viernes, 3 de febrero de 2017

Se mueren
La acerada realidad que nos muestran los miles de inmigrantes y refugiados que llegan a Europa tras sortear la muerte en el Mediterráneo es una pesada losa. Permanece sobre nuestras conciencias a modo de responsabilidad y golpea de forma permanente nuestro sentir más íntimo. Son imágenes que entran en nuestras abotargadas mentes reivindicando una respuesta ante esta dramática situación.
Es posible que haya mucha gente que muestre indiferencia, pero la responsabilidad de quienes asumimos la representación de la sociedad consiste en buscar y ofrecer respuestas, en los momentos fáciles y en los no tan fáciles. En este caso nuestra responsabilidad nos obliga a buscar soluciones ante una situación muy dura para tantas y tantas personas, muy especialmente para los niños, los más desamparados, que necesitan una especial protección.
La pérdida continua de vidas humanas muestra lo dramático de la situación que se está produciendo en el Mediterráneo. La respuesta, tan apresurada como poco meditada, por parte de la Unión Europea, fue la firma de un Acuerdo con Turquía que no ha logrado más que desviar la responsabilidad ante la llegada de refugiados y que no está teniendo en cuenta el impacto de esta decisión sobre los derechos humanos. El compromiso, a cambio de 3.000 millones de euros, se centraba en que los solicitantes de asilo e inmigrantes que pasaran de Turquía a Grecia y, cuyas solicitudes hubieran sido declaradas inadmisibles, serían devueltos a Turquía. Este país se comprometía, además, a tomar medidas para evitar que se pudieran abrir nuevas rutas marítimas o terrestres de migración irregular.
La protección de los refugiados y la salvaguarda de vidas humanas debiera de haber sido el principio esencial de nuestra política común europea, pero lo cierto es que la seguridad ha sido el eje exclusivo sobre el que se han desarrollado durante estos dos años todas y cada una de las medidas que los Gobiernos europeos han acordado. Una política que, en realidad, solo se diferencia en los matices de la que tanto criticamos al otro lado del Atlántico.
La propia Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, pedía recientemente a la Comisión Europea que llevara a cabo una evaluación más exhaustiva del impacto sobre los derechos humanos del Acuerdo, cerrado en marzo de 2016. La Defensora del Pueblo considera, como muchos de nosotros, que los riesgos en esta materia son numerosos y preocupantes, y que las instituciones de la UE no pueden eludir su responsabilidad. De la misma forma, el Parlamento Europeo hacía una llamada de atención sobre la situación de los derechos humanos en Turquía y demandaba, el pasado noviembre, la suspensión temporal de las negociaciones para su adhesión a la Unión.
Es evidente que Turquía no está demostrando el nivel de exigencia obligado en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Es un país en estado de excepción que se aleja a pasos agigantados de los valores democráticos que sostienen la Unión Europea. Resulta difícil pensar que un acuerdo con un socio tan cuestionado pueda ser el fundamento sobre el que vayamos a conseguir gestionar mejor los flujos migratorios y, sobre todo, proteger a los inmigrantes y mejorar sus condiciones de vida. La Unión Europea necesita aprobar con urgencia una política común de migración y asilo. El conjunto de la Unión es responsable, y cada Estado miembro, España incluida, también lo es.
Entiendo que pueda haber personas que no compartan estas reflexiones. Ahora bien, me consta que muchas otras, la mayoría, se avergüenzan de esta situación, declaran su impotencia, comparten la necesidad de actuar y expresan, incluso, su disposición a ayudar directamente. Así es; hay muchos ciudadanos europeos dispuestos a realizar una aportación, personas dispuestas a abrir sus casas, pero los Gobiernos, que cuentan con gran cantidad de recursos, tanto humanos como materiales, no encuentran la manera de responder a esta demanda social.
Se trata de algo tan sencillo como entender que la única manera de no tener personas refugiadas nos exige reconocer la dignidad de todos los seres humanos. En esta línea quiero subrayar una iniciativa loable adoptada por el Lehendakari Iñigo Urkullu, quien se ha trasladado a Italia para poder conocer, de primera mano, la experiencia de los corredores humanitarios puestos en marcha por la comunidad de Sant'Egidio. Esta comunidad ha conseguido cerrar un acuerdo con el Gobierno italiano para poner en marcha estos corredores que permiten acoger a cientos de personas refugiadas de una manera segura. A través de esta fórmula, esta pequeña comunidad religiosa está consiguiendo resultados que, por paradójico que parezca, los grandes Estados europeos no han tenido capacidad de poner en marcha.
Otro ejemplo reseñable en esta misma línea se ha producido en mi propio pueblo, en Tolosa (Gipuzkoa). Esta última semana he tenido la oportunidad de conocer y sentir de cerca el sentido de la solidaridad práctica de todo un pueblo. Un grupo de personas ha unido sus fuerzas y, en unas pocas horas, ha demostrado capacidad para recoger suficiente ropa como para llenar tres camiones. Ahora van a necesitar cinco días para llegar a Belgrado, donde han organizado ya la infraestructura necesaria como para repartir la ropa recogida. En esas mismas pocas horas, han recibido también 15.000 euros en donaciones particulares. Este grupo de personas -Josu, Pablo, Nagore o Kike- representan los valores más profundos de una sociedad solidaria. Han sido capaces de reconducir la impotencia que siente la ciudadanía, transformarla en positivo y ponerla al servicio de la ayuda a quien más lo necesita. Son un auténtico ejemplo.
La semana pasada participé en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Concluyo este artículo con las palabras de una parlamentaria griega, que afirmó que, si Picasso viviera hoy, el “Guernica” sería la representación del drama de los refugiados. Esta declaración que comparto es un recordatorio permanente para todos los dirigentes y responsables políticos europeos, es importante que seamos conscientes de que nuestra obligación pública debe asentarse en un compromiso con las personas, con los principios y valores de la dignidad humana. Si algún día no respetamos o no somos coherentes con estos valores, habremos fracasado. Recordemos por lo tanto el “Guernica” y tratemos de paliar el drama cotidiano de tantas y tantas personas que solo buscan refugio y ayuda para mantener una vida digna.
 Artículo publicado el pasado miércoles en Vozpopuli.

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