La revolución: cumplir la ley

Este año, en vísperas del 40 aniversario de la Constitución española, un letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea me trasladó una reflexión muy sugerente: “La verdadera revolución en España se producirá cuando se cumpla la ley”. Lo cierto es que este aparente contrasentido no puede estar más cargado de razón si atendemos a la manera de actuar de los diferentes dirigentes del Estado. Por si a alguien le quedaba alguna duda, este jueves el propio ministro de Asuntos Exteriores ha venido a confirmarlo en sede parlamentaria declarando que “en España, cada vez que hay algún problema hacemos una ley y muchas veces la ley se queda en un texto que no se aplica”. Borrell dixit, fin de la cita.

El reciente estudio del CIS ha vuelto a confirmar que no vivimos buenos tiempos para la política. En muchos momentos, nos sorprende escuchar a cualquier parlamentario diciendo cualquier cosa, sin el mínimo rigor, sin profundizar en su trabajo; cuestiones gruesas, muchas veces insultantes, con el único objetivo de “robar” unos segundos en algún medio informativo. Conozco de cerca otros ámbitos institucionales y parlamentarios además del Senado: el Parlamento Vasco o el Consejo de Europa, y doy fe de que nada tienen que ver con lo que veo en Madrid.

Esta semana me ha sorprendido que, por primera vez, el propio Presidente Pedro Sánchez haya optado por bajar al barro. En la sesión de control al Gobierno del martes, acusó al portavoz del Grupo Popular en el Senado de obtener su doctorado de malas maneras citando un “tribunal organizado ad hoc” o un “trabajo sin suficiente contraste”. No daba crédito a lo que escuchaba. Desde EAJ-PNV llevamos semanas defendiendo que no tiene ningún sentido que el Presidente del Ejecutivo central tenga que comparecer por motivo de su tesis doctoral: sobre todo porque no es función del Parlamento, pero también porque no nos consideramos competentes para valorar la calidad académica de un trabajo; más si cabe, cuando el ámbito universitario ya tiene suficientes resortes como para responder ante este tipo de cuestiones. Lo que nos alarma es que sean ellos mismos, quienes más razones tendrían para callar, quienes sigan enredando y enredándose con este tema, cuando en realidad lo único que logran es que el clima político madrileño se vaya tornando insufrible.

En ese ambiente, nos correspondía debatir con el Presidente del Gobierno, y le pregunté por su voluntad para cumplir la ley, refiriéndome en este caso al cumplimiento del Estatuto de Gernika, que junto a la Constitución, conforma el bloque de constitucionalidad. Es cierto que el nuevo Gobierno español no lleva más que cinco meses en La Moncloa, pero también es verdad que ya iba siendo hora de advertirles de que no nos gusta lo que estamos viendo y oyendo o, mejor dicho, lo que no estamos viendo ni oyendo. El problema es que su respuesta no me tranquilizó en absoluto, porque no se le ocurrió otra cosa que espetarme: “Si la competencia de la Seguridad Social no se ha traspasado en 30 años será por algo”. Es decir, el máximo responsable del Ejecutivo está justificando el incumplimiento de una Ley Orgánica, como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, durante 39 años, que no solo 30. ¿Alguien puede imaginar que cualquier persona pudiera dejar de actuar conforme a la ley sin que las instituciones, de una manera u otra, le llamaran al orden? Es inaudito; no cumplen la ley y ni se sonrojan.

Un Ejecutivo central serio, ante el reiterado menosprecio al Estatuto de Gernika desde que fue aprobado, debiera de adoptar medidas drásticas y urgentes para garantizar su cumplimiento. De otra manera, ¿qué credibilidad tiene un Estado que no actúa conforme al ordenamiento jurídico vigente? ¿Puede un Estado cumplir las leyes unas veces sí y otras no? Recordemos, sin ir más lejos, que la justificación que PP, PSOE y Ciudadanos emplearon en el Senado para aplicar las medidas del Artículo 155 en Catalunya fue precisamente el incumplimiento de la ley.

La historia se repite. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han tenido voluntad de cumplir el Estatuto, sino que han esperado a necesitar nuestros votos para gestionar más o menos transferencias. No hay más que recordar que en los años 2009 y 2010 se negociaron 16 transferencias. Tal vez no lo hicieron por pleno convencimiento, pero al menos había un Gobierno que tenía la voluntad suficiente para transferir una serie de competencias que están recogidas en la ley. El resultado de aquel acuerdo ha sido positivo, pero esto no les ha hecho cambiar la actitud y a los hechos me remito: hace dos años el propio Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia una competencia sobre dos vías ferroviarias en favor del País Vasco y, sin embargo, hoy es el día en el que el Ejecutivo central no ha cumplido la decisión adoptada por el mismísimo Constitucional. Sin palabras.

Desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía del País Vasco, los diferentes Gobiernos centrales no han respetado el pacto. Un pacto aprobado en el Parlamento Vasco, un pacto aprobado por las Cortes Generales, un pacto refrendado por la ciudadanía vasca con su voto el día 25 de octubre de 1979. Todo lo que sea no aplicar el texto pactado es, además de ir contra la ley que conforma el bloque de constitucionalidad, actuar contra la voluntad de la ciudadanía. Este mismo viernes la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha formalizado la solicitud de un texto articulado al equipo de expertos jurídicos elegido por los Grupos parlamentarios. Disponen de ocho meses para entregar su trabajo, pero no cabe duda de que el mantenimiento de la cerrazón y el incumplimiento de las transferencias todavía pendientes no resultaría ser el mejor augurio para imaginar un nuevo pacto de convivencia de cara al futuro.

Euskadi no dispone hoy de protección ante el incumplimiento unilateral del Ejecutivo central. El Presidente Pedro Sánchez sacó adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy con nuestro apoyo porque afirmó su voluntad política de gestionar su Gobierno de una manera diferente. Rajoy y el Partido Popular contravinieron la ley, y si el Presidente Sánchez quiere hacer las cosas de otra manera debería empezar acometiendo la revolución que consistiría, simplemente, en cumplir la ley. Un paso obvio, un paso necesario que sería incomprensible no acometer.

Mi artículo de opinión, hoy en Deia.

Presupuestos vendo…

Se atribuye a quien fuera canciller alemán a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck, haber acuñado el término Realpolitik; que viene a ser la política de la realidad, la que se basa en los intereses de un país de acuerdo con las circunstancias del momento, en lugar de seguir principios filosóficos, teóricos o morales.

La estruendosa irrupción de Podemos en el panorama político nos hizo llegar a todos de manera inmediata su intrépido ideario para cambiar el pecaminoso proceder de quienes consideran los viejos partidos, anunciando para ello el asalto a los cielos. Sin embargo, en su aún corta trayectoria, cada vez resultan más palpables sus contradicciones al oscilar entre seguir el dogma de sus ideales o abrazar la política de los problemas reales y, sobre todo, las soluciones realistas. Lo cierto es que la Realpolitik comparte su enfoque filosófico con el pragmatismo, por eso lo que tal vez busca Podemos es eso: ser práctico para trepar hasta los cielos. Solo así se explica que sean capaces de elevar su nivel de exigencia en Euskadi para tratar de desgastar al Gobierno Vasco, al mismo tiempo que lo rebajan en La Moncloa, donde perciben haber alcanzado un nivel cercano a ese paraíso al que vaticinaron llegar.

Resulta desconcertante la contradicción que supone la defensa que hizo hace una semana el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, de los acuerdos “arrancados” al Gobierno de Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2019; una alianza que ponderó como ejemplo a seguir en Euskadi y que, sin embargo, recoge medidas de inferior calado a las que exigen al Ejecutivo del Lehendakari Urkullu para apoyar los presupuestos del Gobierno Vasco, e incluso inferiores a otras que ya se están aplicando en nuestra Comunidad. Medidas, sí, pero tomadas con diferentes varas.

En sus particulares tablas de la ley, al parecer de aplicación exclusiva en Euskadi, Martínez expuso quince quehaceres a cumplir por el Gobierno Vasco. El primer mandamiento demanda el rescate público de La Naval; una iniciativa loable, aunque su resolución es competencia del Gobierno central y no del de Gasteiz, además de que presenta una enorme complejidad económica y legal. Sin embargo, pese a la relevancia que se le otorga en la negociación con el PNV, no ocupa una sola línea en el acuerdo firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

Además de lo insólito que resulta una rúbrica entre un Gobierno, el de Sánchez, y un Grupo Parlamentario, el de Podemos, no deja de sorprenderme la positiva visión que del acuerdo tienen los correligionarios vascos de Iglesias. En el mismo, por ejemplo, nada se dice contra las inversiones en el Tren de Alta Velocidad en Euskadi en contraste con la oposición que muestran al impulso que se da al mismo en las cuentas en Vitoria-Gasteiz. Estoy ansioso por saber qué posición tomarán los parlamentarios vascos de Podemos cuando se voten en el Congreso y en el Senado: si se guiarán por sus principios para Euskadi o si los mudarán para Madrid.

Tanto o más asombrosa aún es la asunción sin crítica del incremento en base al IPC de las pensiones por parte de quienes, hasta hace escasos días, denostaban sin paliativos el acuerdo que en similares términos obtenía el Partido Nacionalista Vasco con el PP que sustentaba el Gobierno de Mariano Rajoy. Y por si esto fuera poco, mientras, Lander Martínez y los suyos se alinean con las plataformas de pensionistas para demandar el incremento de las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros en Euskadi cuando su partido no reclama esa cantidad a quien de verdad compete fijar la prestación. ¿Era bueno o no el incremento obtenido por el PNV en Madrid? ¿No era el acuerdo de Moncloa el modelo a imitar en Euskadi? ¿En qué quedamos?

Tampoco es entendible la calificación de “extrapolable a Euskadi” que Martínez atribuye al acuerdo en Madrid si atendemos al supuesto carácter progresista del incremento de los impuestos para reforzar el estado del bienestar. Lo digo porque, eso que ellos venden como un logro obtenido gracias a su influencia, mantiene una presión fiscal muy por debajo de la media europea y lejos de la que ya existe en la Comunidad Autónoma Vasca. En este ámbito, tampoco hubiera estado de más, por ejemplo, que una formación presuntamente progresista hubiera exigido a Sánchez que pusiera coto a las Sicav como se lleva haciendo en Euskadi desde 2009, cuando una reforma fiscal hizo que esas sociedades de inversión de capital variable dejaran de tener una benévola tributación del 1% y pasaran a pagar lo mismo que cualquier otra sociedad.

Es más fácil destruir que construir; criticar que elaborar. El mismo Pedro Sánchez lo ha podido comprobar nada más abandonar la oposición y encaramarse a atalaya de La Moncloa. El ejemplo más claro lo tenemos en el firme anuncio de que se dejaría de vender armas a Arabia Saudí que quedó en agua de borrajas al amenazar estos con anular la compra de varias corbetas que se construyen en Navantia. Todavía guardo en la memoria las declaraciones de la portavoz del Gobierno, la señora Celaá, justificando esa venta de armamento basándose en la inteligencia que este posee para destruir de manera selectiva. También en este caso se hizo presente la doble alma ‘morada’, con la defensa que hizo de esta transacción el alcalde gaditano, José María González ‘Kichi’, cuando anteriormente había sido duramente crítico con regímenes como el del reino arábigo.

Son innumerables los ejemplos que evidencian que una cosa es la política de salón y otra la política real. Lo que no parece de recibo ni comprensible, y menos aún en esta era de las comunicaciones globales, es que una misma formación diga una cosa y la contraria; que defienda unos postulados en una institución y que defienda otros en otra. No sé si era esto lo de la nueva política que anunciaban algunos o solo se trataba de alcanzar, o mejor dicho trepar, hasta los cielos.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario Vasco. 

El modelo de descentralización en Europa

En muchas ocasiones hemos oído hablar de los beneficios de viajar; las ventajas de tomar distancia para obtener una perspectiva más amplia de las circunstancias que nos ocupan en nuestro día a día. Esta semana he participado en el Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo donde me he encontrado con un nuevo alegato en favor de los procesos de descentralización y el modelo de subsidiariedad.

Independientemente de la realidad que vivimos en el Estado español, los debates que se sustancian en el ámbito europeo van en la línea de intentar acercarse lo más posible a los intereses de la ciudadanía. Esto es el concepto de subsidiariedad, el objetivo de que sean las instituciones más cercanas las que decidan y ejecuten las políticas de respuesta a las necesidades de las personas. Es evidente, por ejemplo, que el desarrollo integral de las personas más jóvenes de nuestra sociedad estará dotado de una mayor calidad si el responsable de definir la educación está cerca del ámbito en el que se aplica. Nadie va a tener un mayor interés que la propia comunidad. Lo mismo cabría decir de la sanidad, el transporte o las políticas sociales. Dado que los recursos son limitados, serán las instituciones más próximas las que tengan mayor capacidad de definir las necesidades de su comunidad porque son las que más y mejor las conocen.

Esta semana en Estrasburgo he participado en el debate sobre ‘el papel de los Parlamentos nacionales en los procesos de descentralización exitosos’. El Consejo de Europa ha querido enviar un mensaje nítido a los Estados europeos: “…el papel fundamental de la descentralización es ser más sensible con el servicio público en los ámbitos locales”. Esta institución considera que la descentralización es una de las prioridades como elemento clave en la refundación de la democracia. Esta orientación es importante para una realidad de Nación sin Estado como Euskadi, porque el Consejo ha querido mostrar su preocupación por la tendencia que en la actualidad se está dando en determinados países con un estancamiento en los procesos de descentralización e, incluso, una reversión de los mismos.

El Informe de la Asamblea afirma que el éxito de la descentralización depende, en gran medida, de la calidad de los procesos políticos en los que se negocian, respaldan y aplican los acuerdos. Cuando esta calidad es baja conlleva efectos adversos como la devolución de competencias. De hecho, la Asamblea ha pedido a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la descentralización a través de leyes, políticas y prácticas, recomendando tomar medidas para asegurar que, una vez votados, los procesos se implementen según lo planeado y no se restrinjan injustificadamente debido a las mayorías cambiantes. No cabe duda de que esta “realidad” nos es muy familiar en Euskadi y esta resolución nos va a resultar de utilidad a la hora de defender nuestros intereses en el proceso de integración europea.

Tal vez viajar y distanciarse para obtener una perspectiva más amplia ha podido propiciar que el Partido Popular y Ciudadanos hayan votado a favor de que los parlamentos denominados ‘nacionales’ lleven adelante estas reformas para la descentralización. Entre ellas, por cierto, también se refuerza el apoyo a la organización de consultas, adecuando la legislación a estos objetivos y asegurando así que las autoridades e instituciones más cercanas puedan trabajar con eficacia y sin obstáculos.

No cabe duda de que PP y Ciudadanos emplean un doble discurso: uno en el ámbito internacional y otro, radicalmente distinto, dentro del Estado español. Allí favorecen lo que rechazan aquí. Alguien se puede confundir y pensar que el creciente proceso de globalización va en contra de las instituciones más cercanas; nada más lejos de la realidad. En la práctica los riesgos globales están favoreciendo la subsidiariedad, están invitando a reforzar, por ejemplo, la conveniencia de testar la acción política en aquel espacio más cercano a las necesidades de la ciudadanía.

La claridad en el reparto competencial fue también un aspecto muy importante en el debate de Estrasburgo. También en este caso tanto PP como Ciudadanos hablan de la necesaria clarificación, pero ocultan la auténtica realidad en el Estado español, donde no solo no se clarifica sino que se mantienen todavía 37 competencias pendientes de transferir casi 39 años después de su aprobación y refrendo por la ciudadanía vasca. No cabe duda de que a la derecha española se le está atragantando el Consejo de Europa porque muchos informes están cuestionando sus políticas. En unos días, sin ir más lejos el 23 de octubre, vamos a conocer la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que reprochará al PP el uso y abuso que ha realizado una y otra vez del Senado. Prácticamente 70 presos van a ver mejorada su situación, de los cuales una veintena saldrán libres después de haber cumplido la pena, al transponer una directiva de la Unión Europea que tenía como objetivo armonizar el cumplimiento de las penas en todos los Estados miembros de la Unión. El Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una enmienda por la puerta de atrás en el Senado, volviendo a retorcer la institución valiéndose de su mayoría absoluta. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que Europa, de nuevo, le ha tirado las orejas al Estado español en un tema relacionado con los Derechos Humanos.

La democracia a veces nos da la razón y otra nos las quita, pero es indudable que hay que saber leer e interpretar las claves de la Europa moderna, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el necesario avance en la subsidiaridad, en la descentralización y, en definitiva, en la participación de las Naciones sin Estado en el proceso de integración del futuro de Europa.

Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.

El euskera y la uniformización

Las Cortes Generales de Madrid han sido, una semana más, escenario de afirmaciones y exabruptos que nos han sonrojado a muchos pero, por desgracia, parece que no a todos. En el triste y duro ambiente que seguimos viviendo, un nuevo capítulo ha vuelto a manifestar la lucha fratricida entre el Partido Popular y Ciudadanos. Fratricida, porque se trata de dos “partidos hermanos” a los que el día a día parlamentario demuestra que unen muchas más cosas de las que aparentan. Destaco dos cuestiones: los dos buscan denodadamente la convocatoria de elecciones anticipadas y ambos compiten por el mismo espacio electoral.

Congreso y Senado son escenario habitual de sus codazos dialécticos para lograr el mejor puesto en la parrilla de salida de la carrera electoral. PP y Ciudadanos compiten a diario por mostrarse como el partido más uniformizador y por liderar el ranking de españolidad. El último episodio ha vuelto a tener como protagonistas invitadas a las lenguas cooficiales del Estado, socorrido comodín de los guardianes de las esencias patrias. Esta vez ha sido la formación de Albert Rivera la que ha llevado al Congreso una Proposición de Ley que, apelando a la igualdad para acceder al empleo público, tenía como único objetivo rebajar de requisito a mérito el conocimiento de las lenguas cooficiales. Pretendían, además, que ese mérito pudiera ser considerado discriminatorio caso de que su valoración pudiera ser definida como desproporcionada. Su proposición afirmaba que “habrá que concretarlo en función de la naturaleza del puesto o empleo que se trate”.

No voy a rebatir los argumentos empleados por su portavoz, Toni Cantó, ya que el catálogo de mentiras y tergiversaciones que empleó son de sobra conocidas y sus palabras se desactivaron por sí mismas. Como botón de muestra, Cantó afirmó que “el español ha desaparecido en lugares como Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia o el País Vasco”. Fin de la cita. El “diputado naranja” demostró que no son las lenguas las que mienten, pero que sí se puede mentir en todas las lenguas. En nombre de una pretendida igualdad defienden, en realidad, un planteamiento muy similar al que se ha instalado en ámbitos como la Justicia, donde no existe el requisito de lengua cooficial. ¿Cuál es su resultado práctico? Que en Euskadi, por ejemplo, de las miles de sentencias que se resuelven cada año, tan solo una mínima parte son en euskera; y que el número de jueces que conocen el idioma es mínimo.

La pregunta clave es sencilla: ¿Se quiere o no se quiere que una comunidad lingüística perviva en este mundo globalizado? Estoy convencido de que, aunque solo sea por preservar su imagen pública, hasta los miembros del PP y de Ciudadanos responderían que sí. Ahora bien, esta afirmación tiene que verse secundada por los hechos pero, cuando se trata de defender la unidad y la uniformidad de España, unos y otros no tienen empacho alguno en atribuir al euskera, al catalán o al gallego la inconcebible capacidad de adoctrinar, discriminar y separar. Ninguna lengua tiene esa virtud, pero sí es cierto que se puede adoctrinar, discriminar y separar en todas las lenguas.

Volviendo al debate parlamentario, Ciudadanos y PP, junto con UPN y Foro Asturias, han votado a favor de una proposición que pretende impedir que cualquier ciudadano vasco, catalán o gallego tenga igualdad de derechos. Parten de un principio erróneo, porque pretenden hacer ver que quien tiene derechos es el funcionario y no así el ciudadano usuario de un servicio público a quien el primero debe atender en esa Comunidad en una de sus dos lenguas oficiales. Aplicando sus tesis, los castellanoparlantes tendrían todos los derechos reconocidos en Euskadi pero los vascoparlantes no. Es decir, el euskera, en realidad, no sería lengua oficial.

Lo que estas formaciones plantean va contra la propia Constitución que tanto dicen defender. No hay más que ojear el artículo 3 de la Carta Magna que, además de decir que el castellano es la lengua española oficial del Estado, también afirma que las demás lenguas serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas. No solo eso, sino que establece que estas lenguas son “un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.” La propuesta de PP y Ciudadanos vulnera la Constitución y, de paso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o la legislación autonómica, así como la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.

Esta es una prueba más de la absoluta falta de principios y de visión que se está instalando en la política del Estado. Esta actitud se constata en la creciente corriente centralizadora que hace impensable imaginar que hoy se pudiera aprobar una Ley como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, incluso, un artículo como el citado de la Constitución. ¿Qué votaría Ciudadanos si se sometiera hoy a votación el Estatuto de Gernika? Es evidente que votarían en contra. Ciudadanos y PP comparten una voluntad uniformadora y centralizadora del Estado. Esta pulsión encuentra su expresión en todos los ámbitos de las políticas públicas y muy especialmente en el cultural y lingüístico. Ambos son partidarios del unionismo y rechazan la pluralidad. Han votado siempre, y digo siempre, en contra de todo aquello que signifique reconocer cualquier muestra de singularidad. Esta es una actitud radicalmente diferente a la expresada, por ejemplo, por la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien ha querido manifestar públicamente la voluntad de que su hija recién nacida aprenda tanto el inglés como el maorí.

Este no es un ejemplo aislado; si analizamos la realidad internacional, encontramos modelos positivos también en Bélgica, Suiza, Finlandia o Canadá, países que promueven como un valor su diversidad lingüística y tratan de favorecer el uso de sus lenguas en todos sus ámbitos de influencia. Spain is different! En España, por el contrario, la pluralidad de lenguas se percibe como algo negativo y su promoción se tacha de discriminatoria. La realidad vivida en las Cortes esta semana es un ejemplo más de una larga lista en la que vemos cómo se prioriza el monolingüismo sobre el bilingüismo, se pretende instalar la idea de que entre las personas que hablan las lenguas cooficiales no se encuentran los mejores profesionales, se niega el valor añadido que supone el conocimiento del euskara, el gallego o el catalán para atender a los pacientes, alumnos, usuarios o ciudadanos en general.

La conclusión es clara, en la España central la pluralidad molesta y lo que verdaderamente pretenden tanto PP como Ciudadanos, aunque adornen sus argumentos con el celofán de la igualdad, es un Estado uno, único y uniforme. “Hombre naranja hablar con lengua de serpiente” se podría decir parafraseando a Javier Krahe, ahora que más que nunca resulta de obligado cumplimiento referenciar a los autores de las citas.

En tiempos de nuestros padres se prohibió el euskara por ser “lengua de separatistas y se menospreció tildándola de “dialecto para hablar con los animales”, siendo perseguido su uso, precisamente, con actitudes propias de animales. Los tiempos han cambiado, pero algunos pensamientos de fondo se mantienen y nos lo demuestra la persistencia de una actitud beligerante contra nuestro idioma, ahora que es legal, oficial y habitual. Nuestra respuesta es clara: hemos recibido un patrimonio cultural y nos corresponde preservarlo y legarlo en mejores condiciones a las generaciones futuras. Nuestro objetivo no es guardar nuestras esencias en un frasco, sino hacer realidad el precepto de que contamos con “un patrimonio cultural que debe ser objetivo de especial respeto y protección”. Frente a la tendencia uniformadora, defendemos el respeto a la pluralidad y la igualdad; una igualdad de derechos para poder vivir en el idioma que queremos vivir.

Mi artículo de opinión, hoy en Deia.

Ruido

En las grabaciones de audio, se denomina ruido a la contaminación o interferencia que no forma parte del sonido deseado; también se considera así a esa molesta ‘nieve’ que aparece en las imágenes de vídeo. Este término lo podemos aplicar perfectamente a algunos momentos que se están viviendo en la política; en definitiva, situaciones que molestan a nuestra percepción y, sobre todo, nos distraen de lo importante.

Mucho ruido. Eso es lo que percibo en la actualidad política de Madrid. Nunca había sentido tan de cerca el enfado de la gente que me rodea a la hora de valorar la política desde una perspectiva genérica. Me preguntan en la calle: ¿En qué estáis? ¿No hay problemas más acuciantes que los discursos sobre las titulaciones, tesis, doctorados y demás? La semana pasada, Pedro Sánchez fue entrevistado en una cadena de televisión y la periodista empleó los 15 primeros minutos a hablar de los títulos, en lugar de incidir en los problemas que verdaderamente tiene la ciudadanía, donde probablemente hubiéramos visto un Presidente del Gobierno dubitativo al responder sobre los temas que sí debieran estar en la agenda política.

Hemos llegado a un punto en el que el debate político y los medios que los transmiten se retroalimentan. La frivolidad con la que se deliberan y trabajan los temas denota una gran superficialidad y, mientras tanto, hay muchos problemas, los importantes, que no se abordan de verdad: los debates en torno a ellos surgen de manera muy rápida y se apagan con la misma fugacidad.

Los tiempos se han acelerado en la política del Estado y ello acarrea, entre sus consecuencias, el que vivamos en permanente estado de posible fin de legislatura. Estas deberían durar cuatro años; de hecho, pedir una convocatoria de elecciones debiera estar “prohibido”, habida cuenta de que en diciembre de 2015 los grandes partidos fueron incapaces de sentarse siquiera a dialogar, precipitando la repetición de los comicios en junio del año siguiente con un resultado no muy distinto. ¿Qué hacemos si la llamada a las urnas que otra vez reclaman algunos partidos arrojase un resultado similar? ¿Nuevas elecciones otra vez? ¿Hasta cuándo? Todo lo ven desde la perspectiva de las elecciones; todos se miran de reojo y la estabilidad a la que tanto aluden sigue sin lograrse. Es una gran irresponsabilidad.

Si fuera cierto el discurso que ofrecen los grandes partidos buscarían acuerdos en base a la responsabilidad que corresponde a cada uno. En lugar de ello, el PP ha enviado otro ‘globo sonda’ con el objetivo de modificar la LOREG. La ocurrencia de Pablo Casado es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dote de un ‘bonus’ de 50 escaños a aquel partido político que sume más apoyos en el resultado final. Es decir, que un acuerdo obtenido no sabemos cómo diera al ganador un ‘premio’ que no se lo da la ciudadanía y que, en lugar de fomentar que se alcancen acuerdos postelectorales entre diferentes, se haga justamente lo contrario: que uno pueda imponer su criterio sobre el resto.

¿Ustedes se imaginan qué se diría si el Partido Nacionalista Vasco, que ha ganado prácticamente en todos los comicios al Parlamento Vasco, propusiera un plus de 10 escaños a quien lograra más apoyos en la Cámara de Gasteiz?

Precisamente, en el Parlamento de la Cámara Vasca ha tenido lugar este jueves el primer pleno del nuevo curso, a donde he asistido en calidad de senador elegido por la misma. Allí he tenido la oportunidad de comparar el ambiente de la política vasca con el de la política española y no se parecen en nada. Absolutamente en nada. Se debatió acerca de las prioridades que las diferentes fuerzas políticas tienen de cara a trabajar por la ciudadanía vasca. Son los objetivos que ya podemos decir que se han instalado en la psique social. Trabajo por la economía y el empleo, por la educación, por la sanidad y por la acción social; en favor de desarrollar la convivencia, después de los años tan difíciles que hemos pasado; y también, mejora del autogobierno.

En este último punto, el único partido que creo que podemos decir que se ha “salido del tiesto” ha sido el Partido Popular, que ha presentado a una persona como responsable de la redacción del nuevo estatuto que ha sido capaz de decir que “el hacha y la serpiente de ETA” renacen en los acuerdos que obtiene el PNV con la izquierda abertzale. Lo que falta por saber es qué dice cuando las voluntades del PP son coincidentes con las de la izquierda abertzale, y no han sido pocas las ocasiones en las que se ha dado un panorama similar. Es cierto que la izquierda abertzale tiene una asignatura pendiente con su pasado, que más pronto que tarde tendrá que resolver si verdaderamente quiere ser creíble ante la ciudadanía vasca.

Volviendo a la política del Estado, echo en falta el análisis, el rigor, la paciencia a la hora de definir las políticas a llevar adelante. No soy muy optimista; la política del insulto y del descrédito ha venido para quedarse por algún tiempo. El chiste fácil, soez, la frase ocurrente que busca sin disimulo un titular tan llamativo como fugaz se han convertido en el ‘modus operandi’ del día a día de la política. Los medios de comunicación condicionan en exceso la acción política. En los últimos años, los programas televisivos de crónica rosa han ido derivando en espectáculos bochornosos y algo parecido parece haberse trasladado a la política, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un plató de televisión.

Entretanto, podemos enumerar cantidad de problemas que no se atienden ni se enfocan de la manera precisa. El tema de las jubilaciones y el Pacto de Toledo; la inmigración; los malos resultados de la educación, que son los que definen el futuro; la sanidad; la justicia, de la que todo el mundo desconfía… Son ideas, palabras que engloban grandes problemas sobre los que no se debate, sino que se utilizan como proyectiles con los que combatir al adversario político.

Ruido. Mucho ruido que nos distrae de lo verdaderamente importante y está rebajando el nivel del debate y degenerando día a día su contenido. Como canta Joaquín Sabina: “Y con tanto ruido, no escucharon el final”.

Pienso que deberíamos de mirarnos en el espejo de la política municipal. Se vive tan de cerca la comunión entre los políticos y la ciudadanía que debería ser el modelo a considerar para que verdaderamente fuese el ejemplo para configurar una serie de acuerdos que verdaderamente diesen con soluciones para sus ciudadanos.

Mi artículo de opinión, hoy en Diario vasco.

La llave social

En comunicación política se asume de manera prácticamente unánime el aserto que establece que existen temas o problemáticas en las que, pese a los numerosos y dispares argumentos que puedan exponerse, su publicación siempre reportará positivamente en la imagen de unos partidos, al igual que siempre lo hará negativamente en otros. Tratando de aprovecharlo, algunas formaciones, a falta de mayores recursos, se limitan a enarbolar estos temas como bandera haciendo gala de su presunta superioridad moral para atacar a sus rivales.

El de las políticas sociales es uno de esos temas en los que los partidos que se dicen de izquierdas se ven más cómodos. En este sentido, la semana pasada el Secretario General de Podemos Euskadi, Lander Martínez, se refirió al Partido Nacionalista Vasco advirtiendo que “en ningún caso se les tienen que dejar las llaves ni de la construcción nacional ni de la construcción social para que siga planteando un desarrollo en clave regresiva”, en referencia a su acción en el Gobierno Vasco, donde además el PSE-EE ocupa, según Martínez, “un papel nulo y sin influencia en políticas sociales”.

Mi convicción, y los datos, me han llevado a desafiar al inapelable aserto y voy a rebatir al líder ‘morado’. Para ello, me voy a remitir al último informe elaborado por  uno de los Organismos más reconocidos en el ámbito de lo social, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que presenta los datos sobre la evolución de estas partidas en las comunidades autónomas del Estado español desde 2009 hasta 2017. El primer dato relevante es que Euskadi ha sido una de las cinco únicas comunidades que han recuperado el gasto social previo a los recortes provocados por la crisis; concretamente creciendo el 1,87%, superando el incremento del 0,22% que ha logrado, por ejemplo, la Comunidad Valenciana en la que los correligionarios del señor Martínez ocupan ‘un papel con influencia en políticas sociales’ en su Gobierno. De hecho, en ese ranking, Euskadi ha sido la segunda comunidad que más invirtió por habitante en ese concepto.

Se ha establecido que la política social es aquella que engloba a las áreas de sanidad, educación y servicios sociales. A la vista del citado informe, Euskadi ha sido de las Comunidades que más y mejor han gastado por habitante tanto en Sanidad, como en Educación, como en Servicios Sociales.

La formación ‘morada’ no asimila bien que haya partidos políticos que lleven muchos años trabajando en el ámbito de lo social. No es solo el PNV; es Cáritas, es el Banco de Alimentos, son tantas y tantas ONG y colectivos; en definitiva, es la cultura que se ha ido creando durante todos estos últimos años en la sociedad vasca y en sus instituciones. Arrogarse por parte de Podemos la bandera de lo social resulta, cuando menos, arrogante; la sociedad civil en Euskadi es una de las colectividades más solidarias que podemos conocer, y sus instituciones responden de una manera clara a ese sentir. En ese sentido, es justo reconocer, además de la labor realizada por el Gobierno Vasco, la realizada por las Diputaciones Forales, y cómo no, la de nuestros Ayuntamientos, que son las instituciones que viven más de cerca los problemas existentes en sus municipios.

Los niveles de solidaridad que se dan en la sociedad vasca son semejantes a los existentes en otros países europeos; de todas maneras no vamos a ahogarnos con las cifras; tampoco son un mérito, son una característica de una sociedad que basa su crecimiento en un desarrollo sostenible.

Como habrá quien rechace y relativice lo que dicen los números, me remitiré al anteriormente citado informe que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales realizó a finales de 2017, y que, aunque advierte de que “no es necesariamente el presupuesto invertido el que garantiza un mejor sistema”, subraya que “en el caso de País Vasco y Navarra sí establece esta correlación, destacando la buena coordinación con las autoridades locales, que en paralelo, desarrollan su propia atención”. Basta con decir que el Índice DEC atribuye a Euskadi una calificación de ‘excelente’ en materia de gestión y prestación de servicios sociales, la única comunidad autónoma del Estado con esta puntuación.  

En contraposición a las políticas sociales, desde la izquierda es habitual emplear las inversiones en áreas económicas como bandera negativa que echar en cara a los gobiernos en los que no toman parte. Lejos de subestimarlos, a mi entender aspectos como el empleo son uno de los pilares que sustentan el bienestar social. Así lo reconoce el propio Gobierno Vasco con la existencia de un departamento que lleva el nombre de Departamento de Empleo y Políticas Sociales y que este año contempla 1.014 millones de euros de presupuesto. En los mismos, la RGI aumenta el 1,5% (ya el año pasado, Euskadi abonaba la ayuda más elevada para un solo perceptor -634,97 euros al mes- y Valencia la más baja -385,18 euros­-), y junto a la Prestación Complementaria de Vivienda suponen 491,3 millones, las Ayudas de Emergencia Social se mantienen en 27 millones y la dotación de las políticas activas se incrementa en 15,6 millones dentro de Lanbide.

Estamos en la política de la negación del otro; en la política en la que hoy se afirma una cosa y mañana la contraria. Todavía guardo en la memoria la afirmación de Pablo Iglesias en la que ponía en valor los servicios sociales vascos; ahora parece que Podemos, que todavía no encuentra su espacio y no sabe hacia dónde tiene que dirigir sus políticas, sale en contra de lo que es uno de los ejes de las políticas que el Partido Nacionalista Vasco traslada a todas sus instituciones. Ya me gustaría que Podemos trajese un modelo social mejor que el que tenemos en Euskadi y que estuviera aplicando en alguna institución que gobierne. De todas maneras, también sería importante que lo que se vaya a proponer fuese realista; quiero decir, algo que verdaderamente se pueda pagar. Todos sabemos de dónde salen los recursos con los que la sociedad atiende los servicios y ayudas que buscan el equilibrio y el bienestar social; estos salen del esfuerzo de muchas personas, tanto físicas como jurídicas.

Para finalizar, una última reflexión; las llaves de la construcción no nos las tiene que dejar Lander Martínez; ni las de la construcción nacional, ni las de la construcción social. Las llaves nos las deja la ciudadanía para que, junto a ella, construyamos un país más amable y con un mayor bienestar en el día a día. Este país lo hemos construido entre todas y todos. Y así lo seguiremos construyendo.

Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.

La (de)función del Senado

Ni siquiera ha sido necesario llegar a septiembre para saber cómo se las van a gastar en el nuevo curso los abusones del colegio. Hablo en sentido metafórico; no me refiero al bullying en los centros de enseñanza, sino al nuevo curso político que se ha estrenado con varias iniciativas de los llamados “grandes partidos” que vuelven a echar una palada más de tierra sobre la ya de por sí agonizante institución del Senado.

La semana pasada, tanto PSOE como Podemos acordaron, con alevosía y “estivalidad” (si se me permite la expresión), la modificación puntual de las funciones del Senado. Lo hicieron para poder salvar “unas dificultades legales” a la hora de gestionar el denominado “techo de gasto”, que es el paso previo, e importante, para la puesta en marcha de la propuesta de presupuestos generales del Estado. Con este subterfugio, en un acuerdo ultra minoritario y súper rápido, han fulminado una función propia de la Cámara Alta sin ni siquiera escuchar a la Cámara implicada. De hecho, prácticamente todos los senadores y senadoras conocimos a través de los medios de comunicación la decisión de estos dos partidos.

No digo que esa modificación no pueda tener su sentido, de hecho, puede entenderse como razonable con la lógica parlamentaria que define la propia Constitución. Ahora bien, lo que no tiene sentido es que se gobierne a través de modificaciones legislativas exprés y a la carta, utilizando la Cámara representativa en función de las necesidades puntuales de los Grupos parlamentarios. Este es un uso y costumbre que en nada ayuda a la democracia y que, hasta ahora, los dos Grupos citados se habían dedicado a criticar una y otra vez en su función de oposición al PP. La democracia es fondo y es forma, por lo que no cabe duda de que con este proceder se resiente de forma notable la calidad legislativa. PSOE y Podemos lo han hecho de la peor de las formas posibles: en pleno agosto y ocultando la información a las y los senadores. El nuevo Gobierno no ha cumplido todavía sus 100 primeros días, pero en tan corto espacio de tiempo ha comenzado ya a adoptar el “viejo estilo” de sus antecesores del Partido Popular.

Por lo que hace referencia a Pablo Casado y el pretendido “nuevo PP”, tampoco han necesitado llegar a las recuperaciones de septiembre para iniciar el asalto al título de la Moncloa. Este mismo miércoles se han vuelto a valer de la mayoría absoluta de su Grupo en el Senado para utilizarlo, una vez más, al servicio de sus intereses. Así, han propiciado que la Cámara Alta adopte una decisión cuando menos curiosa, puesto que se ha aprobado convocar un pleno extraordinario para forzar la comparecencia del Presidente del Gobierno y solicitar información sobre la crisis migratoria. Hasta aquí todo correcto, si no fuera porque Pedro Sánchez se encontraba de viaje en Sudamérica y que el PP solo ha querido dar al Gobierno dos días de plazo para que se sustanciase esa convocatoria. Evidentemente, este planteamiento sin salida pretendía, exclusivamente, meter el dedo en el ojo al Ejecutivo y no tanto interesarse en relación a un tema de gran calado que debería ser tratado con mayor consideración y seriedad. Es un nuevo ejemplo que demuestra que el PP se encuentra más interesado en las cuestiones formales que en los problemas de fondo.

La constante que no varía con el tiempo es la actitud del Partido Popular denostando el papel del Senado, maltratándolo con la nula participación y la paralización sistemática de las comisiones e iniciativas que los diferentes Grupos parlamentarios hemos intentado llevar adelante. A modo de ejemplo, la Comisión General de Comunidades Autónomas, pese a los numerosos conflictos visualizados entre el Ejecutivo central y una Comunidad como Catalunya, no se ha reunido ni una sola vez para debatir este tema. El Grupo Popular sí que ha activado la Cámara cuando le ha interesado, por ejemplo para crear una Comisión de Investigación de la financiación de los partidos políticos; una Comisión creada ‘ad hoc’ con el único objetivo de contrarrestar la Comisión que se formó en el Congreso de los Diputados para investigar las cuentas del PP. Esta intención queda clara cuando los ‘populares’ se aseguran, en la práctica, de que el citado organismo pueda investigar a todos los partidos… salvo al propio PP. Sobran las palabras.

Si en el Estado español existe una institución que necesita verdadera y urgentemente de una reforma en profundidad, esta es la Cámara Alta. En esta línea se han realizado innumerables propuestas durante las últimas legislaturas, pero los partidos con mayoría en el Senado, léase Grupo Popular y Grupo Socialista, no han hecho nada para tratar de compartir un diagnóstico y aplicar unas líneas de mejora. Esta misma legislatura se puso en marcha un grupo de trabajo, una ponencia específica, con la única responsabilidad de analizar las funciones que debería tener el Senado del futuro. La intención es buena, pero la realidad es que este grupo de trabajo no trabaja, porque no se ha reunido ni una sola vez durante su año y medio de existencia. Este es un buen indicador para medir el interés real que tienen estos dos Grupos, que otrora se alternaban en el poder en el cómodo sistema bipartidista, por el parlamentarismo, la democracia y la participación.

“Entre todos la mataron y ella sola se murió”. La actitud de los “grandes partidos” confirma la sabiduría del refranero popular. Izquierdas y derechas, viejos y nuevos partidos, alaban las normas por las que nos regimos pero cuando las mayorías coyunturales se lo permiten, las transgreden sin rubor. Los ejemplos de desprecio al Senado son conocidos: incumplimiento de leyes orgánicas como el Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuestionamiento del sistema de financiación de Euskadi y Nafarroa o la alteración interesada de las normas para eludir la intervención de la Cámara en las decisiones presupuestarias.

Entiendo que el Partido Popular está necesitado de hacer la digestión de todo lo que ha acontecido durante los últimos tres meses, pero el PSOE debe asumir que ahora tiene responsabilidades de Gobierno. Esto supone que, por una parte, debe respetar las instituciones, y por otra, asumir que la política es una mirada a largo plazo. No es de recibo que un partido que se dice de gobierno y en relación a una cuestión legislativa fundamental como es el papel institucional y las funciones del Senado, actúe de forma radicalmente diferente si se encuentra gobernando o en la oposición. Esperemos que, finalizado el verano y transcurridos los 100 primeros días de gracia, recobren la sensatez y vuelvan a realizar un uso leal y equilibrado de las instituciones. De todas.

Mi artículo de opinión, hoy en Grupo Noticias.