La revolución: cumplir la ley

Este año, en vísperas del 40 aniversario de la Constitución española, un letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea me trasladó una reflexión muy sugerente: “La verdadera revolución en España se producirá cuando se cumpla la ley”. Lo cierto es que este aparente contrasentido no puede estar más cargado de razón si atendemos a la manera de actuar de los diferentes dirigentes del Estado. Por si a alguien le quedaba alguna duda, este jueves el propio ministro de Asuntos Exteriores ha venido a confirmarlo en sede parlamentaria declarando que “en España, cada vez que hay algún problema hacemos una ley y muchas veces la ley se queda en un texto que no se aplica”. Borrell dixit, fin de la cita.

El reciente estudio del CIS ha vuelto a confirmar que no vivimos buenos tiempos para la política. En muchos momentos, nos sorprende escuchar a cualquier parlamentario diciendo cualquier cosa, sin el mínimo rigor, sin profundizar en su trabajo; cuestiones gruesas, muchas veces insultantes, con el único objetivo de “robar” unos segundos en algún medio informativo. Conozco de cerca otros ámbitos institucionales y parlamentarios además del Senado: el Parlamento Vasco o el Consejo de Europa, y doy fe de que nada tienen que ver con lo que veo en Madrid.

Esta semana me ha sorprendido que, por primera vez, el propio Presidente Pedro Sánchez haya optado por bajar al barro. En la sesión de control al Gobierno del martes, acusó al portavoz del Grupo Popular en el Senado de obtener su doctorado de malas maneras citando un “tribunal organizado ad hoc” o un “trabajo sin suficiente contraste”. No daba crédito a lo que escuchaba. Desde EAJ-PNV llevamos semanas defendiendo que no tiene ningún sentido que el Presidente del Ejecutivo central tenga que comparecer por motivo de su tesis doctoral: sobre todo porque no es función del Parlamento, pero también porque no nos consideramos competentes para valorar la calidad académica de un trabajo; más si cabe, cuando el ámbito universitario ya tiene suficientes resortes como para responder ante este tipo de cuestiones. Lo que nos alarma es que sean ellos mismos, quienes más razones tendrían para callar, quienes sigan enredando y enredándose con este tema, cuando en realidad lo único que logran es que el clima político madrileño se vaya tornando insufrible.

En ese ambiente, nos correspondía debatir con el Presidente del Gobierno, y le pregunté por su voluntad para cumplir la ley, refiriéndome en este caso al cumplimiento del Estatuto de Gernika, que junto a la Constitución, conforma el bloque de constitucionalidad. Es cierto que el nuevo Gobierno español no lleva más que cinco meses en La Moncloa, pero también es verdad que ya iba siendo hora de advertirles de que no nos gusta lo que estamos viendo y oyendo o, mejor dicho, lo que no estamos viendo ni oyendo. El problema es que su respuesta no me tranquilizó en absoluto, porque no se le ocurrió otra cosa que espetarme: “Si la competencia de la Seguridad Social no se ha traspasado en 30 años será por algo”. Es decir, el máximo responsable del Ejecutivo está justificando el incumplimiento de una Ley Orgánica, como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, durante 39 años, que no solo 30. ¿Alguien puede imaginar que cualquier persona pudiera dejar de actuar conforme a la ley sin que las instituciones, de una manera u otra, le llamaran al orden? Es inaudito; no cumplen la ley y ni se sonrojan.

Un Ejecutivo central serio, ante el reiterado menosprecio al Estatuto de Gernika desde que fue aprobado, debiera de adoptar medidas drásticas y urgentes para garantizar su cumplimiento. De otra manera, ¿qué credibilidad tiene un Estado que no actúa conforme al ordenamiento jurídico vigente? ¿Puede un Estado cumplir las leyes unas veces sí y otras no? Recordemos, sin ir más lejos, que la justificación que PP, PSOE y Ciudadanos emplearon en el Senado para aplicar las medidas del Artículo 155 en Catalunya fue precisamente el incumplimiento de la ley.

La historia se repite. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han tenido voluntad de cumplir el Estatuto, sino que han esperado a necesitar nuestros votos para gestionar más o menos transferencias. No hay más que recordar que en los años 2009 y 2010 se negociaron 16 transferencias. Tal vez no lo hicieron por pleno convencimiento, pero al menos había un Gobierno que tenía la voluntad suficiente para transferir una serie de competencias que están recogidas en la ley. El resultado de aquel acuerdo ha sido positivo, pero esto no les ha hecho cambiar la actitud y a los hechos me remito: hace dos años el propio Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia una competencia sobre dos vías ferroviarias en favor del País Vasco y, sin embargo, hoy es el día en el que el Ejecutivo central no ha cumplido la decisión adoptada por el mismísimo Constitucional. Sin palabras.

Desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco, los diferentes Gobiernos centrales no han respetado el pacto. Un pacto aprobado en el Parlamento Vasco, un pacto aprobado por las Cortes Generales, un pacto refrendado por la ciudadanía vasca con su voto el día 25 de octubre de 1979. Todo lo que sea no aplicar el texto pactado es, además de ir contra la ley que conforma el bloque de constitucionalidad, actuar contra la voluntad de la ciudadanía. Este mismo viernes la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha formalizado la solicitud de un texto articulado al equipo de expertos jurídicos elegido por los Grupos parlamentarios. Disponen de ocho meses para entregar su trabajo, pero no cabe duda de que el mantenimiento de la cerrazón y el incumplimiento de las transferencias todavía pendientes no resultaría ser el mejor augurio para imaginar un nuevo pacto de convivencia de cara al futuro.

Euskadi no dispone hoy de protección ante el incumplimiento unilateral del Ejecutivo central. El Presidente Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy con nuestro apoyo porque afirmó su voluntad política de gestionar su Gobierno de una manera diferente. Rajoy y el Partido Popular contravinieron la ley, y si el Presidente Sánchez quiere hacer las cosas de otra manera debería empezar acometiendo la revolución que consistiría, simplemente, en cumplir la ley. Un paso obvio, un paso necesario que sería incomprensible no acometer.

Mi artículo de opinión, hoy en Deia.