Crónicas europeas

Esta semana he cambiado Madrid por Estrasburgo, el Senado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El lugar es distinto pero la ‘agenda vasca’ se mantiene presente siempre allí donde tengamos capacidad de influir en las decisiones que puedan beneficiar a Euskadi. Esta Asamblea ha estado plena de sorpresas. Elegíamos al representante del Estado español en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo entre una terna de candidatos que presentaba el Gobierno central: María Elósegui Ichaso, catedrática de Filosofía del Derecho; José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional y asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores del PP en la última legislatura; y el más conocido, quien fuera miembro del PP y posteriormente presidente del Tribunal Constitucional, Francisco de Asís Pérez de los Cobos.

Llama la atención -o quizá no tanto- que el Gobierno español presente a dos personas tan afines al PP cuando se trata de llevar a cabo una labor independiente en un tribunal europeo. Es curioso que se proponga desde Moncloa a una persona que ha sido presidente del TC cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que un juez que haya ‘conocido’ un tema con anterioridad tendría que abstenerse y no poder participar en el mismo. En la práctica, no hubiera podido tratar un tema tan relevante como el conflicto catalán.

En cualquier caso, Pérez de los Cobos no ha recibido el favor de los miembros del Consejo Europeo; ni siquiera obtuvo voto alguno en la Comisión que elevaba la propuesta de nombramiento al Pleno. El PP no ha sido capaz de convencer a sus compañeros europeos de la opción que probablemente más les hubiera gustado, lo que denota su debilidad en el ámbito internacional.

El puesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución en la que las y los jueces analizan los casos de manera independiente y no en representación del Estado que les propone, lo ha conseguido María Elósegui, una donostiarra cuya trayectoria ha estado muy marcada por el trabajo en los derechos humanos. Mi experiencia me ha demostrado, una vez más, que el trabajo da fruto porque la elegida ha sido la única candidata que se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios para presentar su candidatura, perfil, proyecto y objetivos. Si bien es cierto que los últimos días se han conocido unas afirmaciones suyas que, de ser ciertas, no van a ser muy positivas para que ejerza su labor con neutralidad en Estrasburgo.

Otra sorpresa de la semana, muy negativa en este caso, ha sido la oposición de un miembro de la Asamblea Parlamentaria a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ha justificado su voto negativo afirmando que no quisiera que en su país ocurriera lo que está pasando en Catalunya. ¿Qué tendrá que ver el cuidado y apoyo a las lenguas minoritarias con la situación en Catalunya? Nada, pero lo cierto es que el tema catalán emerge en muchos de los debates en el Consejo de Europa.

Volviendo a este debate, el resultado ha sido que únicamente 25 de los 47 países han firmado y ratificado la citada Carta Europea. Esto significa que, aunque se adopten decisiones por amplias mayorías, muchas veces los Estados que debieran hacer efectivas esas decisiones en realidad no lo hacen. Así por ejemplo, el Estado español ha recibido diversos informes sobre sus flagrantes incumplimientos con el euskera, pero sigue haciendo caso omiso de los mismos. Un ejemplo es el cuarto informe de evaluación de la Eurocarta, correspondiente al año 2016, en el que se recogen exactamente las mismas recomendaciones que el Consejo de Europa había formulado en 2005, 2008 y 2012. No encuentro más clara evidencia del inmovilismo del Ejecutivo central. Dejo constancia de estas reiteradas recomendaciones del Consejo de Europa: modificar el marco legal para que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas de las comunidades autónomas puedan realizar sus servicios en las lenguas cooficiales de su territorio; respeto la diversidad lingüística de los medios públicos de comunicación para transmitir el carácter plurilingüe del Estado; o la adopción de medidas para asegurar la presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado. Estos son algunos de los requerimientos recibidos por el Gobierno español y sistemáticamente ignorados.

La tercera sorpresa se ha producido en el debate sobre la renta básica. Ha sido muy llamativo escuchar, en una institución cuyo objetivo es la protección de las minorías y los derechos humanos, unos mensajes muy duros en relación a personas y familias que lo están pasando mal. Europa traslada exclusivamente un frío mensaje de exigencia en la gestión de las ayudas y una gélida preocupación por el futuro y la capacidad para mantener un sistema de ayudas universal, individual, incondicional y suficiente para vivir con dignidad.

En mi participación en el debate, he tenido la oportunidad de presentar la experiencia desarrollada con la Renta de Garantía de Ingresos, un sistema conocido y reconocido tras más de tres décadas. Trasladé a las personas integrantes del Consejo de Europa la invitación a analizar nuestro proyecto y trabajo con el respaldo de las instituciones vascas. Para finalizar, he tenido la ocasión de plantear unas cuestiones al primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, sobre la reforma de la arquitectura institucional danesa, una de las más profundas. Ha sido un interesante colofón a la crónica de una semana intensa en la Asamblea de un Consejo que vive un momento de alta intensidad en el debate sobre la visión de futuro de la UE.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.