirse, única y exclusivamente porque así lo han querido los diferentes Gobiernos españoles tanto de UCD como del PP o del PSOE. La debilidad de la democracia se explica por su falta de voluntad para fortalecerla.
El contador de la debilidad suma y sigue. El último episodio lo hemos tenido este jueves con el poco edificante ejemplo dado en el Senado en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos, un pomposo nombre para enmascarar el paripé creado por el Partido Popular. Su única intención era aprovechar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para tratar de contrarrestar la Comisión creada en el Congreso para investigar sus cuentas. Utilizar las instituciones en beneficio propio para poner en marcha el “ventilador” y tratar de hacer ver que todos los partidos políticos están “manchados” no va a lograr ocultar, ni hacernos olvidar, que el PP es el primer partido imputado por corrupción en la historia de la democracia. Nuestra respuesta ha sido clara, nos hemos negado a tomar parte en una comisión cuya inequívoca intencionalidad política y de reproche recíproco contamina todo objetivo positivo y propositivo que pudiera tener.
Cuatro décadas después, pese a las celebraciones, parabienes y lisonjas más propias del “papel couché”, las debilidades y costuras de la transición española se hacen muy visibles. Aún quedan demasiadas cosas por hacer para fortalecer la democracia y asentar un auténtico Estado de Derecho. Soy muy consciente de que no existe una piedra Rosetta que nos vaya a descubrir las claves y resolver todos los problemas. Ahora bien, a la ‘Hieroglyphica’ que se ha instalado en la política española le vendría muy bien poner en práctica la voluntad inequívoca de asumir las debilidades del modelo, primer paso imprescindible para arbitrar las medidas que permitan construir una sociedad más justa y democrática.