El epitafio de la LOMCE

El Gobierno español está inmerso en una dinámica negativa y acumula suspenso tras suspenso. Esta semana ha sido el Tribunal Constitucional el que le ha puesto en su sitio, anulando por unanimidad el sistema que había previsto la controvertida LOMCE para garantizar la financiación pública a la enseñanza en castellano en los centros concertados de Cataluña.

No debería representar ninguna sorpresa porque la invasión de competencias de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en una atribución exclusiva de la Generalitat era de libro pero, quizá por falta de costumbre, esta decisión del Constitucional, unánimemente contraria a la posición del Ejecutivo central, ha cobrado especial relevancia. Constituye, desde luego, el peor final posible para una Ley de Educación que pasará a la historia por haber empezado mal y acabado peor. En el ámbito educativo en el que debe primar el diálogo, el consenso y la mirada a largo plazo, la ‘Ley Wert’ ha sido un ejemplo de cerrazón, disputa permanente e imposición. La sentencia del Constitucional suspende al Gobierno y deja escrito el epitafio de la LOMCE.

Esta noticia ha llegado solo unos días después del anuncio de Moncloa en el sentido de que va a adoptar medidas para garantizar un porcentaje en la oferta para poder aprender en castellano en el sistema de educación catalán. Se trata de una flagrante extralimitación en la aplicación del artículo 155 que no solo ha supuesto la suspensión de la capacidad de autogobierno en Cataluña, sino que pretende ahora adoptar medidas que ni competen al Gobierno español ni cuentan con el más mínimo respaldo de la comunidad educativa y la sociedad catalana. El PP utiliza una situación coyuntural de interinidad para tratar de imponer una medida estructural que quebraría el sistema pedagógico de inmersión lingüística en Cataluña, un sistema que se fundamenta en un amplio acuerdo político labrado entre la mayor parte de las fuerzas parlamentarias en la década de los 80.

Lo que más ha sorprendido del anuncio realizado por Méndez de Vigo, Ministro y Conseller de facto de Educación, ha sido la inconcreción de su propuesta. Dice estar dispuesto a garantizar la libertad y el derecho de los progenitores a escoger la lengua vehicular en la que matricularán a sus hijos e hijas, pero no presenta ni el más mínimo diagnóstico de situación, ni la evaluación preceptiva de los resultados obtenidos hasta la fecha, ni un mínimo apunte que desvele el plan de acción para llevarlo a efecto. En realidad mi única duda es si este anuncio tiene más de globo sonda, brindis al sol o estrategia de distracción; lo indudable es que vuelve a poner de manifiesto la pulsión centralizadora de un Gobierno español más centrado en amplificar los problemas que en resolverlos.

Volviendo a la sentencia del Tribunal Constitucional y realizando una lectura política de la misma, se confirma que representa un nuevo ejemplo de marcha atrás a la hora de asumir la auténtica realidad de un Estado que, pese a quien pese, es diverso, plural y cuenta con la singularidad y riqueza que representan las lenguas oficiales diferentes al castellano. Esta misma semana he tenido la oportunidad de comprobar que esta dicotomía se extiende entre los partidos e, incluso, comentaristas y tertulianos que participan en los medios de comunicación del Reino. Hablan mucho de una España plural pero no hacen más que alimentar la idea del Estado único, uniforme y homogéneo, sin acabar de asumir y reconocer la verdadera diversidad de las realidades culturales que lo conforman.

Se habla de un Estado descentralizado, pero se elude otorgarle el valor, significado y reconocimiento que le corresponde. La experiencia estatutaria vasca es un buen ejemplo y, precisamente por eso, una de las cuestiones que va a tener que clarificar la Ponencia de Autogobierno es el ámbito competencial, dotando a las instituciones vascas de instrumentos de garantía para momentos como el actual, en los que una pugna política entre fuerzas políticas como Ciudadanos y el Partido Popular puede conducir a decisiones unilaterales contrarias al espíritu y la letra de las instituciones del Autogobierno.

En este sentido, el dictamen del supremo órgano intérprete de la Constitución nos ha sorprendido en positivo, dado que ha establecido una serie de claras limitaciones a la voluntad del Gobierno español a la hora de aplicar la ‘Ley Wert’, que concluye su andadura más cuestionada, si cabe, de lo que la inició. La educación fue uno de los muchos frentes en los que la mayoría absoluta del PP trató de avasallar con una apisonadora que no dio, ni ha dado, fruto positivo alguno. Ninguno. Todo lo contrario, en su día logró incomodar y enojar a todos los sectores de la comunidad educativa con su actitud impositiva y prepotente. Por si no hubiera suficiente, ahora consigue el dudoso mérito de recibir una sonora bofetada del Tribunal Constitucional que cuestiona las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central en un tema tan sensible como la lengua. Triste epitafio par la LOMCE y su mentor.

En realidad, si tuviéramos que seleccionar los retos de futuro que demanda un amplio consenso, la educación ocuparía un lugar destacado. Hoy la LOMCE se encuentra en la UCI y lo que esperamos es que esta sentencia sirva para enterrarla definitivamente y poder trabajar, de verdad y con seriedad, por una educación de calidad y con futuro. No es tan difícil, es necesario apostar por una educación que valore realmente al personal docente, invierta en la modernización y adaptación de sus recursos, otorgue mayor autonomía a los centros y, desde luego, escuche y se construya de forma consensuada con la comunidad educativa.

El tema de las lenguas es, desde luego, fundamental en una comunidad bilingüe. Nos corresponde definir y acordar los objetivos para garantizar la capacitación y los recursos que permitan fortalecer la convivencia lingüística. A partir de ahí, son las y los profesionales de la docencia quienes más capacitados están y mejor van a llevar a buen puerto el dominio de las habilidades y competencias lingüísticas suficientes y necesarias que puedan garantizar el derecho de todas las personas a expresarse y vivir en el idioma que deseen.

Mi artículo de opinión, hoy en www.diariovasco.com