La luz es amiga de la verdad

Se acaba de constituir, por primera vez en la historia del Estado español, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que tengo el honor de tomar parte como representante del Senado. Un honor, como digo, pero también una gran responsabilidad, no en vano se mirará con lupa no solo nuestro trabajo en este ámbito sino también nuestra propia actividad política y la del Partido al que representamos. En unos casos, para cerciorarse de que somos gente digna de pertenecer a ese nuevo órgano; y en otros, para buscar la más mínima mácula que permita la posibilidad de empañar nuestro nombre.

Es el momento político que nos ha tocado vivir. A unos les impulsa la lógica desconfianza generada tras casos y casos de tropelías y abusos de poder por parte, no lo olvidemos, de una pequeña fracción de la clase política; a otros, por el contrario, les alimenta el interés de lograr el descrédito del adversario político a falta de argumentos para proponer un atractivo proyecto propio.

A unos y a otros les puedo asegurar que afronto esta responsabilidad sin temor alguno y sí absolutamente comprometido –tanto en mi papel de representante público como en el de integrante de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno– a trabajar para lograr la transparencia en las instituciones. Con la misma rotundidad aseguro que si entiendo que con el trabajo que puedo aportar no respondo a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía, evidentemente me iré.

Sé que partimos con un ‘menos diez’ de credibilidad por parte de la ciudadanía en este sentido, pero trataré de que mi labor en ella sea un instrumento que sirva para lograr consensos en favor de que las instituciones sean transparentes. Debe ser una comisión con un verdadero sentido crítico y vigilante. La luz es amiga de la verdad. Hoy no se traslada ese espíritu de transparencia y nuestro objetivo tiene que ser que las instituciones obtengan un ‘diez’ en este ámbito.

En mi opinión, transparencia significa que el acceso a la información para la ciudadanía debe ser sencillo, que se le facilite acceder a todo aquello que le preocupe de manera comprensible. Por ello, nuestra primera labor consistirá en la revisión del portal de la transparencia, recién puesto en marcha, porque entendemos que para la gente no está resultando fácil, no está resultando eficaz. Tampoco ayudan actitudes como la de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, que se oculta tras pantallas de plasma y en encuentros con la prensa sin admitir sus preguntas, coartando así su labor informativa.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo autónomo e independiente, por lo que confío en que la presencia de la vicepresidenta y de otros representantes del Gobierno central en su acto inaugural no tenga otro significado que el traslado simbólico de todo su apoyo a este nuevo órgano, que no sea más que un gesto para animarnos a trabajar con tesón y honradez. Este Consejo no se ha creado para arreglar la imagen de nadie. Tampoco debe ser un instrumento que dé a entender que asumimos que la opacidad y la mala praxis son problemas que afectan a todos los partidos políticos, gobernantes e instituciones por igual, y poder diluir así las responsabilidades que deben corresponder a cada uno.

No es casual, por ejemplo, que en Euskadi la ciudadanía perciba que hay menos corrupción en la política vasca que en el resto del Estado español. Eso es así gracias a unas instituciones de carácter plural que gobiernan vigilantes a la vez que de manera cercana al ciudadano, pero también a nuestra manera de entender la política como servicio público, a unos valores. Personalmente, valoro muchísimo más que mi familia esté orgullosa de mí que todo el crédito político que pudiera tener.

Veremos lo que depara el desarrollo de este Consejo de Transparencia, al cual accedo con ilusión debido a que es un instrumento que, lejos de limitar nuestro quehacer político, debe permitirnos el desarrollo de un código ético que nos ayude a recuperar la credibilidad de la ciudadanía para con la clase política.

“Ilargia argi da, baina eguna beti egun”, dice el viejo refrán en euskera. “La luna refleja la luz, pero el día siempre es el día”, recuerda sugiriendo que a mayor transparencia, más garantía de honradez. La ciudadanía nos demanda transparencia y honradez, y por eso debemos ofrecerles administraciones de cristal.  

La soledad de la mayoría absoluta

Cada vez es más habitual escuchar que crece el desapego de la ciudadanía hacia la política. No comparto ese punto de vista. Menos aún en este inicio de curso político realmente apasionante, con el referéndum de Escocia o la consulta en Catalunya en el horizonte cercano, que hacen que la ciudadanía sí se interese por la política. Por la POLÍTICA con mayúsculas, claro.

Desapego es lo que pueden sentir en realidad los potenciales votantes del Partido Popular en Euskadi. Un partido incapaz de definir un proyecto con perfil propio para nuestro país, lastrado además por las negativas políticas de Rajoy. El presidente del Gobierno español demuestra un desapego hacia Euskadi que agudiza el desapego de la ciudadanía vasca hacia su partido. En realidad su formación vive el momento de valoración pública más bajo de su historia

El modo y manera en que impone su mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado alimenta este desapego. El PP está lanzando ya su precampaña electoral: se suceden los globos sonda mientras se cambian las leyes sin consenso; se alimenta el enfrentamiento y la confrontación tratando de disimular la inacción ante los continuos casos de corrupción que corroen los cimientos de la política española.

El Gobierno del PP va solo y por libre, ni siente ni padece los problemas de la sociedad. En estos momentos, la opinión mayoritaria está en su contra: la ley del aborto, la reforma eléctrica, la aplicación de la LOMCE, el efecto de la reforma laboral... son proyectos cuestionados hasta en sus propias filas. La actitud de Rajoy tratando de resistir parapetado tras su mayoría absoluta la ha acabado tornando en minoría social. 

Tanto y tanto desapego ha alcanzado inexorablemente al tradicional bipartidismo que reina en el Estado, que por cierto sigue siendo monárquico tras un relevo express y a la carta, por obra y gracia del partido mayoritario, previa consulta con el PSOE. En esta fértil tierra de indignados y descreídos han germinado con facilidad nuevos partidos políticos que han generado preocupación en las bases y anuncian procesos electorales que podrían traer nuevos equilibrios de poder.

En esta deriva, la interesada maniobra de distracción urdida con la propuesta para cambiar la elección de Alcaldes merece comentario aparte. Una nueva demostración de la particular visión de la democracia y el concepto del servicio público que tiene el Partido Popular. A escasos meses de la convocatoria electoral y como preludio de su precampaña ha presentado, ha ingeniado más bien, una nueva norma que pervierte la voluntad de la ciudadanía. En un evidente ejercicio de parcialidad ventajista pretendía premiar al partido mayoritario en los comicios municipales con un voto que el ciudadano, único soberano del sufragio, no había depositado en las urnas.

Ha sido una “alcaldada”, nunca mejor dicho, que ha acabado en nada. Ha sido la enésima prueba del infinito descaro con el que el PP ha estado funcionando durante toda la legislatura. Solo una mayoría absoluta muy absolutista ha podido animar al PP a pretender regalarse a sí mismo una norma que le pudiera garantizar gobernar en aquellos municipios en los que la ciudadanía no le otorgara la mayoría suficiente para hacerlo. El absoluto rechazo que ha recibido semejante “globo” ha acabado por pincharlo.

Es habitual afirmar que la mayoría absoluta acaba siendo perjudicial para el funcionamiento de la democracia porque es habitualmente mal gestionada por el partido que la disfruta. El Partido Popular ha hecho uso y abuso de esa herramienta de la peor manera posible. No ha sabido ni querido gestionarla y a estas alturas no le va a ser fácil corregirse. De hecho ni lo intenta, se encuentra más bien exprimiendo las últimas gotas de su disfrute.

Mi experiencia me ha demostrado que la mayoría absoluta sí puede ser empleada para mostrar generosidad con el adversario político, más aún en estos tiempos de dificultades e incertidumbre en que las verdades absolutas no existen. No ha sido desde luego el caso del PP, no lo fue con Aznar y tampoco con Rajoy. Ambos iniciaron la legislatura con una pretendida actitud abierta, para cerrarla de la peor manera posible: encerrados en sí mismos, absolutamente solos de solemnidad ante la sociedad.

Jokin Bildarratz

Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en el Senado

Sí, son víctimas

En momentos de debates públicos continuos y tensos como los que vivimos, inicio este artículo con la palabra “respeto” en la mente, porque como dice Víctor Hugo, “el sufrir merece respeto.”

Este es mi sentimiento cuando sale a la luz pública algún debate en torno a las víctimas del terrorismo.  Por mucha cautela que apliquemos, ni debemos ni podemos silenciar esta cuestión ante el flagrante incumplimiento de la ley cometido por el Gobierno español, auspiciado y defendido por su Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.  

El caso es la denegación de las ayudas que por ley les corresponden a determinadas personas que han sido víctimas de la violencia terrorista. Lo inaudito del caso es la argumentación que esgrime el Ministerio del Interior para eludir una ayuda legal que debe de estar basada en criterios de igualdad y no discriminación.

A día de hoy, el Gobierno español, con una actitud arbitraria, está denegando indemnizaciones a víctimas del terrorismo que tienen legalmente reconocida esa condición. Se trata, principalmente, de víctimas de atentados  cometidos por organizaciones terroristas como el Batallón Vasco Español o los GAL y, en alguno de los casos, también por ETA.

Ateniéndome al mencionado respeto, me voy a circunscribir a tomar como base los textos normativos vigentes, a la hora de valorar las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Interior. En definitiva se trata, simplemente, de ver si el Ministro Fernández cumple la ley o si la utiliza de una manera tramposa y maniquea. El texto en que el Ministro basa su decisión dice en su literalidad lo siguiente: “… se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos”.

Este texto legal es el Convenio Europeo ratificado por España con posterioridad a la fecha en que se cometieron los atentados a los que nos referimos. En cualquier caso, en ese párrafo encontramos el nudo gordiano de la cuestión: es importante dirimir quién es competente para dar cumplimiento al significado del texto, es decir, para dirimir quién ha cometido delito o quién es delincuente. En nuestro sistema democrático, solo podremos afirmar que una persona ha participado en actos delictivos si existe una sentencia condenatoria que así lo determina.

No cabe otra opción: la garantía jurisdiccional en la que se concreta el principio de legalidad exige que la existencia del delito, y el consecuente establecimiento de pena, se determine a través de una sentencia judicial, tras haberse seguido el procedimiento legalmente establecido. Esta afirmación viene definida principalmente por la necesidad de garantizar que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, es decir, mientras no se haya determinado judicialmente su responsabilidad. Y eso solo lo puede hacer un Juez. No lo puede hacer el Ministro de Interior, ni la Policía, ni la Guardia Civil. Solo lo puede hacer un Juez. Y no lo ha hecho, mal que le pese a Jorge Fernández Díaz.

No hay delito si no hay sentencia. Por tanto, el Ministro no puede esgrimir este argumento para denegar la indemnización a una persona que, como víctima del terrorismo, tiene derecho a ella. No vale utilizar informes policiales que, en muchos casos, no son más que suposiciones y ficticias acusaciones.

El sistema democrático no descansa sobre conjeturas y apariencias. Descansa sobre principios y argumentos sólidos que deberían conducir al Ministerio a la reconsideración de su actitud y al Gobierno español a la debida rectificación. El peso de los argumentos y las razones expuestas así lo exige:

1.- Argumento ético y democrático: la superioridad de la democracia frente a quienes la quieren violentar radica en el cumplimiento de las reglas de juego. La Justicia lleva una venda en los ojos porque la ley se debe aplicar por igual, sin discriminación y respetando los derechos de todas las personas. Estamos obligados a tratar a todas las víctimas de atentados terroristas bajo el principio de igualdad y no discriminación.

2.- Argumento jurídico: con las decisiones que el Ministerio de Interior está adoptando, se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica. Se atenta contra un pilar fundamental de toda democracia: la presunción de inocencia.

3.- Argumento de respeto a las víctimas del terrorismo: estas decisiones confirman que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Se genera frustración, desengaño y escepticismo. Es una flagrante instrumentalización de las víctimas.

4.- Argumento humano: estas denegaciones son injustas porque castigan a familiares de personas asesinadas o que han padecido la acción terrorista, a familiares que no pertenecen a organización terrorista alguna. Se está denegando la indemnización a unos padres, a una esposa, a una hija… de familias a las que un acto terrorista ha roto su vida de manera violenta

El Ministro Fernández Díaz ha tomado la decisión de no cumplir la ley. Él lo sabe, porque es evidente. Pero, asimismo, sabe que este asunto tardará mucho tiempo en resolverse en los Tribunales y, es probable, que para entonces él ya no sea Ministro ni tenga responsabilidad política alguna. El calificativo que este comportamiento merece es el de prevaricación, porque supone tomar una decisión a sabiendas de que no se ajusta a derecho.

Me dirijo al Ministro de Interior, con el debido respeto, para recordarle una obviedad: el terrorismo de ETA ha terminado. Vivimos un nuevo tiempo, un tiempo para construir la convivencia entre diferentes y también para honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Solo edificaremos la convivencia desde la honestidad, la generosidad y el cumplimiento impecable de la legislación vigente. No hay otra vía que el respeto.