“La causa mayor de las revoluciones es que mientras las naciones avanzan al
trote, las constituciones van a pie”. Esta frase del historiador y
político británico Thomas Macaulay refleja de manera sintética la situación
que vive el Estado español en la actualidad. Me explico.
Un
día como hoy de 1979, el Estatuto de Autonomía Vasco lograba el refrendo
mayoritario de la ciudadanía vasca: un 94,60% de quienes acudieron a las urnas
dijo SÍ al Estatuto. Tras la larga dictadura, se abría un cauce a la
oportunidad de ver reconocida la realidad nacional de Euskadi y, también, la
realidad plurinacional del Estado. Suponía recuperar el Gobierno, contar con un
Fondo competencial y la administración propia de los recursos. Disponer de los
instrumentos necesarios para reconstruir el país desde su propia personalidad,
realidad cultural y lingüística. Suponía, además, establecer una relación de
bilateralidad con garantías de respeto mutuo y cumplimiento de lo
acordado.
El
Estatuto de Gernika significaba, ante todo, apostar por la razón y el diálogo,
recuperar la visión constructiva y positiva del Lehendakari Agirre, de cuyo
Gobierno, el primer Gobierno Vasco, hemos conmemorado el 80 aniversario. Fue un
Gobierno constituido en un momento complejo, octubre de 1936; formado por
amplias y diferentes sensibilidades; basado en el diálogo y el entendimiento;
asentado en valores humanistas y éticos. Un ejemplo de lealtad, dignidad y
compromiso. Este compromiso colectivo fue clave para recuperar el autogobierno
en el inicio de la transición a la democracia. Tras más de cuarenta años de
dictadura y negación, Euskadi aprobaba, en realidad, un proyecto de futuro: el
autogobierno como nueva salida política a la causa nacional vasca.
Nos
encontramos en octubre de 2016. Vivimos una de las páginas más mediocres de la
historia reciente de la política española. De hecho, tengo serias dudas de que
a día de hoy, con un Gobierno del Partido Popular como el actual, hubiese sido
posible aprobar un Estatuto como el que se aprobó en 1979. Baste recordar que
Alianza Popular votó en contra del Título VIII de la Constitución Española, lo
hizo porque entendía que España se podía romper. Es decir, no creía en las
Comunidades Autónomas, ni en la descentralización. El PP, heredero de la
extinta AP, camina por la misma senda y ejemplifica una reflexión de Daniel
Innerarity: “Ser fiel a los propios principios es una conducta admirable, pero
defenderlos sin flexibilidad es condenarse al estancamiento”.
La
realidad incontestable hoy es que se ha producido una pérdida paulatina de
valor del Estatuto de Gernika, constatándose una actitud renuente del Estado a
mantener una relación bilateral y pactada, con un sistema efectivo de garantías
de cumplimiento. Esta realidad se produce precisamente cuando, el día 20,
acabamos de cumplir 5 años del cese definitivo del terrorismo de ETA, también
en octubre. En este nuevo tiempo tan deseado y esperado, tiempo de convivencia
y encuentro social, vemos bloqueado el sistema de autogobierno vasco.
El
Lehendakari Urkullu fue muy claro, el pasado 7 de octubre, en el acto
institucional celebrado con motivo del 80 aniversario del primer Gobierno
Vasco. En Gernika, en presencia de todos los Lehendakaris de la democracia,
reafirmó su apuesta por “actualizar la naturaleza pactada del Autogobierno
vasco”, el procedimiento que conecta con la tradición foral vasca y que
facilitó la experiencia estatutaria de 1936 y también la de 1979.
Euskadi es la
única Comunidad Autónoma que no ha procedido a la actualización de su norma
estatutaria. Aspira a hacerlo en la línea de consolidar el sistema de
autogobierno propio y singular del Pueblo Vasco, fortalecer la
institucionalización de Euskadi, seguir participando en la construcción de
Europa y proyectar Basque Country en el mundo. Se trata de contribuir a un
nuevo modelo de relación con un Estado que tome la iniciativa y afronte la
crisis territorial asumiendo su realidad plurinacional.
Este
proyecto trata de forjar en Euskadi un acuerdo plural, entre diferentes, que
permita plantear una nueva propuesta institucional que cuente con un amplio
respaldo parlamentario, pueda ser ratificada por la ciudadanía y se traslade al
Estado como un nuevo pacto. Esta propuesta de acuerdo demanda una nueva actitud
y una mayor altura de miras de todas las fuerzas políticas y muy especialmente
del Partido Popular, responsable del Gobierno en España. Exige entender y
asumir la realidad plurinacional del Estado y superar el “España se rompe” de
Manuel Fraga, que en la práctica supone inflexibilidad y estancamiento.
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