Europa, contra la Pena Capital

Esta semana estamos participando en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Como saben, una de las instituciones que mejor recoge la sensibilidad defensora de los Derechos Humanos en Europa.

Continuamente hablamos de los derechos fundamentales como elemento esencial de nuestra comunidad de valores y nos mostramos firme y contundentemente comprometidos con la defensa del derecho a la vida, pero se nos olvida, en muchas ocasiones, que continuaremos muy alejados de los principios democráticos más esenciales que todos aseguramos abrazar mientras sigamos mirando con distancia, si no con indiferencia, la aplicación de la pena de muerte, el castigo más cruel e inhumano que todavía está presente en el ordenamiento jurídico de muchos países.

La lucha contra la pena de muerte, la abolición internacional de este atroz castigo, que no deja de ser un asesinato, no entiende de ideologías, y debe ser el eje prioritario para todas las instituciones y para todos los que nos dedicamos a la actividad pública.

El uso de la pena capital atropella la dignidad de la persona y supone un quebrantamiento de todos aquellos derechos fundamentales que sostienen la esencia del orden político. Amnistía Internacional nos recuerda, cada 10 de octubre, que todavía queda una enorme labor por hacer para erradicar esta condena inhumana; solo en 2015, fueron ejecutadas 1.634 personas (datos que no contabilizan las personas ejecutadas en China). El Informe 2016 sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional resalta el alarmante aumento de las ejecuciones. Nunca, en los últimos 25 años, habían sido ejecutadas tantas personas por Estados de todo el mundo.

Seguro que todos conocemos de memoria el ranking de países en los que se aplica con mayor osadía la pena de muerte: China, Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Estados Unidos encabezan la espeluznante clasificación.

Puede resultar sorprendente que en Estados Unidos, que tuvieron en Eleanor Roosevelt, la viuda del Presidente Franklin D. Roosevelt, una firme activista por los derechos humanos y la clara impulsora de la Declaración Universal aprobada por Naciones Unidas en 1948, se eleven a 1.422 las ejecuciones desde que en 1976 se reinstauró la pena de muerte y que todavía a día de hoy cuenten con el apoyo del más del 60 por ciento de su población.

En el Estado español, estas cifras las vemos con nombre y apellidos. Pablo Ibar Casas, 22 años preso, 15 de ellos en el corredor de la muerte. Pablo, que siempre ha mantenido su inocencia ha sufrido la angustia de su inminente ejecución hasta que el pasado mes de febrero veía anuladas las tres condenas a muerte que pesaban sobre él, y conocía la esperanza de una repetición de juicio, que pueda contar esta vez con todas las garantías procesales.

Hemos visto también cómo un país como Turquía, que pretende ser miembro de la Unión Europea, pretende todavía introducir la pena de muerte como consecuencia del intento de golpe de estado acontecido el pasado verano. La UE tendrá que permanecer muy vigilante en la relación que quiere mantener con un país sobre el que existen dudas en lo referente a la aplicación de los Derechos Humanos.