domingo, 23 de diciembre de 2018


Un ejemplo inspirador

Este martes el Senado ha vivido una jornada inusual. Así se puede considerar la comparecencia del presidente del Gobierno español en la Cámara Alta. Aunque los socialistas han insistido en presentarla como voluntaria, lo cierto es que han sido las reiteradas demandas del Grupo Popular las que han contribuido a forzar la voluntad de Pedro Sánchez.
La razón oficial del requerimiento ‘popular’ ha sido la necesidad de que el máximo responsable del Ejecutivo explique su postura ante lo que entendían como una grave crisis migratoria; un drama desgraciadamente cierto, aunque  el PP solo lo haya utilizado como mero pretexto para tratar de acorralar a Sánchez valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta.
En mi condición de portavoz del Grupo Nacionalista en el Senado, tuve la oportunidad de intervenir y aportar nuestra reflexión desde Euskadi, tanto sobre la migración como sobre la evidente crisis política que vivimos hoy en día. En un tono moderado y comedido tengo que destacar un mensaje del Presidente Sánchez que espero no caiga en saco roto, así afirmó: “Nosotros queremos apelar a la moderación, a la serenidad, a la convivencia, a la generosidad por parte de los responsables políticos; por tanto, creo que se puede aprender, y mucho, de lo que ha ocurrido en Euskadi”; para finalizar utilizando el concepto que da título a este artículo: Euskadi puede ser “un ejemplo inspirador” para Cataluña.
La cultura política del Partido Nacionalista Vasco nos anima siempre a tratar de aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen en positivo. Con este espíritu y en la confianza de que esta idea no se quede en un mero anhelo voluntarioso del Presidente, me decido a sugerirle algunos pasos que permitan convertir el ejemplo inspirador en una realidad efectiva y útil.
El primer paso, lógico e inmediato, es predicar con el ejemplo y contribuir al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, ley orgánica refrendada por la ciudadanía vasca hace casi cuatro décadas y que mantiene todavía una deuda pendiente con Euskadi. Cuando el presidente Sánchez, el Partido Socialista o el Partido Popular hacen referencia al valor del Estatuto, a la primacía de la ley el cumplimiento del marco jurídico, harían bien en dar ejemplo. No nos cansaremos de recordarles que el Estado tiene una deuda pendiente con el Autogobierno vasco. Cumplirla sería un ejemplo auténticamente inspirador
Desgraciadamente los ejemplos con que nos encontramos en el día a día van en sentido contrario. Este mismo mes, en el mismo Senado y el propio presidente del Gobierno, ante una pregunta que le hice al respecto de la transferencia de la “gestión del régimen económico de la Seguridad Social”, me respondía que si durante todos estos años esta transferencia no se había sustanciado “sería por algo”. Una respuesta nada ejemplar.
En otra sesión plenaria, el senador y candidato a Diputado General de Araba por el PP, Iñaki Oyarzábal, exigía “con toda firmeza” al Ministro del Interior que no se transfiriera la competencia de la gestión de las instituciones penitenciarias a Euskadi. El senador vasco reniega del Estatuto de Gernika porque esta competencia está pactada y refrendada por la ciudadanía. El candidato alavés  considera “una cesión imperdonable” que, por ejemplo, la cárcel de Zaballa sea gestionada por las instituciones vascas. Incomprensible, pero más incomprensible todavía el razonamiento empleado por un representante electo por la ciudadanía: “Las victimas le pidieron a usted personalmente que no se cediera la transferencia de prisiones al País Vasco”, le espetó a Grande-Marlaska. Me resisto a aceptar tanta demagogia y el propio Ministro tuvo que reconvenirle y recordarle lo obvio en una sede institucional: “No utilice a esos colectivos nunca más, debatamos en parámetros políticos”.
En definitiva, tanto el presidente del Gobierno del Estado como un senador del principal partido de la oposición daban por bueno el no cumplimiento de la ley. Así las cosas, parece necesario retornar de nuevo al abecé de la acción política y, cuando hablemos del Nuevo Estatuto, lo primero que necesitaremos para tener credibilidad en el debate será cumplir con aquello que ya se acordó, se pactó y se ratificó por la ciudadanía.
El primer paso sugerido por lo tanto es predicar con el ejemplo y cumplir lo ya acordado. El segundo paso sería reconocer una realidad incontestable, sería también todo un ejemplo inspirador. Me refiero al reconocimiento de la realidad nacional vasca. Abordar un problema político demanda conocer y asumir la realidad. Es obvio que en el Estado español hay una serie de identidades diferentes que necesitan respuestas diferentes. Es precisamente a esta  premisa a la que debemos dedicar tiempo para debatir de manera que se pueda conformar una salida a la realidad del Estado español: una realidad plurinacional. La propia Constitución tiene herramientas que no se han querido utilizar durante estos 40 años, y que posibilitan soluciones; el propio concepto de nacionalidades que utiliza la Constitución y no se ha querido desarrollar. Así pues, una idea que, con buena voluntad y sumada a la idea de los Derechos Históricos, de la Disposición Adicional Primera, nos da una serie de opciones que, a través de una nueva cultura política, basada en el respeto y en el reconocimiento a lo diferente, tiene que posibilitar una nueva visión del Estado.
Tercer paso: Bilateralidad. Este es otro aspecto esencial para dar contenido al marco que dice querer establecer el Presidente Sánchez. El modelo del Concierto Económico se ha confirmado como exitoso; necesita del acuerdo entre las instituciones para poder ser desarrollado. Esta bilateralidad, válida para el ámbito económico, debiera ser totalmente válida también para el ámbito político, porque cada día es más claro que el trabajo paccionado es el que ha demostrado ser más exitoso y más beneficioso para la ciudadanía en general.
A modo de síntesis a la invitación de Pedro Sánchez; el Presidente del Gobierno considera que el ejemplo vasco puede servir de cauce para la realidad catalana, sin embargo, es evidente que lo primero que necesita es convertir en realidad la teoría vasca; porque la teoría para Cataluña depende de que la prevista para Euskadi se lleve realmente a la práctica. Como si fuera un cuadro, al presidente Sánchez le falta completar el marco dibujando su lienzo.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.

domingo, 9 de diciembre de 2018


El eco de la política populista
Vivimos tiempos políticos de incertidumbre, en muchas ocasiones frustración y, sobre todo, tiempos de enfado y malestar. Son sentimientos que la ciudadanía vive día a día. La mayor parte de las personas con responsabilidades políticas, también vivimos este momento con gran desazón. En esta época de las redes sociales y la comunicación inmediata, donde prima lo rápido ante lo reflexivo, es necesario que los partidos bajemos unos decibelios el ruido que estamos generando y cambiemos el tono. Los insultos, el trazo grueso, la falta de respeto a las instituciones no son el mejor camino para recuperar la credibilidad perdida.
En este río revuelto en el que se ha convertido el debate político, el pasado domingo, Vox dio la sorpresa en Andalucía. Han acertado a combinar los mensajes de un modelo social egoísta y el rechazo total a la inmigración con  la recuperación del nacionalismo español y anticatalán en un cóctel que les ha otorgado una inesperada acumulación de escaños en el parlamento andaluz. Esta irrupción ha coincidido con las reuniones de la Comisión para las migraciones, refugiados y personas desplazadas del Consejo de Europa en las que he tomado parte esta semana. Compañeros de esta Comisión, miembros de diferentes  parlamentos europeos me han mostrado su preocupación por el futuro de esta fuerza política de claro perfil xenófobo.
La irrupción de Vox en Andalucía y su previsible capacidad de influencia en la gobernabilidad de la Comunidad nos obliga a recordar el ejemplo de Alemania. Allí, el partido xenófobo, Alternativa para Alemania, AfD,  llegó al Bundestag en 2017 con un 12,7% de los votos. En aquellas mismas Elecciones, el Partido Socialista Alemán y su máximo responsable entonces Martin Schultz se habían comprometido en campaña a no pactar con el partido de Angela Merkel. Ahora bien, la presión política y social provocó la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Socialista, que decidió amparar un acuerdo con la CDU de Merkel. Este acuerdo se adoptó  en aras a un bien mayor, esto es, impedir que la acción de Gobierno se viera condicionada por el partido xenófobo, aunque ello supusiera ir en contra de lo prometido a sus votantes. En un momento comprometido primó la coherencia, seriedad, responsabilidad y el compromiso con un ideario superior.
Recientemente, Angela Merkel ha anunciado su marcha al finalizar la actual legislatura; probablemente no sea parte del acuerdo adoptado con el Partido Socialista previamente, pero es innegable  que lo primero que han hecho los dos adversarios políticos tradicionales en Alemania, ha sido reconocerse mutuamente. Este reconocimiento democrático al adversario político es muestra de un diagnóstico certero y acordado sobre la posición política a mantener ante los extremismos y los radicalismos.
En el Estado español queda por saber cómo responderá el Partido Popular ante la situación originada en Andalucía. Resultaría llamativo que el PP priorizase una relación con un partido como Vox que se sitúa fuera de la Constitución española, con el único objetivo de desembarazarse de un PSOE que sí se identifica con los valores de la misma. En los últimos meses, la formación mayoritaria del centro-derecha español se había dejado influenciar por el naranja diablillo que desde su hombro derecho le empujaba a radicalizar sus políticas, pero resulta que ahora le ha aparecido otro diablillo aún más a la derecha. Con tal de cumplir el anhelo de echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía, ¿se aliará el PP con Ciudadanos y con un partido como Vox que defiende en su ideario  la derogación de la ley contra la violencia de género, la expulsión de los inmigrantes sin papeles, la derogación de la Ley del Aborto o de la Ley de Memoria Histórica? El posible respaldo a este ideario es una cuestión que preocupa en Europa.
Esta preocupación va más allá en Euskadi porque la prioridad del partido de Santiago Abascal es la unidad de España. Así se desprende de un programa que reclama directamente la centralización de un Estado Unitario en el que desaparecerían las Comunidades Autónomas. Un Estado centralista y centralizado que procedería a “reconquistar” las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y la Administración de Justicia. No solo eso, porque Vox plantea también recuperar la soberanía cedida por España a la Unión Europea. En este sentido es oportuno recordar que hace unas semanas, en el marco del Consejo de Europa, el Grupo Popular, de común acuerdo con el resto de Grupos parlamentarios, aprobó una resolución que defiende la descentralización y la profundización en el principio de subsidiariedad como herramienta más eficaz en la búsqueda del bienestar de los ciudadanos, esto es,  justo el camino contrario al planteado por Vox.
La fama y el eco hacen grande lo pequeño. Un discurso xenófobo novedoso en el Estado ha tenido eco en los medios de comunicación y ha calado en una ciudadanía descontenta, para  la que han sido suficientes unos machacones mensajes negativos contra el independentismo, la inmigración o la corrupción. En Euskadi no se auguran grandes éxitos a la formación de Santiago Abascal, conocido por su papel como concejal en Llodio, Juntero en Araba y Parlamentario en Gasteiz por el PP. Una persona  que en su nuevo ideario obvia o menosprecia valores constitucionales como la libertad, la solidaridad o la igualdad, y reniega ahora de los propios  Derechos Históricos que la Constitución ampara y respeta.
Los partidos políticos que creen verdaderamente en la democracia y la representación institucional, tienen la responsabilidad  de  tomar la iniciativa política y tratar de acabar con el descontento generalizado que alimenta a estos grupos populistas. La ciudadanía no pide más que certidumbre, estabilidad y decisiones centradas en la resolución de los principales  problemas y necesidades sociales. Estos problemas están diagnosticados, solo se necesita altura de miras para hacerles frente: la cuestión de la migración, la corrupción, la violencia machista o  la crisis del modelo territorial y su enquistamiento en relación a Catalunya. No hacemos nada con radicalizar el mensaje; solo se consigue generar tensión y dividir a la ciudadanía, además de crear más incertidumbre e inseguridad.
La política exige paciencia y visión de largo plazo. No creo en los cambios radicales y, cuando estos se producen, siempre tienen consecuencias negativas para todos los actores: unas veces podrán gana unos y otras veces ganarán otros, pero a la larga perdemos todos. El sistema democrático no es perfecto; tiene fallos, pero funciona. Lo que necesita, sobre todo, es que el parlamentarismo, el diálogo con voluntad de acuerdo, sea la base de todo aquello que vayamos a construir. Esa es la voz que debe tener eco en nuestra sociedad.
Mi artículo de opinión, hoy en Deia.

lunes, 3 de diciembre de 2018


Aho bat, bi belarri

‘Aho bat, bi belarri; gutxi mintza, asko adi’. Gaur Euskararen eguna eta hamaika egunetan zehar Euskaraldia ospatzen ari garen garai honetan, Alderdi Popularreko ordezkari nagusiek belarria prest izan beharko lukete antzinako atsotitz honi jaramon egiteko. Izan ere, politikan betidanik, eta batez ere gaur egungo egoera nahasian, komenigarria izaten da gauzak behin esan baino lehenago bitan entzutea eta hausnartzea.

Senatuko Talde Popularreko bozeramaileak, Ignacio Cosidok, ez du zuhurtasunaren edo diskrezioaren papera jokatu nahi eta, ‘ahobizi’ beharrean, ahobero agertzen ari da behin eta berriz. Ez dut berriro gogoratuko bere taldekideei helarazi zien whatsapp lotsagarria; oraingoan astelehenean espetxeetako eskuduntza Euskadiri transferituko zaiola iragarri zenean esandakoa nabarmendu nahi dut. Bere ustez, akordio hau Estatuko Gobernuak “bere bazkide nazionalisten aurrean berriz ere amore eman” izana erakusten du eta, gaineratu zuenez, “ETAko presoak hurbiltzeko egin ahalko litzatekeen edozein politikaren aurka egingo dugu”.

Gernikako Estatutuak transferentzien inguruan jasotzen duena ez errespetatzea eta, argudio berean, Espainiako Legeak presoei onartzen dizkien eskubideen kontra agertzea Goi Ganberako bozeramaile popularraren ekimen indibiduala balitz, gaitz erdi; tamalez, legearekiko intsumiso agertzeko joera hau zabala da euren alderdian. Eta ez bakarrik Espainian; joan den astean, Euskadiko presidenteak, Alfonso Alonsok, Euskadiko Autonomia Estatutua “bere osotasunean beteta” dagoela esan zuen. Oraindik transferitu gabe dauden 37 eskuduntzak ahaztu ez ezik, gehiago esatera ere ausartu da, eta Euskadik “ez dagozkionak ere hartu” dituela ziurtatu du. Alonsoren gezurretara ohituta nengoelakoan, onartu beharra daukat honakoak erabat harritu nauela: edo errealitatearen pertzepzioa edo lotsa guztiz galdu du. Ez hori bakarrik; Euskadiko Legebiltzarraren erabakiaren aurka jo du, euskal interesei muzin eginez, Madrildik interesatzen zaien mezua zabaldu ahal izateko. Abestiak dioen moduan: “Txanpon baten truke”.

Azken finean, jokabide hauek erakusten dutena da, beste behin, Alderdi Popularrak ez duela inoiz Estatu anitz baten sinetsi; baina ez hori bakarrik, ez du sinesten Estatu honek Erkidego desberdinak dituela eta ez du sinesten bakoitzak bere eskuduntzak dituela. Adibide bezala, duela bi urte Auzitegi Konstituzionalak Euskadiren aldeko bi eskumen onartzen zituen epaia jakinarazi zuen eta PPk behin eta berriz bete gabe utzi ditu: hori al da Estatu batek izan beharko lukeen jokabidea?

Espainian ezpainetan darabiltzate Konstituzioa eta Legea baina hauek betetzerakoan hitza jan eta bere aplikazioa komenentziaren araberakoa izaten da: Katalunian zorroztasun guztiarekin inposatzen den bitartean, beste hainbat kasutan bete ez eta horren justifikaziorik ere ez da eman behar izaten, gehiengoen nagusitasunean ezkutatuta. Gezur hutsa. Nor da, bestela, Katalunian egun bizi den egoeraren erruduna? Gogoratu behar da, 2006an PPk Kataluniako herriari eman zion zaplaztekoa Estatut-a ‘zepillatu’ zuenean. Horretarako, gainera, Andaluziako Estatutuan PPk berak ontzat eman zituen 30 artikulu errekurritu zituen Kataluniakoan, hitzez hitz berdinak izan arren, Konstituzioaren kontra egiten omen zutelako. Zer sentituko du Erkidego horretako kide batek injustizia horren aurrean?

Asteko zirkulua osatzeko, asteazkenean alderdiko presidenteak, Pablo Casadok, hezkuntzaren eskumenak Estatuan zentralizatuta egon behar direla esan eta horren alde egingo duela aurreratu zuen. Oraingoan esandakoa ulertzeko, komeni da irailean esan zituenak gogoratzea; hain zuzen ere, ezin zela onartu Estatuak doktrinamendurik ekidin ezin izatea, sistemetan parekidetasunik ez egotea, eduki desberdinak jasotzea edo irakasleak hizkuntzen arabera aukeratzea. Gaztelaniaz existitzen ez den aditza erabilita, “hori ez dela Estatu autonomikoa zentripetatzea” ziurtatu zuen. Hitzetan ez dakit, baina asmo eta ekintzetan Casado ‘zentripeto-petoa’ dela esan genezake.

Indar zentripetoak alde batera utzita, poloen erakartze eta aldaratze indarren teoriara joango gara. Izan ere, zeinu desberdina duten poloak elkartu ohi diren bezala, politikan mutur bietakoak direnak elkar elikatzen ari dira euren jarrerekin. PPk berak onartzen du muturreko ezkerra dela eskubia hirutan zatitu izanaren erantzulea eta, haien arteko lehiaren ondorioz, eskubiko ideologia duten alderdien erradikalizazioaren erruduna; baita Alderdi Popularrarena ere.

Honenbestez, Jose Maria Aznarren aspaldiko amets ezkutua eta FAES fundazioaren teoria zaharra politikaren taula gainean daukagu dagoeneko: abertzaletasun sentimenduaren hazkundearen erruduna hezkuntza da. Horri helduta, Katalunian arazorik ez zegoen arloetan arazoak bilatzen ari dira, presioa muturreraino eramanez, zentralizazioaren interesean jokatuz, sufritzen ari den jendeari batere garrantzirik eman gabe. Suaren inguruan gasolinarekin jolasten.

Horren adibide hurbil baten berri izan dugu egunotan, Nafarroako Hezkuntza Sailburuari egiten ari zaizkion jazarpenarekin. Europa mailako adituek txalotu duten berdintasunerako Skolae izeneko programa martxan jarri izanagatik sekulakoak entzun behar izateaz gain, Maria Solanak mehatxuak ere jaso ditu eta orain eskoltarekin ibili behar du, teknikariak presionatzen dituzte eta euren bulegoetara baimenik gabe sartu dira. Nafarroako Alderdi Popularrak honen inguruko salaketarik azalduko ote du?

Momentuz, Euskadikoak muzin egin dio ostegunean Eusko Legebiltzarrean Sailburu nafarraren aurkako mehatxuak gaitzesteko eta bere hezkuntza programari babesa adierazteko aurkeztu zen adierazpen instituzionala onartzeari. Nola hartuko lukete euren alderdiko kargu publiko bati atxikimendua adierazteari ezetz esango bagenio besteok? Askatasuna ideologia uniformatzailea duten politikoentzako baino ez da izan behar?

Natura oso jakintsua dela esan ohi da; horren adibide da hitz egiteko aho bat baina entzuteko bi belarri eman dizkigula. Gizartean, alabaina, badago beti konfliktoak bilatzen ari denik; behar den beste entzun gabe hitz egiten duenik. Politikan, ‘belarriprest’ izatea behar da, ‘ahobizi’ beharrean ahohandi izan nahi ez bagara.

Nire gaurko iritzi artikulua Grupo Noticias Taldean.

sábado, 24 de noviembre de 2018


Superimprovisación
Se atribuye a Shakespeare la afirmación de que la mejor improvisación es la que se prepara. A lo largo de los últimos días hemos vivido nuevos episodios de improvisación en la política española que, lamentablemente, no contaban con la preparación necesaria para evitar el fracaso y el ridículo.
La situación de la Justicia es un verdadero drama y el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial ha contribuido a alimentar su grave estado con un sainete en el que se han sucedido sonrojantes filtraciones, vergonzosos whatsapps e improvisadas rectificaciones. Todo ello ha llevado a la renuncia, más forzosa que heroica, del juez Manuel Marchena a presidir el CGPJ y, de rebote, a la decisión del PP de dar por roto el acuerdo que había conchabado con el PSOE para situar a sus respectivos afines en el Consejo. Si el problema es grave, la presunta solución lo agrava aún más, porque el partido de Pablo Casado ha improvisado en el Senado una medida para pretender cambiar ahora el sistema de elección de las y los integrantes del organismo judicial.
A las puertas de la pomposa celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, los populares pretenden romper con el precepto que se recoge en el artículo 117 de la Carta Magna. Este artículo establece que la Justicia emana del pueblo, tal y como se respeta ahora al ser los representantes del pueblo quienes elegimos a ocho de los veinte miembros del CGPJ. Este precepto es el que pretende cambiar ahora el PP, al defender que en adelante sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes.
Con esta vuelta al modelo anterior a 1985, pretenden hacernos creer que es mucho más democrático que sean los jueces quienes se atribuyan una potestad que corresponde a la ciudadanía, en lugar de hacerlo ésta a través de sus representantes electos. Una cosa es el mal uso que los dos partidos mayoritarios han venido haciendo de este modelo y otra muy distinta es que este deba ser cambiado por otro que, en todo caso, no sería mejor. En ocasiones se cita el modelo de Estados Unidos, pero hay que recordar que allí los jueces se presentan a unas elecciones para que sean los ciudadanos quienes los elijan de forma directa.
La propuesta planteada no deja de ser, en todo caso, una nueva improvisación del Partido Popular, más interesado en ocultar su comportamiento que en acordar un nuevo modelo. No es de extrañar que pretendan desviar la atención porque el episodio del whatsapp enviado por el portavoz popular en el Senado no ha hecho más que dejar constancia por escrito de una práctica de mercadeo entre dos partidos que deja en el peor lugar posible tanto a la Justicia como al conjunto de los poderes del Estado. El problema, en realidad, no es el modelo de elección, tal y como ahora se pretende hacer ver, sino la forma partidista en que se ha llevado a la práctica.
El comportamiento errático del Partido Popular en relación a esta cuestión pone de manifiesto la falta de solidez que está imperando en su nueva etapa. El nerviosismo le está haciendo caer en la precipitación; su salida de La Moncloa, unida al auge de las corrientes más a su derecha le están jugando una mala pasada. Quizá su único consuelo pueda ser comprobar que tampoco el Partido Socialista está sabiendo actuar con el aplomo que demandarían sus nuevas responsabilidades. En realidad, también el PSOE y el Gobierno español se han apuntado a esta deriva de improvisaciones y rectificaciones constantes en una representación sin sentido ni fin. El resultado es un estado de desconcierto permanente que asombra a propios y extraños.
Esta misma semana, una indefinición o un desliz del Ministro Ábalos ha superado todas las marcas. Habíamos escuchado declaraciones del Gobierno central en el sentido de que la legislatura se agotaría en todo caso, también lo contrario. Habíamos escuchado afirmar que la aprobación de los presupuestos era condición necesaria para dar continuidad a la legislatura, también lo contrario. Habíamos escuchado plantear la convocatoria previa, posterior y coincidente con las elecciones en Andalucía. Habíamos escuchado las fechas de primavera y otoño de 2019, también marzo o junio de 2020. Creíamos haberlo escuchado todo, pero faltaba el ‘superdomingo’ del Ministro de Fomento; pues ya lo hemos escuchado. También lo han ratificado y, por supuesto, después han apuntado lo contrario. Un ‘superenredo’ que obedece a una llamativa querencia del Gobierno del Estado a la ‘superimprovisación’ sin ninguna preparación.
En una realidad completamente diferente, a tan solo ocho horas de vuelo que parecen años luz, esta semana he viajado hasta Angola donde he tenido la oportunidad de colaborar con el principal partido de la oposición, la UNITA, interesados en nuestro modelo municipal. El motivo de la visita era la preparación de las primeras elecciones locales democráticas que se celebrarán en este país en 2020. Hasta la fecha, los alcaldes son nombrados a dedo por la autoridad competente. Afrontan con ilusión una nueva etapa, si bien todavía no conocen la fecha exacta ni las condiciones en las que se organizarán estos comicios. He tenido, por lo tanto, una experiencia directa de auténtica ‘superimprovisación’.
Angola es un país esquilmado. Posee una gran riqueza en materias primas, su economía está basada en el petróleo y los diamantes, pero es uno de los países más pobres del mundo, con una actividad exclusivamente extractiva y una deuda en torno a los 29.000 millones de dólares. El país está corroído por la corrupción y el ejemplo es que la mujer de quien fuera su presidente durante 25 años, José Eduardo Dos Santos, es la tercera persona más rica de toda África y uno de sus hijos se encuentra encarcelado por corrupción. Desde 2017 le sustituye en la presidencia João Lourenço tras imponerse en unos comicios en los que se impidió la presencia de observadores internacionales y sobre los que recaen más que fundadas sospechas de irregularidades y fraude. No cabe duda de que el país tiene ante sí un largo y arduo recorrido para superar la improvisación y acometer un proceso de democratización real y duradera.

En poco tiempo he convivido con estas dos realidades que no admiten comparación, pero que me han hecho recordar el comentario que, en el marco de un Consejo de Europa, me hizo hace unos meses un Comisario europeo. Señalaba que la política necesita más libros y menos bolas de cristal porque hay demasiados pronósticos y muy poca gestión de las certezas. Tras una semana de intensa vivencia de la ‘superimprovisación’ entre el Senado y Angola, no tengo más remedio que confirmar su tesis.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.

sábado, 10 de noviembre de 2018


Un siglo de desunión europea
Se han cumplido 100 años desde que finalizara la Primera Guerra Mundial. Formalmente fue un día como hoy, a las 11:00 de la mañana exactamente. Es posible que a la gran mayoría esta fecha le resulte algo muy lejano, desconocido y fuera de tiempo. Es probable que solo se recuerde asociada a las aburridas clases de historia del colegio. Pero es importante recordar que la consecuencia de esta Guerra fueron millones de muertos, millones de heridos, millones de desahuciados.
Cuando comenzó la llamada Gran Guerra, nadie pensó que la contienda bélica fuera a durar cuatro años. Menos todavía que este conflicto mal resuelto acabaría siendo el germen de la Segunda Guerra Mundial que se iniciaría dos décadas más tarde. Fue en ese contexto de entreguerras, con un clima social lacerante, en el que Adolf Hitler logró hacerse con la riendas del partido nazi en Alemania y en el que Benito Mussolini llegaría al poder en Italia. Fue en ese escenario en el que comenzaron a fraguarse las bases de la segunda gran guerra.
En la actualidad estamos padeciendo un clima muy inestable; no voy a afirmar que vivimos un ambiente similar al del periodo de entreguerras, para nada, pero sí es cierto que estamos viviendo una época de incertidumbre y pobreza ideológica, aderezada de egoísmo y proteccionismo, muy poca generosidad con el diferente, demagogia y cortoplacismo. Una época de crisis continuada y de gran populismo, también una época en la que la migración, como ocurrió en el periodo de entreguerras, está resultando ser un elemento determinante.
Comencemos por la situación de la Unión Europea. Un proyecto que tenemos la sensación de que se resquebraja poco a poco, sin que acertemos a hacerle frente. No es fácil porque se trata de 28 Estados miembros, yuxtapuestos, que no están siendo capaces de gestionar la suma, la colaboración, la política común, la Unión. Europa no está siendo capaz de llegar a acuerdos amplios, de dar con fórmulas de respuesta compartida ante los problemas globales que plantea el cambio climático, la desigualdad, la falta de oportunidades de la juventud o la inmigración.
Día a día, año a año, son muchos los miles de personas que deciden alejarse de sus lugares de origen y buscar un futuro más esperanzador en una vieja Europa que no responde. También día a día, año a año, son muchas las personas que no consiguen cruzar la distancia que les separa entre dos territorios cuya principal diferencia es la renta per cápita; una renta al menos 500 veces mayor en una región que en otra. Son personas que, a menudo, se quedan en el camino, mueren ahogados en el mar o de sed sin conseguir cruzar el desierto.
Esta no es la Unión Europea que soñaron y por la que trabajaron los padres fundadores. Una Comunidad ideada para responder conjuntamente a los conflictos armados vividos en Europa. No hay más que ver situaciones como el Brexit con una serie de consecuencias impredecibles para todos, no solo para los británicos, todas negativas sin duda. En lugar de estar viviendo un proceso en el que los diferentes Estados muestren la voluntad de adherirse a un proyecto común, nos encontramos con que el Reino Unido, una de las economías más fuertes de la Unión, decide abandonar el proyecto de unidad.
Europa está cambiando a peor. Lo que hace unos años era extemporáneo, como la actividad del ultraderechista Jörg Haider, con políticas extremas y xenófobas pero con un lenguaje sencillo que fue capaz de llegar a mucha gente en un país como Austria, poco a poco, se está convirtiendo en algo cada vez más habitual en esta vieja Europa. Como la familia Le Pen, pionera de la política xenófoba y de la radicalidad extrema en Francia, que sigue ganando presencia y protagonismo.
En estos momentos, prácticamente en todos los Estados miembros de la Unión nos podemos encontrar con grupos políticos xenófobos y populistas, que de alguna manera u otra, están condicionando a sus respectivos Gobiernos, o bien están directamente gobernando. Un alto cargo europeo me lo decía hace unos días muy gráficamente: “En el último Consejo Europeo, en más de la mitad de los Estados miembros, los partidos xenófobos pueden condicionar las políticas de sus respectivos países”.
En política no se trata de trasladar a la gente lo que quiere oír en el corto plazo. Se trata de trasladar con responsabilidad una serie de valores y compromisos que se correspondan con los valores y las políticas universales construidas en los últimos decenios. A estas alturas creo que, al menos en esta parte del mundo, tenemos claros los objetivos en base a los compromisos internacionales que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia. El ejemplo de mayor actualidad es la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 70 aniversario, y tal como define Unicef: “Los derechos humanos son normas básicas necesarias para vivir como un ser humano sin los cuales las personas no pueden sobrevivir y desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser humano, inalienables y universales.”
La situación que se vive en Hungría, Polonia o Italia se está trasladando también al Estado español. Las diferentes sensibilidades de derechas que, hasta ahora, dirimían sus latentes discrepancias en una sola formación han dado el pistoletazo de salida a su propia competición. Así, la Triple Alianza ideológica en la que se enmarcan el Partido Popular, Ciudadanos y Vox pugna por postularse como la formación más radicalmente de derechas.
Hace unos días el presidente francés, Emanuel Macron llamaba la atención ante la situación que vivimos: “Con una Europa miedosa y con las consecuencias que está provocando la crisis económica, el conjunto de la Unión Europea no ha sabido responder a las necesidades de la ciudadanía en general, ni ha sabido transmitir la necesidad de que la Unión sea una institución que sepa dotar de seguridad y estabilidad a las instituciones y comunidades en general”.
Hoy, 11 de noviembre, compartirán espacio y fotografía los grandes líderes mundiales, en recuerdo y homenaje a aquel día en que los representantes de Francia y Alemania firmaron el armisticio que ponía fin a la Gran Guerra a bordo de un tren francés. No sé cuál será la evolución de la política para los próximos años, pero lo que no puede ser es que el sufrimiento de hace 100 años se convierta en amenaza 100 años más tarde.
Mi artículo de opinión, hoy en Deia. 

sábado, 27 de octubre de 2018


La revolución: cumplir la ley
Este año, en vísperas del 40 aniversario de la Constitución española, un letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea me trasladó una reflexión muy sugerente: “La verdadera revolución en España se producirá cuando se cumpla la ley”. Lo cierto es que este aparente contrasentido no puede estar más cargado de razón si atendemos a la manera de actuar de los diferentes dirigentes del Estado. Por si a alguien le quedaba alguna duda, este jueves el propio ministro de Asuntos Exteriores ha venido a confirmarlo en sede parlamentaria declarando que “en España, cada vez que hay algún problema hacemos una ley y muchas veces la ley se queda en un texto que no se aplica”. Borrell dixit, fin de la cita.
El reciente estudio del CIS ha vuelto a confirmar que no vivimos buenos tiempos para la política. En muchos momentos, nos sorprende escuchar a cualquier parlamentario diciendo cualquier cosa, sin el mínimo rigor, sin profundizar en su trabajo; cuestiones gruesas, muchas veces insultantes, con el único objetivo de “robar” unos segundos en algún medio informativo. Conozco de cerca otros ámbitos institucionales y parlamentarios además del Senado: el Parlamento Vasco o el Consejo de Europa, y doy fe de que nada tienen que ver con lo que veo en Madrid.
Esta semana me ha sorprendido que, por primera vez, el propio Presidente Pedro Sánchez haya optado por bajar al barro. En la sesión de control al Gobierno del martes, acusó al portavoz del Grupo Popular en el Senado de obtener su doctorado de malas maneras citando un “tribunal organizado ad hoc” o un “trabajo sin suficiente contraste”. No daba crédito a lo que escuchaba. Desde EAJ-PNV llevamos semanas defendiendo que no tiene ningún sentido que el Presidente del Ejecutivo central tenga que comparecer por motivo de su tesis doctoral: sobre todo porque no es función del Parlamento, pero también porque no nos consideramos competentes para valorar la calidad académica de un trabajo; más si cabe, cuando el ámbito universitario ya tiene suficientes resortes como para responder ante este tipo de cuestiones. Lo que nos alarma es que sean ellos mismos, quienes más razones tendrían para callar, quienes sigan enredando y enredándose con este tema, cuando en realidad lo único que logran es que el clima político madrileño se vaya tornando insufrible.
En ese ambiente, nos correspondía debatir con el Presidente del Gobierno, y le pregunté por su voluntad para cumplir la ley, refiriéndome en este caso al cumplimiento del Estatuto de Gernika, que junto a la Constitución, conforma el bloque de constitucionalidad. Es cierto que el nuevo Gobierno español no lleva más que cinco meses en La Moncloa, pero también es verdad que ya iba siendo hora de advertirles de que no nos gusta lo que estamos viendo y oyendo o, mejor dicho, lo que no estamos viendo ni oyendo. El problema es que su respuesta no me tranquilizó en absoluto, porque no se le ocurrió otra cosa que espetarme: “Si la competencia de la Seguridad Social no se ha traspasado en 30 años será por algo”. Es decir, el máximo responsable del Ejecutivo está justificando el incumplimiento de una Ley Orgánica, como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, durante 39 años, que no solo 30. ¿Alguien puede imaginar que cualquier persona pudiera dejar de actuar conforme a la ley sin que las instituciones, de una manera u otra, le llamaran al orden? Es inaudito; no cumplen la ley y ni se sonrojan.
Un Ejecutivo central serio, ante el reiterado menosprecio al Estatuto de Gernika desde que fue aprobado, debiera de adoptar medidas drásticas y urgentes para garantizar su cumplimiento. De otra manera, ¿qué credibilidad tiene un Estado que no actúa conforme al ordenamiento jurídico vigente? ¿Puede un Estado cumplir las leyes unas veces sí y otras no? Recordemos, sin ir más lejos, que la justificación que PP, PSOE y Ciudadanos emplearon en el Senado para aplicar las medidas del Artículo 155 en Catalunya fue precisamente el incumplimiento de la ley.
La historia se repite. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han tenido voluntad de cumplir el Estatuto, sino que han esperado a necesitar nuestros votos para gestionar más o menos transferencias. No hay más que recordar que en los años 2009 y 2010 se negociaron 16 transferencias. Tal vez no lo hicieron por pleno convencimiento, pero al menos había un Gobierno que tenía la voluntad suficiente para transferir una serie de competencias que están recogidas en la ley. El resultado de aquel acuerdo ha sido positivo, pero esto no les ha hecho cambiar la actitud y a los hechos me remito: hace dos años el propio Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia una competencia sobre dos vías ferroviarias en favor del País Vasco y, sin embargo, hoy es el día en el que el Ejecutivo central no ha cumplido la decisión adoptada por el mismísimo Constitucional. Sin palabras.
Desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco, los diferentes Gobiernos centrales no han respetado el pacto. Un pacto aprobado en el Parlamento Vasco, un pacto aprobado por las Cortes Generales, un pacto refrendado por la ciudadanía vasca con su voto el día 25 de octubre de 1979. Todo lo que sea no aplicar el texto pactado es, además de ir contra la ley que conforma el bloque de constitucionalidad, actuar contra la voluntad de la ciudadanía. Este mismo viernes la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha formalizado la solicitud de un texto articulado al equipo de expertos jurídicos elegido por los Grupos parlamentarios. Disponen de ocho meses para entregar su trabajo, pero no cabe duda de que el mantenimiento de la cerrazón y el incumplimiento de las transferencias todavía pendientes no resultaría ser el mejor augurio para imaginar un nuevo pacto de convivencia de cara al futuro.
Euskadi no dispone hoy de protección ante el incumplimiento unilateral del Ejecutivo central. El Presidente Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy con nuestro apoyo porque afirmó su voluntad política de gestionar su Gobierno de una manera diferente. Rajoy y el Partido Popular contravinieron la ley, y si el Presidente Sánchez quiere hacer las cosas de otra manera debería empezar acometiendo la revolución que consistiría, simplemente, en cumplir la ley. Un paso obvio, un paso necesario que sería incomprensible no acometer.
Mi artículo de opinión, hoy en Deia.


sábado, 20 de octubre de 2018


Presupuestos vendo…
Se atribuye a quien fuera canciller alemán a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, haber acuñado el término Realpolitik; que viene a ser la política de la realidad, la que se basa en los intereses de un país de acuerdo con las circunstancias del momento, en lugar de seguir principios filosóficos, teóricos o morales.
La estruendosa irrupción de Podemos en el panorama político nos hizo llegar a todos de manera inmediata su intrépido ideario para cambiar el pecaminoso proceder de quienes consideran los viejos partidos, anunciando para ello el asalto a los cielos. Sin embargo, en su aún corta trayectoria, cada vez resultan más palpables sus contradicciones al oscilar entre seguir el dogma de sus ideales o abrazar la política de los problemas reales y, sobre todo, las soluciones realistas. Lo cierto es que la Realpolitik comparte su enfoque filosófico con el pragmatismo, por eso lo que tal vez busca Podemos es eso: ser práctico para trepar hasta los cielos. Solo así se explica que sean capaces de elevar su nivel de exigencia en Euskadi para tratar de desgastar al Gobierno Vasco, al mismo tiempo que lo rebajan en La Moncloa, donde perciben haber alcanzado un nivel cercano a ese paraíso al que vaticinaron llegar.
Resulta desconcertante la contradicción que supone la defensa que hizo hace una semana el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, de los acuerdos “arrancados” al Gobierno de Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2019; una alianza que ponderó como ejemplo a seguir en Euskadi y que, sin embargo, recoge medidas de inferior calado a las que exigen al Ejecutivo del Lehendakari Urkullu para apoyar los presupuestos del Gobierno Vasco, e incluso inferiores a otras que ya se están aplicando en nuestra Comunidad. Medidas, sí, pero tomadas con diferentes varas.
En sus particulares tablas de la ley, al parecer de aplicación exclusiva en Euskadi, Martínez expuso quince quehaceres a cumplir por el Gobierno Vasco. El primer mandamiento demanda el rescate público de La Naval; una iniciativa loable, aunque su resolución es competencia del Gobierno central y no del de Gasteiz, además de que presenta una enorme complejidad económica y legal. Sin embargo, pese a la relevancia que se le otorga en la negociación con el PNV, no ocupa una sola línea en el acuerdo firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Además de lo insólito que resulta una rúbrica entre un Gobierno, el de Sánchez, y un Grupo Parlamentario, el de Podemos, no deja de sorprenderme la positiva visión que del acuerdo tienen los correligionarios vascos de Iglesias. En el mismo, por ejemplo, nada se dice contra las inversiones en el Tren de Alta Velocidad en Euskadi en contraste con la oposición que muestran al impulso que se da al mismo en las cuentas en Vitoria-Gasteiz. Estoy ansioso por saber qué posición tomarán los parlamentarios vascos de Podemos cuando se voten en el Congreso y en el Senado: si se guiarán por sus principios para Euskadi o si los mudarán para Madrid.
Tanto o más asombrosa aún es la asunción sin crítica del incremento en base al IPC de las pensiones por parte de quienes, hasta hace escasos días, denostaban sin paliativos el acuerdo que en similares términos obtenía el Partido Nacionalista Vasco con el PP que sustentaba el Gobierno de Mariano Rajoy. Y por si esto fuera poco, mientras, Lander Martínez y los suyos se alinean con las plataformas de pensionistas para demandar el incremento de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros en Euskadi cuando su partido no reclama esa cantidad a quien de verdad compete fijar la prestación. ¿Era bueno o no el incremento obtenido por el PNV en Madrid? ¿No era el acuerdo de Moncloa el modelo a imitar en Euskadi? ¿En qué quedamos?
Tampoco es entendible la calificación de “extrapolable a Euskadi” que Martínez atribuye al acuerdo en Madrid si atendemos al supuesto carácter progresista del incremento de los impuestos para reforzar el estado del bienestar. Lo digo porque, eso que ellos venden como un logro obtenido gracias a su influencia, mantiene una presión fiscal muy por debajo de la media europea y lejos de la que ya existe en la Comunidad Autónoma Vasca. En este ámbito, tampoco hubiera estado de más, por ejemplo, que una formación presuntamente progresista hubiera exigido a Sánchez que pusiera coto a las Sicav como se lleva haciendo en Euskadi desde 2009, cuando una reforma fiscal hizo que esas sociedades de inversión de capital variable dejaran de tener una benévola tributación del 1% y pasaran a pagar lo mismo que cualquier otra sociedad.
Es más fácil destruir que construir; criticar que elaborar. El mismo Pedro Sánchez lo ha podido comprobar nada más abandonar la oposición y encaramarse a atalaya de La Moncloa. El ejemplo más claro lo tenemos en el firme anuncio de que se dejaría de vender armas a Arabia Saudí que quedó en agua de borrajas al amenazar estos con anular la compra de varias corbetas que se construyen en Navantia. Todavía guardo en la memoria las declaraciones de la portavoz del Gobierno, la señora Celaá, justificando esa venta de armamento basándose en la inteligencia que este posee para destruir de manera selectiva. También en este caso se hizo presente la doble alma ‘morada’, con la defensa que hizo de esta transacción el alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’, cuando anteriormente había sido duramente crítico con regímenes como el del reino arábigo.
Son innumerables los ejemplos que evidencian que una cosa es la política de salón y otra la política real. Lo que no parece de recibo ni comprensible, y menos aún en esta era de las comunicaciones globales, es que una misma formación diga una cosa y la contraria; que defienda unos postulados en una institución y que defienda otros en otra. No sé si era esto lo de la nueva política que anunciaban algunos o solo se trataba de alcanzar, o mejor dicho trepar, hasta los cielos.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco. 

sábado, 13 de octubre de 2018


El modelo de descentralización en Europa
En muchas ocasiones hemos oído hablar de los beneficios de viajar; las ventajas de tomar distancia para obtener una perspectiva más amplia de las circunstancias que nos ocupan en nuestro día a día. Esta semana he participado en el Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo donde me he encontrado con un nuevo alegato en favor de los procesos de descentralización y el modelo de subsidiariedad.
Independientemente de la realidad que vivimos en el Estado español, los debates que se sustancian en el ámbito europeo van en la línea de intentar acercarse lo más posible a los intereses de la ciudadanía. Esto es el concepto de subsidiariedad, el objetivo de que sean las instituciones más cercanas las que decidan y ejecuten las políticas de respuesta a las necesidades de las personas. Es evidente, por ejemplo, que el desarrollo integral de las personas más jóvenes de nuestra sociedad estará dotado de una mayor calidad si el responsable de definir la educación está cerca del ámbito en el que se aplica. Nadie va a tener un mayor interés que la propia comunidad. Lo mismo cabría decir de la sanidad, el transporte o las políticas sociales. Dado que los recursos son limitados, serán las instituciones más próximas las que tengan mayor capacidad de definir las necesidades de su comunidad porque son las que más y mejor las conocen.
Esta semana en Estrasburgo he participado en el debate sobre ‘el papel de los Parlamentos nacionales en los procesos de descentralización exitosos’. El Consejo de Europa ha querido enviar un mensaje nítido a los Estados europeos: “…el papel fundamental de la descentralización es ser más sensible con el servicio público en los ámbitos locales”. Esta institución considera que la descentralización es una de las prioridades como elemento clave en la refundación de la democracia. Esta orientación es importante para una realidad de Nación sin Estado como Euskadi, porque el Consejo ha querido mostrar su preocupación por la tendencia que en la actualidad se está dando en determinados países con un estancamiento en los procesos de descentralización e, incluso, una reversión de los mismos.
El Informe de la Asamblea afirma que el éxito de la descentralización depende, en gran medida, de la calidad de los procesos políticos en los que se negocian, respaldan y aplican los acuerdos. Cuando esta calidad es baja conlleva efectos adversos como la devolución de competencias. De hecho, la Asamblea ha pedido a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la descentralización a través de leyes, políticas y prácticas, recomendando tomar medidas para asegurar que, una vez votados, los procesos se implementen según lo planeado y no se restrinjan injustificadamente debido a las mayorías cambiantes. No cabe duda de que esta “realidad” nos es muy familiar en Euskadi y esta resolución nos va a resultar de utilidad a la hora de defender nuestros intereses en el proceso de integración europea.
Tal vez viajar y distanciarse para obtener una perspectiva más amplia ha podido propiciar que el Partido Popular y Ciudadanos hayan votado a favor de que los parlamentos denominados ‘nacionales’ lleven adelante estas reformas para la descentralización. Entre ellas, por cierto, también se refuerza el apoyo a la organización de consultas, adecuando la legislación a estos objetivos y asegurando así que las autoridades e instituciones más cercanas puedan trabajar con eficacia y sin obstáculos.
No cabe duda de que PP y Ciudadanos emplean un doble discurso: uno en el ámbito internacional y otro, radicalmente distinto, dentro del Estado español. Allí favorecen lo que rechazan aquí. Alguien se puede confundir y pensar que el creciente proceso de globalización va en contra de las instituciones más cercanas; nada más lejos de la realidad. En la práctica los riesgos globales están favoreciendo la subsidiariedad, están invitando a reforzar, por ejemplo, la conveniencia de testar la acción política en aquel espacio más cercano a las necesidades de la ciudadanía.
La claridad en el reparto competencial fue también un aspecto muy importante en el debate de Estrasburgo. También en este caso tanto PP como Ciudadanos hablan de la necesaria clarificación, pero ocultan la auténtica realidad en el Estado español, donde no solo no se clarifica sino que se mantienen todavía 37 competencias pendientes de transferir casi 39 años después de su aprobación y refrendo por la ciudadanía vasca. No cabe duda de que a la derecha española se le está atragantando el Consejo de Europa porque muchos informes están cuestionando sus políticas. En unos días, sin ir más lejos el 23 de octubre, vamos a conocer la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que reprochará al PP el uso y abuso que ha realizado una y otra vez del Senado. Prácticamente 70 presos van a ver mejorada su situación, de los cuales una veintena saldrán libres después de haber cumplido la pena, al transponer una directiva de la Unión Europea que tenía como objetivo armonizar el cumplimiento de las penas en todos los Estados miembros de la Unión. El Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una enmienda por la puerta de atrás en el Senado, volviendo a retorcer la institución valiéndose de su mayoría absoluta. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que Europa, de nuevo, le ha tirado las orejas al Estado español en un tema relacionado con los Derechos Humanos.
La democracia a veces nos da la razón y otra nos las quita, pero es indudable que hay que saber leer e interpretar las claves de la Europa moderna, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el necesario avance en la subsidiaridad, en la descentralización y, en definitiva, en la participación de las Naciones sin Estado en el proceso de integración del futuro de Europa.
Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.

sábado, 29 de septiembre de 2018


El euskera y la uniformización
Las Cortes Generales de Madrid han sido, una semana más, escenario de afirmaciones y exabruptos que nos han sonrojado a muchos pero, por desgracia, parece que no a todos. En el triste y duro ambiente que seguimos viviendo, un nuevo capítulo ha vuelto a manifestar la lucha fratricida entre el Partido Popular y Ciudadanos. Fratricida, porque se trata de dos “partidos hermanos” a los que el día a día parlamentario demuestra que unen muchas más cosas de las que aparentan. Destaco dos cuestiones: los dos buscan denodadamente la convocatoria de elecciones anticipadas y ambos compiten por el mismo espacio electoral.
Congreso y Senado son escenario habitual de sus codazos dialécticos para lograr el mejor puesto en la parrilla de salida de la carrera electoral. PP y Ciudadanos compiten a diario por mostrarse como el partido más uniformizador y por liderar el ranking de españolidad. El último episodio ha vuelto a tener como protagonistas invitadas a las lenguas cooficiales del Estado, socorrido comodín de los guardianes de las esencias patrias. Esta vez ha sido la formación de Albert Rivera la que ha llevado al Congreso una Proposición de Ley que, apelando a la igualdad para acceder al empleo público, tenía como único objetivo rebajar de requisito a mérito el conocimiento de las lenguas cooficiales. Pretendían, además, que ese mérito pudiera ser considerado discriminatorio caso de que su valoración pudiera ser definida como desproporcionada. Su proposición afirmaba que “habrá que concretarlo en función de la naturaleza del puesto o empleo que se trate”.
No voy a rebatir los argumentos empleados por su portavoz, Toni Cantó, ya que el catálogo de mentiras y tergiversaciones que empleó son de sobra conocidas y sus palabras se desactivaron por sí mismas. Como botón de muestra, Cantó afirmó que “el español ha desaparecido en lugares como Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia o el País Vasco”. Fin de la cita. El “diputado naranja” demostró que no son las lenguas las que mienten, pero que sí se puede mentir en todas las lenguas. En nombre de una pretendida igualdad defienden, en realidad, un planteamiento muy similar al que se ha instalado en ámbitos como la Justicia, donde no existe el requisito de lengua cooficial. ¿Cuál es su resultado práctico? Que en Euskadi, por ejemplo, de las miles de sentencias que se resuelven cada año, tan solo una mínima parte son en euskera; y que el número de jueces que conocen el idioma es mínimo.
La pregunta clave es sencilla: ¿Se quiere o no se quiere que una comunidad lingüística perviva en este mundo globalizado? Estoy convencido de que, aunque solo sea por preservar su imagen pública, hasta los miembros del PP y de Ciudadanos responderían que sí. Ahora bien, esta afirmación tiene que verse secundada por los hechos pero, cuando se trata de defender la unidad y la uniformidad de España, unos y otros no tienen empacho alguno en atribuir al euskera, al catalán o al gallego la inconcebible capacidad de adoctrinar, discriminar y separar. Ninguna lengua tiene esa virtud, pero sí es cierto que se puede adoctrinar, discriminar y separar en todas las lenguas.
Volviendo al debate parlamentario, Ciudadanos y PP, junto con UPN y Foro Asturias, han votado a favor de una proposición que pretende impedir que cualquier ciudadano vasco, catalán o gallego tenga igualdad de derechos. Parten de un principio erróneo, porque pretenden hacer ver que quien tiene derechos es el funcionario y no así el ciudadano usuario de un servicio público a quien el primero debe atender en esa Comunidad en una de sus dos lenguas oficiales. Aplicando sus tesis, los castellanoparlantes tendrían todos los derechos reconocidos en Euskadi pero los vascoparlantes no. Es decir, el euskera, en realidad, no sería lengua oficial.
Lo que estas formaciones plantean va contra la propia Constitución que tanto dicen defender. No hay más que ojear el artículo 3 de la Carta Magna que, además de decir que el castellano es la lengua española oficial del Estado, también afirma que las demás lenguas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas. No solo eso, sino que establece que estas lenguas son “un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.” La propuesta de PP y Ciudadanos vulnera la Constitución y, de paso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o la legislación autonómica, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
Esta es una prueba más de la absoluta falta de principios y de visión que se está instalando en la política del Estado. Esta actitud se constata en la creciente corriente centralizadora que hace impensable imaginar que hoy se pudiera aprobar una Ley como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, incluso, un artículo como el citado de la Constitución. ¿Qué votaría Ciudadanos si se sometiera hoy a votación el Estatuto de Gernika? Es evidente que votarían en contra. Ciudadanos y PP comparten una voluntad uniformadora y centralizadora del Estado. Esta pulsión encuentra su expresión en todos los ámbitos de las políticas públicas y muy especialmente en el cultural y lingüístico. Ambos son partidarios del unionismo y rechazan la pluralidad. Han votado siempre, y digo siempre, en contra de todo aquello que signifique reconocer cualquier muestra de singularidad. Esta es una actitud radicalmente diferente a la expresada, por ejemplo, por la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien ha querido manifestar públicamente la voluntad de que su hija recién nacida aprenda tanto el inglés como el maorí.
Este no es un ejemplo aislado; si analizamos la realidad internacional, encontramos modelos positivos también en Bélgica, Suiza, Finlandia o Canadá, países que promueven como un valor su diversidad lingüística y tratan de favorecer el uso de sus lenguas en todos sus ámbitos de influencia. Spain is different! En España, por el contrario, la pluralidad de lenguas se percibe como algo negativo y su promoción se tacha de discriminatoria. La realidad vivida en las Cortes esta semana es un ejemplo más de una larga lista en la que vemos cómo se prioriza el monolingüismo sobre el bilingüismo, se pretende instalar la idea de que entre las personas que hablan las lenguas cooficiales no se encuentran los mejores profesionales, se niega el valor añadido que supone el conocimiento del euskara, el gallego o el catalán para atender a los pacientes, alumnos, usuarios o ciudadanos en general.
La conclusión es clara, en la España central la pluralidad molesta y lo que verdaderamente pretenden tanto PP como Ciudadanos, aunque adornen sus argumentos con el celofán de la igualdad, es un Estado uno, único y uniforme. “Hombre naranja hablar con lengua de serpiente” se podría decir parafraseando a Javier Krahe, ahora que más que nunca resulta de obligado cumplimiento referenciar a los autores de las citas.
En tiempos de nuestros padres se prohibió el euskara por ser “lengua de separatistas y se menospreció tildándola de “dialecto para hablar con los animales”, siendo perseguido su uso, precisamente, con actitudes propias de animales. Los tiempos han cambiado, pero algunos pensamientos de fondo se mantienen y nos lo demuestra la persistencia de una actitud beligerante contra nuestro idioma, ahora que es legal, oficial y habitual. Nuestra respuesta es clara: hemos recibido un patrimonio cultural y nos corresponde preservarlo y legarlo en mejores condiciones a las generaciones futuras. Nuestro objetivo no es guardar nuestras esencias en un frasco, sino hacer realidad el precepto de que contamos con “un patrimonio cultural que debe ser objetivo de especial respeto y protección”. Frente a la tendencia uniformadora, defendemos el respeto a la pluralidad y la igualdad; una igualdad de derechos para poder vivir en el idioma que queremos vivir.
Mi artículo de opinión, hoy en Deia.

sábado, 22 de septiembre de 2018


Ruido
En las grabaciones de audio, se denomina ruido a la contaminación o interferencia que no forma parte del sonido deseado; también se considera así a esa molesta ‘nieve’ que aparece en las imágenes de vídeo. Este término lo podemos aplicar perfectamente a algunos momentos que se están viviendo en la política; en definitiva, situaciones que molestan a nuestra percepción y, sobre todo, nos distraen de lo importante.
Mucho ruido. Eso es lo que percibo en la actualidad política de Madrid. Nunca había sentido tan de cerca el enfado de la gente que me rodea a la hora de valorar la política desde una perspectiva genérica. Me preguntan en la calle: ¿En qué estáis? ¿No hay problemas más acuciantes que los discursos sobre las titulaciones, tesis, doctorados y demás? La semana pasada, Pedro Sánchez fue entrevistado en una cadena de televisión y la periodista empleó los 15 primeros minutos a hablar de los títulos, en lugar de incidir en los problemas que verdaderamente tiene la ciudadanía, donde probablemente hubiéramos visto un Presidente del Gobierno dubitativo al responder sobre los temas que sí debieran estar en la agenda política.
Hemos llegado a un punto en el que el debate político y los medios que los transmiten se retroalimentan. La frivolidad con la que se deliberan y trabajan los temas denota una gran superficialidad y, mientras tanto, hay muchos problemas, los importantes, que no se abordan de verdad: los debates en torno a ellos surgen de manera muy rápida y se apagan con la misma fugacidad.
Los tiempos se han acelerado en la política del Estado y ello acarrea, entre sus consecuencias, el que vivamos en permanente estado de posible fin de legislatura. Estas deberían durar cuatro años; de hecho, pedir una convocatoria de elecciones debiera estar “prohibido”, habida cuenta de que en diciembre de 2015 los grandes partidos fueron incapaces de sentarse siquiera a dialogar, precipitando la repetición de los comicios en junio del año siguiente con un resultado no muy distinto. ¿Qué hacemos si la llamada a las urnas que otra vez reclaman algunos partidos arrojase un resultado similar? ¿Nuevas elecciones otra vez? ¿Hasta cuándo? Todo lo ven desde la perspectiva de las elecciones; todos se miran de reojo y la estabilidad a la que tanto aluden sigue sin lograrse. Es una gran irresponsabilidad.
Si fuera cierto el discurso que ofrecen los grandes partidos buscarían acuerdos en base a la responsabilidad que corresponde a cada uno. En lugar de ello, el PP ha enviado otro ‘globo sonda’ con el objetivo de modificar la LOREG. La ocurrencia de Pablo Casado es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dote de un ‘bonus’ de 50 escaños a aquel partido político que sume más apoyos en el resultado final. Es decir, que un acuerdo obtenido no sabemos cómo diera al ganador un ‘premio’ que no se lo da la ciudadanía y que, en lugar de fomentar que se alcancen acuerdos postelectorales entre diferentes, se haga justamente lo contrario: que uno pueda imponer su criterio sobre el resto.
¿Ustedes se imaginan qué se diría si el Partido Nacionalista Vasco, que ha ganado prácticamente en todos los comicios al Parlamento Vasco, propusiera un plus de 10 escaños a quien lograra más apoyos en la Cámara de Gasteiz?
Precisamente, en el Parlamento de la Cámara Vasca ha tenido lugar este jueves el primer pleno del nuevo curso, a donde he asistido en calidad de senador elegido por la misma. Allí he tenido la oportunidad de comparar el ambiente de la política vasca con el de la política española y no se parecen en nada. Absolutamente en nada. Se debatió acerca de las prioridades que las diferentes fuerzas políticas tienen de cara a trabajar por la ciudadanía vasca. Son los objetivos que ya podemos decir que se han instalado en la psique social. Trabajo por la economía y el empleo, por la educación, por la sanidad y por la acción social; en favor de desarrollar la convivencia, después de los años tan difíciles que hemos pasado; y también, mejora del autogobierno.
En este último punto, el único partido que creo que podemos decir que se ha “salido del tiesto” ha sido el Partido Popular, que ha presentado a una persona como responsable de la redacción del nuevo estatuto que ha sido capaz de decir que “el hacha y la serpiente de ETA” renacen en los acuerdos que obtiene el PNV con la izquierda abertzale. Lo que falta por saber es qué dice cuando las voluntades del PP son coincidentes con las de la izquierda abertzale, y no han sido pocas las ocasiones en las que se ha dado un panorama similar. Es cierto que la izquierda abertzale tiene una asignatura pendiente con su pasado, que más pronto que tarde tendrá que resolver si verdaderamente quiere ser creíble ante la ciudadanía vasca.
Volviendo a la política del Estado, echo en falta el análisis, el rigor, la paciencia a la hora de definir las políticas a llevar adelante. No soy muy optimista; la política del insulto y del descrédito ha venido para quedarse por algún tiempo. El chiste fácil, soez, la frase ocurrente que busca sin disimulo un titular tan llamativo como fugaz se han convertido en el ‘modus operandi’ del día a día de la política. Los medios de comunicación condicionan en exceso la acción política. En los últimos años, los programas televisivos de crónica rosa han ido derivando en espectáculos bochornosos y algo parecido parece haberse trasladado a la política, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un plató de televisión.
Entretanto, podemos enumerar cantidad de problemas que no se atienden ni se enfocan de la manera precisa. El tema de las jubilaciones y el Pacto de Toledo; la inmigración; los malos resultados de la educación, que son los que definen el futuro; la sanidad; la justicia, de la que todo el mundo desconfía… Son ideas, palabras que engloban grandes problemas sobre los que no se debate, sino que se utilizan como proyectiles con los que combatir al adversario político.
Ruido. Mucho ruido que nos distrae de lo verdaderamente importante y está rebajando el nivel del debate y degenerando día a día su contenido. Como canta Joaquín Sabina: “Y con tanto ruido, no escucharon el final”.
Pienso que deberíamos de mirarnos en el espejo de la política municipal. Se vive tan de cerca la comunión entre los políticos y la ciudadanía que debería ser el modelo a considerar para que verdaderamente fuese el ejemplo para configurar una serie de acuerdos que verdaderamente diesen con soluciones para sus ciudadanos.
Mi artículo de opinión, hoy en Diario vasco.