Surcos en Colombia

Situarse con rigor y criterio en el conflicto armado de Colombia no es una cuestión sencilla. Han sido 50 años de violencia armada, con el resultado de 300.000 víctimas mortales y más de seis millones de personas desplazadas por la presión de grupos criminales. Esta semana he tomado parte en una visita  al país sudamericano como miembro del Intergrupo de Derechos Humanos del Senado. Mi primera percepción es que la preocupación sobre la situación que existe  en el ámbito internacional tiene también su reflejo en el interior del propio país. Quiero dejar constancia de que no todos los problemas que se están viviendo se pueden considerar, en exclusiva, consecuencia del conflicto. Además de los problemas derivados de años de violencia, el país afronta graves problemas económicos, ligados a la bajada del precio del petróleo, y también sociales, con un ensanchamiento de las diferencias entre ricos y pobres, una de las más acusadas del mundo.

El día 2 de octubre del pasado año supuso un punto de inflexión en la política colombiana. Ese día tuvo lugar el plebiscito en el que se pedía opinión a la ciudadanía en relación al Acuerdo firmado en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC de Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La cruda realidad se impuso y después de que decenas de jefes de Estado, organismos internacionales, prensa nacional e internacional, agentes sociales y un sinfín de colectivos se posicionasen en favor del SI al Acuerdo, la ciudadanía se inclinó por el NO. El resultado muestra una situación muy polarizada, ya que la diferencia fue inferior al 0,5% de los votos para un total de 13 millones de votantes. De todas formas, a la victoria del NO al Acuerdo, se sumó la bajísima participación del 40%. Esta participación no anula la constitucionalidad del plebiscito, pero evidencia el bajísimo interés de la ciudadanía en relación a una decisión política de primerísimo nivel.

Son muchas las “verdades” que se ocultan tras este grave conflicto. Mi visita ha coincidido con una manifestación en Bogotá, una auténtica demostración de fuerza en contra del Acuerdo de La Habana que reunió a cientos de miles de personas en la calle. Fueron convocadas, a través de twitter, por quien fuera presidente del país y es, en estos momentos, responsable del único partido político del arco parlamentario contrario al Acuerdo de paz, Álvaro Uribe. Mi presencia me permitió conversar directamente con muchas personas que tenían voluntad de manifestarse y pude comprobar que tanto en el plebiscito como en las manifestaciones posteriores subyace, de fondo, una pugna entre el actual presidente y el anterior, una lucha protagonizada por Santos y Uribe. Muchas de las personas que se movilizaban lo hacían, en realidad, en manifestación crítica con la fuerza política gobernante.

El NO en el referéndum ha permitido desvelar parte de las intrigas y juegos de interés que se han producido a los largo de todo el proceso. Hoy se recuerda que el presidente Santos no tenía ninguna obligación de convocar el plebiscito, dado que contaba con la competencia para aprobar un Acuerdo como el que se había negociado con las FARC. De hecho, hoy se sabe, que fueron muchos los organismos y asesores que desaconsejaron la vía de la consulta; pero el Presidente y su Gobierno creían firmemente en el respaldo de la ciudadanía y, sobre todo, entendían que el apoyo social supondría tanto impulsar el proceso con reforzar su posición política. El resultado ha sido el contrario al deseado, la victoria del NO unida a la baja participación, han debilitado la credibilidad del presidente y del Acuerdo. En cualquier caso, todos los partidos políticos, a excepción del de Álvaro Uribe, son proclives a proseguir con el Acuerdo. 

Esta es una de las grandes contradicciones que está viviendo Colombia en relación a este débil proceso de paz. En realidad lo relevante es que el país se va acercando a las elecciones presidenciales de 2018 y, aunque ninguna de las dos principales fuerzas tiene todavía candidato, sí tienen programa: mostrarse a favor o en contra del proceso de paz. El problema de fondo radica en que los objetivos electorales a corto plazo se están imponiendo a la oportunidad de cerrar de forma rigurosa, ordenada y definitiva más de cinco décadas de violencia en el país.

El proceso de paz sigue adelante y esta misma semana se ha puesto en marcha la Comisión de seguimiento para la implementación del Acuerdo alcanzado en La Habana. Tanto Felipe González, nombrado miembro de la Comisión a propuesta del Gobierno Santos, como José Mujica, nombrado a instancias de las FARC, compartirán la responsabilidad de elaborar informes sobre los avances o los incumplimientos en la implementación de los acuerdos. El objetivo principal de esta Comisión es la interpretación del Acuerdo en caso de conflicto entre las partes, además de tener la responsabilidad de evaluar  el cumplimiento de las leyes y reformas legislativas que sea necesario acometer.

Han sido muchas las personas con quienes me he podido reunir estos días. Destacaré el encuentro mantenido con el ex presidente Álvaro Uribe, quien trasladó su malestar con el Gobierno de Mariano Rajoy por su respaldo a las posiciones del Ejecutivo Santos favorables al proceso de paz en Colombia. Esta posición vista desde nuestra perspectiva, es relevante porque resulta paradójico e incoherente que el mismo Rajoy que durante todo un lustro ha alardeado de su inflexibilidad ante el cese definitivo del terrorismo de ETA, sea quien respalde y apoye  el diálogo y el Acuerdo con las FARC en Colombia.

Más de ocho millones de víctimas  en Colombia han vivido y viven algún tipo de sufrimiento como consecuencia del conflicto, una cifra que sigue creciendo día a día, a pesar de que haya concluido el plazo que se pactó para poder declararse como víctima. El final a todo este dolor requiere superar un proceso complejo que necesitará del apoyo de todos para que el bien germine en tierras colombianas; de forma que tal y como expresa su himno, refiriéndose evidentemente a épocas pretéritas, “en surcos de dolores el bien germina ya”.