Corrupción: mirando hacia otro lado

Creía que esta semana de trabajo en Estrasburgo me iba a permitir evadirme de las continuas preguntas que nos hacen en el Senado acerca de cómo debería actuar el Partido Popular en torno a Rita Barberá y, nada más llegar, conocemos a través de un medio de comunicación que, presuntamente, en el PP era generalizada la práctica para burlar los controles del Tribunal de Cuentas.

Ya lo dije recientemente, que el Partido Popular no tiene credibilidad; que la gente no tiene ninguna confianza con la labor que vaya a desempeñar en la lucha contra la corrupción. Y, una vez más, voy a volver a repetir que esa afirmación no es algo que diga yo; en este caso lo ha expresado el informe que ha presentado el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) ante el Consejo de Europa.

Según el mismo, el Estado español no ha sido capaz de responder satisfactoriamente ni una sola de las once recomendaciones que, para poner freno a la corrupción en la judicatura y en la política, le había realizado hace dos años el Consejo; y en seis de ellas ni lo ha intentado, según sentencia. Ni el Congreso ni el Senado han adoptado un código de conducta con medidas prácticas de aplicación; ni se ha realizado un registro de lobbistas y un código de conducta para la profesión; ni se han tomado medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios; ni se ha analizado el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial; ni se han legislado criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura; ni se han ampliado los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces. Nada de nada.

Parcialmente sí se ha reexaminado el tipo de datos que deben hacer públicos los parlamentarios; los jueces y fiscales han adoptado un código deontológico público; se ha revisado el método de selección y la duración del mandato del fiscal general; se ha establecido un marco reglamentario específico para las sanciones disciplinarias en la fiscalía. Todo ello parcialmente.

Como un blog no es la herramienta más apropiada para detallar estas medidas desoídas por el Gobierno del Estado, en manos del Partido Popular en el periodo que se evalúa en el informe, no lo voy a hacer. Aunque sí me voy a detener en la consideración de este organismo continental (integrado por 47 países, incluidos los 28 de la Unión Europea) de que el poder judicial español está politizado. El Greco constata algo tan evidente como que las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados, pero, lejos de evitarlo, la única respuesta del Ministerio de Justicia fue defender el actual sistema de elección.

Así, al igual que el Partido Popular, tampoco la Justicia anda sobrada de confianza por parte de la ciudadanía, que ya no encuentra ni contra quién apostar en torno a la resolución de tal o cual caso de corrupción ya que la misma generalmente va determinada por la adscripción política de tal o cual acusado. El Gobierno de España desprecia las recomendaciones de Europa acerca de una corrupción que alcanza a las principales instituciones y, mientras tanto, se sigue mirando hacia otro lado escudándose en excusas tan peregrinas como que las tablas de Excel o las presentaciones de Powerpoint no llevan el logotipo de este o aquel partido político.