El 155: dos años 

Tal día como hoy, hace dos años, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba el cese del President de la Generalitat, Carles Puigdemont. Era la primera vez que se aplicaba el artículo 155 de la Constitución española. Una decisión dura: cese del Presidente del Gobierno Autonómico, de todas y todos sus Consejeros y disolución del Parlament. Todo esto en un Estado que se dice descentralizado. Recuerdo que en mi intervención en aquel Pleno del Senado en el que se aprobó la aplicación de esta medida de excepción, además de reclamar prudencia al entonces Presidente del Gobierno, le pedí que reconsiderase su postura ya que, con este tipo de medidas "sabemos cómo se empieza, pero no cómo se termina".

Estos días hemos comprobado que lejos de haberse arreglado el problema, la distancia entre la realidad catalana y la que representa el Ejecutivo central, ha aumentado. Es decir, el Tribunal Constitucional habrá dado carta de legalidad a la decisión adoptada por el Senado, pero el problema político sigue ahí, está vivo y se ha agravado. La pregunta que tienen que hacerse los partidos que apoyaron la implementación del artículo 155 es si la política aplicada ha resuelto los problemas existentes en Cataluña o no. La respuesta es obvia, estamos peor que hace dos años.

La sentencia del ‘procés’ que el Tribunal Supremo notificó la semana pasada y la reprobable reacción violenta de parte de algunos colectivos, que ha enturbiado la lícita reivindicación del desacuerdo ante el fallo del Alto Tribunal, han abierto un nuevo capítulo de este conflicto. Las demandas para aplicar de nuevo el artículo 155, la Ley de Seguridad Nacional o el Estado de excepción evidencian la escalada de tensión que, como es habitual, solo beneficiará a las posiciones más extremas, en perjuicio de las dialogantes y constructivas.

Esta sentencia ha llegado precisamente a las puertas del inicio de la campaña electoral del 10 de noviembre, unas Elecciones que serán determinantes en el devenir de los acontecimientos en las próximas semanas. Por supuesto, la coincidencia de fechas no es tal, puesto que era conocido que la Sentencia se haría pública de forma previa al cumplimiento de los dos primeros años de prisión preventiva de las primeras personas encarceladas. La coincidencia ha sido, por lo tango, deseada, y ha acumulado una tensión innecesaria que resulta que ahora tampoco parece satisfacer a nadie.

Ahora Pedro Sánchez pretende retomar la iniciativa, sobre todo mediática, en estos tiempos en los que se decanta por el marketing en lugar de la política. Con ese exclusivo objetivo organizó la ronda de contactos con los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos para tratar de granjearse la imagen de ‘hombre de Estado’. Sin embargo, ni Casado, ni Rivera ni Iglesias han querido seguirle el juego: “Si estamos en campaña, lo estamos todos”, parecen querer decir al atacar al presidente en funciones, anteponiendo también ellos y con toda lógica sus propios intereses electoralistas.

En todo caso la “ronda” organizada no tiene un pase. Resulta que, ante la crisis territorial más grave de los últimos años, un conflicto político que requiere para su solución de una herramienta tan básica como el diálogo, el Presidente del Gobierno en funciones llama a capítulo solo a quienes quiere que cierren filas con sus intereses y, por el contrario, se niega a comunicarse con las instituciones catalanas que se encuentran en pleno ejercicio de su responsabilidad pública. Le repito hoy al presidente Sánchez lo mismo que hace dos años le dije al entonces presidente Rajoy: “El diálogo tiene dos enemigos: quien maltrata las leyes y, sobre todo, quien solo quiere escucharse a sí mismo”. 

La cuestión fundamental es que dos años después, la realidad de los hechos se mantiene inalterable y conviene recordarla una vez más: Cataluña sigue sin tener el Estatuto que votó y tiene un Estatuto que no votó. Esto ha ocurrido porque el Partido Popular antepuso sus estrictos intereses electoralistas y recurrió el Estatut que había sido pactado y aprobado ni más ni menos que por el Parlament de Catalunya, el Congreso y el Senado, siendo ratificado finalmente en referéndum democrático por el Pueblo catalán. Aquella estructura política, parlamentaria e institucional fue arrumbada por una Sentencia del Tribunal Constitucional que conviene tener muy presente hoy en día al valorar esta segunda Sentencia del ‘procés’ y sus previsibles consecuencias. Nos encontramos ante un problema político de primer orden y su judicialización no contribuye a su solución, sino todo lo contario.

En mi calidad de miembro del Consejo de Europa, debo decir que una cosa es que los países europeos no quieran interferir en los asuntos internos de otro Estado, algo comprensible, pero otra distinta es que alguien pueda llegar a comprender esta situación. Menos aún, que alguien en Europa entienda que en el Estado español no solo se cierren los ojos, sino que se dinamiten todos los puentes de relación y diálogo político e institucional. Cataluña está viviendo una situación muy compleja, pero también el Estado y también Europa. La solución exige altura de miras. Hay que hacer frente al problema con una voluntad real de aportar una solución razonable, viable y duradera. 

La situación en Cataluña se explica y enmarca por dos Sentencias judiciales; lo cual representa la mejor prueba de que existe un enorme déficit de la política. En octubre de 2017 advertí a Rajoy de que aplicar el artículo 155 no solo no solucionaría el problema, sino que tenía “la certeza de que estas medidas profundizarían el problema y enconarían las posiciones”. Efectivamente, las posiciones solo se han ido enconando entre una Sentencia mala y otra peor. Es tiempo de recuperar la política con mayúsculas como única forma de canalizar una vía de solución. En democracia no hay otra alternativa que apostar por el diálogo y el pacto político, lo bueno y lo mejor.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco.