Maroto: la disyuntiva entre el fin y los medios

Es conocido el papel que Maquiavelo ha jugado en la historia de la política. Hay quienes todavía se regodean de tener sus obras como libros de cabecera. El teórico político florentino entendía que la política exige la renuncia de una serie de valores colectivos en aras a conseguir una serie de éxitos de ámbito personal aun siendo estos contrarios al bien común. Es decir, en base a la teoría de Maquiavelo y que el alcalde de Vitoria-Gasteiz está siguiendo a pies juntillas, si alguien es honesto en el debate, leal con el adversario político y respetuoso con la sociedad a la que dice representar, difícil va a alcanzar lo que actualmente se entiende como el éxito político.

No quisiera caer yo también en el mismo error que Javier Maroto a la hora de rebatir sus opiniones e iniciativas, ya que hay temas delicados, como el de la población inmigrante, que el primer edil ha puesto sobre la mesa, en los que la línea que separa la argumentación y la demagogia es tan fina como para patinar hacia uno u otro lado.

Decía Henry Hazlitt, filósofo, periodista y economista estadounidense que vivió prácticamente entero el siglo pasado (1894-1993), que los “demagogos y malos economistas presentan verdades a medias. Aluden únicamente a las repercusiones inmediatas de la política a aplicar o de sus consecuencias sobre un solo sector”. Algo así le ha debido de ocurrir al primer edil gasteiztarra, quien busca un objetivo corto de plazos y de miras, ya que instala una sombra de la duda sobre miles de inmigrantes (los magrebíes, sobre todo, que estos no votan en mayo) que han contribuido al desarrollo de Euskadi, sin aportar prueba alguna. Como es habitual entre los pensamientos conservadores, ante los problemas económicos, el foco se pone en los inmigrantes, crispando el ambiente.

MILES DE AFECTADOS En total, las propuestas de Maroto afectarían a aproximadamente 32.000 personas: por no llevar diez años empadronado en la ciudad, unos 20.000 extranjeros y cerca de 10.000 ciudadanos procedentes otras comunidades autónomas del Estado español; y por no haber cotizado nunca a la Seguridad Social, más de 2.000 personas. Entre estos últimos, se contabilizarían también gasteiztarras que aún no han podido acceder al mercado laboral o quienes se han dedicado a las labores del hogar, entre otras, que de esta manera quedarían fuera de estas ayudas sociales.

Maroto, que no detectó este posible problema cuando los votos de su partido apoyaron al PSE para aprobar esa ley en el Parlamento Vasco, reclama ahora una ‘limpia’ entre los fraudulentos receptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), poniendo en duda el funcionamiento de Lanbide, cuya diligencia está quedando demostrada y ratificada cada día, como muestra el hecho de que a diario gestiona cientos de expedientes, además de suspender una media de 2.000 RGI al mes de los 194.530 expedientes revisados por fraude o por no cumplir los requisitos.

El objetivo de Maroto salta a la vista. Anunciar que pedirá en la calle 30.000 firmas para, a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), solicitar el cambio en la ley del RGI no es otro que buscar la adhesión fácil de quienes en esta situación económica desfavorable ven la presencia de inmigrantes como una amenaza. Solo que Maroto olvida que, de esta manera, enfrentará a unos vitorianos contra otros. Como le recordó el propio lehendakari Urkullu al PP, si quiere cambiar la ley, que presente una iniciativa en el Parlamento de Gasteiz, donde su alcalde también es parlamentario y tiene poderes para poder hacerlo sin necesidad de una ILP, que es la herramienta para quienes no pueden hacerlo por cauce habitual. Pero Maroto sabe que esa vía, la de la ILP, además de resultar más llamativa, le permitiría dilatar el proceso, lo que le proporcionaría una presencia más prolongada en los medios de comunicación. Hasta las elecciones del próximo 24 de mayo. Lo sabe el alcalde, pero también sus conciudadanos.

Tuvo Maroto, pues, responsabilidad en la aprobación de la ley que ahora dice querer cambiar; ocupa un escaño en el Parlamento Vasco que le permite modificar esta ley que él antes apoyó; lleva más de tres años como alcalde de la capital para haberse dado cuenta de estos posibles desajustes, pero su apuesta por la “fuerza de la calle” llega ahora. A siete meses de las elecciones.

Está bien que los partidos y sus candidatos vayan definiendo sus posturas ante las diversas disyuntivas que surgen en el día a día de la gestión, en este caso municipal. Lo que no es de recibo es que se haga desde posturas electoralistas. Si el señor Maroto quiere atraer a los gasteiztarras, tiene hasta el mayo para seguir trabajando en los problemas que sufre la capital alavesa. Y si lo que prefiere es salir a la calle a recoger firmas, que lo haga para solicitar a su partido en Madrid más inversiones para Vitoria-Gasteiz, para requerir una mayor implicación para que el aeropuerto de Foronda sea Punto de Inspección Fronteriza y dé servicio las 24 horas, para que se aclare la gestión de los alquileres de las oficinas municipales de San Antonio, para expresar su hartazgo antes los casos de corrupción que asolan al PP, para explicar los pagos en metálico del Diputado General alavés…

EL PAPEL DEL ALCALDE No sé si el papel de un regidor es el de buscar firmas, el de cohesionar una comunidad, el de estar cerca de ella… No lo es, desde luego, buscar el enfrentamiento colectivo, ni el recelo entre vecinos de diverso origen. Tampoco, trasladar una imagen de Vitoria cicatera, cerrada y problemática después de 25 años en los que se ha ganado con justicia una fama de ciudad abierta, solidaria y comprometida. El interés partidista y el cálculo electoral no deberían arrumbar una ciudad de personas solidarias, comprometidas con la cohesión social.

El Partido Popular de Javier Maroto dispone de estudios que le anuncian un resultado electoral que no es el que a él y a su partido les hubiera gustado. Sabe también que este es un tema recurrente y fácil para construir discursos ambiguos pero que hacen daño. Como alcalde y presidente de EUDEL que he sido, considero imperdonable que un responsable municipal priorice, sin ningún tipo de recato, su propio bienestar mediante un pretendido resultado electoral en perjuicio del bienestar colectivo de su ciudadanía.

Soy consciente de que decir la verdad, ser honesto y leal no va con el discurso del alcalde de Vitoria, que prefiere seguir la doctrina de ‘El Príncipe’ de Maquiavelo. Pero los medios son importantes para lograr un buen fin. Mejor haría Maroto en buscar el acuerdo, entender al diferente y colaborar con el competente.

Alemaniko BUNDESRAT ezagutzen

Atzo gauean hasi genuen Alemaniko bidaia; bertako kanpo harremanetarako ministeritzaren gonbidapenari erantzunez, aste beteko bidaia antolatu digute Alemaniako federazioa eta bertako 16 Länderren arteko harremana ezagutzeko.

Goizeko 10:00etan Humboldteko unibertsiatera bisita egin dugu eta bertan Länderren partaidetza Federazioko politiketan gaia jorratu dugu, Ulrich Battis irakaslearekin hitzeginez.

Arratsaldean BUNDESRATera joan gara eta bertako legelariekin bildu gara eta Alemaniko konstituzioa elkarrekin aztertu dugu.

Bertan PP, PSOE, CIU, ENTESA (PSC + ICV), EAJ-PNV eta UPN alderdiak egon gara.

Españan konstituzioaren aldaketaren beharra behin eta berriro ikusi da baina garbi dajo Alderdi Popularra ez dela ausartzen; Alderdi Sozialistaren Federalismoa zer den ez daki eta mesfidantza haundiak ditu CIU eta gurekiko.

Momentu honetan Españiko Senaduaren paperak ez du inongo zentzurik dagoen bezala jarraitzeko; beraz ardura politikoari erantzun ahal izateko Konstituzioaren aldaketa piskanaka piskanaka gestionatzen hasi beharko da

Por sus frutos los conoceréis…

No hace falta ser creyente ni seguir el evangelio para compartir las palabras de Jesús, recogidas en la Biblia por el apóstol Mateo, en las que advierte de los falsos profetas. “Por sus frutos los conoceréis…”, es una de las frases bíblicas que mayor eco ha tenido más allá del ámbito religioso.

Esta semana el Presidente del Gobierno español ha acudido al Senado y en el fragor del debate sobre el recurso a la ley de consultas catalana ha subido a la tribuna para declarar solemnemente: “Yo respeto las leyes y creo en el Estado de las Autonomías." Mariano no es Mateo, no es profeta y tampoco es un santo. En Euskadi le conocemos por sus frutos y sabemos que ni cumple la ley ni cree en el Estado de las Autonomías.

El debate se producía a raíz de la propuesta de la CORA por parte del Gobierno español. A quien no la conozca, se la podemos presentar como la Campaña Organizada para la Recentralización de las Autonomías. Para las personas más veteranas basta decir que la CORA es este siglo lo que fue la LOAPA en el anterior. La única diferencia es que hoy en día el inveterado afán político recentralizador se pretende vestir de razones de eficacia económica. Han pasado 30 años y la única novedad es terminológica, se ha sustituido la armonización por racionalización. Una nueva forma para el mismo fondo, una nueva andanada en contra del autogobierno vasco.

En su defensa de lo indefendible, el presidente Rajoy declaró que la reforma de la administración "no es un capricho del Gobierno ni de nadie, es una necesidad.” Efectivamente, es una necesidad, pero ¿para quién? Un estudio objetivo señalaría que la reforma de la administración debe de afectar a aquel Gobierno que cuenta con más organismos y que se encuentra con unas cuentas públicas menos saneadas y sostenibles. Un estudio objetivo señalaría que los organismos que el Gobierno español mantiene en Euskadi incumplen flagrantemente las previsiones estatutarias. Un estudio objetivo señalaría que la situación económica de la administración española con una deuda del 99% del PIB está más necesitada de racionalización que la vasca cuya deuda no supera el 15%. Esto diría un estudio objetivo pero, tal y como nos temíamos, la CORA no es un estudio objetivo. Eso sí, tiene un objetivo predeterminado que no es otro que arrumbar el autogobierno vasco.

La CORA si es un capricho del Gobierno español y la única necesidad real es que después de 35 años cumpla el Estatuto de Gernika y adecúe su administración en Euskadi a la auténtica realidad de sus competencias. No es de recibo que Rajoy afirme en una sede institucional que “respeta las leyes”, sencillamente el Estatuto es una ley que el Gobierno español ni cumple ni respeta.

Como tampoco es de recibo que venga a darnos lecciones. Sostiene Rajoy que la propuesta de la CORA es la prueba de que su Gobierno se ocupa de los problemas que importan a los ciudadanos, mientras estigmatiza al Partido Nacionalista Vasco por centrar sus preocupaciones en cuestiones más “políticas” como el autogobierno vasco. Ya va siendo hora de que se entere de que en realidad el secreto del bienestar se encuentra en el autogobierno. La situación económica, la realidad industrial, la capacidad exportadora o la apuesta por la innovación en Euskadi se han basado en las herramientas del autogobierno. El mantenimiento de los servicios esenciales de las políticas sociales se sustenta en el autogobierno. El nivel alcanzado por los servicios de sanidad y educación en Euskadi se explica por el autogobierno. Ya va siendo hora de que el presidente del Gobierno español sea consciente de que más autogobierno es más bienestar. Ya va siendo hora de que comprenda que con el reiterado incumplimiento del Estatuto de Gernika lo único que está logrando es dificultar el crecimiento del bienestar en Euskadi.

“Yo respeto nuestras leyes y creo en el Estado de las autonomías", aseguró Rajoy. No es cierto y por sus frutos les conocemos. El PP es un espino para el autogobierno vasco. El PP nunca ha creído en el Estado de las Autonomías, y las acciones que el Gobierno está planteando suponen una clara involución de ese Estado de las Autonomías. Al PP le conocemos por sus frutos, que son nulos para el autogobierno vasco.

Rajoy apela a la ley y al cumplimiento de la legalidad, pero no da un paso para cumplirla. Todo lo contrario, el incumplimiento reiterado de la legalidad estatutaria supone que en la práctica está liderando la desobediencia civil en Euskadi. “Por sus frutos los conoceréis”, el PP de Rajoy no cumple ni quiere cumplir la ley, no quiere cumplir el Estatuto, con lo cual, no quiere cumplir la Constitución Española. En realidad Rajoy  se está comportando como un auténtico insumiso.

La soledad de la mayoría absoluta

Cada vez es más habitual escuchar que crece el desapego de la ciudadanía hacia la política. No comparto ese punto de vista. Menos aún en este inicio de curso político realmente apasionante, con el referéndum de Escocia o la consulta en Catalunya en el horizonte cercano, que hacen que la ciudadanía sí se interese por la política. Por la POLÍTICA con mayúsculas, claro.

Desapego es lo que pueden sentir en realidad los potenciales votantes del Partido Popular en Euskadi. Un partido incapaz de definir un proyecto con perfil propio para nuestro país, lastrado además por las negativas políticas de Rajoy. El presidente del Gobierno español demuestra un desapego hacia Euskadi que agudiza el desapego de la ciudadanía vasca hacia su partido. En realidad su formación vive el momento de valoración pública más bajo de su historia

El modo y manera en que impone su mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado alimenta este desapego. El PP está lanzando ya su precampaña electoral: se suceden los globos sonda mientras se cambian las leyes sin consenso; se alimenta el enfrentamiento y la confrontación tratando de disimular la inacción ante los continuos casos de corrupción que corroen los cimientos de la política española.

El Gobierno del PP va solo y por libre, ni siente ni padece los problemas de la sociedad. En estos momentos, la opinión mayoritaria está en su contra: la ley del aborto, la reforma eléctrica, la aplicación de la LOMCE, el efecto de la reforma laboral... son proyectos cuestionados hasta en sus propias filas. La actitud de Rajoy tratando de resistir parapetado tras su mayoría absoluta la ha acabado tornando en minoría social. 

Tanto y tanto desapego ha alcanzado inexorablemente al tradicional bipartidismo que reina en el Estado, que por cierto sigue siendo monárquico tras un relevo express y a la carta, por obra y gracia del partido mayoritario, previa consulta con el PSOE. En esta fértil tierra de indignados y descreídos han germinado con facilidad nuevos partidos políticos que han generado preocupación en las bases y anuncian procesos electorales que podrían traer nuevos equilibrios de poder.

En esta deriva, la interesada maniobra de distracción urdida con la propuesta para cambiar la elección de Alcaldes merece comentario aparte. Una nueva demostración de la particular visión de la democracia y el concepto del servicio público que tiene el Partido Popular. A escasos meses de la convocatoria electoral y como preludio de su precampaña ha presentado, ha ingeniado más bien, una nueva norma que pervierte la voluntad de la ciudadanía. En un evidente ejercicio de parcialidad ventajista pretendía premiar al partido mayoritario en los comicios municipales con un voto que el ciudadano, único soberano del sufragio, no había depositado en las urnas.

Ha sido una “alcaldada”, nunca mejor dicho, que ha acabado en nada. Ha sido la enésima prueba del infinito descaro con el que el PP ha estado funcionando durante toda la legislatura. Solo una mayoría absoluta muy absolutista ha podido animar al PP a pretender regalarse a sí mismo una norma que le pudiera garantizar gobernar en aquellos municipios en los que la ciudadanía no le otorgara la mayoría suficiente para hacerlo. El absoluto rechazo que ha recibido semejante “globo” ha acabado por pincharlo.

Es habitual afirmar que la mayoría absoluta acaba siendo perjudicial para el funcionamiento de la democracia porque es habitualmente mal gestionada por el partido que la disfruta. El Partido Popular ha hecho uso y abuso de esa herramienta de la peor manera posible. No ha sabido ni querido gestionarla y a estas alturas no le va a ser fácil corregirse. De hecho ni lo intenta, se encuentra más bien exprimiendo las últimas gotas de su disfrute.

Mi experiencia me ha demostrado que la mayoría absoluta sí puede ser empleada para mostrar generosidad con el adversario político, más aún en estos tiempos de dificultades e incertidumbre en que las verdades absolutas no existen. No ha sido desde luego el caso del PP, no lo fue con Aznar y tampoco con Rajoy. Ambos iniciaron la legislatura con una pretendida actitud abierta, para cerrarla de la peor manera posible: encerrados en sí mismos, absolutamente solos de solemnidad ante la sociedad.

Jokin Bildarratz

Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en el Senado

Un diez de suspenso

En mis tiempos de estudiante, y aún hoy, he valorado el 10 como la nota de la excelencia. Cuánto habremos estudiado para tratar de alcanzar, o al menos acercarnos a la perfección y enarbolar esa cifra como símbolo del trabajo bien hecho. Estos días, sin embargo, mi imagen del 10 es diametralmente opuesta a la que siempre he valorado, y lo es por culpa de las deficientes medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De hecho, diez de ellas han recibido un sonoro suspenso por parte del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición realizado tras la visita oficial a España entre el 21 de enero y el 3 de febrero de este año.

No se trata de conclusiones pueriles, pues llegan tras semanas de reuniones realizadas con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, e incluso con miembros del Gobierno del PP, como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo. Son, pues, valoraciones contrastadas con quienes han sufrido directamente la injusticia de la guerra, de la dictadura y, ahora, de la desmemoria histórica.

La Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura dejaron innumerables víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario: ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, trabajo forzoso de presos,  exilio… Situaciones en demasiadas ocasiones irreparables pero que ni siquiera han recibido una compensación moral de reparación en el denominado periodo democrático.

La permanencia de calles o monumentos que ensalzan a cargos franquistas o el ofensivo Valle de los Caídos, que acoge los restos de los dictadores Franco y Primo de Rivera, lo que, en opinión De Greiff, hace que “difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación”, son dos de esos ejemplos. La inadecuada formación, con curriculums escolares que, aunque han ido mejorando, han llegado a equiparar la responsabilidad de las “dos Españas”, en referencia a los sublevados y a los defensores del orden establecido; con policías, militares y jueces poco formados sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas, no ayuda a mejorar ese injustificado olvido. 

En ello ahonda el acceso restringido a documentos “invocando riesgos a la seguridad nacional” y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas mortales, o a temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El hecho de que el Estado español haya sido considerado el segundo país con más desaparecidos tras Camboya no deja en buen lugar a los diferentes Gobiernos de la época democrática.

De Greiff observa los mayores déficits en la Ley de Amnistía, cuya interpretación restrictiva la convierte en el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”, y cuyos efectos resultan incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En ese ámbito supranacional, la ONU ve “con preocupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y recuerda al Gobierno que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, y que sólo podrá denegarse la extradición de los exagentes de seguridad acusados de torturas si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables. Asimismo, la adopción de medidas  “más ambiciosas” en las relacionadas con el terrorismo” ha provocado que muchos afectados se sientan “víctimas de segunda categoría”.

Analizando el informe resulta evidente que nunca se estableció una política de Estado en materia de verdad; no existe información oficial, ni mecanismos para su esclarecimiento. Por todo ello, pensamos que el Ministerio de Justicia debería realizar una valoración al respecto, algo que solicitaré en el Pleno del Senado la próxima semana, incluyendo el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en su misión a España.

Mientras tanto, los reconocimientos a estas víctimas y héroes siguen llegando desde otras instancias, y así, en Elgoibar, se recordará a los valientes gudaris y milicianos que dejaron sus vidas en el monte Zirardamendi el 25 de septiembre de 1936, en plena Guerra Civil. Compartiendo el título de ‘Goazen gudari danok…”, una exposición abierta hasta el 21 de septiembre en la Kultur Etxea local, un libro que se presentará el día 15 y un documental que se proyectará en el Antzoki de la localidad el día 18 dejarán constancia del valor y de la fidelidad al deber que demostraron estos hombres de diez. 

Jokin Bildarratz

Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en el Senado

Sí, son víctimas

En momentos de debates públicos continuos y tensos como los que vivimos, inicio este artículo con la palabra “respeto” en la mente, porque como dice Víctor Hugo, “el sufrir merece respeto.”

Este es mi sentimiento cuando sale a la luz pública algún debate en torno a las víctimas del terrorismo.  Por mucha cautela que apliquemos, ni debemos ni podemos silenciar esta cuestión ante el flagrante incumplimiento de la ley cometido por el Gobierno español, auspiciado y defendido por su Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.  

El caso es la denegación de las ayudas que por ley les corresponden a determinadas personas que han sido víctimas de la violencia terrorista. Lo inaudito del caso es la argumentación que esgrime el Ministerio del Interior para eludir una ayuda legal que debe de estar basada en criterios de igualdad y no discriminación.

A día de hoy, el Gobierno español, con una actitud arbitraria, está denegando indemnizaciones a víctimas del terrorismo que tienen legalmente reconocida esa condición. Se trata, principalmente, de víctimas de atentados  cometidos por organizaciones terroristas como el Batallón Vasco Español o los GAL y, en alguno de los casos, también por ETA.

Ateniéndome al mencionado respeto, me voy a circunscribir a tomar como base los textos normativos vigentes, a la hora de valorar las resoluciones adoptadas por el Ministerio de Interior. En definitiva se trata, simplemente, de ver si el Ministro Fernández cumple la ley o si la utiliza de una manera tramposa y maniquea. El texto en que el Ministro basa su decisión dice en su literalidad lo siguiente: “… se podrá reducir o suprimir asimismo la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos”.

Este texto legal es el Convenio Europeo ratificado por España con posterioridad a la fecha en que se cometieron los atentados a los que nos referimos. En cualquier caso, en ese párrafo encontramos el nudo gordiano de la cuestión: es importante dirimir quién es competente para dar cumplimiento al significado del texto, es decir, para dirimir quién ha cometido delito o quién es delincuente. En nuestro sistema democrático, solo podremos afirmar que una persona ha participado en actos delictivos si existe una sentencia condenatoria que así lo determina.

No cabe otra opción: la garantía jurisdiccional en la que se concreta el principio de legalidad exige que la existencia del delito, y el consecuente establecimiento de pena, se determine a través de una sentencia judicial, tras haberse seguido el procedimiento legalmente establecido. Esta afirmación viene definida principalmente por la necesidad de garantizar que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, es decir, mientras no se haya determinado judicialmente su responsabilidad. Y eso solo lo puede hacer un Juez. No lo puede hacer el Ministro de Interior, ni la Policía, ni la Guardia Civil. Solo lo puede hacer un Juez. Y no lo ha hecho, mal que le pese a Jorge Fernández Díaz.

No hay delito si no hay sentencia. Por tanto, el Ministro no puede esgrimir este argumento para denegar la indemnización a una persona que, como víctima del terrorismo, tiene derecho a ella. No vale utilizar informes policiales que, en muchos casos, no son más que suposiciones y ficticias acusaciones.

El sistema democrático no descansa sobre conjeturas y apariencias. Descansa sobre principios y argumentos sólidos que deberían conducir al Ministerio a la reconsideración de su actitud y al Gobierno español a la debida rectificación. El peso de los argumentos y las razones expuestas así lo exige:

1.- Argumento ético y democrático: la superioridad de la democracia frente a quienes la quieren violentar radica en el cumplimiento de las reglas de juego. La Justicia lleva una venda en los ojos porque la ley se debe aplicar por igual, sin discriminación y respetando los derechos de todas las personas. Estamos obligados a tratar a todas las víctimas de atentados terroristas bajo el principio de igualdad y no discriminación.

2.- Argumento jurídico: con las decisiones que el Ministerio de Interior está adoptando, se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica. Se atenta contra un pilar fundamental de toda democracia: la presunción de inocencia.

3.- Argumento de respeto a las víctimas del terrorismo: estas decisiones confirman que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Se genera frustración, desengaño y escepticismo. Es una flagrante instrumentalización de las víctimas.

4.- Argumento humano: estas denegaciones son injustas porque castigan a familiares de personas asesinadas o que han padecido la acción terrorista, a familiares que no pertenecen a organización terrorista alguna. Se está denegando la indemnización a unos padres, a una esposa, a una hija… de familias a las que un acto terrorista ha roto su vida de manera violenta

El Ministro Fernández Díaz ha tomado la decisión de no cumplir la ley. Él lo sabe, porque es evidente. Pero, asimismo, sabe que este asunto tardará mucho tiempo en resolverse en los Tribunales y, es probable, que para entonces él ya no sea Ministro ni tenga responsabilidad política alguna. El calificativo que este comportamiento merece es el de prevaricación, porque supone tomar una decisión a sabiendas de que no se ajusta a derecho.

Me dirijo al Ministro de Interior, con el debido respeto, para recordarle una obviedad: el terrorismo de ETA ha terminado. Vivimos un nuevo tiempo, un tiempo para construir la convivencia entre diferentes y también para honrar la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Solo edificaremos la convivencia desde la honestidad, la generosidad y el cumplimiento impecable de la legislación vigente. No hay otra vía que el respeto.

Muchas lágrimas en Gaza

Aún guardo en la retina la imagen, difundida a través de las redes sociales, de un joven en Gaza que grita el nombre de sus familiares perdidos en una zona fuertemente bombardeada por el ejército israelí. Entra en un callejón, se escuchan varios disparos, y el joven es herido en una cadera. Intenta incorporarse, pero no puede. Le vemos en el suelo, tumbado, mueve un brazo, se le oye gritar de dolor y pavor. A continuación resuena un nuevo disparo y vuelve a ser herido. Grita. Otro disparo, y el joven ya no se mueve. Ha sido asesinado por un francotirador. Este es solo un ejemplo del ataque generalizado que se está cometiendo contra la población civil de Gaza. Es lo que el artículo 7 del Estatuto de Roma (no ratificado por Israel, ni EEUU) califica como "crímenes de lesa humanidad".

El pasado mes de abril tuve la oportunidad de visitar Gaza y Cisjordania, además de Jerusalén, Ramalla y los territorios ocupados; también estuve en Tel Aviv. Conté con una intensa agenda organizada por la ONG vasca Mundubat y tuve ocasión de conocer las diferentes realidades que se viven en estos territorios. Pude escuchar, vivir y sentir las diferentes visiones que tiene la realidad de Oriente Próximo. Tras aquella visita y ante la situación que estamos viviendo en la actualidad solo puedo transmitir pena, dolor e impotencia.

Todos recordamos que en el presente conflicto la mecha que prende esta situación fue el secuestro y posterior asesinato de tres jóvenes israelíes. Hay hipótesis diferentes sobre lo ocurrido, pero no considero que sea hoy el tema relevante. Lo que resulta indudable es que nadie en su sano juicio hubiera podido imaginar que las consecuencias de aquel macabro acto fueran las que hoy estamos viendo y viviendo. Nada más aparecer los cuerpos de los tres jóvenes, yo mismo suponía que la "venganza" sería matar a más de tres palestinos. No pensé ni en 30 ni en 60. Nunca pensé que pudieran llegar a ser más de 100. Lo cierto es que pasaron los 300; ya superan los 750 y la "respuesta" no finaliza. Es una escalada terrible que supera nuestras peores pesadillas.

Sin embargo, no solo los miembros del ejecutivo de Tel Aviv son los responsables de estas pesadillas, lo son también la gran mayoría de Gobiernos que no han mostrado ni actitud, ni responsabilidad, ni ganas de enfrentarse al Gobierno israelí. Todos son responsables. Contrasta esta actitud con la reacción de los Gobiernos, liderados obviamente por los EEUU, ante el derribo de un avión de Malaysian Arlines que ha coincidido en el tiempo con estos terribles acontecimientos: ha sido diametralmente opuesta a la mostrada en el caso palestino; hasta Rajoy realizó una valoración del atentado que costó la vida a 298 personas. 

Entiendo que los orígenes del problema en Palestina puedan ser discutibles y discutidos, pero nada tiene que ver con la masacre civil que se está cometiendo: con más de 750 muertos a fecha de 24 de julio, con decenas de niños asesinados, con más de 4.500 heridos y más de 3.100 casas demolidas.

El derecho internacional no está siendo capaz de responder a Palestina. Hay decenas de resoluciones de la ONU que Israel no ha cumplido; pero no hay ninguna medida adoptada por el derecho internacional contra el Estado de Israel obligando a su cumplimiento. Uno de los elementos que más impacta cuando se visita Palestina es el gran muro que rodea los territorios ocupados; una vergonzosa mole de hormigón de más de 700 kilómetros de largo y 8 metros de alto. El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya falló en 2004 en contra de un muro que en aquel momento estaba aún en construcción. La resolución no puede ser más clara: "el muro de 650 kilómetros que Israel construye en los Territorios Ocupados palestinos es contrario a la legalidad internacional". ¿Qué consecuencias ha  tenido este fallo? Ninguna.

Es probable que escandalizados por los asesinatos y crímenes de guerra que se están cometiendo, la presión internacional consiga parar la masacre de Gaza. Pero Palestina necesita más, porque el muro sigue en pie. Mientras la presión internacional no consiga derribar ese muro y lo que significa, mientras el derecho internacional no haga cumplir sus propias resoluciones, se seguirán vertiendo lágrimas en Gaza y no dejaremos de verter lágrimas por Gaza.