Un dato y miles de palabras

El Estado español adquirió en septiembre de 2015 una serie de compromisos y obligaciones en el marco del programa de la Unión Europea para proteger a personas refugiadas. Si bien la obligación adquirida en el Consejo Europeo se debía cumplir de forma “plena, inmediata y urgente”, garantizando la protección internacional a 17.337 personas, la realidad es que hasta ahora el Gobierno ha acogido solo a 2.773. Detrás de estas cifras encontramos el compromiso de reubicar a 15.888 personas, provenientes tanto de Grecia como de Italia, y de realizar 1.449 reasentamientos. Aunque hay que reconocer que el grado de cumplimiento de estos últimos ha sido prácticamente completo, en las reubicaciones no se ha alcanzado ni el 10% de lo pactado.

El Estado español era plenamente consciente de que con este incumplimiento incurriría en una infracción del ordenamiento comunitario. Gracias al recurso presentado por la ONG “Associació de support a stop mare mortum”, a día de hoy el Tribunal Supremo ha confirmado que España ha incumplido las obligaciones contraídas con la Unión Europea. El Tribunal establece, en su segundo Fundamento jurídico, que las decisiones del Consejo exigen su cumplimiento pleno, inmediato y urgente; y, a la luz de los datos, es evidente que esto no ha sido así. De hecho, aunque el ordenamiento de la Unión permitía a los Estados Miembros solicitar una reducción de la cuota de personas refugiadas, el Gobierno del Partido Popular rechazó dicha opción, evidenciando que una cosa eran las “miles de palabras” que utilizaba públicamente y otra cosa muy distinta lo que en realidad hacía.

Así lo refrenda una conversación que tuve con una alta representante del Gobierno húngaro: “Nuestro discurso no será lo amable que es el de ustedes, pero se corresponde con lo que hacemos; no puedo decir lo mismo del comportamiento del Estado español. El discurso es uno, la realidad es otra”. El Ejecutivo de Madrid era consciente de que la ciudadanía no hubiera entendido que su país no se comprometiese solidariamente con el resto de Estados Miembros de la Unión, es por esto que se comprometió a algo que en realidad ni cumplió ni pensó cumplir.

Hoy, nadie duda de que el Mediterráneo es una ruta mortal. Hablamos de vidas humanas; de personas que mueren en el intento de alcanzar una vida mejor. Los datos de los últimos años con respecto a las muertes en esas aguas son escalofriantes: en 2014 murieron 3.283 personas; en 2015, 3.783; en 2016, 5.143; en 2017, 3.139; y en lo que llevamos de año ya han fallecido más de 792 personas. Desde 2014, son 16.140 las vidas humanas perdidas en el mar que baña el sur de Europa.

Una de las primeras acciones del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido dar solución al problema del Aquarius. Más de 2.300 profesionales y personas voluntarias recibieron y cuidaron a quienes llegaban en un barco que ni Italia ni Malta quisieron recibir. Ha sido un gesto, positivo sin duda, pero que necesita de algo más para proteger cada día a quienes llegan en patera a nuestras costas. Europa no está logrando acordar y ejecutar una política común para dar respuesta y solución estructural a este problema de primer orden. No se contemplan vías legales y seguras de entrada, y las que existen no han sido efectivas o han dejado de aplicarse. No es comprensible que el reasentamiento y la reubicación acaben dependiendo únicamente de la voluntad de los Estados y de su decisión de aplicar o no el compromiso de solidaridad.

Esta cuestión merece una reflexión profunda y una estrategia compartida que conduzca a una solución justa y realista. Es cierto que no es lo mismo el migrante económico y el que tiene derecho de asilo. Es verdad también que cada vez hay un mayor cuestionamiento sobre las personas y organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que colaboran para garantizar su seguridad. Es innegable que los Estados de Europa del sur van a ver incrementadas las entradas en sus países por razones demográficas, porque África se encuentra a muy pocos kilómetros y las diferencias de renta per cápita entre los dos continentes son las mayores del mundo y siguen creciendo. Son realidades a considerar, sin duda, pero siempre para propiciar una solución estructural que sigue brillando por su ausencia.

Otra clave importante viene dada por el necesario trabajo conjunto entre todas las instituciones a todos los niveles. La estrategia tiene que ser común en la Unión y transversal en el ámbito institucional. Este no es un problema que se pueda o deba abordar de manera independiente. Aquí arrancan los problemas, porque la visión en el seno de la propia Unión Europea no es unánime: es diferente entre los países del este y los del sur, receptores directos de las personas migrantes. La actitud de los países de Europa central tampoco es la misma que la de hace unos meses. Estamos viviendo una creciente radicalización contra el proceso migratorio y no debemos olvidar que gran parte del euroescepticismo del que se alimentan los populismos se está produciendo por esta cuestión.

Podría seguir con “miles de palabras”, pero el “dato” objetivo y seguro es que este problema no va a desaparecer aunque cerremos los ojos. Nos va a seguir correspondiendo gestionarlo y una clave relevante será que dentro de los Estados Miembros los diferentes niveles institucionales se impliquen en la solución. La crisis migratoria está poniendo a prueba la capacidad del proyecto de la Unión Europea de cara al futuro. Una Unión que, incluso en los momentos más delicados, debe tener muy presente los objetivos fundacionales que justificaron su creación y entre los que hoy es necesario subrayar la defensa a ultranza del derecho a vivir en un espacio de paz, y la firme protección y garantía de los Derechos Humanos para todas las personas.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.